COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. PRIMERA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González

COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. PRIMERA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González En días pasados el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio cuenta que las aventajadas potencias económicas experimentan un “buen desempeño” (Rodrigo Cubero Brealey, presidente del BCCRl), particularidad que podría despejar el camino, para que la economía global pudiera aumentar un 5,9% en el 2021 y casi un 5% en el 2022, lo cual también llegaría a favorecer la economía nacional. La vacunación y el suavizamiento de las medidas restrictivas, entre ellas el confinamiento, que obligó el coronavirus a la mayoría de los países, a fin de contrarrestar las secuelas sufridas, se citan entre las herramientas principales, influyentes en el buen desempeño de la actividad económica y de los mercados internacionales, a pesar de los tangibles riesgos de la aparición de nuevas variantes de la pandemia del covid – 19, entre ellas, “el ómicron”. La incertidumbre (las variantes del coronavirus) tendería otra vez a poner en vilo la gradual recuperación del sistema económico – comercial y financiero mundial, en cuenta la agudización de la pobreza global (Jim O´neill). O, en su defecto, que continúe habiendo cambios drásticos en el tipo de cambio, que se incremente el precio de importación de las materias primas, a saber el alza de los combustibles. Al cabo que el aumento de la inflación interna a largo plazo, especialmente en los Estados Unidos de América y China, impactaría el consumo local, pues los precios de los bienes y servicios se orientarán al alza. Lo antes indicado provocaría “un deterioro en los términos de intercambio comercial costarricense, pérdidas de negocios”, entrelazado a los actuales y elevados costos de los fletes marítimos, las interrupciones en la cadena mundial de abastecimiento, en concatenación con las dificultades logísticas, producto de la pandemia del Covid – 19” (Roger Porras; Rodrigo Cordero Brealey, Presidente del Banco Central de Costa Rica ). LA SALUD DE LA MANO CON LA ECONOMÍA. Costa Rica es de los países que de manera sistemática ha flexibilizado las medidas de restricción sanitaria. Es evidente el avance de la vacunación por parte de las instituciones de salud del Estado nacional, por lo que los positivos efectos en nuestro sistema económico y productivo comenzaron a percibirse en los últimos doce meses. Con todo y los ligeros defectos, Costa Rica con sus avanzados sistemas sanitarios y de salud enfrenta eficazmente la pandemia del covid-19, que, además de ser un mal que contendió con nuestras estructuras hospitalarias y la ciencia médica, arrastró negativas repercusiones sociales, en la actividad económica – comercial, en la vida de las personas. Y todo pareciera indicar que la pandemia “llegó para quedarse”, esto quiere decir que se debe “aprender a vivir con ella”. Lo cual, en el caso local del coronavirus, llegó a medir la fuerza y el vigor, la capacidad de nuestras instituciones nacionales (y sus jerarcas), especialmente las del sistema de seguridad y protección sociales, quienes cuentan con el respaldo público. Hasta ahora han salido bien libradas. Todavía la ciudadanía confía en nuestro régimen de gobernanza para bien de la estabilidad democrática, puesto que además se continúa realizando un magnífico desempeño frente a la propagación de la enfermedad. La efectividad de las acciones preventivas y las atenciones hospitalarias, adoptadas contra las vicisitudes de la pandemia, se han integrado a las “laxas” y apropiadas políticas fiscales, monetarias y financieras. Políticas puestas en ejecución por parte de nuestro Banco Central, el sistema bancario – financiero y el propio Ministerio de Hacienda, propulsores del crédito expansivo a la ciudadanía, de fondos convenidos de avales y créditos a las empresas privadas, perjudicadas por el covid-19, esto en función de acelerar el crecimiento de la producción y el consumo. EN ARAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Las bajas tasas de interés y la política monetaria extendidas, promovidas por el Banco Central de Costa Rica, han contribuido a la recuperación económica, así también a la reducción de los intereses al público. Tales acciones coinciden con lo recomendado por los especialistas de los organismos internacionales, a efecto de enfrentar los daños sociales, originados por la propagación de la pandemia: los altos gastos en las asistencias preventivas y hospitalarias, el aumento del desempleo y la pobreza, la desigualdad, las explícitas disparidades regionales. Las políticas expansivas en mención “podrían llegar a su fin”, al visualizarse una permanente inflación – el rapaz impuesto, castigador de la gente de inferiores ingresos -, lo que alentaría el alza en las tasas de interés, tanto en las principales economías del mundo, como en las naciones en desarrollo, como la nuestra. En cambio, una inflación controlada y baja, habrá de contribuir a una política monetaria y financiera a favor del crecimiento y el desarrollo, así como contener el desempleo y la marginalidad (Eduardo Lizano; Cubero Brealey, idem). Mientras tanto, nuestro juicioso Banco Central ha logrado controlar la inflación local, de las más bajas en la esfera mundial (Cubero, idem). Por ahora ésta se ubica debajo de la meta del 3%, fijada por el ente emisor del dinero. Todo lo anterior, es concomitante con la estabilidad macroeconómica paulatinamente lograda: uno de los principales motores del crecimiento productivo y, por ende, de la ocupación y la restauración de las fuentes del empleo. Las cuales disminuyeron por la ralentización, suscitada por las emergencias sanitarias, derivadas del letal coronavirus; al extremo de elevar el desempleo a la tasa del 24%, pero reducido al 15% hasta octubre pasado. La relativa estabilidad ha facilitado la proyección en Costa Rica de un crecimiento económico para el 2021 a un 5,4%, y un 4,5% el 2022 (Cubero Brealey, idem). A la gradual reactivación socioeconómica la acompañan los esfuerzos gubernamentales en disminuir el déficit fiscal, contener el incremento de la deuda pública, a través de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina alrededor del gasto público, así como el dar sostenimiento a las reservas monetarias. A lo cual se adicionan las efectivas reformas tributarias, introducidas en diciembre del 2018 - se logró este año un aumento en la recaudación de impuestos del 22% -. Toda vez que las medidas hacendarias aplicadas “generaron en el 2021 un superávit primario del 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB)” (Cubero, idem) - se excluye el pago de intereses de la deuda pública, la cual continúa siendo elevada - a diferencia del déficit del 2,6%, registrado el año anterior. PLANTEAMIENTOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y DE LA AGENCIA MOODY´S. El crecimiento de la economía costarricense y la reducción del déficit fiscal, lo cual no puede esperar, fueron dos de los elementos que acaban de llevar a la agencia calificadora internacional Moody’s a mejorar la perspectiva crediticia de Costa Rica, pasando la nota de negativa a estable (La Nación, 8 de diciembre del 2021). “La decisión de MOODY’S es positiva; indica que se reconoce que el riesgo del shock pandémico del año pasado “se disipó”, sea discretamente (José Luis Arce); falta por hacer más. En este orden fiscal, señalemos que las complicaciones de la deuda pública costarricense comenzaron desde el 2010. Hubo incrementos irresponsables en los desembolsos, correspondientes a la planilla salarial del Estado. La actual administración del Presidente Carlos Alvarado ha llevado a cabo los cambios, los correctivos indispensables, lo que representa una positiva señal a los mercados (Gabriel Torres – Moody¨s). Los pagos de intereses del gobierno costarricense para honrar la deuda pública contraída, representan más del 30% de los ingresos totales, son bastantes altos; un señalamiento negativo contra el país (Torres, idem). Por eso, el valor que conlleva bajar el déficit fiscal y el endeudamiento, a fin de posibilitar el ascenso en los peldaños en su calidad crediticia, por parte de las agencias calificadoras internacionales de riesgo de crédito (Torres, idem). En lo concerniente al comportamiento de la deuda pública, valga anotar que el Gobierno de la República acaba de lograr un ahorro de ¢158.590 millones en este rubro – bien valorado por MOODY,´S y el Fondo Monetario Internacional (FMI), esto por los resultados positivos en la recaudación de los ingresos tributarios, la disminución del gasto gubernamental y la razonable gestión de los pagos de las obligaciones durante el primer semestre del 2021. Así fue consignado por el Ministerio de Hacienda en un informe remitido a la Asamblea Legislativa como parte del trámite del noveno presupuesto extraordinario del presente año (La Nación, 6 de diciembre del 2021). La contención del gasto fiscal logró prevenir la presión frente a las tasas de interés en el mercado financiero, por eso se alcanzan las reducciones de dichas tasas, tanto en colones como en dólares. Si por el contrario, “se presenta una situación donde el gasto público se libera más”, el gobierno tendrá mayores y urgentes necesidades de financiamiento, por lo que se recurrirá a la imposición de impuestos adicionales, o a las fuentes de financiamiento internas y externas. Entonces habrá mayores presiones sobre el mercado financiero, eso producirá una presión al alza de las tasas (Elián Villegas, Ministro de Hacienda; Marta Acosta, contralora general de la República), perjudicando el funcionamiento del Estado, al propio sector productivo y al público en general. Nuestro país ha sido consecuente con el compromiso serio a favor del proceso de la consolidación fiscal, propuesto al FMI. El 2021 registra avances en el proceso en mención, habida cuenta de “una contención fuerte de los gastos, así también en la mejora significativa en la recaudación tributaria” (Cubero, idem), debido también al positivo rendimiento de las reformas tributarias, provenientes de la legislación aprobada en diciembre del 2018. Líneas arriba expusimos que parte de lo alcanzado en términos de los beneficios a la sociedad, refleja el incremento de los ingresos gubernamentales, la mejora de la actividad económica, o la reactivación, tanto más fuerte, vigorosa, como dinámica, superior a lo “esperado originalmente” (Cubero, idem). Estas tomas de posición han contribuido a la reducción en las necesidades generales de financiamiento del gobierno, lo que desahoga “las presiones del refinanciamiento” en él. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las acciones del ajuste y la consolidación fiscal, el núcleo correspondiente a los distintos proyectos de ley, pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han sido planteadas ante la Asamblea Legislativa, para el debate de rigor. El presidente del Banco Central (BCCR) anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se ha distanciado de las medidas duras y desprestigiadas de ajuste estructural del pasado, “flexibilizó las condiciones” con tal de que el país pueda cumplir el acuerdo de ajuste fiscal necesario, para acceder a un crédito de $1.778 millones “con cláusulas blandas”. De llegarse a la aprobación legislativa de la agenda de ajuste fiscal y de los créditos externos, pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), – lo que en parte fue clave en la reciente mejora de la calificación de riesgo de crédito, otorgada a Costa Rica por parte de la agencia MOODY´s, además de la autorización de los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – , se posibilitará la estabilización del tipo de cambio del dólar. Asimismo, se podría detener la reducción de las reservas monetarias, ellos son los fondos que nuestro país posee a fin “de atender los compromisos externos, tales como el pago de la deuda e importaciones de bienes y servicios”. Otra buena noticia reside en la decisión del FMI de acceder a abrir un espacio adicional, prolongado “hasta febrero del próximo año, para evaluar la reacción del Congreso de la República”, en cuanto a avanzar con los proyectos fiscales, acordados por el gobierno del Presidente Carlos Alvarado con dicho organismo internacional. A raíz de la mejoría de las cifras económicas y fiscales, la meta de ajuste fiscal se redujo, y ahora podría ser de un 1% del producto interno bruto (PIB), o menos. Llegaría a ser “un sello de confianza”, equivalente a mantener un programa de apoyo por parte del Fondo Monetario, de mantenerlo vigente (Cubero, idem), y de paso, originaría la subida en las calificaciones de MOODY´S. Al ser “una condición fundamental” (el ajuste), se llegaría a interconectar con los objetivos de la reactivación económica y la estabilidad macroeconómica y financiera. “Ese sello de confianza” le ofrece a nuestro país la oportunidad de seguir obteniendo tasas de financiamiento inferiores en los mercados domésticos e internacionales, no solo al Gobierno, sino también al resto de los costarricenses (Cubero, idem). En el caso que la Asamblea Legislativa rechace o postergue la decisión alrededor de los convenios fiscales con el FMI, sea por cálculos electorales de los partidos políticos, habría incertidumbre en las finanzas del Gobierno, quien es el principal emisor de bonos de deuda en Costa Rica. REPUNTE Y RESULTADOS. De acuerdo con el punto de vista del presidente de nuestro Banco Central, “la economía costarricense se recupera más de lo previsto, tras casi 20 meses de covid-19. Alcanzó el nivel prepandemia en el tercer trimestre del 2021. Con excepción del turismo, los transportes y la actividad de la construcción, los restantes sectores productivos “sobrepasaron el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia” (Cubero, idem). Nuestra reactivación, emprendimientos e innovaciones tecnológicas y científicas crean mayor confianza en aras de enfrentar gradualmente las inseguridades e incertezas, acarreadas por la propagación del covid-19. Mejor dicho, Costa Rica tampoco “se ha visto forzado a caer en default”, o declarado insolvente en cuanto a su capacidad de hacer frente a la deuda pública, lo que se pone evidencia en la estimación inicial de este año, la cual suponía que ella cerraría en un 72,5% del PIB en el 2021, pero finalmente terminará en un 69,8% (Ministerio de Hacienda; Banco Central). Sea tal discreta disminución un paso interesante a tomar en cuenta en el objetivo de dar sostenibilidad a las obligaciones que el Estado debe asumir. El gobierno costarricense dista de haber perdido “reputación financiera global”, por lo que todavía posee “acceso al refinanciamiento”, o bien a los créditos blandos por parte del Fondo Monetario Internacional - se contratan con intereses más bajos - así también a los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros “prestadores dentro de los mercados de capital extranjeros”. De este modo, se habrá de evitar que el tipo de cambio y las tasas de interés entren en riesgo (Elian Villegas, Ministro de Hacienda); se mantendrá la confianza de los agentes económicos, y la continuidad del ritmo de crecimiento económico (Cubero, idem) y del desarrollo social. El Parque empresarial, que “es el neto entre aperturas de empresas y cierres e inactividad de otras”, se recupera paulatinamente de los efectos negativos del coronavirus. El BCCR ha explicado que la caída en el Parque llegó a ser “generalizada en todas las actividades económicas, lo cual es coherente con la contracción de la producción durante el año pasado”. El Banco Central “expuso una caída neta de 6.500 empresas durante el 2020 y una recuperación de 5.300 en el 2021” (La Nación, 13 de diciembre 2021). El parque empresarial costarricense cayó un 4,5%, o en 6.500 empresas, con el inicio de la pandemia en el 2020. No obstante, ya se ha logrado restaurar unas 5.300 en el 2021 (Banco Central de Costa Rica -BCCR). Contra la desaceleración en el contexto de la enfermedad, las empresas instaladas en zonas francas mantienen un mayor impulso, pues en octubre pasado, tuvieron un crecimiento del 17,9% en su producción, comparado con el mismo periodo del 2020. En el caso de las compañías locales, la tasa de variación fue del 8,6% durante el mismo periodo (Banco Central de Costa Rica – BCCR). Valga indicar que las empresas nacionales, ubicadas en el régimen comercial aduanero definitivo (importación y exportación de mercancías), suman cerca de 140.000 productores. Ellas dedican buena parte de su producción al mercado interno (robusto y dinámico) y “abarcaba en el 2017, último dato disponible, el 90% de la producción nacional”. Precisamente, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) acaba de informar acerca de los 103 proyectos de inversión del extranjero, alcanzados en el 2021, lo que trajo consigo la creación de 22.461 empleos nuevos. “Los alcances de este 2021 demuestran que Costa Rica tiene el potencial para seguir creciendo y colocándose internacionalmente como un destino de atracción de inversión sostenible” (Eric Scharf -CINDE). Uno de los jerarcas de la citada organización no gubernamental (ONG), Jorge Sequeira, celebró los buenos resultados, particularmente por tratarse de otro año retador en pandemia. Detalló que estos resultados, sobre todo, “generan un impacto real a través de empleo formal y mayores oportunidades para el recurso más valioso que tiene nuestro país: su gente”. CINDE aseguró que las cifras indican que las empresas, atraídas por esa agencia generaron dos veces más empleo que el resto de la empresa privada en Costa Rica y tres veces más que el resto del país en este 2021. A la vez Sequeira resaltó el incremento del empleo femenino, el cual creció 21,4% en el 2021, “para representar 48% del nuevo empleo neto generado por este tipo de instalaciones. En total, durante todos los años, se acumulan 71.042 plazas para las mujeres”; cuya creación de puestos de trabajo a favor de este segmento de la población, coadyuva a acortar las tasas de pobreza. En este último objetivo habrá que trascender, en tanto progresemos aquí en la justa equiparación de los derechos entre las mujeres y los hombres, especialmente en cuanto al acceso a las oportunidades civiles, económicas y políticas de distinta naturaleza. ACIERTOS DE LA EVOLUCIÓN. De modo atinado lo confirmó Anabelle González, ex-Ministra de Comercio Exterior, al aseverar que la emergencia sanitaria, causada por el covid-19 se encontró con una sólida y diversificada estructura económica y productiva con mayor músculo; un factor decisivo que hizo posible atenuar los impactos y las consecuencias previstas. Por lo tanto, la reactivación productiva y del empleo está lejos de haber sido lenta y atropellada. Las transformaciones costarricenses en materia socioeconómica obedecen al afianzamiento de nuestra visión del desarrollo nacional, favorecedora de la apertura comercial, la diversidad productiva y de los variados destinos transfronterizos de las exportaciones costarricenses (PROCOMER). La atracción de la inversión foránea de alta calidad; además del fomento de los servicios, la inserción de la Banca privada y el auge del turismo también modificaron sustancialmente nuestra estructura educativa y laboral. Lo antes mencionado, en su conjunto, hubo de responder a las políticas públicas, comenzadas a principios de la década de 1990. Al punto que, de modo factible, fue superada la “economía del postre” y cautiva (producción de café, banano, azúcar, más otros productos agrícolas), criticada por don Pepe Figueres, a cambio del afianzamiento de la producción diversificada y los mercados abiertos. Las políticas públicas en materia de modernización y la heterogeneidad en la productividad y la producción denotan la amplificación social y económica, adoptadas durante casi cuatro décadas. La tradición y la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y económica vino a facilitar el acople entre la inversión pública, la privada y la academia en las diferentes áreas de crecimiento (Ricardo Zúñiga). Alta valoración hay que otorgarle a la propensión hacia el desarrollo sostenible, al potencial humano; igualmente, a los avances de la economía e infraestructura digital, iniciada con la instalación de INTEL durante la administración del presidente José María Figueres Olsen (1994 – 1998). Añádase a lo apuntado, la envidiable ubicación geográfica de nuestro país, cercana a los poderosos mercados de los Estados Unidos de América y la Unión Europea («nearshoring»), la que entre otros talantes, continúan siendo los atributos históricos, los precedentes mediatos e inmediatos aportan contenido a las cartas de presentación políticas y económicas, encaminadas más allá del interés por los negocios de los inversionistas extranjeros por solo instalarse en el territorio costarricense. Al mismo tiempo, a través del renovado enfoque de desarrollo abierto y transnacional se logró reducir la tasa de pobreza del 50% en 1982 hasta rondar al 20% en el período de la prepandemia (Periódico La Nación – Editorial del 28 de noviembre del 2021). Tales fortalezas hablan por sí mismas de la capacidad de resistencia de nuestro país, en cuanto a prevenir el descenso en las condiciones de vida” (Solana, idem), en haber contrarrestado un inminente colapso “societal”, lo que suponía la propagación del covid-19. Razón por la cual nos hemos adherido en nuestro escrito a la hipótesis de la ex-Ministra de Comercio Exterior. CONSTANTEMENTE, EN LA RUTA DEL MULTILATERALISMO. Sobre la base de los positivos precedentes y logros en cuanto a desarrollo humano (sociales, económicos, educativos y culturales), Costa Rica consiguió ser evaluada e invitada a ingresar a la prestigiosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo ingreso pleno y definitivo se hizo realidad en mayo del 2021. Llegó a convertirse en el cuarto país latinoamericano, tras Chile, México y Colombia, en adherirse a esa organización” (Sergio I. Moya Mena), quien ha reconocido nuestros desarrollos y méritos republicanos, coincidentes con los valores de las democracias, las que se adhieren a los principios de la economía de mercado. Dicho sea de paso, 38 naciones en el ámbito de la OCDE trabajan de forma conjunta con el fin de enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y del buen gobierno, a fin de “aprovechar de manera más eficiente las nuevas oportunidades, “las buenas prácticas” surgidas; y coordinar políticas públicas locales e internacionales”. La vinculación a la OCDE fue una propuesta inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, durante la administración de Laura Chinchilla en el 2012, seguida de un proceso que sistemáticamente y de forma constante arrancó bajo la dirección de las autoridades y funcionarios técnicos del Ministerio de Comercio Exterior. El proceso de incorporación comportó al menos trece modificaciones al marco normativo, que Costa Rica tuvo que adoptar desde que inició las etapas previas a su membresía a la organización (Moya, idem). Los reconocimientos al sistema democrático costarricense, a su economía abierta y su condición de país de renta media son continuos. A Costa Rica se le ubica dentro del grupo de “democracias plenas”: una de las 20 existentes en el mundo, entre 167 países sometidos a examen por “el Índice de Democracia para el 2020, preparado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist”. A la vez, dentro del Sistema de la Integración de Centro América, Costa Rica, junto con Panamá y República Dominicana, solamente fueron invitadas a la “Cumbre por la Democracia”, organizada durante los días 9 y 10 de diciembre de este año por Estados Unidos de América. Dicho evento tuvo alcance global. Lo impulsó el presidente Joe Biden, en asocio con 100 Gobiernos y representantes de la sociedad civil. El foro concluyó bajo el compromiso de Washington de destinar $424 millones en aras de apoyar la libertad de prensa, las elecciones limpias, los derechos humanos y las campañas anticorrupción, entre otras asignaturas; así como enfrentar la amenaza del autoritarismo (La Nación, 10 de diciembre del 2021), un riesgo creciente en América Latina y en otras latitudes. LO QUE RIÑE CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICO. El nivel de pobreza injustificadamente ha permanecido estancado en las últimas dos décadas y media, la corrupción pública y privada empeora dicho mal. Efectivamente, a través del “diálogo pluralista” se debe de llegar a la convicción en que son impostergables el crecimiento económico, en coexistencia con la responsabilidad y la disciplina fiscal, en aras del equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Pero a la vez, cabe trabajar decididamente en el tipo de crecimiento, simultáneamente acompañado de la sucesión de reformas graduales y consensuadas, destinadas a cerrar las brechas sociales, educativas y culturales entre los habitantes. Lo advierte el pensador Javier Solana acerca de otorgarle prioridad a la superación de las desigualdades socioeconómicas, de las cuales tampoco se escapan las repúblicas democráticas, en cuenta Costa Rica. Además, porque causan dificultades de carácter político, reiteran las diferencias en el acceso a la participación en las distintas instancias públicas de toma de decisiones, al igual que se erosiona la capacidad de actuación como ciudadanos. Las divisiones socioeconómicas que caracterizan a nuestras sociedades en desarrollo, constituyen un grave daño a la democracia. Significa que vivimos vidas cada vez más diferenciadas y separadas, acentuándose las distancias en cuanto a tomar parte en la gobernanza. Para Solana, esa desigualdad e inequidad, la cual “empeora las condiciones de vida”, la que rebaja la cualidad de ciudadanía, tiende entonces a levantar los riesgos de la frustración, la insatisfacción y el desencanto de la gente contra el “status quo”. A partir del malestar social se comienza a cuestionar “convulsivamente” el desempeño y la legitimidad de los gobiernos, a las élites gobernantes y económicas. Se pierde la credibilidad en los líderes y los partidos políticos tradicionales, lo que abre el camino “al creciente apoyo a movimientos populistas y nacionalistas” (Solana, idem), de perfil autoritario. Hasta podría salir a relucir el fenómeno de la polarización ideológica dentro de los Estados nacionales, al repuntar la intervención de formaciones de extremistas de izquierda y de derecha, quienes tienden a desdeñar los valores democráticos liberales, induciendo “a la regresión democrática”. El llamado del pensador Solana va dirigido a las naciones democráticas, y todavía a Costa Rica, en lo que respecta a situar incondicionalmente y en constante correspondencia los objetivos y las acciones del crecimiento económico, en lo relacionado con la justa distribución de la riqueza, conexa al aumento de las inversiones en capital humano ((Ricardo Zúñiga). Así también, se impone el empoderamiento de las mujeres , como antídotos contra la pobreza, en cuenta el analfabetismo y la carencia de infraestructura digitales, sobre todo en los tiempos de la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Fomentar el desarrollo regional más equitativo, impulsando la modernización agrícola, y dignificar este sector, constituye un objetivo clave en la economía local, así como en la reducción de la pobreza. “El desarrollo nacional de hoy obedece a la actividad de la agricultura”; un sector relevante, porque genera divisas; contribuye a la creación de empleo, al reclutar a personas con menor formación escolar. Al mismo tiempo, el rol del sector agropecuario ha sido preponderante en los retos de la producción y el abastecimiento de los alimentos en el contexto de la pandemia (Víctor Umaña). En dicha visión de política social, el Estado de Costa Rica habrá de verse obligado a inclinarse a favor de la agilidad y la eficacia en los sistemas y métodos de trabajo de la administración pública, reduciendo la burocracia hasta donde sea conveniente; así como la dispendiosa, improductiva, caduca tramitología y “el ritualismo legal”, entorpecedores de su accionar. Peor aun, tal disfuncionalidad cualitativa y cuantitativa abona a la corrupción pública y privada (Fernando Zamora Castellanos). Con frecuencia. el Estado ha llegado a ser incapaz de desempeñarse de manera pronta y cumplida. Hay anomia en la administración pública, al extremo que algunas instituciones ya son obsoletas, “no tienen ni pies ni cabeza” (Carlos Carranza). En este mismo orden, hay que tomar en cuenta el principio de racionalidad y proporcionalidad en la fijación de las remuneraciones de sus servidores, por cuanto los abusos desmedidos e impopulares en dicho rubro, han originado la inestabilidad en las finanzas públicas. Los intereses y los beneficios exagerados de los trabajadores se han convertido en el fin en sí mismo de varias instituciones del Estado, en desmedro del óptimo servicio público, exigido por la ciudadanía. De acuerdo con las cifras de la OCDE, la remuneración de los funcionarios del Gobierno, financiados por los impuestos de los trabajadores y empresarios del sector privado, representa más del 50% de los ingresos totales del Gobierno. Por esto, el gobierno costarricense apela por la aprobación “del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, por medio del cual se introduciría el esquema de salario global, en sustitución del esquema actual de incentivos salariales en el sector público”, con tal de reducir los desembolsos (La Nación, 6 de diciembre del 2021). La aprobación del proyecto de ley de empleo público resulta crucial, a fin de aumentar la eficiencia del gasto público y ejecutar una mayor proporción del gasto público, destinado a mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables. Los sistemas políticos y económicos, y las democracias en general, dependen del funcionamiento eficiente y la legitimidad del Estado y los gobiernos (Andrew Sullivan), así también el aumento de la productividad, entre los factores determinantes del crecimiento económico. De un Estado “menos grasoso” dependen los programas de protección social a favor de la gente de menores ingresos; ello garante de la cohesión nacional. PUNTO FINAL. Costa Rica está demasiado lejos de comenzar a caer en la degradación social y política, así como lo hacen (falsamente) creer acá algunos demagogos, agoreros o “los profetas de las calamidades”. Pensar así es una tontera de los presuntos “sabelotodos”. Ni los normales desacuerdos políticos acerca de los ajustes económicos dentro de la Asamblea Legislativa, ahora en medio del activismo y la competencia partidaria, de cara a la conclusión del proceso electoral de febrero del 2022, menos aún el escaso respaldo popular que rodea al gobierno del Presidente Carlos Alvarado, llegan a ser un riesgo inminente. Tampoco nuestro país está al borde de un colapso económico. Los datos oficiales ofrecidos en nuestro escrito exponen lo contrario, lo mismo que los reveladores argumentos del sector productivo, quien da conocer la gradual reactivación y el repunte del sistema económico, incluida la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Los datos del índice mensual de actividad económica (IMAE) demuestran variaciones interanuales positivas; desde inicio de este año a setiembre se reportó un crecimiento del 8,8% frente al mismo mes del 2020 (Periódico La Nación, 27/noviembre/2021). Como sea y sin pero que oponer, hay que reconocerle a la actual administración gubernamental su realista e incansable compromiso y determinación de haber atendido la emergencia sanitaria, producto de la mortal propagación del covid-19. Lo cual ha hecho posible la contención o neutralización de la mayoría de las destructivas consecuencias socioeconómicas, las que entraña la prolongada enfermedad. Porque se ejecutan encomiablemente las acciones preventivas, adjuntas a las intervenciones hospitalarias y la progresiva vacunación de los habitantes. En ningún tiempo nos tiene que dominar el egoísmo y la ingratitud, para desmentir dichos logros. Tampoco a la vista presagiamos disyuntivas políticas, por las cuales los ciudadanos se vean obligados a optar, sea por una de las radicales alternativas ideológicas (de izquierda o derecha), distinguidas en desunir en extremo (o polarizar) la sociedad nacional, y emplear con frecuencia las vías violentas. Sin embargo, de persistir la desatención por parte del Estado costarricense de las necesidades vitales de ese 22% de la población, estancada en la condición de pobreza crónica - o que exceda tal porcentaje - , entonces tendríamos que razonar diferente. Encontramos tareas pendientes, entre otras, la distribución de la riqueza, en los innegables y positivos resultados de nuestro modelo de crecimiento y desarrollo económico, sustentado en el mercado abierto; y en las dos últimas décadas en la comunidad de la tecnología digital. Semejantes a cualesquier regímenes sociales, cual desista de las políticas estatales, capaces de encarar decididamente los crecientes niveles de pobreza, se puede encontrar con amargas sorpresas disruptivas, inusuales en la historia de nuestro terruño. El cumplido de la famosa “teoría del dominó” se hace patente en diferentes naciones de América Latina, antes se debió haber pensado en ello con sentido de justicia y responsabilidad social. No tan lejos comparecen nuestras suposiciones en varias repúblicas de esta región, quizás a pasos agigantados. Aquí, por el momento, hay ausencia de asomos, alentados por nuestros propios partidos políticos u otras denominaciones civiles. De todos modos, aprendamos de las experiencias ajenas, para prevenir caer en los mismos errores. FELIZ AÑO NUEVO.