UN SEMBRADOR DE PAZ EN COLOMBIA.

UN SEMBRADOR DE PAZ EN COLOMBIA. La extendida evidencia del solidario respaldo internacional a la causa del pacto de paz de Colombia, llega por boca del Papa Francisco, seguido del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, al pronunciarse la semana pasada, “de modo caluroso”, sobre sus alcances, ofreciéndole a la vez una bienvenida a la conclusión del espinoso y complicado acuerdo de pacificación, alcanzado en Cuba por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). El apoyo de Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz resultó crucial; de igual forma, el de las naciones acompañantes Chile y Venezuela, también el de los enviados especiales de Estados Unidos de América, Bernard Aronson y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. La organización izquierdista, aliada del narcotráfico, en efecto, llegó a controlar grandes extensiones de la geografía colombiana. En algunos tramos, primordialmente, en la década de 1990 se le presentó la oportunidad de derrotar al disminuido y desmoralizado ejército nacional, exigido posteriormente a perfeccionar sus estrategias y tácticas militares, merced a las fórmulas “del “Plan Colombia”, asistido por los Estados Unidos de América. Hoy, la resonancia y las expectativas por lo acordado en agosto de este año entre el gobierno y las fuerzas irregulares (de 8.000 insurgentes), han hecho posible invertirlo en el “Paz Colombia”, con énfasis en lo social. El Gobierno de Barack Obama ha anunciado un desembolso de $450 millones en asistencia y apoyo para la implementación de lo aprobado en la Habana (Harold Trinkunas, 2016), particularmente en lo relacionado con las tareas y responsabilidades, derivadas del post-conflicto. Es la nación colombiana de los pueblos más inteligentes y cultos de nuestra América Latina. Sobradamente, pudo haber llegado a la cúspide del desarrollo total, habida cuenta de la privilegiada ubicación geográfica, sus enormes recursos naturales y la diversidad étnica y multiculturalidad. Por eso, siempre nos ha sido difícil aceptar que desde el Siglo XlX (enseguida, en el Siglo XX) haya sido víctima de los frecuentes derramamientos de sangre, cuando hubo aproximadamente cuarenta guerras, producto de las pugnas entre élites: los conservadores y los liberales. Estos, distanciados únicamente en su particular denominación, no así en el fondo de la organización y las relaciones de producción de la joven nación, puesto que la sociedad semi – feudal y desigualitaria, raramente había sido interrogada. Cualquier figura del Estado que se hubiese impuesto, fuera el centralista o el federalista, ninguno de los dos se disponía a modificar las estructuras coloniales y semi – feudales, justificadoras de la irregular concentración de la propiedad de la tierra. Esa prolongada concentración de la propiedad, fundada en extensos latifundios, hubo de sobrevivir luego de la independencia nacional; ciertamente, materia medular del actual pacto de paz, comprometido a dotar de tierra a los campesinos. Histórico desacierto de aquel sistema tan desigual, que precisamente, hubo de ser el combustible para el desencadenamiento de los movimientos insurreccionales del pasado siglo, fenómeno arraigado en la América Latina independiente. Justificador también para focalizarse en plena Guerra Fría, particularmente en la ofensiva cubano soviética en América Latina. A la postre, tampoco podía quedar fuera en el Siglo XXl Hugo Chávez y su ALBA populista, activos en su complicidad, en cuanto a servir de pivote a la narco-guerrilla. Menos aún, la muerte ha provocado en ese país un temor real ni imaginado. Solamente durante los años 1946 y 1958, el país se vio sumido en una profunda polarización, una etapa llamada «La Violencia», cuyo rasgo fueron las persecuciones políticas. Esa guerra civil entre liberales y conservadores, “se presume que ocasionó más de 300 mil muertos”; una cifra similar o superior, a la acumulada en el curso de la insurgencia narco – izquierdista, cuyo estallido se remonta a la década de 1960. Los desniveles sociales, detonantes de la violencia crónica; la codicia y el apego al poder; las malas prácticas conexas al enriquecimiento ilícito tan predominantes como compulsivas, estuvieron a un extremo de hacer trizas la institucionalidad y la cultura cívica. Como sea, la democracia colombiana, sostenida con alfileres, milagrosamente resistió los embates y los tentáculos de la anticultura, abonada por oligarcas tradicionales e insensibles, un grueso grupo de militares tan terroristas como los guerrilleros comunistas y los paramilitares ultraderechistas. Así también, las diferentes especies de psicópatas, que, sin proponérselo quizás, todos ellos, desembocaron en el mismo punto de sostener aquel status casi apocalíptico, fuente de inagotables beneficios para sus artífices. Quienes presumimos que deberán rendir cuentas de sus responsabilidades en los crímenes de guerra y de lesa humanidad ante el Tribunal Especial para la Paz, una entidad tipificada en el acuerdo de agosto pasado. Por lo pronto, en los primeros días del acuerdo, las armas han guardado silencio, seña del imperio de la razón y del corazón sensato. Entretanto, el presente acuerdo se enfila a la ampliación democrática. El saldo de más de cinco décadas de guerra es dramático: 220,000 muertos, de ellos 177,307 civiles y el resto combatientes y soldados; 25,000 desaparecidos; 21,000 secuestrados; entre seis y siete millones de desplazados en el territorio por la violencia. Hay además 75,000 personas afectadas en sus propiedades y bienes; 55,000 que sufrieron actos terroristas y 11,000 afectadas por las minas personales (Rubén Aguilar Valenzuela, 2016). Una irracionalidad y desgracia, de lo cual no pocos esquizoides encuentran toda clase de pretextos, hasta cálculos electorales, para perpetuarla. Porque su disparatado dogmatismo los empecina a deformar la realidad, al reducirla a la única existencia de lo “blanco o negro”. Pendiente todavía la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla de menor poder de fuego, el acuerdo como tal se someterá a un referendo el 2 de octubre de los corrientes, así para otorgarle fundamento jurídico. Para ser aprobado, se hará imprescindible que “el sí” capte 4,4 millones de votos (13% del censo electoral), y si estos superan a los votos por “el no”. La consulta es calificada como la gran apuesta del presidente, Juan Manuel Santos, gestor de las negociaciones de paz para desactivar la guerra. Él nunca se alejó de los procedimientos democráticos correctos (Shlomo Ben-Amil, 2016), para privilegiar el entendimiento político, tal que en democracia se “garantice que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal”. En el día del referendo se definirá el futuro de los colombianos. Las partes contendientes se han comprometido en el pacto a renunciar al uso de la fuerza, bajo el supuesto de poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creará una misión especial en el país suramericano, con tal de supervisar el cese del fuego, ayudar a desarmar a los rebeldes, incluida la participación en política, la reincorporación o reintegración social de los alzados en armas de las FARC. Asimismo, la Organización verificará el cumplimiento y refrendación del acuerdo en mención, el cual entre otros compromisos consigna el reconocimiento, reparación, resarcimiento a las víctimas y restitución de tierras. Se ha hecho hincapié en el combate efectivo contra la narcoactividad. Bajo los principios de “justicia restauradora”, en pos de la búsqueda de la verdad, sin renunciar a la justicia (Shlomo Ben-Ami, ídem), los delitos políticos y conexos serán amnistiados. Asimismo, la jurisdicción especial para la paz contempla rebaja de penas y una restricción efectiva de la libertad sin cárcel, para aquellos que reconozcan su responsabilidad en esos delitos, aporten verdad y contribuyan a la reparación de las víctimas (ABC mundo, Bogotá, 2016). La guerrilla contará con portavoces en el Congreso hasta las próximas elecciones solo para discutir los acuerdos de paz, al establecerse que los guerrilleros tendrán garantizado un total de 10 congresistas (cinco senadores y cinco representantes a la Cámara) por dos períodos, siempre que no logren superar el umbral del 3% de la votación. En ese caso, se les asignarán los necesarios para cubrir el cupo. Si lo superan no se les otorgarán curules (escaños) adicionales (Javier Lafuente, 2016). La postura de las Fuerzas Armadas apunta a convertirse en la institución normal “en un país normal” (sin guerra), atenta a enfrentar eventuales amenazas como el ELN y posibles disidencias de las FARC, opuestas al pacto. “En este tiempo he visto unos avances muy considerables en la forma como el sector Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía se han involucrado cada vez más con el proceso de paz”, manifestó Aníbal Fernández de Soto, Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales. Al mismo tiempo, desde al año 2006 se viene implementando una estricta política de respeto y promoción de derechos humanos al interior de la fuerza pública de Colombia. Se programan capacitaciones a los oficiales, a los miembros de la fuerza pública en general en Colombia, en las cuales siempre se incorporan elementos de actualización en jurisprudencia, en legislación, en procedimientos acordes con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. El Presidente Santos y su administración están conscientes que los miembros de la fuerza pública, “son ellos los primeros defensores de derechos humanos”. El Viceministro Fernández confía en la misión de progresar en la lucha contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, asociado con la guerrilla izquierdista y los paramilitares ultraderechistas. Él afirma que las Fuerzas Armadas de Colombia se preparan para asumir nuevos retos de seguridad, entre ellos, el compartir su conocimiento y experiencia de seguridad con los países de la región latinoamericana (Geraldine Cook/Diálogo,22 agosto 2016). Con este fondo, seguro que las Fuerzas Armadas procurarán, esta vez, desechar anteriores e ingratas experiencias, y los esfuerzos que casi impidieron que los insurgentes de izquierda, conocidos como M-19, hubieran de reintegrarse a la política pacífica, dado que un puñado de sus activistas resultaron asesinados por escuadrones de la muerte de extrema derecha. En la corriente adversa, en los cuatro años de duración del proceso de diálogo con los insurgentes, el Presidente Santos se ha visto sometido a fuertes presiones y rupturas del expresidente de mano dura Álvaro Uribe (2002 y 2010), líder antigubernamental del derechista Partido Centro Democrático, opositor de lo pactado con la guerrilla. Según Uribe, lo negociado expresa impunidad y de rendición del Estado ante la guerrilla de las FARC, cierto, diezmada militarmente por las Fuerzas Armadas. A la vez insiste en que se alienta la alianza con el narcotráfico; se está negociando el modelo de Estado, planeando abolir la propiedad privada o pagando un sueldo a los guerrilleros. A diferencia de poseer autoridad moral, en este caso, el expresidente Uribe hubo de inducir casos ya verificados, en los cuales él mismo procedió a concederles impunidad o elegibilidad política a los narco-paramilitares, enemigos acérrimos de las FARC, durante el proceso de paz, sostenido con esos grupos y que finalizó con su desmovilización en el 2006. Lo evadido de modo cretino por la derecha recalcitrante, defensora del statu quo, comporta el otro factor de alta tensión. Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad en la distribución del ingreso nacional, superado tan solo por Brasil. Igualmente, es un país con enormes diferencias territoriales, entre su capital Bogotá (que clasificaría como ciudad del primer mundo) y regiones como la Costa Pacífica (con niveles de pobreza similares al Subsahara africano). Mientras en Bogotá la pobreza afecta al 10 por ciento de la población, en los departamentos de la Costa Atlántica, esta se extiende al 41 por ciento y en la Costa Pacífica al 50 por ciento de los habitantes.(Mauricio Cabrera Galvis, 2016). Nos invade esa inquietud de que se acercará lo más complejo: la implementación exitosa de lo resuelto en las negociaciones ya finalizadas. Habrá que flexibilizar las posiciones de las clases tradicionales y conservadoras, las de mayor ingreso, en lo tocante a aceptar concesiones y sacrificarse para reconstruir un país justo, equitativo y socialmente cohesionado. Es decir, el inevitable cometido de entrar en un verdadero proceso de transacción entre las distintas clases, tal que sea capaz de fomentar la integración social. Simultáneamente, tal suspicacia nos lleva a repensar acerca de la sincera voluntad y disposición de los mandos y bases de las FARC respecto a cumplir, al pie de la letra, los requisitos pactados. La probabilidad de las disidencias en el movimiento insurgente es alta. Lo frustrante sería que dicho proceso pacificador en Colombia repita la historia de las imperfecciones actuales del proceso de pacificación que puso fin a la guerra centroamericana; en donde los signos de autoritarismo, la desigualdad, la extrema pobreza, las consecuencias del crimen organizado, unida a la violencia de las bandas armadas denominadas “maras”, llegan a dar al traste con los cometidos que se impuso el Plan de Paz de Esquipulas. Pese a su particularidad de nación de escala tan amplia, Colombia ha alcanzado un modesto desempeño económico. En el 2015 tuvo una expansión del 3,1 %, la más baja desde 2009. Solo un 2 % creció en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2015. Principalmente, la inestabilidad del mercado petrolero y la caída de los precios de otras materias primas minerales han frenado el rendimiento de la producción nacional (Infolatam/Efe, 2016). Un factor de riesgo. En las circunstancias presentes de la economía, apenas aceptables, la popularidad del Presidente Santos se ha visto disminuida, por lo que sus adversarios procuran sacar provecho de ello, para torpedear el pacto con la guerrilla. En cambio, su partido el Liberal, en cuenta diversas fuerzas políticas aliadas le ofrecen respaldo. Lo último, comienza a consolidar la posición democrática del Presidente Santos, percibida en los recientes sondeos, en los cuales “el Sí” al pacto con la impopular guerrilla saca ventaja. El mandatario colombiano informó que la firma del acuerdo de la paz de Colombia, “el comienzo del periodo de dejación de armas y desmovilización de las FARC”, será en Cartagena de Indias el próximo 26 de septiembre. Declara que el evento significará la reconstrucción de un país donde haya respeto y tolerancia por el que piensa distinto. Luego vendrán los retos de la implementación del Acuerdo Final (Alejo Vargas Velásquez, 2016). Son las expresiones del otrora recio Ministro de Defensa, el más popular haciendo la guerra en el gobierno derechista de Álvaro Uribe, en este instante su enemigo político. Enemigo también de lo resuelto en Cuba; aduce que pronto arribará “el castro-chavismo” en Colombia, de ello responsabiliza al gobernante colombiano. Frente a los ataques, Santos pone a prueba su paciencia y plena conversión espiritual. Perteneciente a una de las familias multimillonarias de más rancio abolengo, responde intensamente, como un filósofo y pedagogo, sabio y guiador de un sufrido pueblo, ensangrentado. Exige a los colombianos a que se perdonen los unos a los otros. “Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación”, lo enseña ese auténtico estadista que educa e inculca valores a sus gobernados. Ya ha advertido que de no aprobarse el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla el país “volverá a la guerra”. El presidente colombiano, escasamente exhibicionista y populista, menos aún, llega a ser un “líder fuerte, autoritario”, de esos de moda, tales como Putin, Erdogan, Rodrigo Duterte, antes Hugo Chávez, Mugabe, Donald Trump, etcétera. Él está a larga distancia de aquellos “pavos reales”, ególatras y narcisistas, dañinos a la vez, quienes, por su complejo de superioridad, se comparan con las águilas y miran despectivamente a sus adversarios como caracoles. En pocas palabras: la humanidad se encuentra sedienta de más Juan Manuel Santos. Ronald Obaldía González (Opinión personal)