DESVALORIZACIÓN DE LA POLÍTICA.

DESVALORIZACIÓN DE LA POLÍTICA. En el panorama latinoamericano, Guatemala y Chile han llegado a ser dos extremos opuestos, en cuanto a desarrollo humano y solidez de la institucionalidad democrática. Mientras en Chile ha habido reconstrucción democrática (hoy sacudida) , luego de la salida del régimen militar, encabezado por Augusto Pinochet, por su parte, en Guatemala prácticamente ha habido ausencia de Estado de derecho, este apenas vio luz en la época de la Revolución de Octubre (1944 a 1954). A partir del complot contra dicho intento de modernización social y político - error garrafal de los Estados Unidos de América, a causa de la postura anticomunista asumida -, una sucesión de gobiernos militares y despóticos ejercieron el control de la sociedad política, protectora de castas económicamente poderosas, responsables de instituir una especie de “apartheid social”, con signos de etnocidio. El país centroamericano viene arrastrando desde el Siglo XlX disparidades sociales y étnicas, casi irreversibles; males que se multiplican con el poder reciente del crimen organizado – este entró en alianza con algunas fracciones del sector empresarial, así también con ciertas élites políticas y militares - . Lo cual le ha permitido secuestrar y liquidar las instituciones del Estado, patrocinando elevados niveles de corrupción, lavado de dinero y el tráfico de influencias, ocupar completamente el terreno de los poderes fácticos y las tácticas violentas, propiedad de las fuerzas armadas, los grupos paramilitares derechistas y la guerrilla izquierdista en tiempos de la guerra civil, que duró aproximadamente 40 años, concluida tras la firma en diciembre de 1996 de los Acuerdos de paz. Los Acuerdos de pacificación, en el fondo, perseguían desligar a los militares del ejercicio de la administración del Estado, devolviéndolos a los cuarteles; pero, con la instalación del Presidente Otto Pérez Molina en el 2012 lo lograron recuperar. La inseguridad y la violencia, la cadena de actos públicos de corrupción, la impunidad y el poder del crimen organizado recrudecieron en la administración actual, acusada de defraudaciones tributarias y fraudes contra la seguridad social, que superan los $14 millones, ilícitos en los cuales están implicadas altas figuras del gobierno. Desdichadamente, en Guatemala es inexacto acuñar el calificativo de retroceso democrático, porque como tal la democracia, en su estricto sentido ha sido un espejismo, tanto así que los últimos gobiernos civiles quedaron supeditados, sino a las élites oligárquicas, a sus socias las fuerzas armadas. Ahora se toca fondo, irrumpió el crimen organizado, lo que supone representa la fracción dominante de aquel "estatus quo" centenario, en cuya transformación es poco o casi nada lo que la sociedad civil democrática puede aportar, dada la intimidación y persecución de la cual es objeto constantemente. Es Chile de los países que han llevado la delantera en innovación, liberalización, apertura y crecimiento económico. A raíz del prestigio acumulado, la próspera nación suramericana ha sido tomada en cuenta en organizaciones y mecanismos de integración de enorme relevancia global, tales como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacìfico (APEC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así también en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económico (TPP, según su sigla en inglés) Sin embargo, el Chile de estos últimos años se ha visto envuelto en medio de una cadena de protestas sociales, especialmente de los estudiantes, quienes cuestionan la desigualdad social, manifiesta en un sistema educativo, cuasi privado, que excluye a los sectores de bajos ingresos, al cabo que se hacen severas críticas al régimen de seguridad social, por demás discriminatorio. Ni los gobiernos socialistas de la Concertación Nacional, tampoco el pasado gobierno derechista lograron subsanar ese talón de Aquiles de las políticas sociales chilenas. El partido oficial, trabajando con un libreto que condena al lucro, maltrata a las empresas, anima el protagonismo estatal y un olímpico desprecio a las variables del crecimiento y el empleo (Héctor Soto, 2015), enfrenta la recia oposición del sector privado, quien acusa al gobierno de provocar inmovilismo en la producción, exceso de intervencionismo estatal y fuertes tendencias de políticas económicas gravosas en contra de las empresas privadas, un sector de ellas golpeadas por el descenso de los precios de materias primas exportadas, entre ellos el cobre. Así, se reducen las expectativas de inversión, señala el empresariado, pues la sombra del neo - populismo (Eduardo Cavieres, 2015) ronda por el escritorio de la Presidenta Michelle Bachelet, decidida a atacar, con "más socialismo" la desigualdad social; esto es, la amplia brecha entre ricos y pobres; simultáneamente, conlleva el objetivo de impulsar la reforma a la Constitución Política, la cual conserva resabios de la dictadura de Pinochet. Para el sector privado y la oposición al gobierno la arremetida por modificar la Constitución equivale a radicalismo populista. Cuando su popularidad está en un 29% y el rechazo a su gestión ha alcanzado un récord histórico de un 66%, la señora Bachelet acaba de efectuar un recambio en su gabinete, hecho que supone dudas sobre su capacidad de liderazgo y arrestos políticos, señalan sus críticos. “Para nadie era un secreto que el gabinete de la Presidenta no daba para más". Uno de sus hombres de confianza en el Gabinete, quien fuera el Ministro del Interior, está envuelto en un millonario escándalo de corrupción, en el cual están implicados la nuera y el primogénito de la Presidenta chilena. Los varios casos de corrupción continúan minando fuertemente la confianza en ella (Rocío Montes, 2015), días atrás corrió el rumor de su renuncia. El pesimismo se apodera de los chilenos. Algunos críticos argumentan la realidad de “un país bajoneado”, otros son drásticos, por lo que predicen el final de ciclo que ya Chile comienza a vivir (Cavieres, idem). Para rematar, las decisiones “desacertadas” de la presidenta al reajustar su Gabinete están lejos de acabar. Siembran mayor incertidumbre en la opinión, esto al designar como ministro de Defensa al exlegislador y exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien hace dos años se pronunció a favor de otorgar a Bolivia una salida soberana al Pacífico, “aunque sin que esto suponga la división de su país”, expresó Gómez en su oportunidad. Una herejía completa, inaceptable para la mayoría de los chilenos, testigos del proceso de litigio entre Bolivia y Chile, ventilado ante la Corte de La Haya. Solamente citamos al principio dos realidades opuestas: una naciòn ayuna de cohesión y socialmente desintegrada; al otro extremo ubicamos a un país latinoamericano con una economía emergente, que llegó a adaptarse velozmente a las exigencias de los mercados globales, sin haber superado sus déficits sociales y fallas en la institucionalidad. Una vulnerabilidad de la cual sabe aprovecharse el neo- populismo, tanto el de izquierda como el de derecha, ambos arrastran corrupción desenfrenada, así como el reclutamiento de (supuestos) redentores, politicastros, dirigentes ineptos o extraviados. Es una pena que haya naciones que no puedan escaparse de tales complejidades, tan recesivas como depresivas a las colectividades nacionales. Ronald Obaldía González (Opinión personal)