ESLABÓN DE DESCARTADOS.

ESLABÓN DE DESCARTADOS.

Recientemente, se dio a conocer una resolución, emitida por la Sala Constitucional de Costa Rica que acogemos con enorme satisfacción. En ella se ha reprendido al Estado por abstenerse de preparar a los rezagados en la obtención del bachillerato, correspondiente al nivel de la enseñanza secundaria. Al mismo tiempo, se ordena al Ministerio de Educación Pública (MEP) a implementar un plan de ayudar a los alumnos que reprueben los exámenes de rigor, por lo que en un plazo de 18 meses se deberá coordinar y disponer todas las actuaciones, a fin de cumplir con el mandato judicial.

A nuestro criterio, la relevancia del acuerdo de nuestra Sala lV reside en relacionar el derecho de la educación - quien nadie puede coartar - y el alto valor de la educación a favor de los alumnos, fundamentalmente en lo tocante a la continuidad de los estudios de aquellos, quienes aspiran a llegar a la universidad, los que asumen la búsqueda de oportunidades y emprendimientos, tal que a los jóvenes se les garantice, mediante la obtención de ese título escolar, su plena realización personal y el óptimo porvenir.

La razón principal de que en una nación se privilegie la educación obedece al objetivo final de prevenir la desigualdad y la pobreza, cuyas considerables consecuencias, según Tomás Piketty en su tratado sobre “El capital”, probablemente no serían toleradas por mucho tiempo. Las estadísticas sociales comprueban que las personas de baja escolaridad están condenadas a la pobreza; o en su debido caso, a percibir las inferiores categorías salariales, lo cual les limita su vida social.

Una realidad histórica que le corresponde modificar a las políticas públicas - la sentencia de nuestra Sala lV es una de ellas - y a las instituciones públicas y privadas establecidas.  De modo paralelo, hay que prestar elevado grado de atención al otro segmento de jóvenes con edades entre los 15 y 24 años “que ni estudian, ni trabajan”. Son los llamados despectivamente “ninis”, se distinguen por ser “una generación casi perdida y relegada”, apática, desvitalizada (Fraser Pirie R. 2017), “descartada”, un término al cual recurre habitualmente el Papa Francisco.

Un sector de ellos (los ninis) proviene de familias con aceptables ingresos. Sin embargo, el mayor riesgo lo representan la buena mayoría, proveniente de los estratos económicos inferiores de los países de baja renta, por lo tanto, sumidos en la vulnerabilidad y la desesperanza, expuestos a patologías conductuales. En “el triángulo norte centroamericano”, así también en México y en Los Ángeles - California constituyen la materia prima del crimen organizado, especialmente de las famosas pandillas.

En la mayoría de los casos el promedio de vida de “los ninis” es bastante bajo al subsistir, casi siempre, en ambientes de violencia y degradación. Lo imperdonable es que las sociedades nacionales se hayan despreocupado de ellos, menos aún, se concretan alternativas de rehabilitación y crecimiento.

Comúnmente, se han desdeñado las políticas “positivas y constructivas”, basadas en acciones cívicas y de “pedagogía ciudadana”. Por el contrario, la tendencia de no pocos gobiernos ha recaído en la aplicación de fórmulas reprensibles, y hasta se opta por la eliminación: el sello de los Estados fallidos y erosionados. Así ocurre a través de las prácticas policiales y militares, y el desempeño de fuerzas irregulares, entre ellas, los escuadrones de la muerte, los acompañantes de las violaciones a los derechos humanos.

Siguiendo con nuestra exposición respecto a los “olvidados y descartados”, damos paso a los infractores de la ley o, mejor dicho, los privados de libertad. El concepto rudimentario de la cárcel hay que superarlo, paulatinamente. Ciertamente, que habrá excepciones, por lo que tampoco se puede prescindir del régimen carcelario. A pesar de que algunos le hacen la vida imposible, la Ministra costarricense de Justicia se ha lanzado a la aventura de poner en marcha políticas y acciones novedosas dentro del sistema penitenciario.

De hecho, hay que seguir trabajando todavía más en las políticas de rehabilitación e inserción a la sociedad de los sentenciados a la cárcel. Primero, en esos recintos se debe curarlos, luego educarlos, ofreciéndoles programas de formación profesional y expectativas de empleo, con tal de evitar la reincidencia del delito. A nada se llegará con esas sandeces de formular, a nivel institucional, solamente el endurecimiento de la ley y la cárcel, como medida de cumplimiento de la pena.

Recetas de este carácter pueden ser más dañinas que la misma enfermedad. Y hasta toman forma de disrupciones, las cuales, desde todo punto de vista, son impropias y desfasadas en un régimen democrático de avanzada. En su lugar, aumentemos la convicción que el ser humano es modificable.

Entendemos que los países latinoamericanos se ocupan también de extender sus redes viales, pero casi siempre corren bajo la influencia de intereses exclusivistas, dándose preferencia a las zonas urbanas, y a regiones prioritarias, en las cuales hay producción de significativo valor y rendimiento para las economías nacionales.

Lo contradictorio de tal proyecto de desarrollo reside en el abandono y el olvido de las zonas periféricas y arrinconadas, cuyas poblaciones viven incomunicadas; con demasiada frecuencia margina, entre otros, a los grupos indígenas y al campesinado en extrema pobreza rural, los cuales se ven obligados a soportar condiciones miserables, reforzadas por estilos de vida primitivos, de incentivación a prolongar la lógica de la desigualdad.

En términos de integración y cohesión, hay que concentrarse en las respuestas al fenómeno de la brecha digital. A los Estados nacionales y las organizaciones internacionales les corresponde hacer realidad que todas las tecnologías de la comunicación (Internet, telecomunicaciones, telefonía, etcétera), alcancen con proyectos de desarrollo y conectividad a los grupos de personas marginadas y las comunidades remotas, donde todavía no hay servicios (Editorial de La Nación, C.R, 13 de mayo, 2017). Sin este propósito se incumple con el derecho de acceso universal y solidario, para disminuir la aguda distancia digital.

Millones de personas en el mundo carecen de los beneficios ofrecidos por la conectividad, propia de la cuarta revolución industrial del Siglo XXl. Esa gente será la que conformará la nueva clase de excluidos de la universalización del conocimiento. Lo cual además de recrudecer la trayectoria de la desigualdad, la ignorancia, incluso la ingobernabilidad al interior de las sociedad nacionales, inmediatamente arrastrará efectos irreversibles al ensancharse el abismo existente entre el mundo rico y el mundo rezagado. En particular, este último en donde resulta inaccesible a los amplios sectores de menor ingreso el elevado precio de la Internet, el cable y los artefactos tecnológicos de la información.

Tampoco podemos soslayar la cuestión de la inteligencia artificial, sobre lo cual se ha insistido en el Siglo XXl; un fenómeno bastante tumultuoso para los dos mundos: el rico y en desarrollo. Los antiglobalizadores la condenan, forma parte de su discurso antisistema y ultranacionalista. A todos nos impresiona y atemoriza el riesgo de la radical robotización de “los múltiples procesos de producción y provisión de servicios”, o sea, “el creciente poder de la automatización” que disminuye y desplaza un sinnúmero de empleos, esto ya comienza a evolucionar.

Tengamos presente que “la inteligencia artificial” acarreará, supuestamente, el incremento de la productividad física y de capital, sobre todo, (Saúl Weisleder, 2018), a causa de los ilimitados progresos. En un principio, significará que las tareas marginales continuarán siendo desplazadas por la tecnología sofisticada. Quiere decir que la gente con escasa cualificación quedará sentenciada a mayor pobreza, al estancamiento social y cultural. Tal vez habría de resurgir la opción de la competencia hacia “el trabajo barato”, en caso de que pudiera sobrevivir, (lo dudamos) en la estructura del empleo automatizado. Por lo pronto, en la producción robotizada los trabajadores menos cualificados habrán de componer la clase de “los olvidados y rezagados sociales” (Bill Emmott, 2018). Para nosotros sería otra especie de “ninis” descartados.

En realidad, en nuestros tiempos de la controvertida robotización de los procesos de trabajo, resulta injustificable el ritual de unos cuantos funcionarios, que, actuando de manera individual, o bien a través de gremios mezquinos, a veces amparados en proteccionistas e inflexibles leyes y sistemas de administración de personal, han hecho una deidad la norma, el trámite burocrático, y la respuesta del “no” frente al cambio y el descubrimiento. Llámese esto el sello de la tóxica cultura, generadora de poder y conservadurismo, reproducida, con frecuencia, tanto en las organizaciones públicas como privadas.

Se trata del comportamiento anómalo, destinado a colocarse por encima del interés común, el ingenio, la creatividad, la innovación y los emprendimientos de los servidores pujantes y tenaces. Y guardando las diferencias, extrañamente, termina dando forma en las organizaciones a un particular grupo de “abandonados” y descartados, quienes escogen la huída, habida cuenta de su frustración en contestar lo tradicional y lo convencional.

Tiempo atrás nos confesaba un reconocido docente e investigador costarricense el suplicio suyo por dedicarse a la producción de capital intelectual; así como de los sabotajes y los obstáculos impuestos por sus propios colegas, proclives a preservar el estatus de la unidad académica que los reunía, justamente un estatus patrocinador del inmovilismo y de la indisposición frente al hallazgo.

Vemos entonces que, en cuanto a actitud, en la producción de capital intelectual hay ausencia de una sociedad igualitaria y solidaria, sino retomemos la experiencia de nuestro amigo académico, otro de los abandonados o descartados “del sistema”, pues le calzó aquella reconocida advertencia “que para producir se necesita el consentimiento de quienes no producen nada”.

Ronald Obaldía González (Opinión personal).