COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. SEGUNDA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González

SEGUNDA PARTE. COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. Autor: Ronald Obaldía González Ni las mayorías tienen constantemente la razón. Nos alejamos de las pasiones, el fanatismo y de la odiosa desinformación, la cual atiza la opinión apresurada, maliciosa y desdeñosa, en detrimento de la correcta lectura de los hechos. En nuestro caso, estamos convencidos que el Presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada llevó a cabo un trabajo prodigioso y acertado. Eso sí, incomprendido, porque en efecto nos suena mal la palabra sacrificio, puesto que la creación de tributos luce controvertible y negativa, una reacción común en la ciudadanía entera de las naciones. En contextos cuasi recesivos, altamente sensibles, eran de prever los revolcones, provenientes en múltiples ocasiones de informaciones falsas que acorralaron al segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC). Hubo imputaciones desproporcionadas, las cuales la Administración Alvarado demostró impericia, en cuanto a apechugar, o en su defecto defenderse en todas las instancias político-administrativas de “los thrillers” (o los relatos de suspenso), provenientes de sus adversarios, quienes lesionaron su reputación. LOS DESENCADENANTES Y LOS AMORTIGUAMIENTOS. Los detonantes iniciaron con el confinamiento, decretado por la Administración Alvarado, a causa de la propagación de la pandemia del covid-19, o la enfermedad del coronavirus, inmediatamente después contrarrestada ante las exitosas campañas de vacunación, aunado al aprendizaje de la población en torno al coronavirus. Se tiene vacunada a un 80 % de la población (Casa Presidencial). A lo citado sumemos la secuencia de la inestabilidad macroeconómica, en especial la fragilidad de las finanzas públicas; el desempleo – hoy todavía por encima del nivel de la prepandemia, sobrepasó el 12% de aquel entonces (Banco Central de Costa Rica), al igual que la persistencia del empleo informal, excluye a los trabajadores de la seguridad social. Asimismo, se volvieron tirantes las alzas de los precios de los combustibles y de otras materias primas, entre otros fenómenos, las cuales lograron impactar, relativamente, la gobernabilidad en medio del impredecible y letal virus, principalmente, ante las medidas de política económica, impostergables, que el Gobierno tuvo que adoptar, en aras de resguardar la cohesión social y la convivencia democrática. De hecho, los ajustes fiscales impulsados por el Presidente Alvarado zanjaron la ruidosa impopularidad, aunque el malestar de la ciudadanía estuvo lejos de compararse con riesgos políticos extremos, semejantes a la polarización. Eso sí, el oficialista partido “PAC” - llegó a ser el sacrificado en el escrutinio del proceso electoral del pasado 3 de febrero, tal que la inaplazable desaparición suya es cuestión de tiempo. Sin embargo, las medidas de sostenibilidad presupuestarias, así también la agenda complementaria, acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se justifican, concuerdan con el interés nacional, lo que supone que la dirigencia del gobierno, la que asumirá las riendas de la nación el 8 de mayo del 2022, se verá comprometida a mantener el programa de Servicio de Fondo Extendido con el organismo internacional. De lo contrario, colocaría a Costa Rica en perspectiva compleja ante los mercados financieros. Abordaremos después los resultados económicos que ponen de relieve las calificadoras internacionales de riesgo, específicamente los graduales y positivos avances de los indicadores fiscales, así también en lo tocante a la recuperación económica, que dan cuenta del buen trabajo gubernamental durante el delicado lapso del covid-19, al estimularse la política monetaria expansiva (Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica). Hubo laxitud en las condiciones de los créditos. El repunte significativo en las exportaciones y en la inversión privada y los negocios, el control de la inflación (sin sobrepasar el 4%), la propensión de la gente al consumo confirman que tampoco el gobierno se quedó corto en demostrar temple frente a las inseguridades, derivadas de las dificultades sanitarias y la precariedad de las finanzas públicas. En lo relativo con la inversión privada, cabe resaltar las probadas capacidades nacionales de captación de capitales extranjeros. Son reveladores los ingresos de nuevas empresas foráneas de servicios y de dispositivos médicos, entre otras. En el orden de las empresas transnacionales, destacamos la política pública en ascenso, patrocinada por la Coalición Costarricense de Iniciativas (CINDE), destinada a atraer inversión de tal amplitud hacia las regiones rurales, costeras y fronterizas, en aras del desarrollo sostenible, el progreso y la movilidad social de sus habitantes. De este modo, se comenzará a remediar las “brechas estructurales” de desarrollo humano; o mejor dicho, las desigualdades sociogeográficas entre el progreso de las regiones urbanas y las periféricas o postergadas (Víctor Umaña). Al conjunto de variables explicadas, se suma el tino en lo correspondiente a “la reducción de las restricciones sanitarias”, lo que ha tendido a reactivar la producción y el consumo. Por lo tanto, la sociedad costarricense quedará mejor blindada frente a las consecuencias e incertidumbres, derivadas de las disputas político-militares o las económico-comerciales, sean las que pueden desestabilizar y empeorar la seguridad y la estabilidad mundiales, en este tiempo la guerra entre Rusia y Ucrania, de cuyos impactos, tampoco nuestro país está exonerado. Bien que se reconozca que el “PIB per cápita de Costa Rica a $20.268, en el 2020, es más de cuatro veces la mediana de países con calificaciones similares; y su economía de $64.000 millones también es más grande que sus pares calificados” por parte de las agencias internacionales calificadoras de riesgo. Tampoco quiere decir que Costa Rica deba “dormirse en los laureles”. En aras de elevar la proyección a nivel global de sus demostradas potencialidades, atributos y capacidades en las relaciones comerciales, basadas en el libre comercio; en la protección del ambiente y el uso de energías limpias, las buenas prácticas y el enorme prestigio de nuestro sistema democrático liberal, pluralista, diverso y desmilitarizado, nuestro país podría trascender y extender su elevada reputación en las esferas globales. Las autoridades del próximo gobierno podrían tener en mente el robustecimiento de la participación costarricense en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la modernización de la integración económica centroamericana, el aprovechamiento superior de los numerosos tratados bilaterales y regionales de libre comercio y cooperación, entre otros mecanismos asociativos (Víctor Umaña). PANORAMAS DISRUPTIVOS GLOBALES EN CURSO. Según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la guerra entre Rusia y Ucrania, que ciertamente provocó la inestabilidad en las condiciones de los mercados financieros; disparó los precios del petróleo – fijados por productores participantes a nivel global -, los granos, los metales. Ha endurecido las condiciones del financiamiento” a los mercados nacionales, y “podría costar un punto al crecimiento global” en un año, si los efectos sobre los mercados de los energéticos y financieros se prolongan (EUROPA PRESS). Podría registrarse una disminución en el crecimiento de la producción estadounidense, la mayor economía del orbe. Europa, otro de nuestros principales socios comerciales, comienza a ser castigada, a causa “de las repercusiones económicas y comerciales de la ofensiva” militar rusa. En China ha habido nuevos rebrotes de covid-19 en las últimas semanas. Otra vez, sus autoridades han optado por el confinamiento, cuyos efectos aminoraron el desempeño del sistema económico suyo, en cuenta sus disputas comerciales con los Estados Unidos de América. Al tiempo que se agravan todavía más las actuales deficiencias en el uso de los contenedores (Enio Rodríguez), desaceleradoras de las cadenas de distribución global de materias primas y productos terminados. Lo revelamos líneas arriba. Dos de los relevantes socios de nuestra foránea zona económica, comercial y de atracción de inversiones arrastran ya las secuelas de las hostilidades en la Europa oriental, las cuales disparan los precios de múltiples insumos de la producción nacional. Lo que constituye una amenaza inminente no solo contra la consistencia de las reservas monetarias, sino frente al crecimiento y los ingresos fiscales estimados en este año, derivados de las exportaciones y del turismo internacional, la recaudación tributaria, entre otros componentes. En el 2022 se manifestarían incrementos en la inflación (aquí ya es mayor al 4%), variaciones bruscas en el tipo de cambio y las tasas de interés. De haber un comportamiento contrario, en periodos de normalidad se puede mantener bajo control la persistente elevación en el nivel general de los precios de bienes y servicios (Banco Central de Costa Rica). Incrementos que influyen desfavorablemente en el costo de vida, frecuentemente, alentados por el aumento de los precios internacionales de las materias primas, el alza en los precios de los materiales de construcción, siendo los combustibles los de mayor sensibilidad. En otro orden de asignaturas, sin dilaciones, hay que tener presente el desafío que acusa la humanidad entera, asociado a los peligros y las complejidades del cambio climático, cuyas fundamentales acciones de mitigación han de alinearse con los intereses de la economía nacional, haciendo preponderantes “el uso de las energías renovables y la mejor gestión en aras de proteger la biodiversidad” (Jaramillo, idem; Pedro León; Rodrigo Gámez). En nuestras conciencias ha de quedar arraigado el deber ético y moral, también el conocimiento, en reconocer que el orbe continúa padeciendo la pandemia y sus impactos societales, por lo que “a duras penas podrá revertir las peligrosas consecuencias del cambio climático” (Javier Solana) y la contaminación ambiental, de los esquemas de desarrollo extractivo, perjudiciales contra los ecosistemas. Ha habido una extralimitación, al punto de alterar los ecosistemas terrestres y marítimos (León y Gamez, idem), así como los desastres, la mayor parte provocados por las perturbaciones ecológicas, los que castigan a las naciones bastante pobres, carentes de toda clase de recursos con tal de reconstruirse. EL RETORNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). No sobra recalcar que la carga de los intereses de la deuda pública consumen una tercera parte de los ingresos tributarios, lo que conlleva el imperativo de reducir el alto endeudamiento del Gobierno Central (Luis Liberman; Ronulfo Jiménez; José Luis Arce), a fin de orientar mayores recursos a las políticas públicas de disminución de la pobreza y en creación de riqueza. A la vez se ahorraría más dinero, dedicados al levantamiento de infraestructura material, lo que habrá de generar progreso y empleos adicionales, así también se destinarían a inversiones en proyectos de “investigación, innovación y desarrollo”. La disminución (de la deuda) hará que el déficit fiscal disminuya en los próximos seis años. Para este 2022 se prevé que sea de -4,5% del PIB y se ubique en -2%, en el 2027, de acuerdo con lo proyectado por el Fondo Monetario (La Nación, 25 de marzo del 2022). El pasado 25 de marzo el gobierno costarricense recibió una buena noticia, dado que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera y la segunda revisión del programa de reformas y metas cuantitativas económicas de Costa Rica, pactadas en el segundo semestre del año anterior en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa original negociado con el FMI apunta un superávit primario (ingresos menos gastos, sin contar intereses de la deuda) del 1% para 2023. Es probable que se produzca un deslizamiento, por lo que “se pronostica un resultado primario más pequeño, pero positivo del 0,7% del PIB” (Luis Liberman; Ronulfo Jiménez; José Luis Arce). La deuda pública nacional representa ahora un 69,8% del PIB, una cifra insuficiente, a fin de “dar sostenibilidad a la deuda”. La estimación inicial decía que cerraría en un 72,5% del PIB en el 2021. Ha habido un esfuerzo en reducirla (Daniel Ortiz). Ella (la deuda) representa la asignatura de mayor complejidad del Estado, porque de allí se financian aproximadamente el 50% de sus gastos corrientes. Lo anterior impone la adopción de “políticas estructurales acordadas por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con la vista puesta en la búsqueda de la excelencia “en la gestión política y la solvencia del Estado”. Otra materia unida a la reestructuración estatal se relaciona con la simplificación tributaria, con vistas a contrarrestar la evasión, la elusión” y simultáneamente reducir el déficit fiscal a un nivel manejable”, como en la superior disminución del déficit fiscal y el endeudamiento, del cual se financian los números rojos gubernamentales (Ortiz, idem). A partir de este año se proyecta una tendencia a la baja que llevará el endeudamiento gubernamental hasta el 63,4% de la producción (La Nación, 25 de marzo del 2022). La finalización de las revisiones de ese organismo (el FMI) posibilitarán a nuestro gobierno ser objeto del segundo desembolso por $284 millones, al mismo tiempo que se facilitará la captación de créditos adicionales ante los inversionistas y los organismos financieros internacionales con tasas de interés favorables (La Nación, 25 de marzo del 2022; Elián Villegas), puesto que se ganará confianza a raíz de nuestra disciplina en la administración de las finanzas. Habida consideración del cumplimiento de los arreglos con el FMI, llevados a cabo por el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, se ha constatado el avance en materia de la sostenibilidad fiscal y el freno al endeudamiento, del cual se vale el gobierno, con tal de financiar sus gastos corrientes, un fénómeno que provocó una especie de “bola de nieve”. El organismo multilateral en el fondo de la aprobación reitera que el desempeño fiscal llegó a ser “más sólido de lo previsto en 2021”, acompañado “de considerables avances en cuanto al fortalecimiento de la eficiencia y la equidad de la administración pública”. El esfuerzo de la disciplina y el ajuste fiscal, realizado por parte de la Administración Alvarado, a fin de controlar el gasto público se concreta “al alcanzar la cifra más baja de gasto de los últimos doce años”. Por eso, el actual gobierno será capaz de entregar al próximo Presidente un superávit primario – sin incluir los intereses de la deuda pública -, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La última vez que se alcanzó un balance primario positivo en este indicador fue en el 2008 (Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda). A enero del 2022 el déficit financiero, el componente principal del programa con el FMI, cerró en 0,28% del PIB, el más bajo de los últimos 14 años (Casa Presidencial; Ministerio de Hacienda, Carlos Morales - Fitch-). Posteriormente habrá de disminuirse la deuda del Gobierno respecto a la producción nacional, “luego de 14 años continuos al alza”. Lo descrito nos pone a pensar que es reducida la probabilidad de una recesión costarricense (Rodrigo Cubero, idem), con todo y la guerra en Ucrania, lo que presionaría al alza de la inflación “y en parte pesaría sobre la actividad económica” (Reserva Federal de Estados Unidos de América; AFP), particularmente en el comercio internacional y los flujos de las inversiones y los capitales. UN SISTEMA ECONÓMICO PROMETEDOR . Nuestras evidencias a favor de los precedentes argumentos son corroboradas ante el proceder de las tres agencias calificadoras internacionales (Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P - ), quienes analizaron, favorablemente, el comportamiento de la deuda costarricense. Destacan nuestra recuperación económica, a pesar de las consecuencias socioeconómicas y sanitarias en el orbe – como apuntamos al inicio - , causadas por la propagación de la pandemia del covid-19; al igual que la gravedad en el uso de los contenedores y en las cadenas de distribución global de materias primas y productos terminados. Esta vez, las agencias afirmaron la nota “en B” del Gobierno y mejorado la perspectiva de calificación, así lo hicieron desde finales del año pasado. Todo ello, basado en la reducción del déficit fiscal, incluida la contundente aprobación del Congreso, en este mes de marzo, de la legislación relacionada con el empleo público, particularmente la reforma a la Ley Marco del Empleo Público (La Nación, idem). A través de la aplicación de la Ley, el Estado ahorrará al año 393.000 millones de colones. En la nota “en B” otorgada, Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P- valoran de buena gana la evolución y el sólido desempeño nacional en el 2021, en cuanto a ingresos gubernamentales - 1,7 puntos porcentuales mayores que los valores del 2018 (Daniel Ortiz) - ; “adheridos a un tope de gastos”. Lo cual coincide con el “cumplimiento de la Facilidad de Fondo Extendido (EFF), aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, equivalente a $1.780 millones. De esta manera, fue reconocido por las agencias calificadoras el cumplimiento del tope al gasto público con la regla fiscal, “por el cual se fija un tope al incremento el gasto público, cuando la deuda pública supera el 50% de la producción”; una de las razones por las que hubo de confirmarse la nota en "B2". Es decir, la nota pasó de riesgo negativo a estable (La Nación, 17 de marzo, 2022). Con ello se visualiza un menor riesgo a cambio de la confianza en invertir en Costa Rica, en comparación con un tiempo atrás (Elian Villegas, Ministro de Hacienda). Lo correspondiente a “estable” significa que el emisor de deuda, es señalado ( en este caso, nuestro país) más vulnerable a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, porque aún refleja debilidades en las finanzas públicas. El estancamiento político incide en la vulnerabilidad, dados los desacuerdos en los debates legislativos con los proyectos del programa fiscal, negociado con el FMI. Sin embargo, actualmente nuestro gobierno tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras (La Nación, idem). El FMI había decidido dar el visto bueno a Costa Rica, porque tomó en consideración la resultancia de la estricta revisión de las políticas fiscales pactadas, en aras de la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, un requerimiento “facilitador del acceso al financiamiento externo”.“ Las calificadoras de riesgo valoraron lo actuado por el FMI, quien desde antes venía ofreciendo señales que Costa Rica cumplía con las metas, “porque se ha llevado adelante un estricto control del gasto público”, mediante la aplicación de la regla fiscal. Valga subrayar que se ha producido un incremento interesante en los ingresos tributarios, lo cual se explica ante los resultados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ley aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2018, la que amplía el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los servicios, así como el incremento en el tributo de renta (Elian Villegas). En la línea de la rectificación de la política macroeconómica, a través de la confirmación hecha por Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P , o el ascenso en la nota de riesgo a favor del país, se logrará elevar la confianza de los inversionistas; y entonces así brindar mejores condiciones para el financiamiento local y externo (Elian Villegas, Ministro de Hacienda). Al mismo tiempo, la entidad S&P ha proyectado que la economía costarricense tendrá un crecimiento promedio del 4,3% anual entre el 2022 y 2024. El aumento vendrá por la reactivación del turismo – el sector más golpeado por los efectos del covid-19 y uno de los motores del desarrollo nacional - ; el empuje a las exportaciones, a cargo de las empresas nacionales y las de las zona franca. Ello se confirma con la llegada a suelo costarricense de nuevas compañías multinacionales (Villegas, idem), con base en el “nearshoring”, tal como expusimos en la primera parte de este escrito. Habíamos señalado lo relacionado con la disminución del endeudamiento, lo cual obedeció al incremento de los ingresos por recaudación de impuestos. Ingresos que habrán de subir, de acuerdo con las positivas proyecciones de crecimiento de la economía, dadas a conocer por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Lo cual seguirá ocasionando balances primarios más favorables, que evitarán la necesidad de financiamiento con base en la adquisición de deuda adicional. En lo que respecta nuevamente a las finanzas públicas, las agencias prevén que la prudencia en la contención del gasto y la aprobación de proyectos fiscales adicionales, sometidos al debate de la Asamblea Legislativa, habrán de originar la baja del déficit fiscal; se logró reducir del 8% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), así como del endeudamiento del Gobierno (Elian Villegas, idem), como porcentaje del PIB. Por su lado, el mercado financiero internacional quedó conforme con la respuesta democrática y de la aceptación de los resultados de los comicios (Villegas, idem), por cuanto ambos candidatos comulgan con los principios fundamentales del mercado, además del equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Retomemos la advertencia que la calificación de “B”, de “negativa a estable, todavía implica que existe un considerable riesgo de impago, si la situación financiera costarricense “varía notablemente”, sea también frente a los eventuales cuestionamientos, de quien resulte ganador en el balotaje del 3 de abril del año en curso, para elegir el próximo Presidente de la República. Un futuro gobierno habrá de concentrarse mayormente en las políticas sociales, orientadas a ensanchar las fuentes de empleo; atacar la pobreza y la severa desigualdad en los ingresos entre los ciudadanos; en liberar la burocracia estatal de trámites y regulaciones innecesarios, así como otorgar mayor confianza, transparencia y seguridad jurídica a la inversión y la producción (La Nación, 8 de febrero del 2022). Y en cuanto a la reactivación económica, habrá de enfatizar en la obra pública y privada en infraestructura física, capaces de multiplicar los encadenamientos empresariales y, de paso, incrementar el número de los puestos de trabajo. UNA DIGRESIÓN; Y APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES COMERCIALES. En párrafos anteriores apuntamos que en un principio la agencia S&P había proyectado “que la economía costarricense tendría un crecimiento promedio de 4,3% anual entre el 2022 y 2024”; una de las razones trabajadas por S&P y las otras entidades, por las cuales mejoraron la perspectiva de calificación. Fuera de eso y contra todas las proyecciones, la producción nacional del 2021 aumentó fuertemente en 7,6%, la más alta en 14 años – según lo expresamos líneas arriba - , merced a los escalonados repuntes en la economía mundial, como también el aceleramiento del consumo interno. A ello se añade la recuperación de todos los sectores productivos en el marco de la diversificación económica, aliada de la integración, la interdependencia y la apertura comercial. Tales vínculos externos deberían expandirse, mediante el acceso a nuevos mercados globales“, teniendo en cuenta los objetivos de alcanzar la mayor eficiencia de la producción interna (Luis Mesalles), lo mismo que fomentar “el emprendedurismo”, ambos respaldados con recursos crediticios de la banca del desarrollo y del sistema bancario costarricense. Al lado de continuar ampliando las vías alrededor del comercio exterior, favorecedor del desarrollo sostenible, obsérvese que nuestro país exportó bienes por la voluminosa cantidad de $13.000 millones entre enero y octubre del 2021, un 25% más que en el mismo período del año anterior (PROCOMER). El factor antes comentado habrá de engrosar los niveles de contratación de trabajadores en el mercado laboral. En esta meta, todo el conglomerado de las empresas de las zonas francas, en especial las firmas de servicios corporativos de alta tecnología y de dispositivos médicos, etcétera, constituye uno de los motores del crecimiento con desarrollo y el resurgimiento del empleo (de calidad). Dicho sector generó el 77% del empleo total (OCDE). Dichas fortalezas comprometen a las instituciones especializadas a ofrecer constante formación y capacitación a nuestra población laboral y a la que está en disposición de ingresar a los ámbitos del trabajo; al igual que progresar en infraestructura física (en especial la vial) y logística, con el propósito de elevar nuestra competitividad frente a otras naciones. El crecimiento económico sería superior de avanzarse en asignaturas o factores pendientes, favorecedores de la competitividad, entre ellos el ascenso en la productividad de nuestros trabajadores – privados y públicos -, aparte de la sana competencia dentro de los mercados interdependientes. En la prioridad de elevar la competitividad, hay que dar holgura a “la investigación, innovación y el desarrollo”, lo cual calza con los objetivos de los progresos científicos y la modernización tecnológica, las novedades en las comunicaciones electrónicas, adjuntas a la economía y la administración digitales, eso sí, socialmente incluyentes (Carlos Felipe Jaramillo – Banco Mundial -; Eduardo Lizano). Las inversiones públicas en infraestructura básica tales como caminos, redes de telecomunicaciones y eléctricas, etcétera, al alentar los negocios y las inversiones, cumplen un rol inequívoco en el ascenso de la competitividad en función de la ampliación y el dinamismo de nuestro sistema productivo y de nuestros vínculos comerciales con los mercados globales. Igualmente, subrayamos la reversión urgente de las alarmantes pérdidas educativas, causadas por la pandemia del covid – a diferencia de Argentina, Uruguay, entre otras naciones, en Costa Rica se desistió de cerrar las aulas de los centros educativos -. Debido a los repercusiones socioeconómicas, acarreadas por el coronavirus, la restitución del sistema de enseñanza-aprendizaje obligará a la reestructuración completa de las capacidades técnicas y administrativas del Ministerio de Educación Pública, y de seguido ejecutar el gasto en educación de modo eficiente. Los programas de estudio de los colegios académicos y los vocacionales (o técnicos) podrían contemplar materias todavía inéditas, tales como la inteligencia emocional, las habilidades y destrezas sociales, además de conocimientos mayúsculos en las diversas asignaturas escolares. Lo dicho antes aseguraría mejores condiciones a la inserción de las personas en el mercado laboral”, así también se forjarían personalidades íntegras, capaces de asumir constructivas relaciones interpersonales, cívicas y comunitarias. A la prioridad de elevar los niveles de educación, sin desdeñar las carreras humanistas, las ciencias sociales, el arte, la cultura, el deporte, cabe destacar las recomendaciones de los especialistas en cuanto a dar énfasis a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus siglas en inglés, “STEM” ). Lo que llegará a ser crucial en Costa Rica, si bien se observa un crecimiento para los próximos años (Ricardo Zúñiga). LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Nos corresponde ahora hacer referencia a la asignatura de la eficiencia del gasto público y la revisión del desempeño de todas las instituciones estatales (Edgar Robles), varias de ellas anquilosadas por leyes vetustas. Por qué no reformar aquellas Instituciones que, con frecuencia, son campo fértil a la corrupción, el clientelismo y la politización desproporcionada. Y no lejos de tales irregularidades, es fácil verificar la preservación de sistemas y métodos de administración de personal; obsoletos e incapaces de asegurar la contratación de funcionarios aptos y entregados a colaborar con la alta calidad de los servicios públicos, y por ende facilitar el despido de servidores incompetentes, que solo piensan en sus intereses particulares, acogidos por legislación, feudos o gremios que les garantizan casi siempre el confort, la durabilidad en sus cargos y la impunidad. Valga señalar los entrabamientos, la tramitología, el inmovilismo, el conservadurismo burocrático o la resistencia al cambio, las prohibiciones sin sentido, la duplicación de funciones entre las organizaciones públicas, entre una gama de anomalías, entorpecedoras de la innovación, las transformaciones y el correcto desempeño de las instituciones del Estado. En teoría, ese poderoso aparato político ha de ser el gestor del desarrollo sostenible, de realizaciones materiales, e inculcador de valores éticos y morales en la sociedad nacional, y estar comprometido a rendir cuentas a la ciudadanía. Esto no quiere decir, que se descalifique completamente la burocracia pública, al extremo de negar que existen empleados públicos honrados y laboriosos. Eso sí, hay que “oxigenarla”. Lo apunta acertadamente Mario Vargas Llosa en su libro “La llamada de la tribu”, menos aún se impone la supresión del Estado nacional. Por el contrario, lo queremos fuerte y eficaz, a diferencia de uno grande, “depredador” de los recursos, redundante, “empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él” (Zúñiga, idem). Un Estado que a los habitantes asegure y consolide “las libertades y los derechos humanos, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades”. Al cabo que ese aparato de poder sea garante de la seguridad jurídica y económica, favorecedora de los climas de negocios, la inversión pública y privada en áreas de trabajo vigentes o en crecimiento” (Ricardo Zúñiga). “LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES UNA BUENA POLÍTICA ECONÓMICA", es un postulado dado a la luz pública por el notable Presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), que intentamos adherir en ocasión de este escrito. Dicho esto, seria conveniente que las sucesivas autoridades gubernamentales se reinventen en política comercial, en la atracción de inversiones (Consejeros Económicos y Financieros – Cefsa), en concomitancia con la política social, esto en función de estrechar las desigualdades en los ingresos entre los diferente sectores sociales. Indigna que “uno de cada cinco costarricenses vivan en pobreza, y uno de cada diez en opulencia” (Velia Govaere). Y en el marco de esta perspectiva, rectificar aquellas medidas equivocadas, debilitantes del sector agropecuario, el garante de la seguridad alimentaria y el encargado de ofrecer trabajo a las personas con inferiores niveles de educación y especialización laboral. Lo recalca con precisión José W. Fernández, alto cargo del Gobierno de los Estados Unidos de América, al declarar en nuestro país que el crecimiento económico “tiene que ser” socialmente comprensivo, que ayude a elevar la calidad de vida de todos los segmentos poblacionales de los Estados nacionales (La Nación, 25 de marzo del 2022). Ajeno a dogmatismos ideológicos, el funcionario estadounidense expone piezas políticas del Presidente Joe Biden; formula la interesante tesis de construir una economía “de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, no de arriba hacia abajo”. Él (el estadounidense Fernández) nos da entender la fuerza mayor, poseída por el sistema capitalista de encaminarse hacia el “aggiornamento”; antes que las corrientes iliberales, del nacionalismo - antiglobalización y del capitalismo de Estado autoritario o policial - el modelo de la China – (BBC News) tiendan a ser importados, y enseguida estropear los valores fundamentales de la civilización occidental y del orden mundial establecido. REFLEXIÓN FINAL. La propagación de la pandemia del Siglo XXl, en algunos casos dio pie al populismo, al autoritarismo y la reducción del conjunto de las libertades públicas, el menoscabo de los derechos humanos, el rebajamiento del Estado de derecho en determinados confines del orbe, así como la pérdida de los equilibrios y las complicaciones en la distribución del poder. En cambio, vemos aleccionador la solidez de los fundamentos políticos y la forma de conducirse el régimen democrático liberal de Costa Rica; visto robustecido por el sistema de pesos y contrapesos, sustentados en la separación y la independencia de los Poderes de la República. En estos atributos democráticos cumplen un rol primordial y activo, en beneficio de la ciudadanía, los medios de comunicación, las redes sociales virtuales, a través de la implantación y el uso de la Internet, ya sean “Facebook”, la plataforma de mensajería “Twitter”, etcétera. La totalidad de los recursos al servicio de las comunicaciones en función de la libertad de expresión operan acá irrestrictamente, aparte de compartirse libremente en ellas opiniones del público, e “informaciones, de diverso tipo, de una forma rápida, sencilla y gratuita”, cuya difusión ha sido capaz de ejercer el control y la fiscalización informal y efectiva frente a los poderes formales (y fácticos) establecidos, incluidos los partidos políticos. Por otra parte, la eficacia de nuestros sistemas de seguridad y protección social, favorecedores de la unidad y la cohesión ciudadana, los que prácticamente siguen intactos, cumplieron roles decisivos en la atención de la emergencia sanitaria frente al covid-19. Las fortalezas de nuestra sociedad política, democrática liberal, las secundaron las capacidades de la economía local en el proceso de adaptación a la emergencia, al igual que la gradual recuperación de los lazos con el comercio libre y abierto y la constancia en la atracción de inversiones. Todo ello enmarcado en las políticas públicas de la apertura a la economía global. Dicho sea de paso, el conjunto de actividades productivas, empresariales, a la postre conservan un notable dinamismo, tal cual lo pusimos en evidencia en la primera parte de nuestro escrito, al reiterar su relevancia para con el desarrollo integral y los valores del bien común inmersos en la sociedad abierta y auténticamente pluralista. En definitiva, en lo personal nunca habré de arrepentirme de haber votado por el Presidente Carlos Alvarado (2018 – 2022).