COMBATIR EL NARCOTRÁFICO EN NOMBRE DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.

COMBATIR EL NARCOTRÁFICO EN NOMBRE DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. Al final de este año (2017) las autoridades policiales costarricenses dan cuenta de la comisión de seiscientos homicidios, "un récord histórico". La mayor parte de ellos (casi un 70%) originados de hechos criminales, asociados estrechamente a la actividad del narcotráfico: los ajustes de cuentas, los más reiterados. En ellos y en la disputa por el dominio del mercado criollo de consumo de la droga han salido a relucir los implicados, sean los victimarios o bien las víctimas, quiere decir, los jóvenes entre 18 y 25 años en su mayoría, atraídos por "el dinero fácil". Valga citar esta patología social, declarada "emergencia nacional" por el Ministro de Seguridad Gustavo Mata, para interrogar y censurar fuertemente al Estado, dada su escasa atención y cuidados, requeridos por este grupo etario, la mayor parte de las veces excluido de la educación formal, castigado por el desempleo y expuesto a los riesgos. Lo cual se ve agravado como consecuencia de la ausencia de una política pública a favor de la juventud, la cual tome en consideración las opciones recreativas y culturales, la salud mental, así como las vías de promoción humana, facilitadoras de su plena realización en la sociedad. De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cifra de 12 asesinatos por cada 100 mil habitantes alcanza los niveles de epidemia. Desafortunadamente, Costa Rica alcanzó este rango. Desde años atrás, se venía prediciendo tal ascenso en la cifra de los homicidios. De ello son testigos las propias las comunidades tanto urbanas como rurales, a quienes el Estado tiene "el deber de proteger", particularmente a los niños y jóvenes como los grupos vulnerables, así como intervenir en ellas con visiones creativas en favor de la convivialidad familiar y la mejora en los ambientes psicosociales. Se trata del nuevo género y círculo de violencia, factores que acrecientan la inseguridad ciudadana, al quedar interconectado y subordinado el mercado criollo, más el almacenamiento de la droga, con las redes criminales transnacionales. A la vista nuestros sentidos captan el desangrado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) de lo más violento en el planeta, con repercusiones en toda la región mesoamericana, el cual forma parte del panorama de un corredor transnacional delictivo, patrocinador del negocio de la producción, el tránsito, el almacenamiento y la exportación, que extraregionalmente activan los cárteles de Venezuela, Colombia, incluso Perú, así también México, con la crudeza del caso. Un complicado corredor donde tienen acción las bandas y las organizaciones criminales, las de los narcotraficantes "en la economía subterránea", alimentadas por los grandes mercados de consumo de drogas, sean las poblaciones estadounidenses y europeas. Esas organizaciones, que descansan en estructuras bastante sofisticadas, globalizadas, hecho posible ante la compañía de señalados tentáculos a su alrededor y servicio, de lo cual tampoco se escapan algunos "mandamases políticos" y una minoría de empresarios inescrupulosos. A pesar del incremento inusitado de los homicidios, llegaría a ser un enorme error sacrificar las modernas políticas penitenciarias, recién ensayadas por el gobierno costarricense, la cual con base en fundamentos científicos y jurídicos ha sido factible descongestionar los centros penales, así también ofrecer alternativas de cumplimiento de la pena a los privados de libertad, los de menor peligrosidad, a quienes les sea reconocido que en verdad poseen un proyecto de reconstrucción personal, y reinserción a la sociedad. En este mismo orden de los derechos humanos el Estado y la sociedad costarricense tampoco deben renunciar a los postulados, principios y la aplicación de los procedimientos instituidos por nuestro Estado de derecho en la misión de enfrentar, en este caso, la actividad criminal del narcotráfico, el factor detonante de los homicidios. El haber hecho esfuerzos, dentro del enfoque cívico democrático, en la inversión del perfeccionamiento y especialización institucional de nuestros cuerpos policiales y de seguridad, así como la aprobación de leyes antilavado de capitales y dinero debilitantes del poder de la criminalidad organizada, representa el mejor signo de garantía para prevenir que el narcotráfico "tome la delantera, o que se pueda escapar de nuestras manos", o que nos lleve a una especie de violencia insuperable. Un temor fundado, tal como lo expresó el periodista Eduardo Amador Hernández en uno de sus valiosos comentarios. El robustecimiento de la cooperación internacional, en particular los acuerdos y tratados bilaterales e internacionales, habrán de constituir un firme sostén en los servicios de la seguridad colectiva, con vistas al reto de enfrentar el negocio transfronterizo de la droga. Eso sí, teniendo presente que en el esquema multilateral de enfrentar tal perfil de delincuencia, el peso y costo de la mayor responsabilidad y obligaciones recae en las naciones desarrolladas, en donde se tienen registrados los mayores niveles de consumo de sustancias ilícitas. El Ministro de Seguridad Pública, preocupado por el incremento exponencial de las incidencias del narcotráfico en nuestro país, ha ofrecido acertados consejos y pautas de trabajo en pro de una estrategia efectiva, para la prevención del delito y el combate a la criminalidad. Ha descartado el narcomenudeo como la única realidad delicuencial. Él hace mención acerca de "tener bien claro el panorama", en el sentido de cambiar hasta el léxico que usamos. Es así que "el narcotráfico al menudeo no existe; existe el narcotráfico". Este tajante argumento del inteligente Ministro Mata debe impedirse que fracase. Una forma de evitarlo consistirá en que el Estado se prepare empleando las herramientas judiciales y tecnológicas a su disposición, visualizándolo desde este enfoque realista para combatirlo. Por eso es de vital relevancia el consenso político y la coordinación entre las instituciones públicas, dedicadas a la prevención del consumo, la rehabilitación médica y psicológica de los adictos, además de las asignadas a la represión policial y judicial, para que a renglón seguido se adopten las precauciones y las nuevas prácticas que correspondan, sobre la base de la resiliencia. No para cruzarse de brazos, resignándose frente al inminente peligro, sino en la perspectiva de proteger nuestra identidad nacional y el sistema de vida democrático. Ronald Obaldía González (Opinión personal)