LA CENTROAMÉRICA DESVALIDA; PERO SIN PERDER LA ESPERANZA. Autor: Ronald Obaldía González

El vie, 5 nov 2021 a las 15:38, Ronald Obaldía () escribió: LA CENTROAMÉRICA DESVALIDA; PERO SIN PERDER LA ESPERANZA. Autor: Ronald Obaldía González Centroamérica representa un conjunto de cinco naciones, localizadas en una extensión territorial que ronda los 420.000 kilómetros cuadrados. El territorio “concentra el 10% de la riqueza biológica mundial”. Reúne (el istmo centroamericano) una población superior a los 46 millones de personas, siendo su producto interior bruto (PIB) anual, equivalente a $200.000 millones (David López Cabia). Las cuatro naciones, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua comparten “pobres indicadores sociales”. El más reciente Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las coloca entre los puestos 124 al 132, de 189 países evaluados (Sergio Morales Rodas). Al cabo que estudios de algunos organismos internacionales colocan esta área geográfica entre las más violentas del mundo (Banco Interamericano de Desarrollo – BID-), un panorama del cual tampoco se escapan, en menor grado, Costa Rica y Panamá. En la segunda mitad del Siglo XlX el modelo agroexportador (Christian Montes) predominó en América Latina, y por supuesto en nuestra región El modelo agroexportador profundizó la brecha social entre grupos hegemónicos compuestos por grandes terratenientes y ricos “personajes, relacionados estrechamente con el capital extranjero”, al igual que acentuó la formación de latifundios y la progresiva reducción de las pequeñas propiedades.. Se trató de un esquema de desarrollo económico, basado en la exportación de materias primas hacia países industrializados como el Reino Unido y los Estados Unidos de América, así como la importación de artículos manufacturados extranjeros, que crearían necesidades en las poblaciones latinoamericanas. Se forzó la división del trabajo en el contexto del comercio global y regional. Las grandes empresas británicas o estadounidenses fueron parte fundamental en la construcción de enclaves económicos e infraestructura básica, en la concesión de empréstitos en áreas donde los Estados latinoamericanos llegaron a una práctica de dependencia y de renuncia a su soberanía (Rodrigo Facio Brenes. Christian Montes. Roberto C. Monge Durán). A inicios de la década de 1960 las cinco naciones del istmo pusieron en marcha el proceso de integración económica, dando forma al Mercado Común Centroamericano (MCCA) “con énfasis en la sustitución de importaciones”. La finalidad era consolidar una unión aduanera, dando lugar a una zona de libre comercio y pactando con sus integrantes una política comercial (David López Cabia), incluida la introducción de incentivos al proceso de industrialización y urbanismo (Editorial del periódico La Nación – Costa Rica, 12-X-2021). Dos décadas después (1980) nuestra región de modo inexorable se abrió a las tendencias de la globalización o de integración a la economía internacional, tendencia que activaron las políticas de apertura de mercados, la diversificación productiva, la reducción de las barreras aduaneras, arancelarias y las normativas burocráticas, en el entendido que entorpecen el libre comercio de los bienes y servicios, al igual que el flujo de las inversiones privadas y públicas. Con todo, Costa Rica y Panamá, han aumentado la inversión social y sabido “gestionar mejor” tales teorías aplicadas del desarrollo respecto a sus vecinos; quienes han sido deficitarios en cuanto a impulsar una positiva calidad de vida a la generalidad de la población. Habida existencia de Estados en deuda en cuanto a democracia cohesionada y en lo tocante a responder de manera efectiva frente las necesidades sociales. Las élites dirigentes manifiestan Indiferencia frente a los objetivos de la creación de empleos, el fomento de la educación, la salud, la vivienda, así también se muestran incapaces de llevar a cabo justas reformas agrarias, entre otras adversidades. Tales síntomas, heredados desde los tiempos de la colonización española, se reproducen de forma imparable, así como lo certifican las constantes e injustificadas diásporas de miles de empobrecidas personas centroamericanas, ávidas de ingresar, a toda costa, al territorio de los Estados Unidos de América, en búsqueda de mejores oportunidades, negadas por sus propias sociedades nacionales de origen. A lo antes dicho se suma la cuestión de la defensa de los derechos humanos, civiles, políticos, las libertades fundamentales y el compromiso con la democracia en Centroamérica, reprochados abiertamente en “las democracias imperfectas”, semi-autoritarias (The Economist) del Triángulo del Norte y Nicaragua. RETROCESOS POLÍTICOS Y FRUSTRACIONES SOCIALES. Estuvimos a la expectativa que en 1987 sobre la base de los visionarios y asertivos Acuerdos de Esquipulas para la Paz (la dirección correcta), expuestos e impulsados por el Presidente costarricense Oscar Arias Sánchez (1986 - 1990), se podían superar - hay evidencia positiva -, entre otros hechos turbulentos y “disociadores”; la sucesión de causas y consecuencias de las escaladas violentas del Siglo XX, en parte producto de las intervenciones políticas y militares foráneas. Bajo los Acuerdos de Paz aumentó la confianza en torno a la reducción del excesivo poder de las Fuerzas Armadas, años atrás responsables de los golpes de Estado, los funestos antecedentes de las dictaduras y los autoritarismos militares, cuyo poder condujo a la confrontación entre las fuerzas armadas de El Salvador y Honduras (julio de 1969). En aras de la defensa del estatus quo, los ejércitos centroamericanos enfrentaron las insurrecciones de los grupos armados: los combates antiguerrilleros domésticos en los que miles de personas perdieron la vida, además de los cuantiosos daños a la infraestructura. A lo cual, habría que añadir las pérdidas humanas y materiales, derivadas de las catástrofes naturales (los desastres), las que frenaron el crecimiento de la economía regional. A partir del golpe de Estado en Honduras contra el Presidente Manuel Zelaya, en junio del 2009 hemos sido testigos del abrupto deterioro de los avances y logros, acumulados por los Acuerdos y el Plan de Paz, iniciados por el Presidente Arias Sánchez, los cuales se impusieron la reconstrucción de la gobernabilidad democrática, la consolidación del Estado de derecho, el acatamiento de los derechos humanos fundamentales, el desarrollo humano, en cuenta la renovación del sistema de la integración regional. Las primeras décadas del Siglo XXl nos ofrecen otras películas desalentadoras, debido a la reaparición de los caudillos de la talla de Daniel Ortega; del mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina – acusado (el 2015) de hechos de corrupción en el caso “La Línea”-; el ascenso al poder de Nayib Bukele en El Salvador, lo cual pone de relieve el comportamiento político de restringir los avances de las condiciones democráticas (El País – España – y Sergio Morales Rodas). Hay que hacer una distinción, por cuanto tras el Proceso de Esquipulas, la nación salvadoreña ha estado revestida de mayor solidez institucional y jurídica en comparación con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, el Presidente Bukele se ha impuesto el objetivo de desnaturalizarla. Lo grave de las arbitrariedades suyas frente al Estado de derecho, reside en el apoyo mayoritario de los ciudadanos, el cual ese gobernante populista y autoritario ha logrado aglutinar, implicando eso un severo retroceso al proceso centroamericano de la restauración de la democracia, de los fundamentos vitales del Plan de Oscar Arias. “La advertencia” de Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden: “Estados Unidos quiere coordinar con otros países para prevenir que “El Salvador se vuelva otra Venezuela”, porque le preocupa cómo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “usa la popularidad para debilitar el sistema democrático” en ese país, empujado a “la deriva autoritaria” de la región”. Lo constatan “las afrentas a la libertad de prensa y el aumento en las cifras de desaparecidos (CulturaCr. net). Dejemos quieta, por ahora, la categórica expresión del asesor de Washington, difundida el mes pasado (Infobae, con datos de EFE). Es proverbial “el síndrome de posconflicto” (Luis Alberto Cordero Arias), huella del conflicto militar de las décadas de 1970 y 1980. El que se distingue en este tiempo por la predisposición hacia el autoritarismo y el populismo, modalidades del abusivo ejercicio del poder que hacen a un lado “del sistema de pesos y contrapesos”. Los líderes políticos que los adoptan se han aprovechado demagógicamente de las disconformidades o descontentos de la poblaciones frente al bajo crecimiento económico, la carencia de oportunidades, las desigualdades sociales y económicas. Así también, dichos regímenes se alimentaron de los malestares originados por la incontenible corrupción pública y privada, asociada a la impunidad “e ineficiencia de la justicia” (Cordero Arias, idem). Los tentáculos del crimen organizado transnacional (tráfico de drogas, personas, armas; sicariato); la virulencia entre “las maras” o pandillas de personas jóvenes y niños, deportadas de California y New York (Luis Alberto Cordero, idem), interactúan como economía subterránea, debilitantes del buen gobierno y la cohesión social, a la vez que logran atraer los sectores marginados de la población, puesto que de las actividades criminales obtienen ingresos que les permite sobrevivir en sociedades diferenciadoras. LA SEGUNDONA AMÉRICA LATINA. Entre los deterioros o declives, citemos las inobjetables irregularidades y las violaciones a la integridad del proceso electoral de noviembre del 2021 en Nicaragua, país sometido al régimen de Estado policial; la impermisible “persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores” (Carlos Fernando Chamorro) y los activistas de la sociedad civil. Lo que plantea la obligación de la comunidad internacional superar sus omisiones, a cambio de actuar firmemente contra la cultura autoritaria, dando pasos semejantes a los de “Meta”, la casa matriz de Facebook, quien acaba de eliminar mil cuentas administradas por el gobierno orteguista, destinadas a atacar los opositores (California. AFP). Desafortunadamente, el rol de ella (la comunidad internacional), negligente, timorato, con sus “tibiezas”, ha inducido a desacuerdos respecto a la aplicación de la Carta Democrática en el seno de la inútil Organización de Estados Americanos (OEA). Siquiera demandara, sin tapujos, la ilegitimidad e inmediata suspensión de los comicios en la nación nicaragüense (Carlos Salinas Maldonado – El País, España – ), así como llega a plantearlo el Reporte del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA Internacional y otros organismos latinoamericanos -). La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado que el gobierno Ortega- Murillo ha instalado “un régimen de terror” con un intenso y sistemático ataque a las libertades públicas, a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales (AFP). Lo ha descrito de manera real José Miguel Vivanco, El director de Human Rights Watch América, al afirmar que el ambiente en la OEA es aún peor, porque su situación es un reflejo de sus Estados miembros. Estos están dirigidos por Gobiernos que principalmente se aferran a este discurso populista, empezando por los gigantes de la región, Brasil y México. Y para empeorar el ambiente de inacción, el propio Vivanco se queja de que “Joe Biden no tiene ninguna política para América Latina” (El País – España), “a menos que pueda salir algo positivo de la Cumbre de las Democracias, convocada por el Presidente estadounidense en diciembre del año en curso”. La Casa Blanca solo tiene la mirada puesta en una política de seguridad regional, dominada por la migración irregular o indocumentada y la narcoactividad, además del control de los grupos armados ilegales, ubicados en el rango de amenazas “emergentes o no tradicionales” (Cordero Arias, idem). Es un enfoque de seguridad desconcentrado del fenómeno de la proliferación de los líderes populistas en este subcontinente, abocados a la retórica y las acciones autoritarias. Igualmente, la región está descartada “del mapa de la Unión Europea”, a quien apenas le interesa el descalabro de Venezuela (Vivanco, idem) y ocasionalmente Cuba. La agenda de seguridad como tal tiende a predominar los términos de la cooperación y la asistencia de Washington hacia el istmo centroamericano. En cambio, hay evidencia comprobada que el peso de la solución a las anomalías de la inseguridad estructural, descansa en la introducción de objetivos y metodologías de trabajo, basadas en los principios del desarrollo humano, mejor sí los ponen en ejecución las organizaciones robustas y confiables de la sociedad civil, todo ello para garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos transferidos; en el pasado los han malversados los políticos y militares corruptos. Así las cosas acerca del extravío apuntado, la cuestión reside en el interés de China comunista y la Rusia de Putin en hacer caer la balanza de la influencia de los intercambios políticos, económicos y culturales de las potencias occidentales , o desplazarla. A la postre les escandaliza (a Washington y la Unión Europea) la pujanza de las ofensivas diplomáticas de ambas naciones extracontinentales, interesadas en demostrar la validez y eficacia de sus autoritarios proyectos políticos “iliberales y autoritarios”, fertilizados en varios Estados de nuestra región. CRUDA REALIDAD. Cabe mencionar que son las élites dirigentes, quienes obtienen las mejores ventajas alrededor de los diversos esquemas de desarrollo, importados por Centroamérica, cuyo éxito se centró en los progresos macroeconómicos, sin derechos y garantías sociales, causantes de las crónicas y agudas diferenciaciones en lo que respecta a la distribución de los ingresos nacionales, así como de las disparidades en cuanto a progreso entre las zonas urbanas y rurales. Hay naciones que registren hambrunas y agua insalubre, de ahí la imposibilidad de ser llamadas democráticas; ya que ello solo suele suceder en muchas aldeas afganas y en casi toda África (Ramón Lobo, 2009), esta última conformada en su mayoría por Estados fallidos. Resulta vergonzoso reconocerlo, pero en medio de la globalización, Centroamérica continúa girando en torno a la pobreza y la marginalidad, lo cual marca una grave diferencia con la pujante velocidad de los negocios e inversiones de los propietarios de las empresas transnacionales y locales. Días atrás, el procurador guatemalteco de Derechos Humanos confirmó que su país atraviesa “una de las peores crisis de seguridad alimentaria (AFP). El 16% de los 17 millones de guatemaltecos sufre desnutrición, una complicación que además se agudizó con la pandemia y el cambio climático. El 18% es víctima de la inseguridad alimentaria grave y el 45% afronta una situación de inseguridad alimentaria moderada, de lo cual es notorio el desentendimiento del gobierno guatemalteco, dirigido por el derechista y controvertido Alejandro Giammattei. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi el 50% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica en Guatemala, el índice más alto de Latinoamérica. Por lo tanto, esto nos invita a refutar la noción en cuanto a que la globalización o la liberalización económica impulsaría la prosperidad a favor de los pueblos meridionales. Aun en el caso del istmo centroamericano las inequidades tienden a perpetuarse, sino a agravarse, de acuerdo con lo apuntado por el funcionario guatemalteco y la propia ONU. En este ámbito de la inseguridad social, cabe hacer referencia a la discriminación racial contra los indígenas; es un fenómeno crónico en la tierra del quetzal. Honduras adolece de ese apartheid, aunque es menos impactante en comparación con su vecino del norte. Recientemente, nos enteramos que las poblaciones rurales e indígenas de varias regiones guatemaltecas están sumidas en la hambruna y la desnutrición. El fenómeno se ha repetido en las zonas norte y el Caribe de Nicaragua. Lo que denota el escaso convencimiento que se tiene de aquel postulado que expresa que “la democracia significa también comer como lo hacen los demás”. LA GUERRA DIFERENTE. Las naciones del istmo, entre ellas, Guatemala, El Salvador y Honduras, continúan siendo golpeadas por la violencia común y la proveniente del crimen organizado, lo que a su vez constituye un factor de estancamiento económico y de profundización de la desigualdad y la pobreza, aceleradas por los efectos de la pandemia del covid-19, que además de embestir la economía global a partir del 2020, también ha acarreado efectos negativos a Centroamérica. Las cifras de los homicidios, a pesar de haberse reducido en los últimos años, continúan siendo socialmente dañinos en “el Triángulo del Norte”. Por eso, se menciona que la falta de temor a la muerte ha llegado a transformarse en la versión de “otra guerra actualizada”; adyacentes a la dura represión de las protestas populares, entre ellas las de Nicaragua en abril del 2018, la que ha originado acusaciones internacionales por la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno, los militares, los policías y paramilitares al servicio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Las redes del narcotráfico se han enquistado en Honduras y Guatemala, principalmente; menos amenazado El Salvador. En cuanto a Nicaragua, lo desconocemos, a causa de la insuficiente transparencia gubernamental, y las pesadas restricciones contra los medios informativos. Las organizaciones criminales han instituido, incluso, un Estado paralelo en la capital de la antigua Federación Centroamericana, así también “el narcoestado”, presuntamente ya se consolidó en la nación hondureña, en ocasión de los delitos de la familita del Presidente Juan Orlando Hernández, responsable directo, al lado de su hermano Tony Hernández – preso por narcoactividad en Estados Unidos de América -, de la permanente erosión de las frágiles bases de la gobernabilidad y del Estado derecho, deliberadamente obstruidos, tanto por las élites políticas, militares, policiales, como económicas. Para citar un ejemplo. En febrero del 2007 en Guatemala se registraron los homicidios de tres diputados salvadoreños al PARLACEN, lo que dejó entrever la coordinación eficaz de las sofisticadas organizaciones interactuantes en diversos ámbitos de la delictiva transnacional. Por su lado, la inmunidad de algunos diputados del PARLACEN, en no pocas ocasiones, ha entrado en escena a favor del fenómeno delictivo. El lavado de dinero, las interconexiones de capitales opacos, el tráfico ilegal de personas, drogas, armas etcétera configuran la tipología de sociedad fallida y vulnerable a la criminalidad transfronteriza, Tiempo atrás hubo temor de la posible infiltración de la mafia rusa particularmente en Honduras; o bien que las pandillas juveniles de “las maras” pudieran ser un terreno fértil de las organizaciones terroristas del Medio Oriente. Lo cierto es que los cárteles suramericanos y mexicanos, que dominan los mercados de la droga con destino final a Estados Unidos de América y Europa, fortalecen los tentáculos en el istmo, lo que significa que se ha ampliado la sociedad criminal de la narcoactividad, emprendida en un inicio por las bandas suramericanas. La complicidad de un sector del Poder Judicial, la policía y de las Fuerzas Armadas con el negocio de las drogas prohibidas y de diversos ilícitos, se ha ido repitiendo, especialmente en las instituciones guatemaltecas y hondureñas; por eso se menciona la prevalencia de narcoestados. Se podría presumir que el gobierno sandinista entrara en tal categoría criminal. Es un hecho cierto el contacto de algunos capos y narcoguerrilleros suramericanos con Ortega en el pasado reciente. La impunidad “institucionalizada” frente a la galopante corrupción, aceleradora del empobrecimiento de la gente, ha sido la respuesta: da pie a la frustración y el desencanto de la sociedad civil centroamericana por contener el desencadenamiento del crimen organizado, afiliado a la indolencia de la justicia, la impunidad rampante, de suma conveniencia e interés de un sector de las dirigencias políticas, económicas y de la defensa del orden público. UN PROBABLE “BLOQUE ANTIESTADOUNIDENSE”. Al igual que en Nicaragua, la precariedad en cuanto a buen gobierno, transparencia, derechos humanos, la gradual descomposición política, jurídica y moral, la insensibilidad frente a las diásporas, son realidades que también patrocinan los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras. Ellos se comportan “como les da la gana”, demostrando que no les tienen “miedo” a los llamados, las presiones diplomáticas y las sanciones económicas (inefectivas) de Estados Unidos de América (William Álvarez – Guatemala -), menos aun a las provenientes de la Unión Europea (UE) y sus inocuos pronunciamientos políticos. Dichos emplazamientos que justamente provienen de los principales cooperantes, de quienes se burla hasta el propio Banco Centroamericano de Integración Económica “al continuar premiando” la represiva dictadura sandinista con el otorgamiento de créditos, destinados a respaldarle la gestión de liquidez. En esa línea, Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos de América debió salir insatisfecha en su última visita a Guatemala ante el planteamiento del gobierno de dicho país, quien demostró su relativa indisposición de aceptar las fórmulas de la Vicepresidenta acerca de la contención de los flujos migratorios (Álvarez, idem). La conducta díscola y antidemocrática de dichos Estados centroamericanos hace prever la posible conformación de “un bloque antiestadounidense”, el cual ya dio que hablar. Es el caso del Gobierno de Guatemala, quien se abstuvo el pasado 20 de octubre en la última votación resolutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), relacionada con las elecciones en Nicaragua, al exigirse la liberación de los presos políticos(Sergio Morales Rodas), entre otras demandas. Puede ser posible que esa convergencia autoritaria, equivalente a inseguridad política (Francisco Villagrán de León), por parte de los países indóciles de nuestra zona tienda a tomar forma, conforme se consideren amenazados o aislados, si fuera el caso; habida cuenta que sus prácticas contra los principios del buen gobierno y los derechos humanos han llegado a ser condenadas por las organizaciones internacionales no Estatales y algunos países. Una señal acaba de ponerla de manifiesto Juan González, uno de los asesores del presidente estadounidense, Joe Biden en relación con las anormalidades de Bukele, si bien es cierto que las irregularidades del autoritarismo alcanzan extrema intensidad en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, artífices del desmantelamiento de la frágil democracia nicaragüense. En lo cual hay modestas reacciones del llamado “gran capital” (El País – España), a pesar del encarcelamiento de algunos líderes empresariales, acusados de “ejecutar actos de terrorismo”. A diferencia de los impopulares gobernantes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, los presidentes demócratas de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, agrupados en la Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, se han pronunciado frente al deterioro de los derechos humanos , unido a “la falta de garantías” en Nicaragua, lo que imposibilita que las elecciones de 7 de noviembre del 2021 sean transparentes. Lo que hace presumir que las anormalidades autoritarias de Ortega -Murillo podrían crear discrepancias y rupturas en el curso del insustancial y deslucido sistema de la integración regional (SICA). El bloque antiestadounidense ha hecho su segunda aparición en un breve plazo. Los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y el derechista Juan Orlando Hernández, “dos de los mandatarios centroamericanos más criticados por sus marcados autoritarismos” (…), “sostuvieron un sorpresivo encuentro en Managua” en días pasados en el que firmaron decretos (“innecesarios”) con base en la delimitación en el Mar Caribe y Golfo de Fonseca, dictada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) años atrás, dado que Honduras, El Salvador y Nicaragua mantenían fuertes tensiones. Justamente, el último fallo de la CIJ sobre el tema se dio el 8 octubre de 2007 (Eliseo Núñez Morales). En la redundante reunión, porque las fronteras ya fueron delimitadas por la resolución de la Corte Internacional de Justicia (Confidencial), había que dar un retrato de unidad cooperativa: ha escalado la vacunación de nicaragüenses por la ayuda de Honduras. Por eso, la cita es reconocida por los trasfondos políticos y diplomáticos, en aras de apuntalar a ambos gobernantes (Confidencial). Mejor dicho, hubo de ser “un golpe de imagen”. El Presidente salvadoreño estuvo ausente en dicho encuentro binacional, ya que sus relaciones con Ortega y Hernández distan de ser corteses, dadas las desavenencias fronterizas en el Golfo de Fonseca, especialmente con el gobierno hondureño. Asimismo, el encuentro de los dos mandatarios ocurrió a pocas semanas que ambos países “concurran a las cuestionadas elecciones generales, en las que el mandatario sandinista retendrá el poder tras haber encarcelado a todos sus contendientes”. Por su parte, el presidente hondureño termina “su periodo, salpicado por señalamientos de nexos con el narcotráfico” (Wilfredo Miranda en: El País-España). Algunos observadores de la política centroamericana suponen que, ante la ausencia de un tratado de extradición entre Nicaragua y los Estados Unidos de América, el presidente hondureño, una vez que deje “su ilegal segundo mandato” (Confidencial. Miranda, idem) tratará de “asegurar su asilo y nacionalidad nicaragüense”, a causa, - como dijimos arriba - de las investigaciones que enfrenta por posibles vínculos con el crimen organizado (Confidencial) y en otros escándalos de corrupción. El país de los sandinistas le serviría de refugio, en esas circunstancias lo utilizaron otros exmandatarios prófugos de la justicia, sean los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, protegidos “por la impunidad Ortega-Murillo”. En el supuesto relacionado con la conformación “del bloque anti-Washington”, cabe mencionar que, emulando al representante de Guatemala, el de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvo de apoyar la resolución del organismo, e impulsada por el gobierno estadounidense, por la que se demanda al régimen Ortega-Murillo “una solución inmediata a la crisis sociopolítica y la liberación de todos los presos políticos” (Miranda, idem). “LA CONSOLIDACIÓN DE UN RÉGIMEN AUTORITARIO SIN PALIATIVOS”. La emergente y prometedora institucionalidad democrática, sustentada en los Acuerdos de Paz del Presidente Oscar Arias, llegó a socavarse a través de los consensos y pactos políticos, en desmedro de las instituciones políticas, judiciales, militares y policiales. Tales “tácticas” constituyen un golpe bajo al proceso de paz de 1987. El caso excesivo recae en las maniobras antidemocráticas e impunes de Daniel Ortega al lado de su excéntrica esposa y del expresidente Arnoldo Alemán, dirigente de la supuesta oposición (además de los respectivos socios), las que surtieron evidente efecto: llegó a tener viabilidad política y progresos económicos en estos últimos años. Tan es así que el gobernante sandinista, aparte de monopolizar el poder envolvente del Estado, logró neutralizar cualesquiera indicios de oposición o rebelión, con la excepción de las protestas masivas de abril del 2018, reprimidas brutalmente. A los consensos y los pactos se habían adherido, irresponsablemente, los poderosos empresarios: “el gran capital”, a quien se le garantizó “estabilidad y ventajas para hacer negocios” (Carlos Salinas Maldonado en El País – España). Todos estos sujetos fueron desde un inicio los grandes líderes de un Estado corporativo, clientelista, cleptócrata - protector de una minoría selecta, enriquecida - ya descompuesto; al borde de la abrupta disrupción, que habrá de permitir a Ortega perpetuarse en el poder, bajo denuncias “de graves violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa”. Precisamente, este 7 de noviembre Ortega tendrá resuelta su tercera reelección y su quinto mandato principal. Ya había ocupado la presidencia entre 1985 y 1990; luego entre 2007 y 2012; 2012 y 2017; y desde 2017 hasta la actualidad, tras una amañada reforma constitucional, la cual eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos (CNN). Los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás agentes internacionales deben hacer uso de sus mecanismos, a fin de poner al descubierto “la falta de legitimidad, de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses”, los que serán “elegidos”, opaca y descaradamente, sin competencia, en las votaciones del próximo 7 de noviembre (Salinas, idem). El sector “del gran capital” se ha sumado, cautelosamente, a las acusaciones que corresponden, a disgusto del dictador Ortega, por lo que ha habido cierta ruptura de la mutua “relación de consenso”, o sea “el idilio”, en la que se anteponían los intereses de los negocios a la democracia y la institucionalidad jurídica y política (Salinas Maldonado, idem). El idilio de “la relación de consenso” quizás podría restaurarse y tener futuro en el próximo mandato, puesto que ni los empresarios, tampoco la oposición, menos aún Washington y la Unión Europea, “tienen la capacidad y la voluntad política real de tumbar” al régimen (pseudo) sandinista (Salvador Martí i Puig). Lo que les queda sería la difusión de declaraciones inútiles, desoídas, por cuanto en las pasadas y turbias elecciones (2011 y 2016), cuando la pareja Ortega-Murillo impunemente consiguió retener el poder, tanto la comunidad internacional como las alianzas opositoras se abstuvieron de ejercer presiones convincentes, al igual que en los obscenos de los próximos comicios de noviembre (Martí i Puig, idem). Las tendencias antidemocráticas del gobierno de Managua, en camino a la “dictadura definitiva”, llegan a reforzarse en vista de las alianzas y las conexiones permanentes del gobierno de Daniel Ortega con sus homólogos de Cuba y Venezuela, quien en su ocasión lo dotó de millones de petrodólares ($4000 millones), ya agotados debido al caos, originado por Nicolás Maduro. En cuanto a la cercanía de Daniel Ortega con la Rusia de Vladimir Putin, obedece principalmente a los apoyos dados por Nicaragua y Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), al reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia (Avil Ramírez). Tesis también defendida por la política expansionista de Moscú, de acuerdo con la versión antirusa de las potencias de Occidente y Japón, versión a la cual Georgia se adhiere política y militarmente, un país vecino de los rusos en el Cáucaso, quien alega derechos de soberanía territorial sobre las dos jóvenes repúblicas. Aun así, con ese respaldo diplomático ante la ONU, la cooperación de Putin al gobierno nicaragüense se encamina a la venta de armamentos, tampoco quiere decir que Moscú se comprometa a blindar la vigencia del poder de los sandinistas, blindaje que, junto con China, practica en Venezuela. En la línea de las acusaciones internacionales, tampoco han quedado abandonadas las relacionadas con la gestión de la emergencia, ocasionada por la pandemia del covid – 19. La Organización Mundial de Salud (OMS) manifestó en el 2020 su escepticismo ante el posible impacto del coronavirus en Nicaragua. El gobierno de Ortega no ha reaccionado a estas dudas de los organismos internacionales. En cambio, la vicepresidenta Rosario Murillo ha expresado que la pandemia está bajo control. De acuerdo con datos oficiales (falsos), recolectados por la Universidad Johns Hopkins, Nicaragua ha reportado apenas 15.737 casos confirmados y 206 muertes por covid-19. Mientras que la cantidad de personas con la vacunación completa asciende al 5,01% de la población (CNN). DESDRAMATIZACIÓN. A manera de desenlace conviene explicar que nuestros comentarios, destinados a poner al corriente de varios hechos sensibles acerca del panorama de nuestro istmo, están bastante lejos de plantear la “descentroamericanización” de la política exterior de Costa Rica (Jorge Vargas Cullell). Ni siquiera le habremos de dedicar un mínimo de pensamiento a esa equivocada tesis. Nuestro país hasta guardó prudente distancia de la tesitura de apartarse del proyecto Federativo, luego de la independencia del Reino de España de las cinco naciones, quienes aspiraron en un comienzo a conformar la malograda Federación de Centroamérica. La responsabilidad de la frustrada Federación recayó en otros sujetos, además de las circunstancias de conflictividad de la época. Llega a ser un erróneo discurso contrariarla. Suele ocurrir esto, poniendo como prueba histórica el letal suceso contra el hondureño Francisco Morazán. En dicha causa hubo distintos móviles. Hicimos mención de los Acuerdos del Proceso de Paz de Esquipulas, el sabio compromiso y la visión genuinamente centroamericanista del Presidente Oscar Arias Sánchez, por el que se puso fin a los combates antiguerrilleros de la décadas de 1970 y 1980. Desafortunadamente, se desistió de inyectarle vitalidad a dicho Proceso, fundamentado en los principios democráticos. del bien común y del desarrollo humano. En su lugar se levantaron en el sistema de la integración, entidades burocratizadas, enclaustradas, incapaces de rendir cuentas, desidiosas, blandengues, desconocidas por la casi totalidad de la gente de nuestros pueblos. Hay múltiples áreas de interés común de enorme relevancia para los Estados Nacionales y las sociedades civiles, a sabiendas de nuestra condición de países de bajos ingresos, complicados con las deudas publicas y los desequilibrios macroeconómicos (Paola Subacchi). Nuestra propia geografía física nos impone la unidad y los emprendimientos colectivos. El territorio ístmico se distingue por la elevada vulnerabilidad frente a los desastres naturales y los efectos del cambio climático; asignaturas de trabajo en las que Costa Rica debe contribuir decidida y activamente en la planificación de las tareas humanitarias, habida cuenta de sus conocimientos, buenas prácticas y experiencias en cuanto a emergencias. Ante lo dicho y la diversidad de crónicas dificultades, se requiere excesiva lealtad y entrega centroamericana a fin de dar inapelable cumplimiento a los compromisos, objetivos, metas de trabajo y el verdadero sentido de logro de nuestras sociedades, en aras de la consolidación de la real democracia, la promoción del “comercio abierto”. Todo ello con vistas a la recuperación productiva y el empleo, así como el impulso a la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Principalmente, han de multiplicarse los esfuerzos de la fraterna integración en el contexto de la pandemia del covid – 19, cuando las coordinaciones de las acciones cooperativas y solidarias entre los Estados y las organizaciones civiles resultan innegables e irrenunciables, con el propósito de hacer frente a las complicaciones políticas, sociales y económicas regionales, derivadas de la mortal enfermedad. Al mismo tiempo, y a causa del carácter transnacional del crimen organizado, a través de una sana integración se podrán robustecer las cooperaciones judiciales, policiales, migratorias, como también, si fuera factible, las asistencias técnicas en lo que respecta las políticas públicas, relacionadas con la prevención de delitos, en cuenta los programas de rehabilitación de las personas infractoras de las leyes. Podríamos extendernos en lo referido a la historia y el destino común de la controvertida región centroamericana. Lleguemos hasta aquí. Lo cierto es que la fraternidad y el continuo espíritu de unidad y cohesión, es lo que necesitamos para consolidar realmente una transparente y eficaz integración. Eso de acariciar la idea de la “descentroamericanización”, me suena a riesgoso chauvinismo.