COLOMBIA PAZ. FE EN EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y EN SU DISTANCIAMIENTO DEL ENCASTILLAMIENTO IDEOLÓGICO. Autor: Ronald Obaldía González

COLOMBIA PAZ. FE EN EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y EN SU DISTANCIAMIENTO DEL ENCASTILLAMIENTO IDEOLÓGICO. Autor: Ronald Obaldía González A nuestro modesto entender es la nación colombiana de los pueblos inteligentes y cultos de nuestra civilización hispanoamericana. Sobradamente, pudo haber llegado a la cúspide del desarrollo integral, habida cuenta de la privilegiada ubicación geográfica, sus enormes recursos naturales y la diversidad étnica y multiculturalidad. Por esto, siempre nos ha sido difícil aceptar que desde el Siglo XlX (enseguida en los Siglos XX y XXl) haya sido víctima del terrorismo, de los frecuentes derramamientos o baños de sangre, al registrarse aproximadamente cuarenta guerras, producto de los odios y los antagonismos entre las élites de los conservadores y los liberales. Una división partidaria, acaso distanciada por la tradicional denominación y la adhesión política. Porque ha sido notoria la inexistencia de diferencias o desacuerdos alrededor del contenido ideológico de la organización y las relaciones de producción de la joven “Gran Colombia”. Ella, liberada del Reino de España por Simón Bolívar (1819), pero históricamente condicionada bajo la explotación y los crónicos estamentos, aferrados en un tipo de sociedad semi – feudal. Por sí mismo, un sistema social, jurídico y de división del trabajo, en adelante raramente interrogado por tales dominantes tendencias políticas. En otro orden, cualquier figura de Estado nacional que se hubiese impuesto, fuera el centralista o el federalista, ninguno de los dos, menos se disponía a modificar las estructuras coloniales y semi – feudales, justificantes de la irregular concentración de la propiedad de la tierra, en su mayoría destinada a la producción del café. La prolongada concentración de la propiedad, conformada por extensos latifundios, llegó a reproducirse luego de la independencia nacional. De hecho, fue la asignatura medular del último Pacto de paz (2016), sujeto, entre otros compromisos, a dotar de tierras a los desposeídos campesinos, aparejado a la reducción de las inequidades sociales. Sea ello un histórico desacierto de un sistema tan profundamente desigual y distorsionado, que precisamente, hubo de ser el combustible para el desencadenamiento de los movimientos insurreccionales del pasado siglo; tal cual un fenómeno arraigado además en la América Latina post-colonial. Más que focalizado y odiosamente justificado aquí en plena Guerra Fría, particularmente en la etapa de la consolidación de la ofensiva geopolítica cubano soviética, resistida por los Estados Unidos de América. La liberal y robusta institucionalidad jurídica de la república suramericana ha debido soportar y coexistir con lo peor: los asesinatos, las acciones terroristas, secuestros, las frecuentes acciones terroristas de los carteles de la droga, las emigraciones, las minas letales antipersona, etcétera, producto de la guerra civil y el incontenible ascenso de la narcoactividad transnacional, enriquecedora de una minoría. Males que todavía no cesan de provocar “un temor real, ni imaginado”. Solamente durante los años 1946 y 1958, el país se vio sumido en una continua polarización: la etapa llamada «La Violencia», cuyo rasgo principal fueron las persecuciones políticas. La larga guerra civil entre liberales y conservadores, “se presume que ocasionó más de 300 mil muertos”. Una cifra similar o superior, a la acumulada en el curso de la insurgencia narco – izquierdista, cuyo estallido se remonta a finales de la década de 1940. La confrontación que fue alimentada a consecuencia del asesinato en 1948 del reformista líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en medio de la intensa movilización popular del “Bogotazo” (Instituto del Tercer Mundo. Guía del Mundo, 2009). Más acá, las duras políticas o prácticas económicas de los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial, inspirados en la escuela neoliberal de los Chicago boys y de Milton Friedman, estuvieron bastante distantes de beneficiar a la gran mayoría de los colombianos; por el contrario ensancharon las brechas y alentaron los disturbios sociales. BEMOLES DEL PROCESO DE PAZ. Comentando hechos que originan optimismo, en esta ocasión hacemos referencia a la prolongada evidencia del solidario respaldo internacional a la causa del Pacto (o acuerdos) de paz de Colombia, firmado el 24 de noviembre del 2016, por segunda vez y de forma definitiva, por el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, líder de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Organización (irregular) que después se transformaría en un partido político, al cabo que se le asegurarían escaños en el Congreso de la República al menos por ocho años (BBC World News). El apoyo de Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz, resultó crucial. De igual forma, el de las naciones acompañantes Chile y Venezuela, también el de los enviados especiales de Estados Unidos de América, Bernard Aronson y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. El pacto de pacificación colombiano atrajo el incondicional respaldo del Papa Francisco, así también el del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al pronunciarse en aquel entonces, “de modo caluroso”, sobre sus alcances. Se le ofreció a la vez una bienvenida a la conclusión del espinoso y complicado proceso de erradicación de la violencia, discutido en Cuba por los involucrados directos en las hostilidades militares. Ante la trascendencia y las expectativas creadas sobre la base de lo acordado hace seis años entre el gobierno y las fuerzas irregulares (de 8.000 insurgentes), ligeramente se posibilitó la inversión en el proyecto “Paz Colombia”, al enfatizarse en lo social, el perdón y “la reconciliación. “Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación”, exponía el presidente Juan Manuel Santos, influenciado por versión cristiana y humanista ante la vida. Por su parte, el Gobierno de Barack Obama había anunciado un desembolso de $450 millones en asistencia y apoyo para la implementación de lo aprobado en la Habana (Harold Trinkunas, 2016), particularmente en lo relacionado con las tareas y las responsabilidades acerca del desarrollo sostenible, inherentes a la fase del post-conflicto. A MODO DE PRECEDENTES. Cabe subrayar que las organizaciones izquierdista de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en sus últimos tramos estuvieron aliadas al narcotráfico. Tampoco en el desolador panorama de guerra hubo de quedar descartado Hugo Chávez, el beligerante líder socialista y presidente de Venezuela, quien empleó el mecanismo integracionista del ALBA, de corte izquierdista (la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), activo en complicidad, en cuanto a servir de pivote a la guerrilla de las FARC, entre otras agrupaciones de igual envergadura. Simultáneamente, las organizaciones criminales de la droga persisten en sumar tentáculos con los guerrilleros o las ultraderechistas organizaciones paramilitares de autodefensa, estas financiadas por los latifundistas y las oligarquías políticas y económicas. Las organizaciones (irregulares) antimarxistas solapadamente han entrado en contubernios con las Fuerzas Armadas, con tal de disminuir las posiciones y los movimientos de sus enemigos comunes. Las formaciones (tanto izquierdistas como ultraderechistas) han sabido controlar (o dominar) grandes extensiones de regiones de la geografía física colombiana. En la década de 1990 a la guerrilla izquierdista - ahora proclive al negocio de la narcoactividad, en lugar de las motivaciones originales, derivadas de “la insurrección de carácter marxista leninista” - se le presentó la oportunidad de derrotar al disminuido y desmoralizado ejército nacional, exigido posteriormente a perfeccionar sus estrategias y tácticas militares, merced a las fórmulas “del “Plan Colombia”. Un Plan que patrocinó y financió los Estados Unidos de América. De tal suerte que la institución militar pudiera sobreponerse al poder de fuego y de las capacidades de combate de la insurgencia. Tiempo después y en razón de los anacronismos ideológicos, la guerrilla marxista colombiana se dio cuenta de que se había convertido “en fósil viviente”. Repudiada por la mayoría de la población, debió tomar conciencia de su estrabismo, así también de las escasas probabilidades de triunfar, por lo que luego eligió el camino de la negociación política. Así, entonces, los insurgentes decidieron negociar la paz con el brillante presidente Juan Manuel Santos. Por lo visto, el Gobierno, las contrapartes en la guerra civil “se resistieron a tocar fondo”. Tras la aprobación del Pacto de pacificación del 2016, en la etapa del post-conflicto, ha habido varios avances, eso sí encarados por la disidencia de las FARC, además de los otros grupos rebeldes similares – últimamente fragmentados -. Lo ha torpedeado compulsivamente el derechista expresidente Álvaro Uribe Vélez (en un tiempo ligado a los grupos paramilitares). O en su defecto, los acuerdos fueron empantanados por el aliado de éste: el anterior e impopular, Presidente derechista Iván Duque Márquez (2018 - 2022), a quien se le continúan achacando cargos relacionados con la violación de los derechos humanos, su complicidad en el asesinato de líderes sociales y de reinsertados de las FARC. Se desprestigió aun más, habida cuenta de su autoría en la represión de las protestas sociales de mayo del 2021, donde hubo pérdidas de vidas humanas. No sobra subrayar que en el gobierno de Duque, la pandemia del covid-19 agudizó, como nunca antes, los niveles de desempleo, recrudeció la pobreza, cuyo descenso al 27% se estancó desde 2014, y luego de llegar al 34% que se expresó al inicio de su Gobierno. Al final ascendió al 42,5%, lo que llevó a desatar olas de violencia en varias ciudades. Según Uribe y Duque, lo contenido en el Pacto de paz expresa impunidad y rendición del Estado frente a la guerrilla de las FARC, todo ello contradice la tesis de las potencias occidentales y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quienes pugnan por el cumplimiento del Pacto, tanto así que en un principio las Fuerzas Armadas se apuntaron a convertirse en la institución normal “en un país normal (sin guerra)”.. EL COMPÁS DE ESPERA. Un severo golpe hubo de ser el sorpresivo resultado de los votantes colombianos, cuando el 2 de octubre del 2016, mediante el referéndum, fue rechazado el Pacto pacificador, alcanzado por el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sumiendo en la incertidumbre el proceso de reconciliación con los insurgentes y la ruptura con el pasado de violencia. Sin embargo el cese del fuego bilateral con las FARC siguió vigente (BBC News World). Menos aun, los colombianos perdieron la identificación y la vocación, favorecedora del fondo de los acuerdos, ellos aunados a perfeccionar la calidad del sistema democrático, así como superar la pobreza, las faltas de empleo y de las oportunidades sociales; por supuesto el de ser ciudadanos libres. En todo caso, hubo una señal positiva en junio de este año, lo suficientemente categórica y recuperadora. Lo fue la derrota en el pasado proceso electoral de cara a la Presidencia de la República, experimentada por la denominación política de Uribe y Duque, esto a manos del triunfador candidato de la izquierda moderada Gustavo Petro, cuyo discurso estuvo orientado a proseguir con el proceso de “la pacificación total”. Razón de más, los intentos en este mes del nuevo gobierno, a cargo del presidente Prieto, que en sus consignas de la protección del ambiente, “de paz total” pretende acercarse y propiciar el diálogo con los disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros grupos rebeldes, quienes se habían opuesto a los acuerdos del 2016, lo cual podría asegurar la reivindicación del histórico Pacto bilateral. Afortunadamente, y a la vista de su discurso, el programa político, moderado, práctico, en aras “de desarrollar el capitalismo” en el país, puntos de partida de la campaña, por la cual obtuvo en junio del año en curso el respaldo electoral de los colombianos, bien se vislumbra que esas piezas sustentarán los planes de acción democrática, seguidos por Gustavo Petro y de su Vicepresidenta la afrodescendiente y ambientalista Francia Márquez. Petro y Márquez demostraron poner a raya a los simpatizantes radicales, haber superado el disparatado dogmatismo, el sectarismo y la errada escogencia de la revolución violenta, bajo la fantasía marxista leninista de alcanzar por tal vía el cambio político o social (Vladimir Lenin). El contexto latinoamericano pone en evidencia la “recesión democrática”, lo cual da pie al autoritarismo populista (Daniel Zovatto). Añadamos la persistente violación de los derechos fundamentales de la gente, las arremetidas contra la libertad de prensa y expresión, el incremento de la corrupción. Ha habido en Colombia relativos retrocesos en contra de los planes de la pacificación. A pesar de tales fenómenos, las fuerzas civiles, sensatas y civilizadas, han renunciado a postergar los propósitos de erradicar la exclusión, la violencia política y la criminalidad transfronteriza, a diferencia del ex-presidente Álvaro Uribe (y sus seguidores) defensor del estatus quo, a quien se le siguen procesos judiciales en su contra. Lo acompaña en tal aventura extremista (de Uribe) contra los acuerdos de Santos y la guerrilla, el presidente saliente Iván Duque. Él tendrá pendiente la responsabilidad de dar cuenta de los asesinatos de ciudadanos durante las protestas sociales de mayo del 2021. A ambos políticos derechistas se les reconoce su sociedad con la oligarquía tradicional, las élites poderosas (incluso con los paramilitares), aquellas que han ejercido el dominio para beneficio de sí mismas, toda vez que fueron los magnos responsables de la prolongada guerra civil, a causa de la avaricia, la estrechez de miras y la insensibilidad social que los distingue en el ámbito de república semifeudal. Creemos que todavía abundan razones y motivos para que los pueblos se entusiasmen por su futuro. Aunque sea prematuro cualesquier vaticinios, el interesante presidente colombiano Gustavo Petro puede devolver el optimismo y la confianza en pro de la gobernabilidad y la cohesión social en la culta Colombia, siempre y cuando sea verdad que evitará adoptar posturas ideológicas ya superadas. El nuevo mandatario posee el riguroso conocimiento del significado de “las realidades objetivas”: la fuente de las leyes sociales que sencillamente son difíciles de evadir, a menos que se confirme que los órganos de los sentidos de los activistas de la política diversionista o confusa, sean así por haber entrado en franco y ya inocuo deterioro.