EL CAMINO A PUNTA BURICA

 EL CAMINO A PUNTA BURICA

El Estado costarricense continúa llevando a cabo innumerables proyectos de obras de infraestructura para beneficio de los diversos sectores económicos y sociales, gestores del desarrollo nacional y de la seguridad humana, por lo que enseguida la remota, incomunicada y aislada Reserva Nacional Índígena de Punta Burica debió ser incorporada dentro de los planes de creación de obra pública gubernamentales. A propósito, esta región constituye una zona transfronteriza, ubicada al extremo suroccidental del territorio costarricense, la cual hace frontera con la República de Panamá; sin embargo, el Estado nacional ha renunciado a ejercer sobre ella los derechos de soberanía territorial que le corresponden, unidos al reforzamiento de los propósitos de la seguridad nacional en todos los extremos.

Por tal razón y con la misión de subsanar el histórico aislamiento de la Reserva Indígena en mención, el Ministerio de la Presidencia tomó la determinación de coordinar y ejecutar acciones conjuntas con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Municipalidad de Golfito y la propia Asociación de Desarrollo Indígena (ADI), a efecto de hacer realidad el logro de la construcción de la ruta de tránsito, la cual habrá de atravesar la región de Punta Burica, y, en definitiva, poder comunicar entre sí los caseríos y comarcas de los pueblos originarios que la habitan, como también interconectarlos con el resto de la geografía nacional, habida cuenta de la existencia de más de mil familias que moran en las profundidades de esta extensa región de nuestro país, desvinculadas de nuestra institucionalidad cívica.

Cabe informar que las tierras antes citadas pertenecen mayoritariamente a la comunidad aborigen Gnöbe Bugle, forman parte de los territorios que por ley el Estado entregó a las comunidades tradicionales; ellos están inscritos formalmente a nombre de las comunidades aborígenes a perpetuidad, en donde las autoridades nacionales y municipales no pueden intervenir, ya que estos pueblos gozan de autogobierno y autonomía política. Aun así, el Estado se ve obligado a dotar de todo tipo de obra pública, además de responsabilizarse de la protección y seguridad social de estas comunidades, parejos a los derechos disfrutados por el resto de los ciudadanos.

Lo antes dicho explica perfectamente el serio compromiso y la adjudicación asumidos por las instituciones públicas en el objetivo de levantar, lo antes posible, el camino completo, demandado por estos costarricenses. En sí, una obra de tal envergadura que contribuirá a llevar progreso y prosperidad a la Reserva, a cuyo cargo también la sociedad nacional ha de ser solidaria, a fin de evitar la continuada exclusión y la vulnerabilidad social de estos pueblos, sobre todo en estos tiempos en que la pandemia del Covid-19 podría impactarlos con mayor peligrosidad, por cuanto al personal de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se le imposibilita tener acceso a los territorios, incluso para ser destinatarios de forma constante de los programas institucionales de salud pública.

Bastante se ha avanzado en las obras del camino que atravesaría toda la Reserva. Con recursos financieros por el monto de 2.600 millones de colones, provenientes de la Junta de Desarrollo Rural del Sur (JUDESUR), sumados a los fondos aportados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se construyeron 13 kilómetros de ruta, incluidos los levantamientos de cuatro puentes modernos, lo cual permite unir las comunidades fronterizas e indígenas de Comte y Alto Comte. Sin embargo, quedó pendiente la mayor parte de la obra vial, de carácter cantonal, equivalente a aproximadamente 40 kilómetros. Una vez completada la ruta se podrá dar alcance a los más remotos y principales poblados de las comunidades indígenas de Punta Burica.

Tal como líneas arriba lo citamos, al poseer carácter cantonal los restantes 40 kilómetros de longitud, simultáneamente las municipalidades de Corredores y de Golfito, así como la Asociación de Desarrollo Integral de las comunidades indígenas, se anticiparon a realizar ligeras obras, hasta donde les permitiera la legislación ambiental, siempre con la vista puesta a completar el trayecto. A efecto de avanzar en la construcción de esta segunda parte de la ruta, se realizaron las debidas consultas a las comunidades indígenas, teniéndose como resultado la aprobación total por parte de ellas, ya que son conscientes de los beneficios que traerá consigo la finalización de la obra, la cual les garantizará desarrollo humano, además de progreso social y económico.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) colabora de manera decidida en dicho proyecto vial, y en la medida de las posibilidades concederán recursos financieros para la continuación del camino, una vez que sea publicada, mediante Decreto Ejecutivo, la Declaratoria de Conveniencia Nacional, el cual le otorgará fundamentos jurídicos, y de paso se proseguirá con las obras de construcción, éstas supeditadas a la conservación y protección de un espacio de 11 kilómetros, compuesto por bosque primario, lo cual es esencial proteger, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Por eso la Municipalidad de Golfito, sobre la base de sus competencias como gobierno local, ha tomado las previsiones correspondientes, con tal de evitar daños ecológicos a tal recurso forestal.

El camino a Punta Burica le permitirá al Estado costarricense el derecho de ejercer su soberanía respecto a una región aislada de la geografía nacional; ese mismo territorio al cual solamente los habitantes pueden tener acceso, haciendo uso de helicópteros, o en su lugar ingresando por el territorio de Panamá, esto último condicionado a las autorizaciones migratorias, establecidas por la nación vecina. A partir de la conclusión de la vía a lo largo de la Reserva, los indígenas, en este caso especial, podrán ingresar a sus comunidades y hacer su vida normal sin impedimento alguno, al cabo que las instituciones sociales costarricenses podrán ejercer sus correspondientes competencias. En esta asignatura, valga hacer mención al programa del suministro de más de 300 paneles solares, bajo la rectoría de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), cuyos aparatos pronto estarán a la disposición de las familias Gnöbe Bugle, quienes habrán de contar con energía para realizar las actividades cotidianas.

Asimismo, la ampliación de vías de acceso transfronterizas, a saber, la carretera entre Comte - Alto Comte y el último tramo de región fronteriza de Punta Burica, contribuirá a que el Estado costarricense refuerce allí sus acciones y operativos policiales, destinados a enfrentar el crimen organizado internacional. Cabe mencionar que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública en reiteradas ocasiones han expuesto la urgente necesidad de la construcción de esta ruta de tránsito, todo ello con vistas a tener control absoluto sobre un territorio retirado y abandonado, y hasta desconocido por casi todos los costarricenses.

Walter Fonseca Ramírez

William Brenes Gómez

Jorge Vargas Carmiol

Ronald Obaldía González