COLOMBIA PAZ. FE EN EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y EN SU DISTANCIAMIENTO DEL ENCASTILLAMIENTO IDEOLÓGICO. Autor: Ronald Obaldía González

COLOMBIA PAZ. FE EN EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y EN SU DISTANCIAMIENTO DEL ENCASTILLAMIENTO IDEOLÓGICO. Autor: Ronald Obaldía González A nuestro modesto entender es la nación colombiana de los pueblos inteligentes y cultos de nuestra civilización hispanoamericana. Sobradamente, pudo haber llegado a la cúspide del desarrollo integral, habida cuenta de la privilegiada ubicación geográfica, sus enormes recursos naturales y la diversidad étnica y multiculturalidad. Por esto, siempre nos ha sido difícil aceptar que desde el Siglo XlX (enseguida en los Siglos XX y XXl) haya sido víctima del terrorismo, de los frecuentes derramamientos o baños de sangre, al registrarse aproximadamente cuarenta guerras, producto de los odios y los antagonismos entre las élites de los conservadores y los liberales. Una división partidaria, acaso distanciada por la tradicional denominación y la adhesión política. Porque ha sido notoria la inexistencia de diferencias o desacuerdos alrededor del contenido ideológico de la organización y las relaciones de producción de la joven “Gran Colombia”. Ella, liberada del Reino de España por Simón Bolívar (1819), pero históricamente condicionada bajo la explotación y los crónicos estamentos, aferrados en un tipo de sociedad semi – feudal. Por sí mismo, un sistema social, jurídico y de división del trabajo, en adelante raramente interrogado por tales dominantes tendencias políticas. En otro orden, cualquier figura de Estado nacional que se hubiese impuesto, fuera el centralista o el federalista, ninguno de los dos, menos se disponía a modificar las estructuras coloniales y semi – feudales, justificantes de la irregular concentración de la propiedad de la tierra, en su mayoría destinada a la producción del café. La prolongada concentración de la propiedad, conformada por extensos latifundios, llegó a reproducirse luego de la independencia nacional. De hecho, fue la asignatura medular del último Pacto de paz (2016), sujeto, entre otros compromisos, a dotar de tierras a los desposeídos campesinos, aparejado a la reducción de las inequidades sociales. Sea ello un histórico desacierto de un sistema tan profundamente desigual y distorsionado, que precisamente, hubo de ser el combustible para el desencadenamiento de los movimientos insurreccionales del pasado siglo; tal cual un fenómeno arraigado además en la América Latina post-colonial. Más que focalizado y odiosamente justificado aquí en plena Guerra Fría, particularmente en la etapa de la consolidación de la ofensiva geopolítica cubano soviética, resistida por los Estados Unidos de América. La liberal y robusta institucionalidad jurídica de la república suramericana ha debido soportar y coexistir con lo peor: los asesinatos, las acciones terroristas, secuestros, las frecuentes acciones terroristas de los carteles de la droga, las emigraciones, las minas letales antipersona, etcétera, producto de la guerra civil y el incontenible ascenso de la narcoactividad transnacional, enriquecedora de una minoría. Males que todavía no cesan de provocar “un temor real, ni imaginado”. Solamente durante los años 1946 y 1958, el país se vio sumido en una continua polarización: la etapa llamada «La Violencia», cuyo rasgo principal fueron las persecuciones políticas. La larga guerra civil entre liberales y conservadores, “se presume que ocasionó más de 300 mil muertos”. Una cifra similar o superior, a la acumulada en el curso de la insurgencia narco – izquierdista, cuyo estallido se remonta a finales de la década de 1940. La confrontación que fue alimentada a consecuencia del asesinato en 1948 del reformista líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en medio de la intensa movilización popular del “Bogotazo” (Instituto del Tercer Mundo. Guía del Mundo, 2009). Más acá, las duras políticas o prácticas económicas de los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial, inspirados en la escuela neoliberal de los Chicago boys y de Milton Friedman, estuvieron bastante distantes de beneficiar a la gran mayoría de los colombianos; por el contrario ensancharon las brechas y alentaron los disturbios sociales. BEMOLES DEL PROCESO DE PAZ. Comentando hechos que originan optimismo, en esta ocasión hacemos referencia a la prolongada evidencia del solidario respaldo internacional a la causa del Pacto (o acuerdos) de paz de Colombia, firmado el 24 de noviembre del 2016, por segunda vez y de forma definitiva, por el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, líder de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Organización (irregular) que después se transformaría en un partido político, al cabo que se le asegurarían escaños en el Congreso de la República al menos por ocho años (BBC World News). El apoyo de Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz, resultó crucial. De igual forma, el de las naciones acompañantes Chile y Venezuela, también el de los enviados especiales de Estados Unidos de América, Bernard Aronson y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. El pacto de pacificación colombiano atrajo el incondicional respaldo del Papa Francisco, así también el del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al pronunciarse en aquel entonces, “de modo caluroso”, sobre sus alcances. Se le ofreció a la vez una bienvenida a la conclusión del espinoso y complicado proceso de erradicación de la violencia, discutido en Cuba por los involucrados directos en las hostilidades militares. Ante la trascendencia y las expectativas creadas sobre la base de lo acordado hace seis años entre el gobierno y las fuerzas irregulares (de 8.000 insurgentes), ligeramente se posibilitó la inversión en el proyecto “Paz Colombia”, al enfatizarse en lo social, el perdón y “la reconciliación. “Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación”, exponía el presidente Juan Manuel Santos, influenciado por versión cristiana y humanista ante la vida. Por su parte, el Gobierno de Barack Obama había anunciado un desembolso de $450 millones en asistencia y apoyo para la implementación de lo aprobado en la Habana (Harold Trinkunas, 2016), particularmente en lo relacionado con las tareas y las responsabilidades acerca del desarrollo sostenible, inherentes a la fase del post-conflicto. A MODO DE PRECEDENTES. Cabe subrayar que las organizaciones izquierdista de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en sus últimos tramos estuvieron aliadas al narcotráfico. Tampoco en el desolador panorama de guerra hubo de quedar descartado Hugo Chávez, el beligerante líder socialista y presidente de Venezuela, quien empleó el mecanismo integracionista del ALBA, de corte izquierdista (la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), activo en complicidad, en cuanto a servir de pivote a la guerrilla de las FARC, entre otras agrupaciones de igual envergadura. Simultáneamente, las organizaciones criminales de la droga persisten en sumar tentáculos con los guerrilleros o las ultraderechistas organizaciones paramilitares de autodefensa, estas financiadas por los latifundistas y las oligarquías políticas y económicas. Las organizaciones (irregulares) antimarxistas solapadamente han entrado en contubernios con las Fuerzas Armadas, con tal de disminuir las posiciones y los movimientos de sus enemigos comunes. Las formaciones (tanto izquierdistas como ultraderechistas) han sabido controlar (o dominar) grandes extensiones de regiones de la geografía física colombiana. En la década de 1990 a la guerrilla izquierdista - ahora proclive al negocio de la narcoactividad, en lugar de las motivaciones originales, derivadas de “la insurrección de carácter marxista leninista” - se le presentó la oportunidad de derrotar al disminuido y desmoralizado ejército nacional, exigido posteriormente a perfeccionar sus estrategias y tácticas militares, merced a las fórmulas “del “Plan Colombia”. Un Plan que patrocinó y financió los Estados Unidos de América. De tal suerte que la institución militar pudiera sobreponerse al poder de fuego y de las capacidades de combate de la insurgencia. Tiempo después y en razón de los anacronismos ideológicos, la guerrilla marxista colombiana se dio cuenta de que se había convertido “en fósil viviente”. Repudiada por la mayoría de la población, debió tomar conciencia de su estrabismo, así también de las escasas probabilidades de triunfar, por lo que luego eligió el camino de la negociación política. Así, entonces, los insurgentes decidieron negociar la paz con el brillante presidente Juan Manuel Santos. Por lo visto, el Gobierno, las contrapartes en la guerra civil “se resistieron a tocar fondo”. Tras la aprobación del Pacto de pacificación del 2016, en la etapa del post-conflicto, ha habido varios avances, eso sí encarados por la disidencia de las FARC, además de los otros grupos rebeldes similares – últimamente fragmentados -. Lo ha torpedeado compulsivamente el derechista expresidente Álvaro Uribe Vélez (en un tiempo ligado a los grupos paramilitares). O en su defecto, los acuerdos fueron empantanados por el aliado de éste: el anterior e impopular, Presidente derechista Iván Duque Márquez (2018 - 2022), a quien se le continúan achacando cargos relacionados con la violación de los derechos humanos, su complicidad en el asesinato de líderes sociales y de reinsertados de las FARC. Se desprestigió aun más, habida cuenta de su autoría en la represión de las protestas sociales de mayo del 2021, donde hubo pérdidas de vidas humanas. No sobra subrayar que en el gobierno de Duque, la pandemia del covid-19 agudizó, como nunca antes, los niveles de desempleo, recrudeció la pobreza, cuyo descenso al 27% se estancó desde 2014, y luego de llegar al 34% que se expresó al inicio de su Gobierno. Al final ascendió al 42,5%, lo que llevó a desatar olas de violencia en varias ciudades. Según Uribe y Duque, lo contenido en el Pacto de paz expresa impunidad y rendición del Estado frente a la guerrilla de las FARC, todo ello contradice la tesis de las potencias occidentales y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quienes pugnan por el cumplimiento del Pacto, tanto así que en un principio las Fuerzas Armadas se apuntaron a convertirse en la institución normal “en un país normal (sin guerra)”.. EL COMPÁS DE ESPERA. Un severo golpe hubo de ser el sorpresivo resultado de los votantes colombianos, cuando el 2 de octubre del 2016, mediante el referéndum, fue rechazado el Pacto pacificador, alcanzado por el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sumiendo en la incertidumbre el proceso de reconciliación con los insurgentes y la ruptura con el pasado de violencia. Sin embargo el cese del fuego bilateral con las FARC siguió vigente (BBC News World). Menos aun, los colombianos perdieron la identificación y la vocación, favorecedora del fondo de los acuerdos, ellos aunados a perfeccionar la calidad del sistema democrático, así como superar la pobreza, las faltas de empleo y de las oportunidades sociales; por supuesto el de ser ciudadanos libres. En todo caso, hubo una señal positiva en junio de este año, lo suficientemente categórica y recuperadora. Lo fue la derrota en el pasado proceso electoral de cara a la Presidencia de la República, experimentada por la denominación política de Uribe y Duque, esto a manos del triunfador candidato de la izquierda moderada Gustavo Petro, cuyo discurso estuvo orientado a proseguir con el proceso de “la pacificación total”. Razón de más, los intentos en este mes del nuevo gobierno, a cargo del presidente Prieto, que en sus consignas de la protección del ambiente, “de paz total” pretende acercarse y propiciar el diálogo con los disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros grupos rebeldes, quienes se habían opuesto a los acuerdos del 2016, lo cual podría asegurar la reivindicación del histórico Pacto bilateral. Afortunadamente, y a la vista de su discurso, el programa político, moderado, práctico, en aras “de desarrollar el capitalismo” en el país, puntos de partida de la campaña, por la cual obtuvo en junio del año en curso el respaldo electoral de los colombianos, bien se vislumbra que esas piezas sustentarán los planes de acción democrática, seguidos por Gustavo Petro y de su Vicepresidenta la afrodescendiente y ambientalista Francia Márquez. Petro y Márquez demostraron poner a raya a los simpatizantes radicales, haber superado el disparatado dogmatismo, el sectarismo y la errada escogencia de la revolución violenta, bajo la fantasía marxista leninista de alcanzar por tal vía el cambio político o social (Vladimir Lenin). El contexto latinoamericano pone en evidencia la “recesión democrática”, lo cual da pie al autoritarismo populista (Daniel Zovatto). Añadamos la persistente violación de los derechos fundamentales de la gente, las arremetidas contra la libertad de prensa y expresión, el incremento de la corrupción. Ha habido en Colombia relativos retrocesos en contra de los planes de la pacificación. A pesar de tales fenómenos, las fuerzas civiles, sensatas y civilizadas, han renunciado a postergar los propósitos de erradicar la exclusión, la violencia política y la criminalidad transfronteriza, a diferencia del ex-presidente Álvaro Uribe (y sus seguidores) defensor del estatus quo, a quien se le siguen procesos judiciales en su contra. Lo acompaña en tal aventura extremista (de Uribe) contra los acuerdos de Santos y la guerrilla, el presidente saliente Iván Duque. Él tendrá pendiente la responsabilidad de dar cuenta de los asesinatos de ciudadanos durante las protestas sociales de mayo del 2021. A ambos políticos derechistas se les reconoce su sociedad con la oligarquía tradicional, las élites poderosas (incluso con los paramilitares), aquellas que han ejercido el dominio para beneficio de sí mismas, toda vez que fueron los magnos responsables de la prolongada guerra civil, a causa de la avaricia, la estrechez de miras y la insensibilidad social que los distingue en el ámbito de república semifeudal. Creemos que todavía abundan razones y motivos para que los pueblos se entusiasmen por su futuro. Aunque sea prematuro cualesquier vaticinios, el interesante presidente colombiano Gustavo Petro puede devolver el optimismo y la confianza en pro de la gobernabilidad y la cohesión social en la culta Colombia, siempre y cuando sea verdad que evitará adoptar posturas ideológicas ya superadas. El nuevo mandatario posee el riguroso conocimiento del significado de “las realidades objetivas”: la fuente de las leyes sociales que sencillamente son difíciles de evadir, a menos que se confirme que los órganos de los sentidos de los activistas de la política diversionista o confusa, sean así por haber entrado en franco y ya inocuo deterioro.

(SEGUNDA PARTE) ASPIRAR A FAVOR DE UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS. Autor: Ronald Obaldía González

(SEGUNDA PARTE) ASPIRAR A FAVOR DE UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS. Autor: Ronald Obaldía González El ejercicio de la autoridad soberana del Estado en las sociedades nacionales democráticas, pluralistas, abiertas al mundo, respetuosa de “los deberes y los derechos humanos”, pluralistas y abiertas al mundo está condicionado a ejercerse con sentido ético y humanista. A causa de tales valores de convivencia y postulados, injertados en Costa Rica, los Estados nacionales habrían de verse comprometidos a tomar toda clase de decisiones y acciones con benignidad y compasión para con sus habitantes. Al mismo tiempo, por humanidad, ellos deberían hacer que se vea y constate ese comportamiento, acogiendo las personas naturales de los países extranjeros, quienes por múltiples y diversos avatares debieron emigrar de sus países de origen. Allí donde históricamente persiste la ausencia de la ética, los principios de la solidaridad y la acción cooperativa entre las clases sociales de mayores y menores ingresos, sea evidencia de una forma de corrupción pública. Porque Costa Rica ha llegado a ser una de “las veinte democracias plenas” dentro de la comunidad de países. Una deseable reputación internacional, lo cual nos impone la voluntad de ir dando vida y continuidad a esa tradición y entereza histórica, por supuesto al buen vivir en cultura cívica participativa. De lo cual se nutre esa solidez de nuestra identidad, la cohesión y la integración sociales, la familiaridad con las demás naciones, pese a los ligeros vaivenes y convencionales alteraciones. A la vez resulta innegable que lo antes dicho ha dado robustez a nuestro Estado de derecho e institucionalidad política, e impulso al progreso social, económico, científico, a la sostenibilidad ecológica, al competitivo capital humano, al ser privilegiada en inversiones las causas de la educación, la salud, las fuentes renovadas del empleo; aunque algunos detractores por allí piensen distinto. VISTAZO AL PANORAMA INTERNACIONAL. Las discordantes alternativas en pugna: "autocracia versus democracia", comportan inminentes riesgos y amenazas, asociados a la seguridad y la estabilidad global, y específicamente al continente americano, los cuales fueron puestos al conocimiento de la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en junio pasado lugar en la ciudad de Los Ángeles-California. Añadida a ese especie de polarización, en la Cumbre se hizo constatación de la complejidad de las corrientes migratorias y de refugiados, producto del estancamiento económico, acelerados ante las frecuentes interrupciones en las logística y las cadenas de suministros, en simultaneidad con el alza del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y de otras materias primas. Joe Biden, el Presidente de los Estados Unidos de América, evitó en la Cumbre desconectarse “de las prioridades geoestratégicas”, de la guerra entre Ucrania y Rusia; las periódicas disputas entre China y Taiwán; el ascenso del autoritarismo; las tendencias iliberales o las contestatarias contra la apertura económica y el libre comercio a nivel global. En el encuentro hemisférico Joe Biden dio a conocer a sus homólogos más de US$ 300 millones en asistencia, dedicados a enfrentar la inseguridad alimentaria, progresar en las iniciativas de preservación de la salud, la educación, la conectividad, la asociación sobre resiliencia climática. Además, hubo de poner énfasis en otros compromisos a favor de los sectores privados (MIGUEL JIMÉNEZ Y LUIS PABLO BEAUREGARD), vinculados a neutralizar el cambio climático. Asimismo, la pobreza mundial, la inseguridad alimentaria, la ausencia de oportunidades, que refrenan la movilidad social; los gobiernos corruptos, la violencia, la persecución o la represión política, los efectos adversos de los desastres climáticos, juntos lograron ocupar un magnífico espacio de tiempo en la agenda de trabajo de la cita de los gobernantes americanos. Tampoco se quedaron atrás los recelos de Washington frente a los desafiantes avances de la China Popular en las áreas diplomática, comerciales, culturales y hasta en la cooperación militar en América Latina y el Caribe, ahora una región políticamente fragmentada. Los estándares democráticos paulatinamente decaen en ella; agudizan las asimetrías sociales, profundizadas por la pandemia del covid-19 y sus bruscas huellas en todos los extremos “societales”. El mosaico de países ubicados al sur del río Bravo (pertenecientes al Sur Global) se ve impactado y decaído “sanitaria y económicamente” (JIMÉNEZ Y BEAUREGARD). Toda vez que llegan a ser un lote de factores que desafortunadamente se transforma en detonante de las expulsiones de seres humanos, así también de los ascensos del autoritarismo, el populismo, de las oleadas antisistema. Con frecuencia las encienden los manifiestos reclamos de las movilizaciones populares y del accionar de diversas formaciones políticas, o bien la propia sociedad civil que les dan forma. LA ASIGNATURA “ESTELAR”. Lo sustantivo del encuentro diplomático de los Presidentes, llevado a cabo en la ciudad de Los Ángeles calzó sobre todo con haberse confirmado el considerable volumen de las inabordables diásporas de contingentes o caravanas humanas, las que corren en dirección hacia los Estados Unidos de América. Ellas se vienen originando principalmente en los países conformantes del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras), Cuba, Haití, Venezuela, estos atrapados por diversos males sociales y serios desgastes políticos. En esas latitudes millones de personas han caído en la pobreza, y la inflación global erosiona el poder de compra de los hogares. A tales expulsiones se suma gente extracontinental en tránsito por la región, sean africanos, asiáticos, entre otras nacionalidades. Eso permitió poner al descubierto las verdaderas e insolubles crisis humanitarias, de las que obtienen amplios réditos las organizaciones del crimen organizado. Con tales complejidades de fondo, esta vez el Presidente Joe Biden en la Cumbre anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que en la Casa Blanca consideran un apremiante y “nuevo acuerdo histórico” - excluye los inamistosos regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela -, encaminado a contener los éxodos de las personas en estado de marginalidad. Biden dió énfasis al fomento en la región´ de la innovación de los sectores público y privado; el impulso y la agilización al comercio y las inversiones; el reforzamiento de las cadenas de suministro; la seguridad energética, la modernización de la infraestructura; el financiamiento al sector privado, todo ello comprendido dentro de los objetivos de la recuperación y el crecimiento del sistema económico de todo el continente americano” (JIMÉNEZ Y BEAUREGARD). A diferencia de la presidencia de Donald Trump, quien se había distinguido en exhibir “el discurso más duro contra la inmigración”, decantado por el nacionalismo y el proteccionismo económico. De paso con él solo predominó la agenda negativa de la migración. Las naciones latinoamericanas y caribeñas fueron ignoradas por el presidente Republicano, provocando, que fuera de eso, se erosionaron los lazos de interdependencia, así como las capacidades políticas de la influencia estadounidense. Según la Casa Blanca, la Alianza de la Prosperidad habrá de comprender la renovación del trabajo de las instituciones económicas regionales, entre ellos los bancos de desarrollo de la región, en particular la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los que se ocuparán de aumentar el financiamiento del comercio y las inversiones, eliminar en tales actividades las trabas aduaneras y facilitar los créditos cooperativos a favor del desarrollo de los países que experimentan las emigraciones (idem), al cabo que su prevalencia se asocia con la exclusión y la desigualdad sociales. Recalcando en las acciones cooperativas, sustentadas en las responsabilidades colectivas y compartidas, en lo tocante a desincentivar o reducir las marejadas de migrantes hacia el norte opulento del hemisferio, los Estados Unidos de América con Biden tampoco se apartó en la Cumbre de las posturas de proteger las fronteras, garantizando “la migración segura y legal”, favorecedora del desarrollo de las naciones receptoras. En la primera parte de este escrito, hicimos comentarios alrededor del fenómeno mixto de las migraciones (y los refugiados) y las distintas manifestaciones de la criminalidad en las naciones de tránsito. – dos de ellos la narcoactividad y el tráfico ilegal de personas - . Combinación focalizada especialmente en algunas zonas fronterizos de México, o en las proximidades del cordón divisorio de los territorios de dicha nación y la estadounidense. Definitivamente, consigue ser el talón de Aquiles en las líneas defensivas de las coordinaciones y colaboraciones mutuas en materia de inteligencia, seguridad y vigilancia. Siendo el anfitrión de la Cumbre, Joe Biden pronunció un contundente mensaje en pro de la democracia, la transparencia y la integridad del buen gobierno, así como el respeto a los derechos humanos. Lo enunciado por él guarda similitud con la visión de política exterior, derivada de la Alianza para el Progreso para con nuestro subcontinente - de quien los últimos gobiernos estadounidense se han desentendido (idem) - . Aquel fue un proyecto expuesto y ejecutado con poco éxito durante la década de 1960. ARRIBO DE UNA SUPERIOR COOPERACIÓN EXTERNA. El éxodo de miles de personas provenientes de diferentes confines del planeta casi siempre pone en condición de alerta a la mayoría de los Estados nacionales; lo perciben como una amenaza a las seguridades nacionales. Con excepción de Costa Rica, la gran mayoría de ellos renuncian a convertirse en plazas de destino de nuevos extranjeros, además de la impopularidad interna (la xenofobia), que tristemente sale a relucir en las sociedades civiles. Asimismo, dada la elevada sensibilidad, trae consigo el riesgo del alto costo político y económico, pagado por los gobiernos, por cuanto las políticas a favor de la inmigración imponen el despliegue de recursos y esfuerzos adicionales, en función de ejecutar acciones institucionales, facilitadoras de “la migración ordenada” y digna (José Andrés Céspedes). En otras palabras, en medio de múltiples responsabilidades nacionales, conforme a la legislación local e internacional, la acogida por parte de los Estados implica el gasto en mayor burocracia institucional, ocupada de la atención de los complejos trámites de documentación de los nuevos habitantes, provenientes del extranjero. A la vista también van comprendidas las tareas de inspección, referidas a salvaguardarles el respeto de los derechos laborales, las normas ocupacionales y ambientales; dotarles de costosos seguros de trabajo; las de garantizarles el acceso a la salud, la seguridad social y los servicios financieros. Sean además los servicios de protección humanitaria que han de preverse, si las circunstancias lo obligan. Cabe subrayar que la experiencia demuestra que desde un principio nacen moribundos la organización y ejecución de la mayoría de los controles, propios de la seguridad policial, cuya función consiste en contener en las zonas fronterizas los ingresos irregulares de personas, tal como lo acaba de advertir el Presidente costarricense Rodrigo Chaves en la pasada Cumbre de las Américas. Al punto que acarrean un innecesario incremento de los presupuestos gubernamentales. Ciertamente, hay que reconocer la evidente estrechez de los recursos presupuestarios y el déficit fiscal afrontado por nuestras entidades gubernamentales, especializadas en la rama de la asistencia de las inmigraciones. La cooperación internacional se equivoca en negar al Estado costarricense mayores contribuciones financieras, porque pertenece a la calificación de repúblicas, colocadas dentro del rango de renta media; eso llega a constituir una razón infundada y un serio obstáculo. Pues le son insuficientes las capacidades suyas, respecto a sostenerse entre los más trabajados en responder solidariamente a la pesada carga que significa la persistente asistencia de los flujos migratorios, específicamente los originados desde Nicaragua. En el caso particular de la cooperación de la Unión Europea, sería conveniente que volcara los ojos hacia Costa Rica, financiando proyectos que, por un lado están alineados con las prioridades de la acción exterior del bloque comunitario, las que podríamos resumir en iniciativas climáticas, sostenibilidad ambiental, digitalización, o en proyectos de PYMES, generadores de impacto social, económico y ecológico en la población (Santiago Martín). PRODUCCIÓN DE NORMATIVA LEGAL. En otro orden, nuestros anteriores gobiernos se habían empeñado en actualizar la ley de migración y extranjería, así también las consecuentes políticas públicas en la materia, hecho que quedó consumado durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010 – 2014). Cabe recalcar que Costa Rica, “una república de 5,1 millones de habitantes, representa el país latinoamericano y caribeño con mayor porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población con un 12 %”. Perfectamente, esa cifra podría subir hasta el 20 % al tomarse en cuenta los migrantes irregulares (Presidente Rodrigo Chaves Robles). De ahí la relevancia de apoyar financieramente a los pocos países, entre ellos Costa Rica, - fuente a su vez de envíos de remesas a Centroamérica sin aplicación de impuestos - , quienes acogen un sinnúmero de migrantes irregulares o refugiados. Es una república, altamente receptiva, que eligió llevar a cabo reformas jurídicas y administrativas en dicho ámbito, igualmente coincidentes con los lineamientos y los objetivos de la Alianza para la Prosperidad Económica, proclamada por Joe Biden en junio pasado. Sobre este particular, nos atrevimos a plantear en la primera parte de este escrito el mecanismo financiero de carácter cooperativo, consistente en dispensar a Costa Rica la usual fórmula, reconocida como “swap” (término inglés). La fórmula consistente en canjear el compromiso de dar más acogida de migrantes, a cambio de la condonación de la deuda externa acumulada, contraída con los organismos financieros internacionales, quienes podrían pactar (el swap) hasta con los acreedores privados internacionales. A raíz de la moderna legislación, acá se instituyeron flexibles pero cuidadosos procedimientos legales, técnicos y administrativos, en aras de gestionar esa penosa manifestación global (la llegada de migrantes y refugiados), semejante a la reciente aprobación de la ley y su reglamento que facilita el ingreso de “los nómadas digitales” - otra modalidad del turismo foráneo -. Ya desde antes se había establecido normativa de avanzada, en lo relacionado con la regularización del poder de la migración laboral, tan necesaria en nuestra economía productiva de bienes y servicios; tan colaborativa en los métodos de productividad del trabajo, puesto que ese segmento poblacional constituye un motor del desarrollo “en un lugar seguro”, ajeno a las turbulencias sociales. Sin los aportes de los allegados, ya hubieran colapsado varias economías regionales, y no pocos sectores de la producción nacional, ya que se ha agravado el aumento del envejecimiento de la población nativa, lo mismo que la ralentización en la tasa de natalidad. Debido a la cooperación del sector privado, quien es un participante activo y constructivo alrededor de la modernización de las leyes y los reglamentos, por ello se ha conseguido elevar el grado de idoneidad de los mecanismos de contratación de las personas extranjeras dentro de la economía formal. Tal cual, sin menospreciar la economía informal. QUÉDATE MEJOR EN COSTA RICA. En una siguiente versión acerca de este tema de la informalidad empresarial y laboral, que por ahora poco ocupa nuestra atención, intentaremos posteriormente ofrecer argumentos positivos acerca del tipo de trabajo informal, del cual se benefician el comercio local, la agricultura, las exportaciones, el turismo, las obras de infraestructura, los trabajos manuales, la cultura, el deporte, etcétera. Sobre este respecto, con base en leyes visionarias se perfilan los planes futuros, relacionados con “el sostenido dinamismo económico” de las regiones costeras, rurales y fronterizas; al igual que otras actividades económicas (Coalición de Iniciativas para el Desarrollo – CINDE) que en tales zonas podrían operar. No sobra subrayar las acciones todavía pendientes, dirigidas a determinar cómo los trabajadores inmigrantes admitidos, pueden ayudar a llenar las brechas laborales existentes y emergentes en la nueva economía del conocimiento (José Andrés Céspedes). En tanto, es correcto reconocer en Costa Rica el valor poseído por la economía digital (la conectividad). La gente en los modelos de producción de última generación encuentra constantes ofertas de empleo, a causa del déficit de talento (Santiago Martín; Javier Escalante Madrigal) existente acá. La digitalización tiende velozmente a predominar en los sectores de los servicios público, privado, corporativo transnacional (zonas francas, parques industriales y tecnológicos, etcétera), lo mismo que en los hogares. Lo expuesto en el párrafo anterior resulta compatible con el objetivo de respaldar la continua y creciente inversión directa nacional y extranjera registrada, pues agrega valor a nuestra economía. Por lo pronto hay que contemplar el hecho de abrirles oportunidades dentro de los programas de formación del talento y “capital intelectual” a las personas inmigrantes y refugiadas, incluidas las mujeres de dicho conglomerado. Con esto en mente, en este grupo de extranjeros se promovería la educación, la formación técnica y profesional, el bilingüismo, “la cultura emprendedora” (Nuria Marín Raventós). Procesos de enseñanza y aprendizaje que concuerdan con las demandantes exigencias de las empresas competentes en los proyectos y los objetivos de investigación, innovación y soluciones, unidos a las áreas tecnológicas y científicas. Justamente, ese conjunto de acciones pragmáticas representa uno de los principales ejes de los avances en el conocimiento a las vistas a la producción, la riqueza económica de los Estados nacionales, consustanciales al bienestar y el progreso de los habitantes, tanto nativos como extranjeros. La noción de impulsar mayúsculos conocimientos, habilidades y destrezas en la fuerza laboral, proveniente de otras naciones, se orientaría a insertarla en las estructuras ocupacionales de las unidades empresariales, quienes registran “superior sofisticación y complejidad”. Lo dicho conlleva los objetivos nacionales de reducir los niveles de pobreza, puesto que esas unidades altamente especializadas conceden a los servidores calificados mejores ingresos salariales y bonificaciones, a ser destinados al consumo y al ahorro propios. De manera atinada y apegada a los principios humanitarios de la solidaridad internacional, ahora en la actual administración gubernamental se valora la puesta en práctica de la declaratoria de la amnistía migratoria (Marlen Luna; Reuters) - varias veces aplicada años atrás -. Posiblemente, dicha política pública no establecería requisitos de nacionalidad, por cuanto se perseguiría resolver la cruda realidad del elevado e inmanejable volumen de solicitudes de refugio, incluida la regularización de los extranjeros indocumentados, inclusive. Lo acaba de señalar bien el Presidente costarricense al probar lo poco eficaces que son las draconianas "estrategias de control migratorio, aplicadas, según ellas, para detener el ingreso irregular, mientras se descarte el otorgamiento simultáneo de alternativas legales para estas personas. O en su lugar que sean robustecidos los sistemas de protección humanitaria para los que necesitan refugio. De ningún modo, en nuestras experiencias de nación receptiva se ha renunciado al tipo de alternativas legales y políticas, de las que hace mención el actual mandatario. Aun mejor, él ha expresado su determinación de darles continuidad, reforzando lo ya establecido a nivel político e institucional, lo que tanto prestigio y confianza internacional le ha deparado a nuestra nación. Es una correcta directriz que se iguala con nuestros logros y las contribuciones, acumulados en la preservación de los bienes públicos globales (Kent Harrington) - la paz, el medioambiente, la seguridad internacional o la salud y la estructura sanitaria global. Podríamos asegurar que el tratamiento humanitario a la inmigración trasciende en prestigio internacional, en compañía de nuestras políticas de conservación y protección de la biodiversidad, enlazadas con las economías verde y digital. Las cuales son bien valoradas dentro de las propuestas sustanciales y cruciales para afrontar el cambio climático, ya que se decantan por la vía del desarrollo humano sostenible. Continúan siendo los globalizados fenómenos migratorios, parte de las asignaturas álgidas y reiterativas en las relaciones exteriores de la mayoría de los Estados, cuyas soluciones reales por parte de las distintas esferas, sean las políticas bilateral y multilateral, están bastante lejos de adquirir consenso. Los resultados resultan hasta controversiales. Ni tan efectivos llegan a ser y tampoco del agrado de todos los involucrados, dado su incontenible curso y carácter exponencial, irrefrenables. A manera de resultados apenas producen un ligero alivio a los Estados nacionales dentro del cúmulo de las presiones regulares que de distinta índole deberán afrontar, más cuando los peligros sanitarios, arrastrados por la pandemia del covid-19, todavía no han sido aplacados. Ante lo comentado, en esta ocasión pedimos a ustedes comprender las limitaciones manifiestamente contenidas por ambos escritos, redactados por este servidor. A la postre, y bajo el legítimo principio “del derecho a no emigrar”, recordaré un refrán a los costarricenses, en especial, los que piensan, en condición de migrantes irregulares, fijar como destino las repúblicas del rico Norte Global. Él dice así: “ Es preferible ser cabeza de ratón que cola de león”.

SÍNTESIS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA DEL PROBLEMA DE LA FALTA DE RESOLUCIÓN, EN LO CONCERNIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRÁNSITO A EXTENSIÓN LONGITUDINAL EN LA REGIÓN INDÍGENA DE PUNTA BURICA, PERTENECIENTE AL CANTÓN DE GOLFITO, PROVINCIA DE PUNTARENAS. Autor: Ronald Obaldía González

SÍNTESIS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA DEL PROBLEMA DE LA FALTA DE RESOLUCIÓN, EN LO CONCERNIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRÁNSITO A EXTENSIÓN LONGITUDINAL EN LA REGIÓN INDÍGENA DE PUNTA BURICA, PERTENECIENTE AL CANTÓN DE GOLFITO, PROVINCIA DE PUNTARENAS. Autor: Ronald Obaldía González Con la regularidad del caso, el Estado costarricense ha abandonado el imperativo y la prioridad de fortalecer la conectividad y la seguridad pública, el mejoramiento de las rutas de tránsito, puentes y otras obras en la aislada y totalmente incomunicada Reserva Aborigen de Punta Burica - una franja de tierra de más de 40 kilómetros de extensión - , ubicada en el cantón de Golfito-Puntarenas, en el extremo sur oeste del territorio nacional, en la zona limítrofe con la República de Panamá. En vista de la ausencia de una ruta de tránsito, la comunidad aborigen que habita dicho territorio, con innumerables obstáculos migratorios deben ingresar al territorio de Panamá con tal de entrar a Costa Rica, su nación de origen. Aparte de que el Estado nacional ha abandonado sus obligaciones de ejercer plenamente su soberanía en esas tierras, incumplimiento agudizado ante la imposibilidad de ingresar allí por mar, aire y tierra. Humillaciones y hasta sobornos (incosteables) practican las autoridades policiales panameñas a nuestros aborígenes. En tal reserva indígena habitan poco más de 4.000 personas, pero a pesar de tener cédula costarricense, el Estado les ha fallado, las mantiene en estado de pobreza extrema y desprotección casi total, ya que no tienen acceso a servicios básicos – unidades de salud y energía eléctrica, policía, telefonía, mucho menos Internet, etcétera. Esto producto de las complicadas o peligrosas condiciones geográficas que la caracterizan. Apenas una de sus comunidades, llamada Alto Comte, cercana a las vías nacionales y cantonales posee una ruta de tránsito aceptable, es la más avanzada en cuanto a desarrollo humano. Todos los gobiernos han incumplido las promesas de dotar a la comunidad aborigen de la ruta terrestre, aunque fuera con un mínimo de infraestructura, a efecto de tener comunicación directa con las poblaciones de los cantones de Golfito y Corredores, a pesar de haber de por medio un mandato, emitido el once de enero de dos mil trece por la Sala Constitucional costarricense, el cual obliga a varias instituciones del Estado a proceder de inmediato con el levantamiento del camino, tomando como base el que hay por ahora: vulnerable, insalubre, riesgoso, extremadamente inestable; construido a través de los tantos años por los propios pobladores. Cabe subrayar que hechas las consultas indígenas de rigor, esa comunidad originaria aprobó el proyecto de la vía. A través de múltiples reuniones de trabajo entre funcionarios de distintas instituciones, fueran el Ministerio de la Presidencia, INDER, IFAM, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Municipalidad de Golfito, la Asociación de Desarrollo Indígena de Punta Burica (ADI) se redactaron distintos documentos técnicos en junio del 2019, lo cual ofreció como resultado la aprobación de un proyecto de “Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto denominado: “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a Punta Burica”, con el propósito de que específicamente el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) cooperara con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En un principio hubo anuencia por parte de los asesores del Despacho del Ministro del MINAE en tramitar el Proyecto de Declaratoria de Conveniencia. Pero luego, ambigua e inexplicamente, y con desorden y lentitud burocrática, otros funcionarios de dicha entidad comenzaron a dificultar y entrabar la labor del grupo de trabajo interinstitucional, redactor del texto de la Declaratoria antes mencionado, imponiendo requerimientos dudosamente legales y técnicos, imposibles de cumplir por los escasos recursos de la Municipalidad de Golfito; además de la inaccesible y peligrosa geografía de tal región, lo cual impide cualesquier estudios profundos de campo forestales, suelos, socioeconómicos y demás. Tómese en cuenta que tales estudios los realizó también el Grupo de trabajo, de acuerdo con las posibilidades y limitaciones existentes. Dicho sea de paso, con la vista puesta en la prioridad del Estado costarricense de poner en marcha lo concerniente a la flexibilización y agilización de los trámites burocráticos, a efecto de impulsar emprendimientos, en este caso la ruta de tránsito, consustanciales al desarrollo humano total de una población originaria. Los funcionarios del MINAE, entre ellos mismos irónicamente se contradecían, y bajo argumentación intransigente, redundante, poco colaboradora; con falta de sensibilidad y comprensión de los principios de bienestar social; desentendidos de las complicadisimas realidades de Punta Burica, terminaron descartando por completo el proyecto del texto de Declaratoria. En sus débiles “sugerencias” desatendieron – por no decir oposición - el conocimiento primigenio de los indígenas en materia de cultura ancestral de la protección y la conservación del medio ambiente, su amor y cuidado por su Reserva, superiores a los de cualquier técnico de escritorio. Le dieron la espalda a los Convenios Internacionales a favor de los pueblos originarios, es decir, al carácter de la autonomía legal de una Reserva Indígena. CABE RESALTAR QUE, EN PRIMERA INSTANCIA, EL PUEBLO DE PUNTA BURICA LO QUE ESTÁ DEMANDANDO ES UN MÍNIMO DE RUTA, TAL CUAL LE PERMITA SOBREVIVIR EN MEDIO DE LA SELVÁTICA GEOGRAFÍA, PUESTO QUE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, RESPONSABLE DE LOS FUTUROS TRABAJOS, CARECE DE MAYORES RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, EN ARAS DE LEVANTAR UNA OBRA DE ENVERGADURA SUPERIOR. NI ESTO LO ENTIENDEN LOS FUNCIONARIOS DEL MINAE. Asimismo, dichos funcionarios ignoraron el hecho de que el trazado de la ruta provisional cuenta con el correspondiente código vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo que según las decisiones de anteriores Ministros del MINAE hacen innecesarios los tales estudios exigidos, pasados de la raya. Con todo, el Grupo de Trabajo los presentó a como lo permitieran las condiciones. A diferencia de los del Ministerio de Ambiente quienes interpretaron a su inconveniente manera la propia Resolución de la Sala Constitucional de enero del 2013, con la cual se habría de FACILITAR la pronta publicación del Decreto de Declaratoria en cita y luego proceder con las obras de la ruta de tránsito demandada. Obra, la cual es vital para elevar sustancialmente la calidad de vida de gente históricamente ignorada, socialmente abandonada y marginada. Desafortunadamente, las autoridades del Ministerio de la Presidencia del pasado Gobierno después se pusieron al lado de los funcionarios del MINAE. Bajó el nivel de su interés y compromiso, lo que hizo el camino más empinado, a la vista de hacer realidad la ruta de tránsito que ocupa nuestra atención. Habida cuenta del panorama negativo, obstaculizador y sin justo criterio acerca de la concreción del proyecto de la ruta de tránsito de Punta Burica, se pensó entonces en otra alternativa legal de solución, sabiendo que la Municipalidad de Golfito contara con la decidida disposición y MODESTOS recursos materiales y financieros, en respaldo de los trabajos de construir UN MÍNIMO RUTA DE TRÁNSITO. En razón de lo anterior, Sandra Chanto Quesada y el suscrito Ronald Obaldía González, en noviembre del 2020 interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra la ministra del Minae, Andrea Murillo, y el Estado costarricense, por oponerse, o entrabar al extremo la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto denominado: “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a la Reserva Indígena”. Parcialmente convincente fue el resultado de la Resolución del 28 de mayo del 2021 de la Sala Constitucional alrededor del Recurso de Amparo presentado. Hubiéramos deseado que se decidiera, cuanto antes, hacer realidad la vía terrestre, a fin de superar el estado de pobreza de la gente de dicha Reserva Indígena. Inesperadamente, el peso desfavorable de la resolución recayó en la Municipalidad de Golfito. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no fue sancionado por la Sala Constitucional, siendo esa la entidad del Poder Ejecutivo, la responsable de las inconcebibles trabas de ninguna forma cooperativas, acompañadas de “criterios” discordantes con las condiciones geográficamente adversas, las que conlleva el proyecto de MÍNIMA OBRA, sean por las razones que hemos venido exponiendo. Finalmente, los funcionarios del Ministerio en cita, todavía continúan reiterando su proceder obstructivo, insensible y escasamente colaborador, haciendo observaciones redundantes y poco convincentes a los recientes estudios ambientales, contratados de forma privada por la Municipalidad de Golfito, lo cual representa un elevado costo financiero. Recursos que más bien podrían ser reasignados a la impostergable obra de la ruta de tránsito, la que tanto anhelan nuestros hermanos mayores de Punta Burica.

ASPIRAR A UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS (Primera parte). Autor: Ronald Obaldía González.

ASPIRAR A UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS (Primera parte). Autor: Ronald Obaldía González. En nuestra época hemos venido constatando peligrosos factores de riesgo en el modelo de la globalización, o “la desglobalización”, denominada así por varios comentaristas en vista del avance de los nacionalismos proteccionistas, conexos a las disputas comerciales entre las grandes potencias. Sea también la compleja reiteración de las desafortunadas turbulencias económicas, ahora sofocadas ante el incremento de las tasas de interés: la medida de contención de los Bancos Centrales frente a la espiral inflacionaria, la que perniciosamente se diluye en estanflación, tal cual se caracteriza por el aumento de los precios de los bienes y servicios, aparejado con la baja oferta productiva, esta vez en curso a nivel mundial. La mayor vulnerabilidad, a causa de tales perturbaciones en las relaciones políticas, económicas y comerciales del orbe, recae en las clases sociales de inferiores ingresos y las postergadas; pues el aumento del costo de la vida resultante ahonda los desequilibrios al interior de las sociedades. Agravan el entorno global las crecientes amenazas acerca del cambio climático, en cuenta los recurrentes desastres, la inseguridad alimentaria, además de la pérdida de biodiversidad, a pesar de la conciencia existente de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Lo último, ciertamente, una tarea engorrosa que habrá de consumir varias décadas a fin de hacerla realidad. Y cuya urgencia se pone de relieve al prolongarse la guerra entre Rusia y Ucrania, por cuanto se interrumpen las cadenas del suministro de los energéticos, con su consecuente subida de los precios, al igual que de otras materias primas, entre ellas los fertilizantes y los alimentos. La propagación de las enfermedades pandémicas y las frágiles estructuras sanitarias de varios Estados, incapaces de afrontarlas, forman ya parte del eslabón de los significativos riesgos y amenazas. EL PRINCIPIO DE LAS MIGRACIONES IRREGULARES. Añadimos a los hechos arriba subrayados, la marginalidad, las desigualdades o las brechas sociales, económicas y culturales, amparadas por gobernantes autoritarios, corruptos, sometidos a determinadas élites. Detonantes en sí mismos del descontento popular y la violencia política, incluso hasta de la criminalidad organizada, cuya evidencia empírica, bastante cercana, la hallamos en el Tríangulo Norte del istmo centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras), Nicaragua, así como en México, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití, otras latitudes del continente americano, al mismo tiempo en cuenta Asia, África. Al ritmo de las funestas experiencias, cabe señalar a Alejandro Giammattei, Nayib Bukele y Daniel Ortega, quienes “están desmantelando activamente la democracia liberal y fomentando la corrupción, empobrecedora de los pueblos”; así se crean las condiciones que conducen a más desplazamientos de gente hacia regiones, superiores en rentas y desarrollo humano (Walter Isaacson en CNN). En razón de lo anterior, y a efecto de desincentivar los desplazamientos humanos, la cooperación externa escoge aliados confiables. Por eso sigue optando por movilizar las agencias internacionales, la inversión del sector privado (nacional y extranjero) y demás organizaciones de la sociedad civil, participantes en las iniciativas acerca del control y el ordenamiento de las migraciones, aplicadas normalmente en los países de origen. Allí mismo, donde los gobiernos nacionales dan lugar a la expedición de las personas naturales o oriundas, exponiéndolos a ser luego estigmatizados “en el conjunto de las nuevas amenazas”, manifiestas en las plazas de acogida. En los factores de riesgo, acumulados a nivel doméstico de los Estados Nacionales, sus consecuentes repercusiones negativas, que se extienden hasta la esfera internacional, palpamos dolorosamente el fenómeno del resurgimiento de las constantes, desordenadas e incontrolables dispersiones de muchedumbres de personas, también motivo de enormes tragedias humanitarias, de las que son víctimas los niños y las mujeres. A decir verdad, una cuestión altamente sensible, “dificil de abordar”, la que se perfila en responsabilidad política para el capitalismo maduro de la Unión Europea y la Administración de Joe Biden, en conjunción con los subdesarrollados países emisores: socios ambiguos e insinceros en el renglón “sospechosamente cooperativo”. De los Estados “despachadores” de seres humanos parten regularmente las caravanas de migrantes hacia la frontera entre México y el sur de los Estados Unidos de América. En un panorama no menos diferente, la otra congregación de excluidos en ruta al continente europeo, hace uso de las mortales aguas del mar Mediterráneo, “suponiendo que todos sus miembros llegarán e ingresarán” al destino fijado. Son reveladores los relatos de los grupos humanos que, provenientes de las naciones del “Sur Global”, en esta coyuntura castigadas económica y sanitariamente por el covid-19, abandonan su lugar de origen. La inequitativa distribución de los ingresos nacionales, la ausencia de oportunidades laborales, la prevalencia del racismo, las guerras inconclusas, la violencia convencional o del crimen organizado, las consecuencias de los desastres, se registran entre las raíces principales de tales diásporas, entre complicaciones que nos cansaríamos de enumerar. Por eso, ellos se ven impulsados a encontrar, en otros destinos geográficos, la seguridad y la protección personal, nuevos horizontes, superior calidad de vida y empleo, todo ello negado por quienes desde el poder político y económico nacionales, deberían estar obligados a expandir, con especial compromiso por las poblaciones históricamente vulnerables y desfavorecidas. Por el contrario, la indiferencia social de dichos gobiernos y poderes (antidemocráticos) los mueve a ser permisivos con las emigraciones, las que arrancan desde de sus naciones. De este modo se dispensan de dar decidida solución a la pobreza, la frustración de los habitantes; por consiguiente así se reduce el desosiego y las tensiones, provocadas por los movimientos populares. Dicho sea de paso, los Estados recibientes habrán de asumir las responsabilidades de la seguridad y la protección social de la gente foránea, cuyos costos de prestación correrán por cuenta de los presupuestos locales, frecuentemente insuficientes, en lo concerniente a satisfacer la variedad de los servicios públicos requeridos. RECHAZADOS Y DEPORTADOS. Particularmente, en nuestro hemisferio, Estados Unidos de América Europa, en menor grado Costa Rica y ciertas repúblicas suramericanas constituyen las preferidas plazas de destino de las personas que emigran. En condición irregular, o sea indocumentados, ingresan (o intentan ingresar) a dichos territorios, los cuales a través de las últimas décadas se convirtieron en genuinos países receptores, en función del peregrinaje de tales personas empobrecidas (o perseguidas). Enseguida, en la condición de inmigrantes (regularizados o no) tendrán que soportar el calvario de las presiones políticas y las manifestaciones de disgusto, derivados del hostil y vertiginoso nacionalismo xenofóbico; posiblemente de la reaparición del neofascismo en el caso de Europa. En aras de sobrevivir, habrán de reconocer y luego integrarse, en medio de dificultades, a conglomerados humanos diferentes, en lo que respecta a cultura, costumbres e idiomas, etcétera. A diferencia del objeto de “la fuga de cerebros”, sea la gente altamente educada que sale de su país, pero con buenas probabilidades de realizarse en el extranjero en amplia prosperidad; la realidad de la mayoría de los emigrantes meridionales es diametralmente distinta, pues en su mayoría carecen de una aceptable formación educativa y capacitación laboral. Razón por la cual se desempeñarán en trabajos de bajo nivel de complejidad, desdeñados por la población nativa de las naciones de llegada. En su defecto, habido desempeño oficial de las autoridades coercitivas, una voluminosa cantidad de migrantes terminarán siendo detenidos y expulsados de forma expedita, sin procesos legales (llámese deportaciones), hacia los países de donde provienen. En cuanto a nuestro continente, los afectados casi siempre tendrán en mente reingresar (a los Estados Unidos de América), burlando con suma frecuencia los controles policiales y aduaneros, instalados en las fronteras; pese a poder convertirse en mártires de los numerosos peligros, en particular el tráfico y trata de personas, los secuestros, o perder la vida, los más comunes en sus odiseas. Tampoco lo mencionado limitará los ingresos irregulares de las personas. Por cualesquier políticas contra la entrada de indocumentados (o levantamiento de muros fronterizos) aprobadas y practicadas, habrán de nacer moribundas. Dificilmente se podrá detener un fenómeno intrínseco a la dinámica de “la aldea global”, aparte de que se tornan en intrigantes, por cuanto lastiman, de forma inconveniente, los vínculos entre las naciones emisoras y las de acogida. Asimismo, líneas arriba dimos a conocer “los conocidos colectivamente como el Triángulo del Norte”, es decir, de los Estados centroamericanos, a corta distancia México, emisores de miles de migrantes, los cuales “resultan a la vez un punto de tránsito clave para aún más viajeros irregulares”, dispuestos a acercarse a la frontera sur “con la esperanza de reubicarse” en el territorio estadounidense. Si alcanzan a entrar (los indocumentados) al privilegiado espacio “del sueño americano”, con seguridad, o probablemente, si la fortuna los acompaña, se expondrán a explícitas y severas demostraciones de fuerza institucionalizadas. Esas quizás menos indignas, que las medidas draconianas antiinmigratorias, impuestas por el mandatario Donald Trump en la Unión Americana – imitadas durante este mes por la Gran Bretaña en contra de una comunidad de africanos (BBC de Londres) -. Las cuales, a pesar del repudio mundial generado, pueden recobrar fuerza en caso de triunfar el magnate republicano en las próximas elecciones presidenciales, según lo prevén no pocas encuestas de opinión. ALTERNATIVAS FRENTE A LA COERCIÓN. Nos hemos alejado, de forma inapropiada, de la razón del título sugerido a nuestro escrito; en tanto que hemos omitido la sensible cuestión del tratamiento humanista en lo tocante a las migraciones. Reparamos el error, reconociendo que el sesgo de un presunto chovinismo constantemente influye en nuestras opiniones. Ni en esta oportunidad hacemos excepción. A las sociedades democráticas, pluralistas y abiertas al mundo casi que se ven obligadas a diferir de lo que negativamente es usual en la mayor parte de los Estados nacionales. Por lo tanto, haremos referencia de Costa Rica, pues, de acuerdo con su tradición, ha descartado a renunciar al propósito de acoger un gran número de migrantes o refugiados. A nuestro humilde entender constituye una población (de llegada) que tiende a ser un factor de desarrollo y de captación de talento y variadas capacidades a favor del sistema económico y productivo y de nuestras instancias culturales. Al cabo que en la experiencia costarricense se llegaría a subsanar lo ocurrido en dos riesgosos y graduales procesos socioculturales: el envejecimiento y la reducción de la tasa de natalidad, todo lo cual incide negativamente en la solidaridad intergeneracional de los fondos de pensiones (MIDEPLAN). El anuncio de Joe Biden, el Presidente de Estados Unidos de América en la Cumbre de las Américas, celebrada en junio de este año, en el sentido de invertir casi US$ 2.000 millones para atender las complicaciones de la migración en Centroamérica, coincide a cabalidad con la tesis costarricense, en cuanto a la urgente y grave necesidad de captar recursos financieros, derivados de la cooperación y la asistencia internacional, a fin de emplearlos aquí en la acogida y atención de nuestros inmigrantes. De la oferta del Presidente Biden, bien podria Costa Rica sacar provecho. Convendría plantear el mecanismo de intercambio cooperativo, conocido como “swap” (en inglés), el cual consistiría en canjear el compromiso de dar más acogida de migrantes, eso sí de manera racional y balanceada, a cambio de la condonación de la deuda externa, contraída por nuestro país con los organismos financieros y del ámbito del sector privado internacionales. Valga la pena tomar la palabra al presidente Rodrigo Chaves en su discurso en la pasada Cumbre de las Américas, al solicitar, de manera oportuna, a los cooperantes externos mayor respaldo “económico para atender en Costa Rica las poblaciones migrantes y de refugiados”. CONVENIENTES DE LA MIGRACIÓN. Al haber acá un déficit de talento, dichas poblaciones (incluimos a una parte de los migrantes latinoamericanos, ucranianos, africanos y asiáticos (en tránsito hacia los Estados Unidos de América) que, dependiendo de los conocimientos, las capacitaciones y las destrezas demostradas, al igual que la calificación de los antecedentes penales, podrían ser absorbidas en el mercado del empleo de la economía verde y digital. Empleos ofrecidos tanto por las compañías de servicios y de alta tecnología, las cuales operan en las zonas francas costarricenses, al igual esas personas les interesarían a las empresas de los sectores industrial, rural agropecuario y ecológicos turísticos, entre otras actividades. Múltiples programas de economías productivas y sostenibles, a favor de los inmigrantes y nacionales, podrían planearse y ejecutarse en las zonas rurales, costeras, fronterizas, dirigidos por la propia inversión nacional o extranjera – lo facilitaría la reciente ratificación de la Ley del Régimen de Zonas Francas -. En diversos planes de desarrollo y de sostenibilidad podrían ser parte activa las “empresas de autogestión” (Carlos Manuel Echeverría Esquivel), las cooperativas, los nuevos asentamientos o colonias agroindustriales, las industrias turísticas, bajo el financiamiento inicial de la cooperación y la inversión extranjera, comprometida con el fenómeno de las migraciones. Nuevamente, se podría en práctica un proyecto ambientalmente sostenible, semejante al del gobierno del Presidente José Figueres, relacionado con la ampliación de la frontera agrícola. El que precisamente dio lugar a la creación del próspero cantón de San Vito de Coto Brus (antes llamado San Vito de Java), cuando en la década de 1950 un grupo de migrantes italianos fueron acogidos en nuestro país, siendo ellos, junto a los campesinos locales, artífices ahí de la entonces iniciativa demográfica y productiva gubernamentales. En circunstancias históricas distintas, el apogeo social y económico de las zonas bananeras, localizadas en el Caribe y la región sur-sur obedeció a los aportes y contribuciones de los trabajadores y cultivadores centroamericanos y jamaiquinos, entre otras nacionalidades. Esta gente hubo de superar las adversidades geográficas, en aras de generar riqueza y fundar ciudades, donde miles de habitantes hacen hoy su vida normal. En este mismo orden, valga citar las positivas experiencias de la región cafetalera de Los Santos (San José), la cual da abrigo y trabajo a cientos de indígenas provenientes de Panamá, en lo cual la productividad del cultivo del grano ha salido favorecida. Costa Rica tiene en su haber una avanzada la Ley General de Migración y Extranjería (2009), la cual le otorga facultades al Consejo de Migración en dictar políticas públicas en materia migratoria, sustentada en los postulados universales de los derechos humanos y los convenios internacionales. En este sentido y dada nuestra positiva reputación mundial, continuemos reafirmando nuestro comportamiento cívico y solidario, en lo respecta a acoger y aceptar, de manera regulada, las personas, provenientes de los distintos rincones de la Tierra, con la vista puesta de llegar a dar enormes réditos a nuestros sectores educativo, económico productivo (empresarial y laboral), académico- científico, cultural y deportivo. Al cierre de este escrito, además tengamos presente en las conciencias individual y colectiva, que el Artículo primero de nuestra Constitución Política, define que: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. Basta para evitar equivocaciones y antivalores que abundan en las civilizaciones, acostumbradas a discriminar y agredir la gente, carente de casi la totalidad de recursos materiales y psicosociales, cuya subsistencia va más allá que una ruta empinada.

UN BALANCE SATISFACTORIO PARA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO QUESADA (COSTA RICA, 2018 - 2022). Autor: Ronald Obaldía González

UN BALANCE SATISFACTORIO PARA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO QUESADA (COSTA RICA, 2018 - 2022). Autor: Ronald Obaldía González Superados de forma gradual los impactos de dos años de la pandemia del covid 19, a través de los efectos positivos de la vacunación, exitosamente llevado a cabo en Costa Rica, con todo y ello las perspectivas económicas mundiales en el curso del segundo semestre del 2022 auguran complicaciones a los países emergentes y a los en vías de desarrollo, debido al incremento de las tasas de interés en los países de alta renta, destinado a contener el aumento de la inflación global, percibido desde la segunda mitad del 2021. La tasa de política monetaria de Costa Rica subió un 4%, lo cual implicará que las tasas activas del sistema bancario (para el crédito) se eleven entre el 2% y 2,5%. De paso se reducirá el consumo de bienes y servicios; así se evitará una superior inflación doméstica, la cual posee un comportamiento alcista durante el presente año. La tasa de política monetaria (TPM), es la tasa de “interés objetivo” para las operaciones interbancarias que el Banco Central costarricense procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria, sean las operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósitos. Al ser incrementada la TPM por el ente emisor, tal decisión llega a diferir de las políticas expansivas, lo cual alentó la recuperación de la actividad económica tras los efectos pandemia, enfermedad que acarreó “shock” sobre todas las estructuras sociales, productivas y sanitarias nacionales. La flexibilización de las medidas financieras provocó el desplazamiento del consumo desde servicios hacia bienes (Banco Central de Costa Rica), tal cual se experimentó en el pico de la enfermedad del covid-19, cuando a la vez se alentó el crédito y el gasto en transferencias sociales, cuya reiteración es imprescindible frente a la inminente alza en el precio de los alimentos, las materias primas, la energía, producto de la guerra en Ucrania. CONDICIONANTES EXTERNOS. La invasión de Rusia a Ucrania y la escalada militar (un episodio geopolítico), el nuevo confinamiento en China, frente al rebrote del covid 19, vienen deteriorando los términos de intercambio al interrumpir las cadenas de producción globales, se elevan los costos del transporte marítimo. Todo ello son factores que inciden en el incremento de los precios de los fertilizantes, los granos básicos, los combustibles y demás materias primas. Razón por la cual, el Banco Central de Costa Rica realiza esfuerzos posibles por contener la inflación - equivalente a un impuesto a la gente de menores ingresos - , al igual que las presiones sobre el tipo de cambio y la fuga de capitales. Cabe señalar que la inflación y el tipo de cambio son variables que perjudican el bienestar de los ciudadanos. En el caso particular del aumento del tipo de cambio, ello probablemente obedezca a la presión por la venta de dólares a las instituciones públicas (RECOPE, entre ellas), sea para cubrir la factura de importación de combustible y derivados, los que han tenido un repunte del precio entre el 40% y 50%”. La baja en los mercados del petróleo dependerá de la duración y la profundidad del conflicto entre Rusia y Ucrania (Norberto Zúñiga). Mientras tanto Costa Rica se verá obligada a hacer más uso de su acopio de divisas, a fin de poder pagar las facturas petrolera y las de la importación de varias materias primas. A nivel mundial se viene experimentando “la crisis encima de otra crisis”. Sin embargo es incorrecto lanzarse a la premonición de “una recesión global”. Sí se prevé un endurecimiento de la política monetaria y puede desacelerarse el ritmo del incremento económico mundial (Banco Mundial; Banco Central de Costa Rica; La Nación, 29 de abril del 2022). A manera de lección se ha puesto de relieve que Europa registra ya efectos negativos al subir los precios en los mercados petroleros, lo que habrá de trastornar el dinamismo de las exportaciones de las naciones meridionales hacia a ese poderoso consumidor de bienes y servicios, por cuanto los europeos son sumamente dependientes de los energéticos (se encarecieron), suministrados por la Rusia de Vladimir Putin, esta vez sancionada comercial y financieramente por Occidente. Un fenómeno desfavorecedor de la actividad del comercio internacional en el actual contexto de guerra en la Europa Oriental, la cual en otro orden empeora la circunstante devaluación del sistema multilateral, regido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante lo citado, probablemente nuestro Banco Central deba de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento productivo de este año, a diferencia del 2021 en el que se apreció un aumento “récord” del Producto Interno Bruto (PIB), a un nivel del 7,8%. Tampoco significa que, con este delicado panorama, se renuncie a la creatividad y el impulso al servicio de los mercados de exportación, los que agregan amplios réditos y utilidades a todos los sectores productivos. Nuestra nación tiene como rasgo destacado el ser una economía abierta e interdependiente del comercio internacional, por lo que es imperativo afianzar la confianza y la preferencia de nuestros socios comerciales, los inversionistas y del sistema multilateral a favor nuestro (Manuel Tovar). LA VERSIÓN EXITOSA. Con base en la receptividad del gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada a favor de la inversión extranjera (IED), el respaldo al régimen de zonas francas, la constancia y la acuciosidad de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), así también la solidez del sistema de salud, equiparable o superior al de las naciones desarrolladas, nuestro país conquistó en el 2022 el primer lugar mundial en inversión extranjera directa per cápita entre 84 naciones evaluadas. En cuanto al logro como tal, según la revista internacional “fDi Intelligence”, nuestro país alcanzó el mayor índice GPI (Greenfield Performance Index) “con una puntuación de 11,4”. La consolidación fiscal y la resiliencia nacional frente a la pandemia fueron determinantes, cuyos beneficios se reflejan en la recuperación del empleo, fuente de bienestar social, teniéndose presente la prevalencia del elevado desempleo, el cual arriba al 13,3% en este año. Costa Rica ha hecho lo mejor en materia de captación y diversificación de inversiones extranjeras directas (IED), generadoras de conocimiento científico, tecnológico y ocupación laboral. Ha habido concentración “en elementos diferenciadores”, los cuales forman parte de sus fortalezas y ventajas competitivas, a saber, nuestra estabilidad e institucionalidad democrática, legitimada nada menos con nuestra incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Reputaciones provechosas, las que se asocian con el buen desempeño de la economía libre de mercado”, los avances en la educación y la economía digitalizada, la formación de la mano de obra calificada, en cuenta la educación dual, el desarrollo del talento humano, el respeto al imperio de la ley o la seguridad jurídica, “el set de clústeres empresariales” aquí establecidos. Igualmente, ha cobrado fuerza “la nueva marca del país”, concordante con el “nearshoring”, dada nuestra privilegiada ubicación geográfica en dirección al mercado estadounidense, canadiense y europeo (Manuel Tovar). A lo antes citado, sumemos “nuestra trayectoria de sostenibilidad ambiental, impulsora de “la política verde”, configurada por la conservación y la protección de la diversidad de la naturaleza, la descarbonización de la economía, el uso de energías renovables, limpias, así como la mitigación de las consecuencias del cambio climático (los desastres), entre múltiples compromisos ambientales asumidos por nuestros gobiernos, específicamente los contemplados en el Acuerdo de París (2015). En la perspectiva costarricense de la prosperidad socioeconómica, adherida a la política pública, añádase la reciente sanción por parte del Congreso y la Presidencia de la República de la “Ley de Fortalecimiento de la competitividad territorial, para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana. Todo lo cual, en aras de fomentar la generación de oportunidades de empleo y desarrollo en las zonas costeras y fronterizas, y con ello cerrar las persistentes brechas regionales (entre las urbanas y las rurales), las que dificultan su reactivación económica (CPNews). En complemento a la legislación y los propósitos de desarrollo regional enunciados, o bien a las alternativas afines , el gobierno costarricense y los grupos de inversiones podrían conceder facilidades a aquellas iniciativas empresariales, específicamente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres en las empresas sobre la base del enfoque de género. Han salido a la luz diferentes estudios, en los cuales se determina que las empresas que integran una fuerza laboral y una conducción diversas (hombres y mujeres en proporciones similares) acumulan enormes probabilidades de expandir su modelo de negocios y la participación de mercados, como también en los hallazgos y la efectividad de capturarlos, renovados y ampliados (Christina Juhasz y Stephen O'Driscoll). A reserva de los significativos rendimientos de nuestras políticas comerciales y de inversión, los gobiernos costarricenses han indebidamente descuidado al sector agropecuario, por cuanto ha habido claros señalamientos acerca “del rezago que sufren los productores en materia de innovación, investigación y transferencia tecnológica. Dicho sector primario es el facilitador del desarrollo económico en las áreas rurales, llega a ser “mucho más que una actividad económica relevante”, puesto que genera empleo, produce bienes sociales, y principalmente los alimentos (José Rafael Brenes), en función de la seguridad alimentaria, objetivo superior al cual la nación costarricense injustificadamente puede renunciar. “NO ES PARA ALARMARSE”. Nuestro país pasó la primera y segunda revisión del Fondo Monetario Internacional. El organismo se ha convencido de las positivas medidas en cuanto a la recaudación, el control del gasto fiscal y el endeudamiento público. Igualmente, ha valorado de manera satisfactoria el crecimiento de la producción económica, pues aporta más ingresos tributarios, originará menor desempleo (Thelmo Vargas), al cabo que se tenderá a bajar ese 43,9% correspondiente al trabajo informal. Vale la pena comentar que uno de los factores relevantes en la reactivación productiva se relaciona con la intensificación de la actividad del turismo, la cual se recupera vertiginosamente, cuyos réditos pronto llegarán a los niveles obtenidos antes de la pandemia, toda vez que ese empuje económico hace menos gravoso los desembolsos de la deuda. Más aún si tomamos en cuenta que en este periodo de la pandemia se realizaron exportaciones por $14.553 millones, equivalentes a un crecimiento del 24%, un incremento desconocido durante los últimos 15 años (PROCOMER). Coincidiendo con las declaraciones del actual Vicepresidente de la República, Stephan Brunner, el destacado economista Luis Mesalles en uno de sus comentarios (La Nación, 30 de abril del 2022) recalcó lo que sigue: “La realidad es que el país no está en quiebra”, “pero sí de cuidado". Pues la Contraloría General de la República reporta un aumento de la deuda pública de 12,3% en 2021, la menor cifra desde el 2013. En cambio, entre el 2011 y el 2021, la tasa promedio de ascenso anual de las obligaciones fue de un 15,6%. Sin embargo, la deuda pública equivale a 68,3% del PIB, “sigue elevada”, fuera del rango ideal del 50%. A fin de lograr sostenibilidad, hay que intensificar la tarea de disminuir el peso del servicio de la deuda en el presupuesto gubernamental y en la economía. Para Mesalles hay una mejor situación financiera en comparación con hace cuatro años, en razón de la mejora en los ingresos tributarios, a la vez se han captado préstamos externos con mejores tasas de interés (Contraloría General de la República). Ciertamente, en aquel entonces “la deuda pública era menor que ahora, al cabo que el gobierno enfrentaba vencimientos de ella en su primer año”, bastante parecidos a los actuales. Menos aún había “muchas fuentes de financiamiento disponibles”. A diferencia de ahora en que el gobierno dispone de “proyectos de financiamiento a ser aprobados por la Asamblea Legislativa, “cercanos a los $2.600 millones, así como la posibilidad de nuevas emisiones de eurobonos”. Los cuales el Gobierno del Presidente Alvarado acaba de presentar (Mesalles) de manera responsable. Incluso, el FMI destacó que Costa Rica “saldrá a flote con las metas de ajuste fiscal, aun sin más impuestos". El economista Mesalles anota que en el 2018 el gobierno enfrentó “una situación de gasto y déficit fiscal crecientes”; mientras que el Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves maniobrará “con un gasto que casi no crece”, sea por la aplicación disciplinada de la regla fiscal - preceptuada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas - y el superávit primario previsto para el 2022, “en lugar de déficit”. Lo cual reduce “significativamente las necesidades de financiamiento adicional”. Como lo indicamos, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado la actuación del Gobierno de Carlos Alvarado respecto a la contención gradual de la deuda pública; la que había crecido hasta alcanzar niveles demasiado peligrosos. En cambio en la Administración saliente hubo progresos aceptables como porcentaje del PIB, por cuanto ella creció en 1,6 puntos porcentuales, el menor incremento de los últimos ocho años (Contraloría General de la República). En esta orientación, el déficit financiero (que sí incluye el pago de intereses de la deuda) cerró en 5,03% del PIB, “una cifra menor al 8,03% del 2020”, el más bajo en nueve años (Ministerio de Hacienda; Banco Central de Costa Rica). A lo antes dicho, se agregan los esfuerzos del Gobierno por disminuir el déficit primario, es decir, el resultado de los ingresos menos los gastos, el cual cerró en un 0,28% del PIB - “sin tomar en cuenta el pago de la deuda pública gubernamental”; resultado que estuvo ausente desde hace 13 años (Contraloría General de la República). De acuerdo con las dos revisiones practicadas por ese organismo multilateral, nuestro país está encaminado “a frenar la espiral de endeudamiento para emprender el camino de reducción y su sostenibilidad en el 2023. Al tiempo que se ha logrado recuperar confianza con la comunidad financiera internacional, mediante la reforma fiscal y la aprobación de la ley marco de empleo público – de los pasos previos hacia la inevitable reforma del Estado -, la cual fija el salario global en el Estado, “a igual función, igual pago” (Ministerio de Hacienda; José Luis Arce ). La prioridad es detener el aumento desproporcionado del gasto salarial en el sector público. El caso es que el excesivo gasto en salarios bajó a un 0,4% en el 2021, después de que entre el 2015 y el 2020 este rubro registró un incremento promedio anual del 3,1% (Ministerio de Hacienda; Contraloría General de la República); simultáneamente se frenaron los abusos consignados en las convenciones colectivas. Alrededor de estas decididas variaciones, “los ajustes realizados y sus resultados” tangibles alrededor de las finanzas y presupuestos nacionales, conviene destacar el hecho de que las firmas Fitch, Standard and Poor’s, Moody's mejoraran las calificaciones de riesgo de nuestro país. Todo ello favorece el “ambiente económico” costarricense, así como su reputación crediticia a nivel internacional. Por eso la prima por riesgo se le ha reducido (Elian Villegas). Esto quiere decir que se tiene que “pagar una tasa de interés menor por los fondos que se le prestan”. LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. La ratificación legislativa y del Poder Ejecutivo alrededor de las reformas fiscales y financieras, así como las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “transitaron un camino difícil” en medio de la propagación del coronavirus. Desde todo punto de vista eran requeridas e impostergables, a fin de prevenir la precariedad de liquidez estatal, “y de llevar al país a un default o impago” en cuanto a sus obligaciones crediticias. Hubo resistencia “cuasi subversiva” frente a las políticas públicas de sostenibilidad fiscal y contención del endeudamiento. Aun así fue posible enfrentar “la huelga más turbulenta en muchas décadas”; luego facilitar las medidas de política fiscal, monetaria y financiera, imprescindibles en el objetivo de llegar a la estabilidad macroeconómica. A la cual le faltó mayor agresividad en propiciar un verdadero descenso de la pobreza, así como equidad en el acceso a las oportunidades y la movilidad social (José Luis Arce), una falla indiscutible de la segunda Administración del Partido Acción Ciudadana (PAC). También quedó pendiente y en cuestión el cambio en la simplificación de la estructura tributaria”, en el entendido que el sistema “de la tributación es tan herramienta clave al desarrollo socioeconómico, como en lo tocante a reducir la exclusión o la marginalidad social, puesto que a través de la eficiencia en la recaudación de impuestos habría mayúsculos ingresos fiscales. De este modo, se dedicarán al financiamiento de los programas sociales; se podrán construir numerosas obras públicas e infraestructura física en función de la competitividad nacional, que a decir verdad esto último llegó a ser el logro visible, cumplido a cabalidad por el gobierno saliente. En medio de las adversidades globales y domésticas, justo es entender que hubo cuatro años de transformaciones en ascenso y progreso. Una nación respetada por la comunidad internacional lo es por su desarrollo económico, sus capacidades tecnológicas o el valor de su capital humano (Javier Solana). Y un sistema político honesto lo es por la vigencia de la democracia plena y el completo apego a los derechos humanos. En cuanto a estos postulados hay superioridad histórica bajo la presidencia de ese joven de 42 años que acaba de cumplir su compleja misión. DIGRESIÓN Y EPÍLOGO. Parafraseando a un filósofo francés, nos amparamos en el valor de la naturaleza de “la política con contenido”, quien se adopta de verdades, presupuestos y razonamientos para acercarse o comprender correctamente las realidades. Seguro que ella puede tomarse la atribución de desmentir los comportamientos fatalistas, inmovilistas e indolentes, además el de la frecuente “guerra narrativa”. Sin perder la esperanza, el ideal de la política virtuosa hasta sería capaz de someter a juicio los opacos intereses corporativos y los gremiales, en cuenta los personalistas, en complicidad con los vicios mencionados. Añádase la posverdad, la retórica conspiradora, la antipolítica, en cuenta los ardides por los que compite, entre otros, el populista, el politicastro, “el peorcrata”, el corrupto, el llamado “opinólogo” y los inescrupulosos “troles” de las redes sociales de la Internet. A nuestro modesto entender, pareciera que ese ambiguo y malicioso colectivo, distante de “la madurez moral”, quien hace mella en la convivencia democrática y la sana gobernabilidad, ha llegado a superar en estragos, riesgos, lo mismo que en alto costo social los ataques cibernéticos y los hackeos del cibergrupo “Conti”. Hoy afrontados por el gobierno costarricense, el cual da por un hecho el inicio de otra emergencia nacional más, imputable de sobra a las reales amenazas, tan instintivas de los sujetos corpóreos, incorporados a los berridos nuestros. Entonces, nuestros aplausos a Carlos Alvarado Quesada.

COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. SEGUNDA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González

SEGUNDA PARTE. COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. Autor: Ronald Obaldía González Ni las mayorías tienen constantemente la razón. Nos alejamos de las pasiones, el fanatismo y de la odiosa desinformación, la cual atiza la opinión apresurada, maliciosa y desdeñosa, en detrimento de la correcta lectura de los hechos. En nuestro caso, estamos convencidos que el Presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada llevó a cabo un trabajo prodigioso y acertado. Eso sí, incomprendido, porque en efecto nos suena mal la palabra sacrificio, puesto que la creación de tributos luce controvertible y negativa, una reacción común en la ciudadanía entera de las naciones. En contextos cuasi recesivos, altamente sensibles, eran de prever los revolcones, provenientes en múltiples ocasiones de informaciones falsas que acorralaron al segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC). Hubo imputaciones desproporcionadas, las cuales la Administración Alvarado demostró impericia, en cuanto a apechugar, o en su defecto defenderse en todas las instancias político-administrativas de “los thrillers” (o los relatos de suspenso), provenientes de sus adversarios, quienes lesionaron su reputación. LOS DESENCADENANTES Y LOS AMORTIGUAMIENTOS. Los detonantes iniciaron con el confinamiento, decretado por la Administración Alvarado, a causa de la propagación de la pandemia del covid-19, o la enfermedad del coronavirus, inmediatamente después contrarrestada ante las exitosas campañas de vacunación, aunado al aprendizaje de la población en torno al coronavirus. Se tiene vacunada a un 80 % de la población (Casa Presidencial). A lo citado sumemos la secuencia de la inestabilidad macroeconómica, en especial la fragilidad de las finanzas públicas; el desempleo – hoy todavía por encima del nivel de la prepandemia, sobrepasó el 12% de aquel entonces (Banco Central de Costa Rica), al igual que la persistencia del empleo informal, excluye a los trabajadores de la seguridad social. Asimismo, se volvieron tirantes las alzas de los precios de los combustibles y de otras materias primas, entre otros fenómenos, las cuales lograron impactar, relativamente, la gobernabilidad en medio del impredecible y letal virus, principalmente, ante las medidas de política económica, impostergables, que el Gobierno tuvo que adoptar, en aras de resguardar la cohesión social y la convivencia democrática. De hecho, los ajustes fiscales impulsados por el Presidente Alvarado zanjaron la ruidosa impopularidad, aunque el malestar de la ciudadanía estuvo lejos de compararse con riesgos políticos extremos, semejantes a la polarización. Eso sí, el oficialista partido “PAC” - llegó a ser el sacrificado en el escrutinio del proceso electoral del pasado 3 de febrero, tal que la inaplazable desaparición suya es cuestión de tiempo. Sin embargo, las medidas de sostenibilidad presupuestarias, así también la agenda complementaria, acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se justifican, concuerdan con el interés nacional, lo que supone que la dirigencia del gobierno, la que asumirá las riendas de la nación el 8 de mayo del 2022, se verá comprometida a mantener el programa de Servicio de Fondo Extendido con el organismo internacional. De lo contrario, colocaría a Costa Rica en perspectiva compleja ante los mercados financieros. Abordaremos después los resultados económicos que ponen de relieve las calificadoras internacionales de riesgo, específicamente los graduales y positivos avances de los indicadores fiscales, así también en lo tocante a la recuperación económica, que dan cuenta del buen trabajo gubernamental durante el delicado lapso del covid-19, al estimularse la política monetaria expansiva (Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica). Hubo laxitud en las condiciones de los créditos. El repunte significativo en las exportaciones y en la inversión privada y los negocios, el control de la inflación (sin sobrepasar el 4%), la propensión de la gente al consumo confirman que tampoco el gobierno se quedó corto en demostrar temple frente a las inseguridades, derivadas de las dificultades sanitarias y la precariedad de las finanzas públicas. En lo relativo con la inversión privada, cabe resaltar las probadas capacidades nacionales de captación de capitales extranjeros. Son reveladores los ingresos de nuevas empresas foráneas de servicios y de dispositivos médicos, entre otras. En el orden de las empresas transnacionales, destacamos la política pública en ascenso, patrocinada por la Coalición Costarricense de Iniciativas (CINDE), destinada a atraer inversión de tal amplitud hacia las regiones rurales, costeras y fronterizas, en aras del desarrollo sostenible, el progreso y la movilidad social de sus habitantes. De este modo, se comenzará a remediar las “brechas estructurales” de desarrollo humano; o mejor dicho, las desigualdades sociogeográficas entre el progreso de las regiones urbanas y las periféricas o postergadas (Víctor Umaña). Al conjunto de variables explicadas, se suma el tino en lo correspondiente a “la reducción de las restricciones sanitarias”, lo que ha tendido a reactivar la producción y el consumo. Por lo tanto, la sociedad costarricense quedará mejor blindada frente a las consecuencias e incertidumbres, derivadas de las disputas político-militares o las económico-comerciales, sean las que pueden desestabilizar y empeorar la seguridad y la estabilidad mundiales, en este tiempo la guerra entre Rusia y Ucrania, de cuyos impactos, tampoco nuestro país está exonerado. Bien que se reconozca que el “PIB per cápita de Costa Rica a $20.268, en el 2020, es más de cuatro veces la mediana de países con calificaciones similares; y su economía de $64.000 millones también es más grande que sus pares calificados” por parte de las agencias internacionales calificadoras de riesgo. Tampoco quiere decir que Costa Rica deba “dormirse en los laureles”. En aras de elevar la proyección a nivel global de sus demostradas potencialidades, atributos y capacidades en las relaciones comerciales, basadas en el libre comercio; en la protección del ambiente y el uso de energías limpias, las buenas prácticas y el enorme prestigio de nuestro sistema democrático liberal, pluralista, diverso y desmilitarizado, nuestro país podría trascender y extender su elevada reputación en las esferas globales. Las autoridades del próximo gobierno podrían tener en mente el robustecimiento de la participación costarricense en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la modernización de la integración económica centroamericana, el aprovechamiento superior de los numerosos tratados bilaterales y regionales de libre comercio y cooperación, entre otros mecanismos asociativos (Víctor Umaña). PANORAMAS DISRUPTIVOS GLOBALES EN CURSO. Según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la guerra entre Rusia y Ucrania, que ciertamente provocó la inestabilidad en las condiciones de los mercados financieros; disparó los precios del petróleo – fijados por productores participantes a nivel global -, los granos, los metales. Ha endurecido las condiciones del financiamiento” a los mercados nacionales, y “podría costar un punto al crecimiento global” en un año, si los efectos sobre los mercados de los energéticos y financieros se prolongan (EUROPA PRESS). Podría registrarse una disminución en el crecimiento de la producción estadounidense, la mayor economía del orbe. Europa, otro de nuestros principales socios comerciales, comienza a ser castigada, a causa “de las repercusiones económicas y comerciales de la ofensiva” militar rusa. En China ha habido nuevos rebrotes de covid-19 en las últimas semanas. Otra vez, sus autoridades han optado por el confinamiento, cuyos efectos aminoraron el desempeño del sistema económico suyo, en cuenta sus disputas comerciales con los Estados Unidos de América. Al tiempo que se agravan todavía más las actuales deficiencias en el uso de los contenedores (Enio Rodríguez), desaceleradoras de las cadenas de distribución global de materias primas y productos terminados. Lo revelamos líneas arriba. Dos de los relevantes socios de nuestra foránea zona económica, comercial y de atracción de inversiones arrastran ya las secuelas de las hostilidades en la Europa oriental, las cuales disparan los precios de múltiples insumos de la producción nacional. Lo que constituye una amenaza inminente no solo contra la consistencia de las reservas monetarias, sino frente al crecimiento y los ingresos fiscales estimados en este año, derivados de las exportaciones y del turismo internacional, la recaudación tributaria, entre otros componentes. En el 2022 se manifestarían incrementos en la inflación (aquí ya es mayor al 4%), variaciones bruscas en el tipo de cambio y las tasas de interés. De haber un comportamiento contrario, en periodos de normalidad se puede mantener bajo control la persistente elevación en el nivel general de los precios de bienes y servicios (Banco Central de Costa Rica). Incrementos que influyen desfavorablemente en el costo de vida, frecuentemente, alentados por el aumento de los precios internacionales de las materias primas, el alza en los precios de los materiales de construcción, siendo los combustibles los de mayor sensibilidad. En otro orden de asignaturas, sin dilaciones, hay que tener presente el desafío que acusa la humanidad entera, asociado a los peligros y las complejidades del cambio climático, cuyas fundamentales acciones de mitigación han de alinearse con los intereses de la economía nacional, haciendo preponderantes “el uso de las energías renovables y la mejor gestión en aras de proteger la biodiversidad” (Jaramillo, idem; Pedro León; Rodrigo Gámez). En nuestras conciencias ha de quedar arraigado el deber ético y moral, también el conocimiento, en reconocer que el orbe continúa padeciendo la pandemia y sus impactos societales, por lo que “a duras penas podrá revertir las peligrosas consecuencias del cambio climático” (Javier Solana) y la contaminación ambiental, de los esquemas de desarrollo extractivo, perjudiciales contra los ecosistemas. Ha habido una extralimitación, al punto de alterar los ecosistemas terrestres y marítimos (León y Gamez, idem), así como los desastres, la mayor parte provocados por las perturbaciones ecológicas, los que castigan a las naciones bastante pobres, carentes de toda clase de recursos con tal de reconstruirse. EL RETORNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). No sobra recalcar que la carga de los intereses de la deuda pública consumen una tercera parte de los ingresos tributarios, lo que conlleva el imperativo de reducir el alto endeudamiento del Gobierno Central (Luis Liberman; Ronulfo Jiménez; José Luis Arce), a fin de orientar mayores recursos a las políticas públicas de disminución de la pobreza y en creación de riqueza. A la vez se ahorraría más dinero, dedicados al levantamiento de infraestructura material, lo que habrá de generar progreso y empleos adicionales, así también se destinarían a inversiones en proyectos de “investigación, innovación y desarrollo”. La disminución (de la deuda) hará que el déficit fiscal disminuya en los próximos seis años. Para este 2022 se prevé que sea de -4,5% del PIB y se ubique en -2%, en el 2027, de acuerdo con lo proyectado por el Fondo Monetario (La Nación, 25 de marzo del 2022). El pasado 25 de marzo el gobierno costarricense recibió una buena noticia, dado que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera y la segunda revisión del programa de reformas y metas cuantitativas económicas de Costa Rica, pactadas en el segundo semestre del año anterior en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa original negociado con el FMI apunta un superávit primario (ingresos menos gastos, sin contar intereses de la deuda) del 1% para 2023. Es probable que se produzca un deslizamiento, por lo que “se pronostica un resultado primario más pequeño, pero positivo del 0,7% del PIB” (Luis Liberman; Ronulfo Jiménez; José Luis Arce). La deuda pública nacional representa ahora un 69,8% del PIB, una cifra insuficiente, a fin de “dar sostenibilidad a la deuda”. La estimación inicial decía que cerraría en un 72,5% del PIB en el 2021. Ha habido un esfuerzo en reducirla (Daniel Ortiz). Ella (la deuda) representa la asignatura de mayor complejidad del Estado, porque de allí se financian aproximadamente el 50% de sus gastos corrientes. Lo anterior impone la adopción de “políticas estructurales acordadas por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con la vista puesta en la búsqueda de la excelencia “en la gestión política y la solvencia del Estado”. Otra materia unida a la reestructuración estatal se relaciona con la simplificación tributaria, con vistas a contrarrestar la evasión, la elusión” y simultáneamente reducir el déficit fiscal a un nivel manejable”, como en la superior disminución del déficit fiscal y el endeudamiento, del cual se financian los números rojos gubernamentales (Ortiz, idem). A partir de este año se proyecta una tendencia a la baja que llevará el endeudamiento gubernamental hasta el 63,4% de la producción (La Nación, 25 de marzo del 2022). La finalización de las revisiones de ese organismo (el FMI) posibilitarán a nuestro gobierno ser objeto del segundo desembolso por $284 millones, al mismo tiempo que se facilitará la captación de créditos adicionales ante los inversionistas y los organismos financieros internacionales con tasas de interés favorables (La Nación, 25 de marzo del 2022; Elián Villegas), puesto que se ganará confianza a raíz de nuestra disciplina en la administración de las finanzas. Habida consideración del cumplimiento de los arreglos con el FMI, llevados a cabo por el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, se ha constatado el avance en materia de la sostenibilidad fiscal y el freno al endeudamiento, del cual se vale el gobierno, con tal de financiar sus gastos corrientes, un fénómeno que provocó una especie de “bola de nieve”. El organismo multilateral en el fondo de la aprobación reitera que el desempeño fiscal llegó a ser “más sólido de lo previsto en 2021”, acompañado “de considerables avances en cuanto al fortalecimiento de la eficiencia y la equidad de la administración pública”. El esfuerzo de la disciplina y el ajuste fiscal, realizado por parte de la Administración Alvarado, a fin de controlar el gasto público se concreta “al alcanzar la cifra más baja de gasto de los últimos doce años”. Por eso, el actual gobierno será capaz de entregar al próximo Presidente un superávit primario – sin incluir los intereses de la deuda pública -, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La última vez que se alcanzó un balance primario positivo en este indicador fue en el 2008 (Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda). A enero del 2022 el déficit financiero, el componente principal del programa con el FMI, cerró en 0,28% del PIB, el más bajo de los últimos 14 años (Casa Presidencial; Ministerio de Hacienda, Carlos Morales - Fitch-). Posteriormente habrá de disminuirse la deuda del Gobierno respecto a la producción nacional, “luego de 14 años continuos al alza”. Lo descrito nos pone a pensar que es reducida la probabilidad de una recesión costarricense (Rodrigo Cubero, idem), con todo y la guerra en Ucrania, lo que presionaría al alza de la inflación “y en parte pesaría sobre la actividad económica” (Reserva Federal de Estados Unidos de América; AFP), particularmente en el comercio internacional y los flujos de las inversiones y los capitales. UN SISTEMA ECONÓMICO PROMETEDOR . Nuestras evidencias a favor de los precedentes argumentos son corroboradas ante el proceder de las tres agencias calificadoras internacionales (Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P - ), quienes analizaron, favorablemente, el comportamiento de la deuda costarricense. Destacan nuestra recuperación económica, a pesar de las consecuencias socioeconómicas y sanitarias en el orbe – como apuntamos al inicio - , causadas por la propagación de la pandemia del covid-19; al igual que la gravedad en el uso de los contenedores y en las cadenas de distribución global de materias primas y productos terminados. Esta vez, las agencias afirmaron la nota “en B” del Gobierno y mejorado la perspectiva de calificación, así lo hicieron desde finales del año pasado. Todo ello, basado en la reducción del déficit fiscal, incluida la contundente aprobación del Congreso, en este mes de marzo, de la legislación relacionada con el empleo público, particularmente la reforma a la Ley Marco del Empleo Público (La Nación, idem). A través de la aplicación de la Ley, el Estado ahorrará al año 393.000 millones de colones. En la nota “en B” otorgada, Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P- valoran de buena gana la evolución y el sólido desempeño nacional en el 2021, en cuanto a ingresos gubernamentales - 1,7 puntos porcentuales mayores que los valores del 2018 (Daniel Ortiz) - ; “adheridos a un tope de gastos”. Lo cual coincide con el “cumplimiento de la Facilidad de Fondo Extendido (EFF), aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, equivalente a $1.780 millones. De esta manera, fue reconocido por las agencias calificadoras el cumplimiento del tope al gasto público con la regla fiscal, “por el cual se fija un tope al incremento el gasto público, cuando la deuda pública supera el 50% de la producción”; una de las razones por las que hubo de confirmarse la nota en "B2". Es decir, la nota pasó de riesgo negativo a estable (La Nación, 17 de marzo, 2022). Con ello se visualiza un menor riesgo a cambio de la confianza en invertir en Costa Rica, en comparación con un tiempo atrás (Elian Villegas, Ministro de Hacienda). Lo correspondiente a “estable” significa que el emisor de deuda, es señalado ( en este caso, nuestro país) más vulnerable a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, porque aún refleja debilidades en las finanzas públicas. El estancamiento político incide en la vulnerabilidad, dados los desacuerdos en los debates legislativos con los proyectos del programa fiscal, negociado con el FMI. Sin embargo, actualmente nuestro gobierno tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras (La Nación, idem). El FMI había decidido dar el visto bueno a Costa Rica, porque tomó en consideración la resultancia de la estricta revisión de las políticas fiscales pactadas, en aras de la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, un requerimiento “facilitador del acceso al financiamiento externo”.“ Las calificadoras de riesgo valoraron lo actuado por el FMI, quien desde antes venía ofreciendo señales que Costa Rica cumplía con las metas, “porque se ha llevado adelante un estricto control del gasto público”, mediante la aplicación de la regla fiscal. Valga subrayar que se ha producido un incremento interesante en los ingresos tributarios, lo cual se explica ante los resultados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ley aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2018, la que amplía el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los servicios, así como el incremento en el tributo de renta (Elian Villegas). En la línea de la rectificación de la política macroeconómica, a través de la confirmación hecha por Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P , o el ascenso en la nota de riesgo a favor del país, se logrará elevar la confianza de los inversionistas; y entonces así brindar mejores condiciones para el financiamiento local y externo (Elian Villegas, Ministro de Hacienda). Al mismo tiempo, la entidad S&P ha proyectado que la economía costarricense tendrá un crecimiento promedio del 4,3% anual entre el 2022 y 2024. El aumento vendrá por la reactivación del turismo – el sector más golpeado por los efectos del covid-19 y uno de los motores del desarrollo nacional - ; el empuje a las exportaciones, a cargo de las empresas nacionales y las de las zona franca. Ello se confirma con la llegada a suelo costarricense de nuevas compañías multinacionales (Villegas, idem), con base en el “nearshoring”, tal como expusimos en la primera parte de este escrito. Habíamos señalado lo relacionado con la disminución del endeudamiento, lo cual obedeció al incremento de los ingresos por recaudación de impuestos. Ingresos que habrán de subir, de acuerdo con las positivas proyecciones de crecimiento de la economía, dadas a conocer por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Lo cual seguirá ocasionando balances primarios más favorables, que evitarán la necesidad de financiamiento con base en la adquisición de deuda adicional. En lo que respecta nuevamente a las finanzas públicas, las agencias prevén que la prudencia en la contención del gasto y la aprobación de proyectos fiscales adicionales, sometidos al debate de la Asamblea Legislativa, habrán de originar la baja del déficit fiscal; se logró reducir del 8% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), así como del endeudamiento del Gobierno (Elian Villegas, idem), como porcentaje del PIB. Por su lado, el mercado financiero internacional quedó conforme con la respuesta democrática y de la aceptación de los resultados de los comicios (Villegas, idem), por cuanto ambos candidatos comulgan con los principios fundamentales del mercado, además del equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Retomemos la advertencia que la calificación de “B”, de “negativa a estable, todavía implica que existe un considerable riesgo de impago, si la situación financiera costarricense “varía notablemente”, sea también frente a los eventuales cuestionamientos, de quien resulte ganador en el balotaje del 3 de abril del año en curso, para elegir el próximo Presidente de la República. Un futuro gobierno habrá de concentrarse mayormente en las políticas sociales, orientadas a ensanchar las fuentes de empleo; atacar la pobreza y la severa desigualdad en los ingresos entre los ciudadanos; en liberar la burocracia estatal de trámites y regulaciones innecesarios, así como otorgar mayor confianza, transparencia y seguridad jurídica a la inversión y la producción (La Nación, 8 de febrero del 2022). Y en cuanto a la reactivación económica, habrá de enfatizar en la obra pública y privada en infraestructura física, capaces de multiplicar los encadenamientos empresariales y, de paso, incrementar el número de los puestos de trabajo. UNA DIGRESIÓN; Y APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES COMERCIALES. En párrafos anteriores apuntamos que en un principio la agencia S&P había proyectado “que la economía costarricense tendría un crecimiento promedio de 4,3% anual entre el 2022 y 2024”; una de las razones trabajadas por S&P y las otras entidades, por las cuales mejoraron la perspectiva de calificación. Fuera de eso y contra todas las proyecciones, la producción nacional del 2021 aumentó fuertemente en 7,6%, la más alta en 14 años – según lo expresamos líneas arriba - , merced a los escalonados repuntes en la economía mundial, como también el aceleramiento del consumo interno. A ello se añade la recuperación de todos los sectores productivos en el marco de la diversificación económica, aliada de la integración, la interdependencia y la apertura comercial. Tales vínculos externos deberían expandirse, mediante el acceso a nuevos mercados globales“, teniendo en cuenta los objetivos de alcanzar la mayor eficiencia de la producción interna (Luis Mesalles), lo mismo que fomentar “el emprendedurismo”, ambos respaldados con recursos crediticios de la banca del desarrollo y del sistema bancario costarricense. Al lado de continuar ampliando las vías alrededor del comercio exterior, favorecedor del desarrollo sostenible, obsérvese que nuestro país exportó bienes por la voluminosa cantidad de $13.000 millones entre enero y octubre del 2021, un 25% más que en el mismo período del año anterior (PROCOMER). El factor antes comentado habrá de engrosar los niveles de contratación de trabajadores en el mercado laboral. En esta meta, todo el conglomerado de las empresas de las zonas francas, en especial las firmas de servicios corporativos de alta tecnología y de dispositivos médicos, etcétera, constituye uno de los motores del crecimiento con desarrollo y el resurgimiento del empleo (de calidad). Dicho sector generó el 77% del empleo total (OCDE). Dichas fortalezas comprometen a las instituciones especializadas a ofrecer constante formación y capacitación a nuestra población laboral y a la que está en disposición de ingresar a los ámbitos del trabajo; al igual que progresar en infraestructura física (en especial la vial) y logística, con el propósito de elevar nuestra competitividad frente a otras naciones. El crecimiento económico sería superior de avanzarse en asignaturas o factores pendientes, favorecedores de la competitividad, entre ellos el ascenso en la productividad de nuestros trabajadores – privados y públicos -, aparte de la sana competencia dentro de los mercados interdependientes. En la prioridad de elevar la competitividad, hay que dar holgura a “la investigación, innovación y el desarrollo”, lo cual calza con los objetivos de los progresos científicos y la modernización tecnológica, las novedades en las comunicaciones electrónicas, adjuntas a la economía y la administración digitales, eso sí, socialmente incluyentes (Carlos Felipe Jaramillo – Banco Mundial -; Eduardo Lizano). Las inversiones públicas en infraestructura básica tales como caminos, redes de telecomunicaciones y eléctricas, etcétera, al alentar los negocios y las inversiones, cumplen un rol inequívoco en el ascenso de la competitividad en función de la ampliación y el dinamismo de nuestro sistema productivo y de nuestros vínculos comerciales con los mercados globales. Igualmente, subrayamos la reversión urgente de las alarmantes pérdidas educativas, causadas por la pandemia del covid – a diferencia de Argentina, Uruguay, entre otras naciones, en Costa Rica se desistió de cerrar las aulas de los centros educativos -. Debido a los repercusiones socioeconómicas, acarreadas por el coronavirus, la restitución del sistema de enseñanza-aprendizaje obligará a la reestructuración completa de las capacidades técnicas y administrativas del Ministerio de Educación Pública, y de seguido ejecutar el gasto en educación de modo eficiente. Los programas de estudio de los colegios académicos y los vocacionales (o técnicos) podrían contemplar materias todavía inéditas, tales como la inteligencia emocional, las habilidades y destrezas sociales, además de conocimientos mayúsculos en las diversas asignaturas escolares. Lo dicho antes aseguraría mejores condiciones a la inserción de las personas en el mercado laboral”, así también se forjarían personalidades íntegras, capaces de asumir constructivas relaciones interpersonales, cívicas y comunitarias. A la prioridad de elevar los niveles de educación, sin desdeñar las carreras humanistas, las ciencias sociales, el arte, la cultura, el deporte, cabe destacar las recomendaciones de los especialistas en cuanto a dar énfasis a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus siglas en inglés, “STEM” ). Lo que llegará a ser crucial en Costa Rica, si bien se observa un crecimiento para los próximos años (Ricardo Zúñiga). LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Nos corresponde ahora hacer referencia a la asignatura de la eficiencia del gasto público y la revisión del desempeño de todas las instituciones estatales (Edgar Robles), varias de ellas anquilosadas por leyes vetustas. Por qué no reformar aquellas Instituciones que, con frecuencia, son campo fértil a la corrupción, el clientelismo y la politización desproporcionada. Y no lejos de tales irregularidades, es fácil verificar la preservación de sistemas y métodos de administración de personal; obsoletos e incapaces de asegurar la contratación de funcionarios aptos y entregados a colaborar con la alta calidad de los servicios públicos, y por ende facilitar el despido de servidores incompetentes, que solo piensan en sus intereses particulares, acogidos por legislación, feudos o gremios que les garantizan casi siempre el confort, la durabilidad en sus cargos y la impunidad. Valga señalar los entrabamientos, la tramitología, el inmovilismo, el conservadurismo burocrático o la resistencia al cambio, las prohibiciones sin sentido, la duplicación de funciones entre las organizaciones públicas, entre una gama de anomalías, entorpecedoras de la innovación, las transformaciones y el correcto desempeño de las instituciones del Estado. En teoría, ese poderoso aparato político ha de ser el gestor del desarrollo sostenible, de realizaciones materiales, e inculcador de valores éticos y morales en la sociedad nacional, y estar comprometido a rendir cuentas a la ciudadanía. Esto no quiere decir, que se descalifique completamente la burocracia pública, al extremo de negar que existen empleados públicos honrados y laboriosos. Eso sí, hay que “oxigenarla”. Lo apunta acertadamente Mario Vargas Llosa en su libro “La llamada de la tribu”, menos aún se impone la supresión del Estado nacional. Por el contrario, lo queremos fuerte y eficaz, a diferencia de uno grande, “depredador” de los recursos, redundante, “empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él” (Zúñiga, idem). Un Estado que a los habitantes asegure y consolide “las libertades y los derechos humanos, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades”. Al cabo que ese aparato de poder sea garante de la seguridad jurídica y económica, favorecedora de los climas de negocios, la inversión pública y privada en áreas de trabajo vigentes o en crecimiento” (Ricardo Zúñiga). “LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES UNA BUENA POLÍTICA ECONÓMICA", es un postulado dado a la luz pública por el notable Presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), que intentamos adherir en ocasión de este escrito. Dicho esto, seria conveniente que las sucesivas autoridades gubernamentales se reinventen en política comercial, en la atracción de inversiones (Consejeros Económicos y Financieros – Cefsa), en concomitancia con la política social, esto en función de estrechar las desigualdades en los ingresos entre los diferente sectores sociales. Indigna que “uno de cada cinco costarricenses vivan en pobreza, y uno de cada diez en opulencia” (Velia Govaere). Y en el marco de esta perspectiva, rectificar aquellas medidas equivocadas, debilitantes del sector agropecuario, el garante de la seguridad alimentaria y el encargado de ofrecer trabajo a las personas con inferiores niveles de educación y especialización laboral. Lo recalca con precisión José W. Fernández, alto cargo del Gobierno de los Estados Unidos de América, al declarar en nuestro país que el crecimiento económico “tiene que ser” socialmente comprensivo, que ayude a elevar la calidad de vida de todos los segmentos poblacionales de los Estados nacionales (La Nación, 25 de marzo del 2022). Ajeno a dogmatismos ideológicos, el funcionario estadounidense expone piezas políticas del Presidente Joe Biden; formula la interesante tesis de construir una economía “de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, no de arriba hacia abajo”. Él (el estadounidense Fernández) nos da entender la fuerza mayor, poseída por el sistema capitalista de encaminarse hacia el “aggiornamento”; antes que las corrientes iliberales, del nacionalismo - antiglobalización y del capitalismo de Estado autoritario o policial - el modelo de la China – (BBC News) tiendan a ser importados, y enseguida estropear los valores fundamentales de la civilización occidental y del orden mundial establecido. REFLEXIÓN FINAL. La propagación de la pandemia del Siglo XXl, en algunos casos dio pie al populismo, al autoritarismo y la reducción del conjunto de las libertades públicas, el menoscabo de los derechos humanos, el rebajamiento del Estado de derecho en determinados confines del orbe, así como la pérdida de los equilibrios y las complicaciones en la distribución del poder. En cambio, vemos aleccionador la solidez de los fundamentos políticos y la forma de conducirse el régimen democrático liberal de Costa Rica; visto robustecido por el sistema de pesos y contrapesos, sustentados en la separación y la independencia de los Poderes de la República. En estos atributos democráticos cumplen un rol primordial y activo, en beneficio de la ciudadanía, los medios de comunicación, las redes sociales virtuales, a través de la implantación y el uso de la Internet, ya sean “Facebook”, la plataforma de mensajería “Twitter”, etcétera. La totalidad de los recursos al servicio de las comunicaciones en función de la libertad de expresión operan acá irrestrictamente, aparte de compartirse libremente en ellas opiniones del público, e “informaciones, de diverso tipo, de una forma rápida, sencilla y gratuita”, cuya difusión ha sido capaz de ejercer el control y la fiscalización informal y efectiva frente a los poderes formales (y fácticos) establecidos, incluidos los partidos políticos. Por otra parte, la eficacia de nuestros sistemas de seguridad y protección social, favorecedores de la unidad y la cohesión ciudadana, los que prácticamente siguen intactos, cumplieron roles decisivos en la atención de la emergencia sanitaria frente al covid-19. Las fortalezas de nuestra sociedad política, democrática liberal, las secundaron las capacidades de la economía local en el proceso de adaptación a la emergencia, al igual que la gradual recuperación de los lazos con el comercio libre y abierto y la constancia en la atracción de inversiones. Todo ello enmarcado en las políticas públicas de la apertura a la economía global. Dicho sea de paso, el conjunto de actividades productivas, empresariales, a la postre conservan un notable dinamismo, tal cual lo pusimos en evidencia en la primera parte de nuestro escrito, al reiterar su relevancia para con el desarrollo integral y los valores del bien común inmersos en la sociedad abierta y auténticamente pluralista. En definitiva, en lo personal nunca habré de arrepentirme de haber votado por el Presidente Carlos Alvarado (2018 – 2022).