¿FASCISTA O ULTRADERECHISTA? GIORGIA MELONI, LA DAMA DE HIERRO ITALIANA EN LA RUTA DEL EUROESCEPTICISMO. Autor: Ronald Obaldía González

¿FASCISTA O ULTRADERECHISTA? GIORGIA MELONI, LA DAMA DE HIERRO ITALIANA EN LA RUTA DEL EUROESCEPTICISMO. Autor: Ronald Obaldía González Los artífices del fascismo habían sido Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Esa corriente imperialista salió a la luz en Europa (1919 – 1920), bajo el impulso de movimientos de masas populares, nacionalistas, defensores de las ideas del Estado totalitario, controlador de toda la vida de la sociedad; represor de los derechos humanos fundamentales; conculcador de las libertades y derechos del individuo; corporativo, favorecedor del gran capital, expansionista. “Emocionalmente, tal régimen antidemocrático estuvo firmemente fijado a ciertos cimientos arquetípicos", como el culto a la tradición, el miedo a la diferencia, el populismo selectivo o el machismo (Humberto Eco). Según esa corriente política, emocional e irracional, menos ideológica – pobre en teoría - concibió “la encarnación” del centralizado y poderoso Estado, dirigido por minorías rectoras y selectas, llamadas a subordinar las mayorías, a las cuales exigía obediencia. La acción directa y violenta, lo mismo que la guerra contra cualesquier enemigos y adversarios constituyeron sus principales recursos políticos (Diccionario de Política. Valletta Ediciones, 2001) Giorgia Meloni es la sonriente rubia de 45 años, de fuerte carácter, baja en estatura física, periodista, la primera mujer política de Italia en recibir el 22 de octubre del año en curso el mando de Primera Ministro de Gobierno, por ahora la más joven. En su época de juventud, a mediados de la década de 1990, militó en “el movimiento post-fascista social italiano”, por lo que llegó a admirar al totalitario régimen fascista de Benito Mussolini, aliado de Adolfo Hitler en la ll Guerra Mundial. No obstante, en plena campaña moderó su discurso, favorecedor de la figura de Mussolini, con tal de atraer al electorado antípodas de la amarga experiencia histórica, producto del accionar de “las Camisas Negras” del entonces líder de las naciones del Eje. Para la líder ultraderechista “él hizo mucho bien a la nación italiana”. A persignarse. La meteórica victoria en los comicios de setiembre pasado de la formación ultraderechista "Hermanos de Italia y de “su candidata estrella” ha sido un fenómeno atípico. Antes ellos habían representado una formación minoritaria, la que apenas alcanzaba el 5% de los votantes. Dicho sea verdad, esta vez lograron dar una imagen de partido de centro derecha, si bien todavía ello crea incertidumbres. Tampoco hizo mella el hecho de que a su líder la estigmatizan, a causa de su militancia con los movimientos herederos del fascismo. Realmente, los orígenes de su partido , “están estrechamente conectados con los partidos neofascistas". Pero Hermanos de Italia y Giorgia Meloni se encuentran con una encrucijada: por una parte, quieren levantar “una imagen respetable, de moderación y modernidad; por ello han dicho que han cortado el cordón umbilical con el fascismo”(Luciano Cheles), a decir verdad destacan los principales símbolos utilizados en la época de apogeo (1920 - 1945). Ella ha sido la líder indiscutible de la formación política “Hermanos de Italia – Fratelli d´Italia” (FdI, por sus siglas en italiano), la que alcanzó la mayor votación en el proceso electoral que tuvo lugar en setiembre pasado, sea el 26% de los sufragios del soberano. Explícitamente, el Fdl se ubica entre los partidos de las derechas, el cual tiene sus raíces en el movimiento post-fascista (Lorenzo Pregliasco). La polémica líder ultraderechista y conservadora se había convertido en la parlamentaria italiana más joven formando parte del gobierno del magnate derechista y populista Silvio Berlusconi y del partido Forza Italia, quien en coalición con Meloni habrá de ocupar algunos ministerios en el Gobierno ultraderechista, pues tanto Meloni y Berlusconi han mantenido estrechos lazos políticos. El incipiente Gobierno lo forman los tres partidos de la coalición de derechas, vencedora de las elecciones del 25 de septiembre de este año: los Hermanos de Italia, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Surgen serias sospechas que los dos últimos partidos en la pasada campaña electoral fueron financiados por Vladimir Putin, uno de los mecenas de la ultraderecha antieuropea. Pocos días atrás de asumir el mando, dicha alianza la puso en peligro el magnate Berlusconi, al cuestionar la estrategia militar y política de la Unión Europea y la OTAN (la Alianza Atlántica) en Ucrania. Por el contrario, Meloni sigue convencida de la membresía y la afiliación de su país con las acciones y misiones militares de la alianza trasatlántica, tanto así que respaldó la decisión del gobierno de Mario Draghi (el saliente Primer Ministro) de mandar armas a Kiev. GOBIERNOS DE POCA DURACIÓN. Cabe recalcar que Italia, a diferencia de la gran mayoría de los países americanos, es una república estrictamente parlamentaria: sus electores eligen cada 5 años a 630 diputados y 315 senadores (Lorenzo Pregliasco; Paula Rosas & Angelo Attanasio). Los gobiernos han durado allí una media de 401 días: un año, un mes y seis días, un récord entre los países occidentales. Asimismo, se han formado 70 gobiernos en menos de 80 años. El Primer Ministro necesita contar con una mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para poder gobernar, ya que cada nuevo gobierno debe recibir un voto de confianza del Parlamento. Si lo pierde cae, y nuevamente habrá de celebrarse elecciones. La naturaleza fragmentada y diversificada de la actual sociedad italiana admite un sistema político, configurado por múltiples partidos, lo que “dificulta la formación de coaliciones estables” (Lorenzo Pregliasco; Paula Rosas & Angelo Attanasio). Haciendo guasa del sistema idemocrátíco de Italia, algunos observadores lo tildan de socarrón, donde se practican “legítimos y legales golpes de Estado”. EL IDEARIO. A modo de ubicación política de la actual Primera Ministra, según nuestro criterio, sus posturas se encuadran dentro de la ultraderecha conservadora, anticomunista (en las esferas nacional e internacional), con algún entonamiento de fascismo, pero nada de antisemita. La consigna suya “de la nueva era” - había sido usada por el fascismo hace 100 años – (Paula Rosas; Annalisa Camilli). La mandataria proclama la idea de una Italia “hegemónica” - ciertamente es la tercera economía de la Unión Europea - , fuertemente “presidencialista”, sujetada al “Estado intervencionista” (Cristina Eguizábal). Un factor diferenciador, o atenuante, a la distancia del fascismo, se relaciona con la directriz de evitar el enfrentamiento con el régimen democrático como tal, jurando ella y su Gabinete "respetar la Constitución y las leyes". Meloni y su denominación se decantan por el nacionalismo populista en materia económica”. Su pensamiento es abiertamente contestatario a la globalización (desregulada); la considera una ideología erosionante del Estado y de la identidad nacional y patriótica - sustentada “en una gente, una bandera, una lengua” (DW), tal cual lo conjuga con fuertes señalamientos contra la burocracia supranacional de Bruselas - gestora de la mal vista globalización - en donde se halla la mayor parte del engranaje institucional, correspondiente al bloque comunitario de la Unión Europea (UE). Son frecuentes los reclamos suyos frente al esquema de integración, el que apenas es “una caricatura de la civilización europea", elimina las diferencias e impone absurdos mandatos, directivas u órdenes - hasta qué tipo de alimentos deben ingerir los europeos -. Todo ello gira en detrimento de las identidades nacionales, estas ávidas de “controlar sus propios destinos”. A través de ese esquema, los burócratas gobiernan, sin que hayan sido elegidos mediante el voto popular - a contrapelo del ejercicio del derecho y la autoridad soberana de los Estados Nacionales. Esas ilegítimas autoridades, según la Primera Ministra, perjudican “la excelencia” de las producciones nacionales, y desalientan un enfoque pragmático y menos ideológico por parte de las organizaciones o grupos de presión transnacionales, alrededor de “la retórica” de “la transición ecológica y energética”. Lo que por demás arrastra costos elevados medioambientales, sociales y económicos. Provocará la huida de las empresas y la pérdida de puestos de trabajo”. Se inclina por la energía nuclear y “el fracking”, o el descubrimiento del gas natural en las aguas italianas. En su programa de gobierno ratifica el carácter nacionalista y ultraconservador “en las áreas relacionadas con los derechos civiles y el proteccionismo empresarial” (El País, España). Plantea la reducción de los impuestos a las empresas y las familias (DW), así también la defensa de la industria nacional, bajo políticas económicas de resguardo. Pone en duda la pandemia del covid-19 al igual que la necesidad y la efectividad de las vacunas. Lo antes citado, resultan posiciones que ponen a desconfiar a los líderes y los burócratas del bloque europeo. Podría haber una modificación en la correlación de fuerzas dentro de la Unión Europea, dirigida por líderes, acostumbrados a estar relativamente llevando a cabo negociaciones con sectores radicalizados de la ultraderecha o de la ultraizquierda. La joven mandataria intenta tranquilizar el ambiente timorato, expresando su vocación europea, por lo que niega ser enemiga de la Unión. Solo que propone la definición de "la Europa de las Patrias”, en lugar de la Unión Europea. Dicho esto, mantendría un “bajo perfil en cuestión de las relaciones integracionistas” con la burocracia de Bruselas. Inevitablemente el de Meloni será el gobierno mayormente derechista de la Unión Europea. Igualmente, la asociarían con la fuerte retórica euroescéptica. Esa retórica que hubo de calar en la Gran Bretaña (el Brexit), la que se rehúsa a perder el afán de mostrarse a nivel internacional. Totalmente, se pronuncia a favor de la familia natural y de la identidad sexual. Su homofobia la encamina a rechazar “el lobby gay” y el matrimonio homosexual, así como la ideología de género. Los entonamientos fascista y racista residen en la real animadversión contra las inmigraciones, provenientes de varias naciones de Asia y África, en especial los de tradición islámica. Al tiempo que expresa el velado repudio frente a los árabes musulmanes, quienes según ella están programados a llevar a cabo actos terroristas, o que vienen a elevar los índices de pobreza. Razón por la cual declara su antagonismo frente al régimen de Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, quien, entre otros males, le achaca el financiamiento del Islam político en Europa, más que justificado para impedir categóricamente la adhesión de la nación Turca a la UE. En cambio, el afianzamiento del cristianismo - amenazado por el laicisismo y la importación del Islam político - , la defensa de la cultura de la vida, los valores primigenios de la sociedad occidental están inscritos en los propagandísticos estandartes de “los Hermanos de Italia” . En el mismo orden, los lemas Dios, Patria y Familia del partido de la actual gobernante recuerdan los postulados de los fascistas de la década de 1940 (Savio). En cuanto a los vínculos con América Latina, habrá de ayudar “a los hermanos de esta región”, quienes poseen raíces latinas, de manera cooperativa a confrontar el narcotráfico, así como liberarlos de “los gobiernos social comunistas”. Al decir de ella: los que tiranizan sus gentes. LA ULTRADERECHA “LLEGÓ PARA QUEDARSE”, ALIMENTADA ANTE EL DISCURSO DE “LOS INDIGNADOS”. En el caso particular de los italianos “se ha hecho normal” convivir con gobiernos de la ultraderecha en las últimas tres décadas (Steven Forti). Tales denominaciones han coexistido con los partidos tradicionales, diestros en fraguar líneas de oposición dentro de instituciones democráticamente consolidadas. Con el expresidente estadounidense Donald Trump, la ultraderecha populista nacionalista a nivel internacional cobra mayor fuerza. Los gobiernos de Viktor Orbán en Hungría, los líderes del gobernante partido “Ley y Justicia” en Polonia, así también Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, que sobre la base de democracias iliberales, encontraron un poderoso aliado para presentarse y actuar como tales en sus propios países, contagiando así otras naciones de Europa y América Latina, especialmente. Hoy la astuta y agraciada mujer rectora del gobierno italiano se vanagloria de su cercanía con Donald Trump, a su vez la une una amistad con el tramposo de Steve Bannon, autor intelectual del asalto del Capitolio (Washington) en 6 enero del 2021. En ese perplejo panorama de derechización en ascenso, vienen cobrando fuerzas otras formaciones ultraderechistas, enlazadas con “los Hermanos” italianos. Desde la oposición nacional, ya son predominantes la formación Vox en España; igual en Francia con la Marine Le Pen, además del quehacer de la ultraderecha en Alemania, Holanda y en los países nórdicos. En el gradual ascenso de la ultraderecha ha influido el hastío y la desconfianza de los italianos y de los europeos (de los mismos latinoamericanos), casi que general, frente a la clase política. Ellos piensan que los partidos tradicionales están lejos de representarlos. Los acusan de la incontenible corrupción pública y privada, orquestada por los gobiernos de la derecha y la izquierda. De igual forma, hacen señalamientos en cuanto a ser tolerantes con la inmigración, la cual acabará sustituyendo a los italianos "de toda la vida". Desde hace un buen tiempo ha habido inseguridad económica, se han disminuido los niveles de la calidad de vida de la población, así como los desaciertos en lo tocante a la distribución de los beneficios sociales. Ha habido inacción climática, se ha puesto en evidencia las incapacidades gubernamentales en cuanto a la recuperación de los sistemas económicos, o de la superación de la ralentización productiva y el desempleo, en especial de las distorsiones, relacionadas con la pandemia del covid-19 y las consecuentes restricciones y confinamientos. Son materiales que el partido de la Primera Ministra supo aprovechar a su favor en el proceso de elecciones. INFLEXIÓN. En el público, quien se decanta por el cambio - por eso prefirió votar por Meloni - , se ha acentuado el malestar frente a la inestabilidad en el suministro y el precio de los energéticos, así también el irregular funcionamiento de los servicios públicos, en parte causantes de la inflación, la cual golpea a los sectores de menos ingresos. Tales agravamientos continuarán originando los descontentos sociales de los italianos y los europeos, toda vez que se empeorarán a consecuencia del periodo de los fríos del invierno entrante; los que se combinarán con la realidad del periodo de guerra, ya que todo hace prever la prolongación de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. El primer país es a la postre el gran proveedor de energía a Europa. Antes de la guerra, era explícita la dependencia del bloque comunitario del gas natural producido por Moscú. El abastecimiento del gas natural a la Unión Europea por parte de la nación de Vladimir Putin alcanzaba la cifra del 40%. Debido a los chantajes y revanchas del presidente ruso, ahora bombea apenas un tercio de gas natural de aquel volumen, respondiendo así a los efectos de las severas sanciones impuestas por la Unión (El País, España; Fátima Jiménez Quirós). Alemania y Finlandia, Italia también, son los mayormente perjudicados; ahí se están aplicando esquemas de racionamiento de energía, al igual que en sus vecinos. En un futuro inmediato el bloque comunitario se verá obligado a volcar su consumo a las energías limpias, dados los desafíos fundamentales que plantean la inseguridad energética y la emergencia alrededor del cambio climático (Nick Butler). Sin embargo, el uso de energía renovable como alternativa de solución acarreará bastante tiempo, mayor investigación y cuantiosa inversión de recursos. UNA ARDUA TAREA. Las denominaciones ultraderechistas, y entre ellas “los Hermanos de Italia”, si quieren mantener el poder gubernamental por un largo periodo, deberán de asumir y ofrecer soluciones prontas y efectivas a los reclamos de “Los Indignados”, un movimiento compuesto por las clases medias y trabajadoras (Annalisa Camilli). De ellos dimos cuenta líneas arriba. Una responsabilidad nada sencilla, sobre todo en un país en que el Primer Ministro está sostenido con alfileres. Los márgenes de maniobra del Gobierno de Roma están limitados por una elevada deuda pública del 150% del Producto Interior Bruto (PIB), la proporción más alta de la zona euro después de Grecia (AFP). Aquello implicará que la Italia de Meloni habrá de ser precavida; pues provenientes de la institucionalidad de la Unión Europea, continúa siendo destinataria de créditos y asistencias para la recuperación económica post-pandemia. Ni se podrá desechar dicha cooperación, por cuanto los préstamos vienen cargados de objetivos y exigencias, destinados a cumplirse, de lo contrario a Italia se le limitarán tales beneficios y prerrogativas. Italia se ha visto en la obligación de rebajar “en un grado la calefacción en los edificios durante el invierno, una decisión que resiente el público, descontento también con la guerra en Ucrania, pero la mandataria Meloni está dispuesta a contribuir con armas a favor de las fuerzas ucranianas, de conformidad con los compromisos, fijados por la OTAN. Todo ello hace económicamente complejo la etapa de la post pandemia, la que golpea los ingresos de una considerable cantidad de italianos, agudizada todavía más por la ofensiva militar rusa en Ucrania, causante de la ralentización global y de la inseguridad energética y alimentaria, movilizadores además del proceso inflacionario mundial, y del precario equilibrio de los órdenes geopolíticos y geoestratégicos, mediante el cual Rusia y Europa habían concretado “una relación de mutua conveniencia” (Eduardo Ulibarri) y cooperación. Siendo de los fundadores de la Unión Europea y su tercera economía, a la mayor parte de la comunidad internacional le aterrará ver a Italia unida a un grupo todavía minúsculo, pero riesgoso, de democracias iliberales o tan imperfectas, tales como Hungría y Polonia, lo cual ponga “en peligro sus valores fundacionales”, originados desde épocas demasiado lejanas. Lo cita correctamente la politóloga Paula Rosas: mejor estemos convencidos “que la democracia italiana es más fuerte de lo que parece” y más robusta “de lo que era en 1922.

COLOMBIA PAZ. FE EN EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y EN SU DISTANCIAMIENTO DEL ENCASTILLAMIENTO IDEOLÓGICO. Autor: Ronald Obaldía González

COLOMBIA PAZ. FE EN EL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y EN SU DISTANCIAMIENTO DEL ENCASTILLAMIENTO IDEOLÓGICO. Autor: Ronald Obaldía González A nuestro modesto entender es la nación colombiana de los pueblos inteligentes y cultos de nuestra civilización hispanoamericana. Sobradamente, pudo haber llegado a la cúspide del desarrollo integral, habida cuenta de la privilegiada ubicación geográfica, sus enormes recursos naturales y la diversidad étnica y multiculturalidad. Por esto, siempre nos ha sido difícil aceptar que desde el Siglo XlX (enseguida en los Siglos XX y XXl) haya sido víctima del terrorismo, de los frecuentes derramamientos o baños de sangre, al registrarse aproximadamente cuarenta guerras, producto de los odios y los antagonismos entre las élites de los conservadores y los liberales. Una división partidaria, acaso distanciada por la tradicional denominación y la adhesión política. Porque ha sido notoria la inexistencia de diferencias o desacuerdos alrededor del contenido ideológico de la organización y las relaciones de producción de la joven “Gran Colombia”. Ella, liberada del Reino de España por Simón Bolívar (1819), pero históricamente condicionada bajo la explotación y los crónicos estamentos, aferrados en un tipo de sociedad semi – feudal. Por sí mismo, un sistema social, jurídico y de división del trabajo, en adelante raramente interrogado por tales dominantes tendencias políticas. En otro orden, cualquier figura de Estado nacional que se hubiese impuesto, fuera el centralista o el federalista, ninguno de los dos, menos se disponía a modificar las estructuras coloniales y semi – feudales, justificantes de la irregular concentración de la propiedad de la tierra, en su mayoría destinada a la producción del café. La prolongada concentración de la propiedad, conformada por extensos latifundios, llegó a reproducirse luego de la independencia nacional. De hecho, fue la asignatura medular del último Pacto de paz (2016), sujeto, entre otros compromisos, a dotar de tierras a los desposeídos campesinos, aparejado a la reducción de las inequidades sociales. Sea ello un histórico desacierto de un sistema tan profundamente desigual y distorsionado, que precisamente, hubo de ser el combustible para el desencadenamiento de los movimientos insurreccionales del pasado siglo; tal cual un fenómeno arraigado además en la América Latina post-colonial. Más que focalizado y odiosamente justificado aquí en plena Guerra Fría, particularmente en la etapa de la consolidación de la ofensiva geopolítica cubano soviética, resistida por los Estados Unidos de América. La liberal y robusta institucionalidad jurídica de la república suramericana ha debido soportar y coexistir con lo peor: los asesinatos, las acciones terroristas, secuestros, las frecuentes acciones terroristas de los carteles de la droga, las emigraciones, las minas letales antipersona, etcétera, producto de la guerra civil y el incontenible ascenso de la narcoactividad transnacional, enriquecedora de una minoría. Males que todavía no cesan de provocar “un temor real, ni imaginado”. Solamente durante los años 1946 y 1958, el país se vio sumido en una continua polarización: la etapa llamada «La Violencia», cuyo rasgo principal fueron las persecuciones políticas. La larga guerra civil entre liberales y conservadores, “se presume que ocasionó más de 300 mil muertos”. Una cifra similar o superior, a la acumulada en el curso de la insurgencia narco – izquierdista, cuyo estallido se remonta a finales de la década de 1940. La confrontación que fue alimentada a consecuencia del asesinato en 1948 del reformista líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en medio de la intensa movilización popular del “Bogotazo” (Instituto del Tercer Mundo. Guía del Mundo, 2009). Más acá, las duras políticas o prácticas económicas de los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial, inspirados en la escuela neoliberal de los Chicago boys y de Milton Friedman, estuvieron bastante distantes de beneficiar a la gran mayoría de los colombianos; por el contrario ensancharon las brechas y alentaron los disturbios sociales. BEMOLES DEL PROCESO DE PAZ. Comentando hechos que originan optimismo, en esta ocasión hacemos referencia a la prolongada evidencia del solidario respaldo internacional a la causa del Pacto (o acuerdos) de paz de Colombia, firmado el 24 de noviembre del 2016, por segunda vez y de forma definitiva, por el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, líder de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Organización (irregular) que después se transformaría en un partido político, al cabo que se le asegurarían escaños en el Congreso de la República al menos por ocho años (BBC World News). El apoyo de Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz, resultó crucial. De igual forma, el de las naciones acompañantes Chile y Venezuela, también el de los enviados especiales de Estados Unidos de América, Bernard Aronson y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. El pacto de pacificación colombiano atrajo el incondicional respaldo del Papa Francisco, así también el del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al pronunciarse en aquel entonces, “de modo caluroso”, sobre sus alcances. Se le ofreció a la vez una bienvenida a la conclusión del espinoso y complicado proceso de erradicación de la violencia, discutido en Cuba por los involucrados directos en las hostilidades militares. Ante la trascendencia y las expectativas creadas sobre la base de lo acordado hace seis años entre el gobierno y las fuerzas irregulares (de 8.000 insurgentes), ligeramente se posibilitó la inversión en el proyecto “Paz Colombia”, al enfatizarse en lo social, el perdón y “la reconciliación. “Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación”, exponía el presidente Juan Manuel Santos, influenciado por versión cristiana y humanista ante la vida. Por su parte, el Gobierno de Barack Obama había anunciado un desembolso de $450 millones en asistencia y apoyo para la implementación de lo aprobado en la Habana (Harold Trinkunas, 2016), particularmente en lo relacionado con las tareas y las responsabilidades acerca del desarrollo sostenible, inherentes a la fase del post-conflicto. A MODO DE PRECEDENTES. Cabe subrayar que las organizaciones izquierdista de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en sus últimos tramos estuvieron aliadas al narcotráfico. Tampoco en el desolador panorama de guerra hubo de quedar descartado Hugo Chávez, el beligerante líder socialista y presidente de Venezuela, quien empleó el mecanismo integracionista del ALBA, de corte izquierdista (la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América), activo en complicidad, en cuanto a servir de pivote a la guerrilla de las FARC, entre otras agrupaciones de igual envergadura. Simultáneamente, las organizaciones criminales de la droga persisten en sumar tentáculos con los guerrilleros o las ultraderechistas organizaciones paramilitares de autodefensa, estas financiadas por los latifundistas y las oligarquías políticas y económicas. Las organizaciones (irregulares) antimarxistas solapadamente han entrado en contubernios con las Fuerzas Armadas, con tal de disminuir las posiciones y los movimientos de sus enemigos comunes. Las formaciones (tanto izquierdistas como ultraderechistas) han sabido controlar (o dominar) grandes extensiones de regiones de la geografía física colombiana. En la década de 1990 a la guerrilla izquierdista - ahora proclive al negocio de la narcoactividad, en lugar de las motivaciones originales, derivadas de “la insurrección de carácter marxista leninista” - se le presentó la oportunidad de derrotar al disminuido y desmoralizado ejército nacional, exigido posteriormente a perfeccionar sus estrategias y tácticas militares, merced a las fórmulas “del “Plan Colombia”. Un Plan que patrocinó y financió los Estados Unidos de América. De tal suerte que la institución militar pudiera sobreponerse al poder de fuego y de las capacidades de combate de la insurgencia. Tiempo después y en razón de los anacronismos ideológicos, la guerrilla marxista colombiana se dio cuenta de que se había convertido “en fósil viviente”. Repudiada por la mayoría de la población, debió tomar conciencia de su estrabismo, así también de las escasas probabilidades de triunfar, por lo que luego eligió el camino de la negociación política. Así, entonces, los insurgentes decidieron negociar la paz con el brillante presidente Juan Manuel Santos. Por lo visto, el Gobierno, las contrapartes en la guerra civil “se resistieron a tocar fondo”. Tras la aprobación del Pacto de pacificación del 2016, en la etapa del post-conflicto, ha habido varios avances, eso sí encarados por la disidencia de las FARC, además de los otros grupos rebeldes similares – últimamente fragmentados -. Lo ha torpedeado compulsivamente el derechista expresidente Álvaro Uribe Vélez (en un tiempo ligado a los grupos paramilitares). O en su defecto, los acuerdos fueron empantanados por el aliado de éste: el anterior e impopular, Presidente derechista Iván Duque Márquez (2018 - 2022), a quien se le continúan achacando cargos relacionados con la violación de los derechos humanos, su complicidad en el asesinato de líderes sociales y de reinsertados de las FARC. Se desprestigió aun más, habida cuenta de su autoría en la represión de las protestas sociales de mayo del 2021, donde hubo pérdidas de vidas humanas. No sobra subrayar que en el gobierno de Duque, la pandemia del covid-19 agudizó, como nunca antes, los niveles de desempleo, recrudeció la pobreza, cuyo descenso al 27% se estancó desde 2014, y luego de llegar al 34% que se expresó al inicio de su Gobierno. Al final ascendió al 42,5%, lo que llevó a desatar olas de violencia en varias ciudades. Según Uribe y Duque, lo contenido en el Pacto de paz expresa impunidad y rendición del Estado frente a la guerrilla de las FARC, todo ello contradice la tesis de las potencias occidentales y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quienes pugnan por el cumplimiento del Pacto, tanto así que en un principio las Fuerzas Armadas se apuntaron a convertirse en la institución normal “en un país normal (sin guerra)”.. EL COMPÁS DE ESPERA. Un severo golpe hubo de ser el sorpresivo resultado de los votantes colombianos, cuando el 2 de octubre del 2016, mediante el referéndum, fue rechazado el Pacto pacificador, alcanzado por el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sumiendo en la incertidumbre el proceso de reconciliación con los insurgentes y la ruptura con el pasado de violencia. Sin embargo el cese del fuego bilateral con las FARC siguió vigente (BBC News World). Menos aun, los colombianos perdieron la identificación y la vocación, favorecedora del fondo de los acuerdos, ellos aunados a perfeccionar la calidad del sistema democrático, así como superar la pobreza, las faltas de empleo y de las oportunidades sociales; por supuesto el de ser ciudadanos libres. En todo caso, hubo una señal positiva en junio de este año, lo suficientemente categórica y recuperadora. Lo fue la derrota en el pasado proceso electoral de cara a la Presidencia de la República, experimentada por la denominación política de Uribe y Duque, esto a manos del triunfador candidato de la izquierda moderada Gustavo Petro, cuyo discurso estuvo orientado a proseguir con el proceso de “la pacificación total”. Razón de más, los intentos en este mes del nuevo gobierno, a cargo del presidente Prieto, que en sus consignas de la protección del ambiente, “de paz total” pretende acercarse y propiciar el diálogo con los disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros grupos rebeldes, quienes se habían opuesto a los acuerdos del 2016, lo cual podría asegurar la reivindicación del histórico Pacto bilateral. Afortunadamente, y a la vista de su discurso, el programa político, moderado, práctico, en aras “de desarrollar el capitalismo” en el país, puntos de partida de la campaña, por la cual obtuvo en junio del año en curso el respaldo electoral de los colombianos, bien se vislumbra que esas piezas sustentarán los planes de acción democrática, seguidos por Gustavo Petro y de su Vicepresidenta la afrodescendiente y ambientalista Francia Márquez. Petro y Márquez demostraron poner a raya a los simpatizantes radicales, haber superado el disparatado dogmatismo, el sectarismo y la errada escogencia de la revolución violenta, bajo la fantasía marxista leninista de alcanzar por tal vía el cambio político o social (Vladimir Lenin). El contexto latinoamericano pone en evidencia la “recesión democrática”, lo cual da pie al autoritarismo populista (Daniel Zovatto). Añadamos la persistente violación de los derechos fundamentales de la gente, las arremetidas contra la libertad de prensa y expresión, el incremento de la corrupción. Ha habido en Colombia relativos retrocesos en contra de los planes de la pacificación. A pesar de tales fenómenos, las fuerzas civiles, sensatas y civilizadas, han renunciado a postergar los propósitos de erradicar la exclusión, la violencia política y la criminalidad transfronteriza, a diferencia del ex-presidente Álvaro Uribe (y sus seguidores) defensor del estatus quo, a quien se le siguen procesos judiciales en su contra. Lo acompaña en tal aventura extremista (de Uribe) contra los acuerdos de Santos y la guerrilla, el presidente saliente Iván Duque. Él tendrá pendiente la responsabilidad de dar cuenta de los asesinatos de ciudadanos durante las protestas sociales de mayo del 2021. A ambos políticos derechistas se les reconoce su sociedad con la oligarquía tradicional, las élites poderosas (incluso con los paramilitares), aquellas que han ejercido el dominio para beneficio de sí mismas, toda vez que fueron los magnos responsables de la prolongada guerra civil, a causa de la avaricia, la estrechez de miras y la insensibilidad social que los distingue en el ámbito de república semifeudal. Creemos que todavía abundan razones y motivos para que los pueblos se entusiasmen por su futuro. Aunque sea prematuro cualesquier vaticinios, el interesante presidente colombiano Gustavo Petro puede devolver el optimismo y la confianza en pro de la gobernabilidad y la cohesión social en la culta Colombia, siempre y cuando sea verdad que evitará adoptar posturas ideológicas ya superadas. El nuevo mandatario posee el riguroso conocimiento del significado de “las realidades objetivas”: la fuente de las leyes sociales que sencillamente son difíciles de evadir, a menos que se confirme que los órganos de los sentidos de los activistas de la política diversionista o confusa, sean así por haber entrado en franco y ya inocuo deterioro.

(SEGUNDA PARTE) ASPIRAR A FAVOR DE UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS. Autor: Ronald Obaldía González

(SEGUNDA PARTE) ASPIRAR A FAVOR DE UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS. Autor: Ronald Obaldía González El ejercicio de la autoridad soberana del Estado en las sociedades nacionales democráticas, pluralistas, abiertas al mundo, respetuosa de “los deberes y los derechos humanos”, pluralistas y abiertas al mundo está condicionado a ejercerse con sentido ético y humanista. A causa de tales valores de convivencia y postulados, injertados en Costa Rica, los Estados nacionales habrían de verse comprometidos a tomar toda clase de decisiones y acciones con benignidad y compasión para con sus habitantes. Al mismo tiempo, por humanidad, ellos deberían hacer que se vea y constate ese comportamiento, acogiendo las personas naturales de los países extranjeros, quienes por múltiples y diversos avatares debieron emigrar de sus países de origen. Allí donde históricamente persiste la ausencia de la ética, los principios de la solidaridad y la acción cooperativa entre las clases sociales de mayores y menores ingresos, sea evidencia de una forma de corrupción pública. Porque Costa Rica ha llegado a ser una de “las veinte democracias plenas” dentro de la comunidad de países. Una deseable reputación internacional, lo cual nos impone la voluntad de ir dando vida y continuidad a esa tradición y entereza histórica, por supuesto al buen vivir en cultura cívica participativa. De lo cual se nutre esa solidez de nuestra identidad, la cohesión y la integración sociales, la familiaridad con las demás naciones, pese a los ligeros vaivenes y convencionales alteraciones. A la vez resulta innegable que lo antes dicho ha dado robustez a nuestro Estado de derecho e institucionalidad política, e impulso al progreso social, económico, científico, a la sostenibilidad ecológica, al competitivo capital humano, al ser privilegiada en inversiones las causas de la educación, la salud, las fuentes renovadas del empleo; aunque algunos detractores por allí piensen distinto. VISTAZO AL PANORAMA INTERNACIONAL. Las discordantes alternativas en pugna: "autocracia versus democracia", comportan inminentes riesgos y amenazas, asociados a la seguridad y la estabilidad global, y específicamente al continente americano, los cuales fueron puestos al conocimiento de la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en junio pasado lugar en la ciudad de Los Ángeles-California. Añadida a ese especie de polarización, en la Cumbre se hizo constatación de la complejidad de las corrientes migratorias y de refugiados, producto del estancamiento económico, acelerados ante las frecuentes interrupciones en las logística y las cadenas de suministros, en simultaneidad con el alza del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y de otras materias primas. Joe Biden, el Presidente de los Estados Unidos de América, evitó en la Cumbre desconectarse “de las prioridades geoestratégicas”, de la guerra entre Ucrania y Rusia; las periódicas disputas entre China y Taiwán; el ascenso del autoritarismo; las tendencias iliberales o las contestatarias contra la apertura económica y el libre comercio a nivel global. En el encuentro hemisférico Joe Biden dio a conocer a sus homólogos más de US$ 300 millones en asistencia, dedicados a enfrentar la inseguridad alimentaria, progresar en las iniciativas de preservación de la salud, la educación, la conectividad, la asociación sobre resiliencia climática. Además, hubo de poner énfasis en otros compromisos a favor de los sectores privados (MIGUEL JIMÉNEZ Y LUIS PABLO BEAUREGARD), vinculados a neutralizar el cambio climático. Asimismo, la pobreza mundial, la inseguridad alimentaria, la ausencia de oportunidades, que refrenan la movilidad social; los gobiernos corruptos, la violencia, la persecución o la represión política, los efectos adversos de los desastres climáticos, juntos lograron ocupar un magnífico espacio de tiempo en la agenda de trabajo de la cita de los gobernantes americanos. Tampoco se quedaron atrás los recelos de Washington frente a los desafiantes avances de la China Popular en las áreas diplomática, comerciales, culturales y hasta en la cooperación militar en América Latina y el Caribe, ahora una región políticamente fragmentada. Los estándares democráticos paulatinamente decaen en ella; agudizan las asimetrías sociales, profundizadas por la pandemia del covid-19 y sus bruscas huellas en todos los extremos “societales”. El mosaico de países ubicados al sur del río Bravo (pertenecientes al Sur Global) se ve impactado y decaído “sanitaria y económicamente” (JIMÉNEZ Y BEAUREGARD). Toda vez que llegan a ser un lote de factores que desafortunadamente se transforma en detonante de las expulsiones de seres humanos, así también de los ascensos del autoritarismo, el populismo, de las oleadas antisistema. Con frecuencia las encienden los manifiestos reclamos de las movilizaciones populares y del accionar de diversas formaciones políticas, o bien la propia sociedad civil que les dan forma. LA ASIGNATURA “ESTELAR”. Lo sustantivo del encuentro diplomático de los Presidentes, llevado a cabo en la ciudad de Los Ángeles calzó sobre todo con haberse confirmado el considerable volumen de las inabordables diásporas de contingentes o caravanas humanas, las que corren en dirección hacia los Estados Unidos de América. Ellas se vienen originando principalmente en los países conformantes del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras), Cuba, Haití, Venezuela, estos atrapados por diversos males sociales y serios desgastes políticos. En esas latitudes millones de personas han caído en la pobreza, y la inflación global erosiona el poder de compra de los hogares. A tales expulsiones se suma gente extracontinental en tránsito por la región, sean africanos, asiáticos, entre otras nacionalidades. Eso permitió poner al descubierto las verdaderas e insolubles crisis humanitarias, de las que obtienen amplios réditos las organizaciones del crimen organizado. Con tales complejidades de fondo, esta vez el Presidente Joe Biden en la Cumbre anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que en la Casa Blanca consideran un apremiante y “nuevo acuerdo histórico” - excluye los inamistosos regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela -, encaminado a contener los éxodos de las personas en estado de marginalidad. Biden dió énfasis al fomento en la región´ de la innovación de los sectores público y privado; el impulso y la agilización al comercio y las inversiones; el reforzamiento de las cadenas de suministro; la seguridad energética, la modernización de la infraestructura; el financiamiento al sector privado, todo ello comprendido dentro de los objetivos de la recuperación y el crecimiento del sistema económico de todo el continente americano” (JIMÉNEZ Y BEAUREGARD). A diferencia de la presidencia de Donald Trump, quien se había distinguido en exhibir “el discurso más duro contra la inmigración”, decantado por el nacionalismo y el proteccionismo económico. De paso con él solo predominó la agenda negativa de la migración. Las naciones latinoamericanas y caribeñas fueron ignoradas por el presidente Republicano, provocando, que fuera de eso, se erosionaron los lazos de interdependencia, así como las capacidades políticas de la influencia estadounidense. Según la Casa Blanca, la Alianza de la Prosperidad habrá de comprender la renovación del trabajo de las instituciones económicas regionales, entre ellos los bancos de desarrollo de la región, en particular la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los que se ocuparán de aumentar el financiamiento del comercio y las inversiones, eliminar en tales actividades las trabas aduaneras y facilitar los créditos cooperativos a favor del desarrollo de los países que experimentan las emigraciones (idem), al cabo que su prevalencia se asocia con la exclusión y la desigualdad sociales. Recalcando en las acciones cooperativas, sustentadas en las responsabilidades colectivas y compartidas, en lo tocante a desincentivar o reducir las marejadas de migrantes hacia el norte opulento del hemisferio, los Estados Unidos de América con Biden tampoco se apartó en la Cumbre de las posturas de proteger las fronteras, garantizando “la migración segura y legal”, favorecedora del desarrollo de las naciones receptoras. En la primera parte de este escrito, hicimos comentarios alrededor del fenómeno mixto de las migraciones (y los refugiados) y las distintas manifestaciones de la criminalidad en las naciones de tránsito. – dos de ellos la narcoactividad y el tráfico ilegal de personas - . Combinación focalizada especialmente en algunas zonas fronterizos de México, o en las proximidades del cordón divisorio de los territorios de dicha nación y la estadounidense. Definitivamente, consigue ser el talón de Aquiles en las líneas defensivas de las coordinaciones y colaboraciones mutuas en materia de inteligencia, seguridad y vigilancia. Siendo el anfitrión de la Cumbre, Joe Biden pronunció un contundente mensaje en pro de la democracia, la transparencia y la integridad del buen gobierno, así como el respeto a los derechos humanos. Lo enunciado por él guarda similitud con la visión de política exterior, derivada de la Alianza para el Progreso para con nuestro subcontinente - de quien los últimos gobiernos estadounidense se han desentendido (idem) - . Aquel fue un proyecto expuesto y ejecutado con poco éxito durante la década de 1960. ARRIBO DE UNA SUPERIOR COOPERACIÓN EXTERNA. El éxodo de miles de personas provenientes de diferentes confines del planeta casi siempre pone en condición de alerta a la mayoría de los Estados nacionales; lo perciben como una amenaza a las seguridades nacionales. Con excepción de Costa Rica, la gran mayoría de ellos renuncian a convertirse en plazas de destino de nuevos extranjeros, además de la impopularidad interna (la xenofobia), que tristemente sale a relucir en las sociedades civiles. Asimismo, dada la elevada sensibilidad, trae consigo el riesgo del alto costo político y económico, pagado por los gobiernos, por cuanto las políticas a favor de la inmigración imponen el despliegue de recursos y esfuerzos adicionales, en función de ejecutar acciones institucionales, facilitadoras de “la migración ordenada” y digna (José Andrés Céspedes). En otras palabras, en medio de múltiples responsabilidades nacionales, conforme a la legislación local e internacional, la acogida por parte de los Estados implica el gasto en mayor burocracia institucional, ocupada de la atención de los complejos trámites de documentación de los nuevos habitantes, provenientes del extranjero. A la vista también van comprendidas las tareas de inspección, referidas a salvaguardarles el respeto de los derechos laborales, las normas ocupacionales y ambientales; dotarles de costosos seguros de trabajo; las de garantizarles el acceso a la salud, la seguridad social y los servicios financieros. Sean además los servicios de protección humanitaria que han de preverse, si las circunstancias lo obligan. Cabe subrayar que la experiencia demuestra que desde un principio nacen moribundos la organización y ejecución de la mayoría de los controles, propios de la seguridad policial, cuya función consiste en contener en las zonas fronterizas los ingresos irregulares de personas, tal como lo acaba de advertir el Presidente costarricense Rodrigo Chaves en la pasada Cumbre de las Américas. Al punto que acarrean un innecesario incremento de los presupuestos gubernamentales. Ciertamente, hay que reconocer la evidente estrechez de los recursos presupuestarios y el déficit fiscal afrontado por nuestras entidades gubernamentales, especializadas en la rama de la asistencia de las inmigraciones. La cooperación internacional se equivoca en negar al Estado costarricense mayores contribuciones financieras, porque pertenece a la calificación de repúblicas, colocadas dentro del rango de renta media; eso llega a constituir una razón infundada y un serio obstáculo. Pues le son insuficientes las capacidades suyas, respecto a sostenerse entre los más trabajados en responder solidariamente a la pesada carga que significa la persistente asistencia de los flujos migratorios, específicamente los originados desde Nicaragua. En el caso particular de la cooperación de la Unión Europea, sería conveniente que volcara los ojos hacia Costa Rica, financiando proyectos que, por un lado están alineados con las prioridades de la acción exterior del bloque comunitario, las que podríamos resumir en iniciativas climáticas, sostenibilidad ambiental, digitalización, o en proyectos de PYMES, generadores de impacto social, económico y ecológico en la población (Santiago Martín). PRODUCCIÓN DE NORMATIVA LEGAL. En otro orden, nuestros anteriores gobiernos se habían empeñado en actualizar la ley de migración y extranjería, así también las consecuentes políticas públicas en la materia, hecho que quedó consumado durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010 – 2014). Cabe recalcar que Costa Rica, “una república de 5,1 millones de habitantes, representa el país latinoamericano y caribeño con mayor porcentaje de migrantes regulares en proporción a su población con un 12 %”. Perfectamente, esa cifra podría subir hasta el 20 % al tomarse en cuenta los migrantes irregulares (Presidente Rodrigo Chaves Robles). De ahí la relevancia de apoyar financieramente a los pocos países, entre ellos Costa Rica, - fuente a su vez de envíos de remesas a Centroamérica sin aplicación de impuestos - , quienes acogen un sinnúmero de migrantes irregulares o refugiados. Es una república, altamente receptiva, que eligió llevar a cabo reformas jurídicas y administrativas en dicho ámbito, igualmente coincidentes con los lineamientos y los objetivos de la Alianza para la Prosperidad Económica, proclamada por Joe Biden en junio pasado. Sobre este particular, nos atrevimos a plantear en la primera parte de este escrito el mecanismo financiero de carácter cooperativo, consistente en dispensar a Costa Rica la usual fórmula, reconocida como “swap” (término inglés). La fórmula consistente en canjear el compromiso de dar más acogida de migrantes, a cambio de la condonación de la deuda externa acumulada, contraída con los organismos financieros internacionales, quienes podrían pactar (el swap) hasta con los acreedores privados internacionales. A raíz de la moderna legislación, acá se instituyeron flexibles pero cuidadosos procedimientos legales, técnicos y administrativos, en aras de gestionar esa penosa manifestación global (la llegada de migrantes y refugiados), semejante a la reciente aprobación de la ley y su reglamento que facilita el ingreso de “los nómadas digitales” - otra modalidad del turismo foráneo -. Ya desde antes se había establecido normativa de avanzada, en lo relacionado con la regularización del poder de la migración laboral, tan necesaria en nuestra economía productiva de bienes y servicios; tan colaborativa en los métodos de productividad del trabajo, puesto que ese segmento poblacional constituye un motor del desarrollo “en un lugar seguro”, ajeno a las turbulencias sociales. Sin los aportes de los allegados, ya hubieran colapsado varias economías regionales, y no pocos sectores de la producción nacional, ya que se ha agravado el aumento del envejecimiento de la población nativa, lo mismo que la ralentización en la tasa de natalidad. Debido a la cooperación del sector privado, quien es un participante activo y constructivo alrededor de la modernización de las leyes y los reglamentos, por ello se ha conseguido elevar el grado de idoneidad de los mecanismos de contratación de las personas extranjeras dentro de la economía formal. Tal cual, sin menospreciar la economía informal. QUÉDATE MEJOR EN COSTA RICA. En una siguiente versión acerca de este tema de la informalidad empresarial y laboral, que por ahora poco ocupa nuestra atención, intentaremos posteriormente ofrecer argumentos positivos acerca del tipo de trabajo informal, del cual se benefician el comercio local, la agricultura, las exportaciones, el turismo, las obras de infraestructura, los trabajos manuales, la cultura, el deporte, etcétera. Sobre este respecto, con base en leyes visionarias se perfilan los planes futuros, relacionados con “el sostenido dinamismo económico” de las regiones costeras, rurales y fronterizas; al igual que otras actividades económicas (Coalición de Iniciativas para el Desarrollo – CINDE) que en tales zonas podrían operar. No sobra subrayar las acciones todavía pendientes, dirigidas a determinar cómo los trabajadores inmigrantes admitidos, pueden ayudar a llenar las brechas laborales existentes y emergentes en la nueva economía del conocimiento (José Andrés Céspedes). En tanto, es correcto reconocer en Costa Rica el valor poseído por la economía digital (la conectividad). La gente en los modelos de producción de última generación encuentra constantes ofertas de empleo, a causa del déficit de talento (Santiago Martín; Javier Escalante Madrigal) existente acá. La digitalización tiende velozmente a predominar en los sectores de los servicios público, privado, corporativo transnacional (zonas francas, parques industriales y tecnológicos, etcétera), lo mismo que en los hogares. Lo expuesto en el párrafo anterior resulta compatible con el objetivo de respaldar la continua y creciente inversión directa nacional y extranjera registrada, pues agrega valor a nuestra economía. Por lo pronto hay que contemplar el hecho de abrirles oportunidades dentro de los programas de formación del talento y “capital intelectual” a las personas inmigrantes y refugiadas, incluidas las mujeres de dicho conglomerado. Con esto en mente, en este grupo de extranjeros se promovería la educación, la formación técnica y profesional, el bilingüismo, “la cultura emprendedora” (Nuria Marín Raventós). Procesos de enseñanza y aprendizaje que concuerdan con las demandantes exigencias de las empresas competentes en los proyectos y los objetivos de investigación, innovación y soluciones, unidos a las áreas tecnológicas y científicas. Justamente, ese conjunto de acciones pragmáticas representa uno de los principales ejes de los avances en el conocimiento a las vistas a la producción, la riqueza económica de los Estados nacionales, consustanciales al bienestar y el progreso de los habitantes, tanto nativos como extranjeros. La noción de impulsar mayúsculos conocimientos, habilidades y destrezas en la fuerza laboral, proveniente de otras naciones, se orientaría a insertarla en las estructuras ocupacionales de las unidades empresariales, quienes registran “superior sofisticación y complejidad”. Lo dicho conlleva los objetivos nacionales de reducir los niveles de pobreza, puesto que esas unidades altamente especializadas conceden a los servidores calificados mejores ingresos salariales y bonificaciones, a ser destinados al consumo y al ahorro propios. De manera atinada y apegada a los principios humanitarios de la solidaridad internacional, ahora en la actual administración gubernamental se valora la puesta en práctica de la declaratoria de la amnistía migratoria (Marlen Luna; Reuters) - varias veces aplicada años atrás -. Posiblemente, dicha política pública no establecería requisitos de nacionalidad, por cuanto se perseguiría resolver la cruda realidad del elevado e inmanejable volumen de solicitudes de refugio, incluida la regularización de los extranjeros indocumentados, inclusive. Lo acaba de señalar bien el Presidente costarricense al probar lo poco eficaces que son las draconianas "estrategias de control migratorio, aplicadas, según ellas, para detener el ingreso irregular, mientras se descarte el otorgamiento simultáneo de alternativas legales para estas personas. O en su lugar que sean robustecidos los sistemas de protección humanitaria para los que necesitan refugio. De ningún modo, en nuestras experiencias de nación receptiva se ha renunciado al tipo de alternativas legales y políticas, de las que hace mención el actual mandatario. Aun mejor, él ha expresado su determinación de darles continuidad, reforzando lo ya establecido a nivel político e institucional, lo que tanto prestigio y confianza internacional le ha deparado a nuestra nación. Es una correcta directriz que se iguala con nuestros logros y las contribuciones, acumulados en la preservación de los bienes públicos globales (Kent Harrington) - la paz, el medioambiente, la seguridad internacional o la salud y la estructura sanitaria global. Podríamos asegurar que el tratamiento humanitario a la inmigración trasciende en prestigio internacional, en compañía de nuestras políticas de conservación y protección de la biodiversidad, enlazadas con las economías verde y digital. Las cuales son bien valoradas dentro de las propuestas sustanciales y cruciales para afrontar el cambio climático, ya que se decantan por la vía del desarrollo humano sostenible. Continúan siendo los globalizados fenómenos migratorios, parte de las asignaturas álgidas y reiterativas en las relaciones exteriores de la mayoría de los Estados, cuyas soluciones reales por parte de las distintas esferas, sean las políticas bilateral y multilateral, están bastante lejos de adquirir consenso. Los resultados resultan hasta controversiales. Ni tan efectivos llegan a ser y tampoco del agrado de todos los involucrados, dado su incontenible curso y carácter exponencial, irrefrenables. A manera de resultados apenas producen un ligero alivio a los Estados nacionales dentro del cúmulo de las presiones regulares que de distinta índole deberán afrontar, más cuando los peligros sanitarios, arrastrados por la pandemia del covid-19, todavía no han sido aplacados. Ante lo comentado, en esta ocasión pedimos a ustedes comprender las limitaciones manifiestamente contenidas por ambos escritos, redactados por este servidor. A la postre, y bajo el legítimo principio “del derecho a no emigrar”, recordaré un refrán a los costarricenses, en especial, los que piensan, en condición de migrantes irregulares, fijar como destino las repúblicas del rico Norte Global. Él dice así: “ Es preferible ser cabeza de ratón que cola de león”.

SÍNTESIS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA DEL PROBLEMA DE LA FALTA DE RESOLUCIÓN, EN LO CONCERNIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRÁNSITO A EXTENSIÓN LONGITUDINAL EN LA REGIÓN INDÍGENA DE PUNTA BURICA, PERTENECIENTE AL CANTÓN DE GOLFITO, PROVINCIA DE PUNTARENAS. Autor: Ronald Obaldía González

SÍNTESIS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA DEL PROBLEMA DE LA FALTA DE RESOLUCIÓN, EN LO CONCERNIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE TRÁNSITO A EXTENSIÓN LONGITUDINAL EN LA REGIÓN INDÍGENA DE PUNTA BURICA, PERTENECIENTE AL CANTÓN DE GOLFITO, PROVINCIA DE PUNTARENAS. Autor: Ronald Obaldía González Con la regularidad del caso, el Estado costarricense ha abandonado el imperativo y la prioridad de fortalecer la conectividad y la seguridad pública, el mejoramiento de las rutas de tránsito, puentes y otras obras en la aislada y totalmente incomunicada Reserva Aborigen de Punta Burica - una franja de tierra de más de 40 kilómetros de extensión - , ubicada en el cantón de Golfito-Puntarenas, en el extremo sur oeste del territorio nacional, en la zona limítrofe con la República de Panamá. En vista de la ausencia de una ruta de tránsito, la comunidad aborigen que habita dicho territorio, con innumerables obstáculos migratorios deben ingresar al territorio de Panamá con tal de entrar a Costa Rica, su nación de origen. Aparte de que el Estado nacional ha abandonado sus obligaciones de ejercer plenamente su soberanía en esas tierras, incumplimiento agudizado ante la imposibilidad de ingresar allí por mar, aire y tierra. Humillaciones y hasta sobornos (incosteables) practican las autoridades policiales panameñas a nuestros aborígenes. En tal reserva indígena habitan poco más de 4.000 personas, pero a pesar de tener cédula costarricense, el Estado les ha fallado, las mantiene en estado de pobreza extrema y desprotección casi total, ya que no tienen acceso a servicios básicos – unidades de salud y energía eléctrica, policía, telefonía, mucho menos Internet, etcétera. Esto producto de las complicadas o peligrosas condiciones geográficas que la caracterizan. Apenas una de sus comunidades, llamada Alto Comte, cercana a las vías nacionales y cantonales posee una ruta de tránsito aceptable, es la más avanzada en cuanto a desarrollo humano. Todos los gobiernos han incumplido las promesas de dotar a la comunidad aborigen de la ruta terrestre, aunque fuera con un mínimo de infraestructura, a efecto de tener comunicación directa con las poblaciones de los cantones de Golfito y Corredores, a pesar de haber de por medio un mandato, emitido el once de enero de dos mil trece por la Sala Constitucional costarricense, el cual obliga a varias instituciones del Estado a proceder de inmediato con el levantamiento del camino, tomando como base el que hay por ahora: vulnerable, insalubre, riesgoso, extremadamente inestable; construido a través de los tantos años por los propios pobladores. Cabe subrayar que hechas las consultas indígenas de rigor, esa comunidad originaria aprobó el proyecto de la vía. A través de múltiples reuniones de trabajo entre funcionarios de distintas instituciones, fueran el Ministerio de la Presidencia, INDER, IFAM, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Municipalidad de Golfito, la Asociación de Desarrollo Indígena de Punta Burica (ADI) se redactaron distintos documentos técnicos en junio del 2019, lo cual ofreció como resultado la aprobación de un proyecto de “Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto denominado: “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a Punta Burica”, con el propósito de que específicamente el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) cooperara con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En un principio hubo anuencia por parte de los asesores del Despacho del Ministro del MINAE en tramitar el Proyecto de Declaratoria de Conveniencia. Pero luego, ambigua e inexplicamente, y con desorden y lentitud burocrática, otros funcionarios de dicha entidad comenzaron a dificultar y entrabar la labor del grupo de trabajo interinstitucional, redactor del texto de la Declaratoria antes mencionado, imponiendo requerimientos dudosamente legales y técnicos, imposibles de cumplir por los escasos recursos de la Municipalidad de Golfito; además de la inaccesible y peligrosa geografía de tal región, lo cual impide cualesquier estudios profundos de campo forestales, suelos, socioeconómicos y demás. Tómese en cuenta que tales estudios los realizó también el Grupo de trabajo, de acuerdo con las posibilidades y limitaciones existentes. Dicho sea de paso, con la vista puesta en la prioridad del Estado costarricense de poner en marcha lo concerniente a la flexibilización y agilización de los trámites burocráticos, a efecto de impulsar emprendimientos, en este caso la ruta de tránsito, consustanciales al desarrollo humano total de una población originaria. Los funcionarios del MINAE, entre ellos mismos irónicamente se contradecían, y bajo argumentación intransigente, redundante, poco colaboradora; con falta de sensibilidad y comprensión de los principios de bienestar social; desentendidos de las complicadisimas realidades de Punta Burica, terminaron descartando por completo el proyecto del texto de Declaratoria. En sus débiles “sugerencias” desatendieron – por no decir oposición - el conocimiento primigenio de los indígenas en materia de cultura ancestral de la protección y la conservación del medio ambiente, su amor y cuidado por su Reserva, superiores a los de cualquier técnico de escritorio. Le dieron la espalda a los Convenios Internacionales a favor de los pueblos originarios, es decir, al carácter de la autonomía legal de una Reserva Indígena. CABE RESALTAR QUE, EN PRIMERA INSTANCIA, EL PUEBLO DE PUNTA BURICA LO QUE ESTÁ DEMANDANDO ES UN MÍNIMO DE RUTA, TAL CUAL LE PERMITA SOBREVIVIR EN MEDIO DE LA SELVÁTICA GEOGRAFÍA, PUESTO QUE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, RESPONSABLE DE LOS FUTUROS TRABAJOS, CARECE DE MAYORES RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, EN ARAS DE LEVANTAR UNA OBRA DE ENVERGADURA SUPERIOR. NI ESTO LO ENTIENDEN LOS FUNCIONARIOS DEL MINAE. Asimismo, dichos funcionarios ignoraron el hecho de que el trazado de la ruta provisional cuenta con el correspondiente código vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo que según las decisiones de anteriores Ministros del MINAE hacen innecesarios los tales estudios exigidos, pasados de la raya. Con todo, el Grupo de Trabajo los presentó a como lo permitieran las condiciones. A diferencia de los del Ministerio de Ambiente quienes interpretaron a su inconveniente manera la propia Resolución de la Sala Constitucional de enero del 2013, con la cual se habría de FACILITAR la pronta publicación del Decreto de Declaratoria en cita y luego proceder con las obras de la ruta de tránsito demandada. Obra, la cual es vital para elevar sustancialmente la calidad de vida de gente históricamente ignorada, socialmente abandonada y marginada. Desafortunadamente, las autoridades del Ministerio de la Presidencia del pasado Gobierno después se pusieron al lado de los funcionarios del MINAE. Bajó el nivel de su interés y compromiso, lo que hizo el camino más empinado, a la vista de hacer realidad la ruta de tránsito que ocupa nuestra atención. Habida cuenta del panorama negativo, obstaculizador y sin justo criterio acerca de la concreción del proyecto de la ruta de tránsito de Punta Burica, se pensó entonces en otra alternativa legal de solución, sabiendo que la Municipalidad de Golfito contara con la decidida disposición y MODESTOS recursos materiales y financieros, en respaldo de los trabajos de construir UN MÍNIMO RUTA DE TRÁNSITO. En razón de lo anterior, Sandra Chanto Quesada y el suscrito Ronald Obaldía González, en noviembre del 2020 interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra la ministra del Minae, Andrea Murillo, y el Estado costarricense, por oponerse, o entrabar al extremo la Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto denominado: “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a la Reserva Indígena”. Parcialmente convincente fue el resultado de la Resolución del 28 de mayo del 2021 de la Sala Constitucional alrededor del Recurso de Amparo presentado. Hubiéramos deseado que se decidiera, cuanto antes, hacer realidad la vía terrestre, a fin de superar el estado de pobreza de la gente de dicha Reserva Indígena. Inesperadamente, el peso desfavorable de la resolución recayó en la Municipalidad de Golfito. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no fue sancionado por la Sala Constitucional, siendo esa la entidad del Poder Ejecutivo, la responsable de las inconcebibles trabas de ninguna forma cooperativas, acompañadas de “criterios” discordantes con las condiciones geográficamente adversas, las que conlleva el proyecto de MÍNIMA OBRA, sean por las razones que hemos venido exponiendo. Finalmente, los funcionarios del Ministerio en cita, todavía continúan reiterando su proceder obstructivo, insensible y escasamente colaborador, haciendo observaciones redundantes y poco convincentes a los recientes estudios ambientales, contratados de forma privada por la Municipalidad de Golfito, lo cual representa un elevado costo financiero. Recursos que más bien podrían ser reasignados a la impostergable obra de la ruta de tránsito, la que tanto anhelan nuestros hermanos mayores de Punta Burica.

ASPIRAR A UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS (Primera parte). Autor: Ronald Obaldía González.

ASPIRAR A UN ENFOQUE HUMANISTA ALREDEDOR DE LAS CORRIENTES MIGRATORIAS (Primera parte). Autor: Ronald Obaldía González. En nuestra época hemos venido constatando peligrosos factores de riesgo en el modelo de la globalización, o “la desglobalización”, denominada así por varios comentaristas en vista del avance de los nacionalismos proteccionistas, conexos a las disputas comerciales entre las grandes potencias. Sea también la compleja reiteración de las desafortunadas turbulencias económicas, ahora sofocadas ante el incremento de las tasas de interés: la medida de contención de los Bancos Centrales frente a la espiral inflacionaria, la que perniciosamente se diluye en estanflación, tal cual se caracteriza por el aumento de los precios de los bienes y servicios, aparejado con la baja oferta productiva, esta vez en curso a nivel mundial. La mayor vulnerabilidad, a causa de tales perturbaciones en las relaciones políticas, económicas y comerciales del orbe, recae en las clases sociales de inferiores ingresos y las postergadas; pues el aumento del costo de la vida resultante ahonda los desequilibrios al interior de las sociedades. Agravan el entorno global las crecientes amenazas acerca del cambio climático, en cuenta los recurrentes desastres, la inseguridad alimentaria, además de la pérdida de biodiversidad, a pesar de la conciencia existente de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Lo último, ciertamente, una tarea engorrosa que habrá de consumir varias décadas a fin de hacerla realidad. Y cuya urgencia se pone de relieve al prolongarse la guerra entre Rusia y Ucrania, por cuanto se interrumpen las cadenas del suministro de los energéticos, con su consecuente subida de los precios, al igual que de otras materias primas, entre ellas los fertilizantes y los alimentos. La propagación de las enfermedades pandémicas y las frágiles estructuras sanitarias de varios Estados, incapaces de afrontarlas, forman ya parte del eslabón de los significativos riesgos y amenazas. EL PRINCIPIO DE LAS MIGRACIONES IRREGULARES. Añadimos a los hechos arriba subrayados, la marginalidad, las desigualdades o las brechas sociales, económicas y culturales, amparadas por gobernantes autoritarios, corruptos, sometidos a determinadas élites. Detonantes en sí mismos del descontento popular y la violencia política, incluso hasta de la criminalidad organizada, cuya evidencia empírica, bastante cercana, la hallamos en el Tríangulo Norte del istmo centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras), Nicaragua, así como en México, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití, otras latitudes del continente americano, al mismo tiempo en cuenta Asia, África. Al ritmo de las funestas experiencias, cabe señalar a Alejandro Giammattei, Nayib Bukele y Daniel Ortega, quienes “están desmantelando activamente la democracia liberal y fomentando la corrupción, empobrecedora de los pueblos”; así se crean las condiciones que conducen a más desplazamientos de gente hacia regiones, superiores en rentas y desarrollo humano (Walter Isaacson en CNN). En razón de lo anterior, y a efecto de desincentivar los desplazamientos humanos, la cooperación externa escoge aliados confiables. Por eso sigue optando por movilizar las agencias internacionales, la inversión del sector privado (nacional y extranjero) y demás organizaciones de la sociedad civil, participantes en las iniciativas acerca del control y el ordenamiento de las migraciones, aplicadas normalmente en los países de origen. Allí mismo, donde los gobiernos nacionales dan lugar a la expedición de las personas naturales o oriundas, exponiéndolos a ser luego estigmatizados “en el conjunto de las nuevas amenazas”, manifiestas en las plazas de acogida. En los factores de riesgo, acumulados a nivel doméstico de los Estados Nacionales, sus consecuentes repercusiones negativas, que se extienden hasta la esfera internacional, palpamos dolorosamente el fenómeno del resurgimiento de las constantes, desordenadas e incontrolables dispersiones de muchedumbres de personas, también motivo de enormes tragedias humanitarias, de las que son víctimas los niños y las mujeres. A decir verdad, una cuestión altamente sensible, “dificil de abordar”, la que se perfila en responsabilidad política para el capitalismo maduro de la Unión Europea y la Administración de Joe Biden, en conjunción con los subdesarrollados países emisores: socios ambiguos e insinceros en el renglón “sospechosamente cooperativo”. De los Estados “despachadores” de seres humanos parten regularmente las caravanas de migrantes hacia la frontera entre México y el sur de los Estados Unidos de América. En un panorama no menos diferente, la otra congregación de excluidos en ruta al continente europeo, hace uso de las mortales aguas del mar Mediterráneo, “suponiendo que todos sus miembros llegarán e ingresarán” al destino fijado. Son reveladores los relatos de los grupos humanos que, provenientes de las naciones del “Sur Global”, en esta coyuntura castigadas económica y sanitariamente por el covid-19, abandonan su lugar de origen. La inequitativa distribución de los ingresos nacionales, la ausencia de oportunidades laborales, la prevalencia del racismo, las guerras inconclusas, la violencia convencional o del crimen organizado, las consecuencias de los desastres, se registran entre las raíces principales de tales diásporas, entre complicaciones que nos cansaríamos de enumerar. Por eso, ellos se ven impulsados a encontrar, en otros destinos geográficos, la seguridad y la protección personal, nuevos horizontes, superior calidad de vida y empleo, todo ello negado por quienes desde el poder político y económico nacionales, deberían estar obligados a expandir, con especial compromiso por las poblaciones históricamente vulnerables y desfavorecidas. Por el contrario, la indiferencia social de dichos gobiernos y poderes (antidemocráticos) los mueve a ser permisivos con las emigraciones, las que arrancan desde de sus naciones. De este modo se dispensan de dar decidida solución a la pobreza, la frustración de los habitantes; por consiguiente así se reduce el desosiego y las tensiones, provocadas por los movimientos populares. Dicho sea de paso, los Estados recibientes habrán de asumir las responsabilidades de la seguridad y la protección social de la gente foránea, cuyos costos de prestación correrán por cuenta de los presupuestos locales, frecuentemente insuficientes, en lo concerniente a satisfacer la variedad de los servicios públicos requeridos. RECHAZADOS Y DEPORTADOS. Particularmente, en nuestro hemisferio, Estados Unidos de América Europa, en menor grado Costa Rica y ciertas repúblicas suramericanas constituyen las preferidas plazas de destino de las personas que emigran. En condición irregular, o sea indocumentados, ingresan (o intentan ingresar) a dichos territorios, los cuales a través de las últimas décadas se convirtieron en genuinos países receptores, en función del peregrinaje de tales personas empobrecidas (o perseguidas). Enseguida, en la condición de inmigrantes (regularizados o no) tendrán que soportar el calvario de las presiones políticas y las manifestaciones de disgusto, derivados del hostil y vertiginoso nacionalismo xenofóbico; posiblemente de la reaparición del neofascismo en el caso de Europa. En aras de sobrevivir, habrán de reconocer y luego integrarse, en medio de dificultades, a conglomerados humanos diferentes, en lo que respecta a cultura, costumbres e idiomas, etcétera. A diferencia del objeto de “la fuga de cerebros”, sea la gente altamente educada que sale de su país, pero con buenas probabilidades de realizarse en el extranjero en amplia prosperidad; la realidad de la mayoría de los emigrantes meridionales es diametralmente distinta, pues en su mayoría carecen de una aceptable formación educativa y capacitación laboral. Razón por la cual se desempeñarán en trabajos de bajo nivel de complejidad, desdeñados por la población nativa de las naciones de llegada. En su defecto, habido desempeño oficial de las autoridades coercitivas, una voluminosa cantidad de migrantes terminarán siendo detenidos y expulsados de forma expedita, sin procesos legales (llámese deportaciones), hacia los países de donde provienen. En cuanto a nuestro continente, los afectados casi siempre tendrán en mente reingresar (a los Estados Unidos de América), burlando con suma frecuencia los controles policiales y aduaneros, instalados en las fronteras; pese a poder convertirse en mártires de los numerosos peligros, en particular el tráfico y trata de personas, los secuestros, o perder la vida, los más comunes en sus odiseas. Tampoco lo mencionado limitará los ingresos irregulares de las personas. Por cualesquier políticas contra la entrada de indocumentados (o levantamiento de muros fronterizos) aprobadas y practicadas, habrán de nacer moribundas. Dificilmente se podrá detener un fenómeno intrínseco a la dinámica de “la aldea global”, aparte de que se tornan en intrigantes, por cuanto lastiman, de forma inconveniente, los vínculos entre las naciones emisoras y las de acogida. Asimismo, líneas arriba dimos a conocer “los conocidos colectivamente como el Triángulo del Norte”, es decir, de los Estados centroamericanos, a corta distancia México, emisores de miles de migrantes, los cuales “resultan a la vez un punto de tránsito clave para aún más viajeros irregulares”, dispuestos a acercarse a la frontera sur “con la esperanza de reubicarse” en el territorio estadounidense. Si alcanzan a entrar (los indocumentados) al privilegiado espacio “del sueño americano”, con seguridad, o probablemente, si la fortuna los acompaña, se expondrán a explícitas y severas demostraciones de fuerza institucionalizadas. Esas quizás menos indignas, que las medidas draconianas antiinmigratorias, impuestas por el mandatario Donald Trump en la Unión Americana – imitadas durante este mes por la Gran Bretaña en contra de una comunidad de africanos (BBC de Londres) -. Las cuales, a pesar del repudio mundial generado, pueden recobrar fuerza en caso de triunfar el magnate republicano en las próximas elecciones presidenciales, según lo prevén no pocas encuestas de opinión. ALTERNATIVAS FRENTE A LA COERCIÓN. Nos hemos alejado, de forma inapropiada, de la razón del título sugerido a nuestro escrito; en tanto que hemos omitido la sensible cuestión del tratamiento humanista en lo tocante a las migraciones. Reparamos el error, reconociendo que el sesgo de un presunto chovinismo constantemente influye en nuestras opiniones. Ni en esta oportunidad hacemos excepción. A las sociedades democráticas, pluralistas y abiertas al mundo casi que se ven obligadas a diferir de lo que negativamente es usual en la mayor parte de los Estados nacionales. Por lo tanto, haremos referencia de Costa Rica, pues, de acuerdo con su tradición, ha descartado a renunciar al propósito de acoger un gran número de migrantes o refugiados. A nuestro humilde entender constituye una población (de llegada) que tiende a ser un factor de desarrollo y de captación de talento y variadas capacidades a favor del sistema económico y productivo y de nuestras instancias culturales. Al cabo que en la experiencia costarricense se llegaría a subsanar lo ocurrido en dos riesgosos y graduales procesos socioculturales: el envejecimiento y la reducción de la tasa de natalidad, todo lo cual incide negativamente en la solidaridad intergeneracional de los fondos de pensiones (MIDEPLAN). El anuncio de Joe Biden, el Presidente de Estados Unidos de América en la Cumbre de las Américas, celebrada en junio de este año, en el sentido de invertir casi US$ 2.000 millones para atender las complicaciones de la migración en Centroamérica, coincide a cabalidad con la tesis costarricense, en cuanto a la urgente y grave necesidad de captar recursos financieros, derivados de la cooperación y la asistencia internacional, a fin de emplearlos aquí en la acogida y atención de nuestros inmigrantes. De la oferta del Presidente Biden, bien podria Costa Rica sacar provecho. Convendría plantear el mecanismo de intercambio cooperativo, conocido como “swap” (en inglés), el cual consistiría en canjear el compromiso de dar más acogida de migrantes, eso sí de manera racional y balanceada, a cambio de la condonación de la deuda externa, contraída por nuestro país con los organismos financieros y del ámbito del sector privado internacionales. Valga la pena tomar la palabra al presidente Rodrigo Chaves en su discurso en la pasada Cumbre de las Américas, al solicitar, de manera oportuna, a los cooperantes externos mayor respaldo “económico para atender en Costa Rica las poblaciones migrantes y de refugiados”. CONVENIENTES DE LA MIGRACIÓN. Al haber acá un déficit de talento, dichas poblaciones (incluimos a una parte de los migrantes latinoamericanos, ucranianos, africanos y asiáticos (en tránsito hacia los Estados Unidos de América) que, dependiendo de los conocimientos, las capacitaciones y las destrezas demostradas, al igual que la calificación de los antecedentes penales, podrían ser absorbidas en el mercado del empleo de la economía verde y digital. Empleos ofrecidos tanto por las compañías de servicios y de alta tecnología, las cuales operan en las zonas francas costarricenses, al igual esas personas les interesarían a las empresas de los sectores industrial, rural agropecuario y ecológicos turísticos, entre otras actividades. Múltiples programas de economías productivas y sostenibles, a favor de los inmigrantes y nacionales, podrían planearse y ejecutarse en las zonas rurales, costeras, fronterizas, dirigidos por la propia inversión nacional o extranjera – lo facilitaría la reciente ratificación de la Ley del Régimen de Zonas Francas -. En diversos planes de desarrollo y de sostenibilidad podrían ser parte activa las “empresas de autogestión” (Carlos Manuel Echeverría Esquivel), las cooperativas, los nuevos asentamientos o colonias agroindustriales, las industrias turísticas, bajo el financiamiento inicial de la cooperación y la inversión extranjera, comprometida con el fenómeno de las migraciones. Nuevamente, se podría en práctica un proyecto ambientalmente sostenible, semejante al del gobierno del Presidente José Figueres, relacionado con la ampliación de la frontera agrícola. El que precisamente dio lugar a la creación del próspero cantón de San Vito de Coto Brus (antes llamado San Vito de Java), cuando en la década de 1950 un grupo de migrantes italianos fueron acogidos en nuestro país, siendo ellos, junto a los campesinos locales, artífices ahí de la entonces iniciativa demográfica y productiva gubernamentales. En circunstancias históricas distintas, el apogeo social y económico de las zonas bananeras, localizadas en el Caribe y la región sur-sur obedeció a los aportes y contribuciones de los trabajadores y cultivadores centroamericanos y jamaiquinos, entre otras nacionalidades. Esta gente hubo de superar las adversidades geográficas, en aras de generar riqueza y fundar ciudades, donde miles de habitantes hacen hoy su vida normal. En este mismo orden, valga citar las positivas experiencias de la región cafetalera de Los Santos (San José), la cual da abrigo y trabajo a cientos de indígenas provenientes de Panamá, en lo cual la productividad del cultivo del grano ha salido favorecida. Costa Rica tiene en su haber una avanzada la Ley General de Migración y Extranjería (2009), la cual le otorga facultades al Consejo de Migración en dictar políticas públicas en materia migratoria, sustentada en los postulados universales de los derechos humanos y los convenios internacionales. En este sentido y dada nuestra positiva reputación mundial, continuemos reafirmando nuestro comportamiento cívico y solidario, en lo respecta a acoger y aceptar, de manera regulada, las personas, provenientes de los distintos rincones de la Tierra, con la vista puesta de llegar a dar enormes réditos a nuestros sectores educativo, económico productivo (empresarial y laboral), académico- científico, cultural y deportivo. Al cierre de este escrito, además tengamos presente en las conciencias individual y colectiva, que el Artículo primero de nuestra Constitución Política, define que: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. Basta para evitar equivocaciones y antivalores que abundan en las civilizaciones, acostumbradas a discriminar y agredir la gente, carente de casi la totalidad de recursos materiales y psicosociales, cuya subsistencia va más allá que una ruta empinada.

UN BALANCE SATISFACTORIO PARA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO QUESADA (COSTA RICA, 2018 - 2022). Autor: Ronald Obaldía González

UN BALANCE SATISFACTORIO PARA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO QUESADA (COSTA RICA, 2018 - 2022). Autor: Ronald Obaldía González Superados de forma gradual los impactos de dos años de la pandemia del covid 19, a través de los efectos positivos de la vacunación, exitosamente llevado a cabo en Costa Rica, con todo y ello las perspectivas económicas mundiales en el curso del segundo semestre del 2022 auguran complicaciones a los países emergentes y a los en vías de desarrollo, debido al incremento de las tasas de interés en los países de alta renta, destinado a contener el aumento de la inflación global, percibido desde la segunda mitad del 2021. La tasa de política monetaria de Costa Rica subió un 4%, lo cual implicará que las tasas activas del sistema bancario (para el crédito) se eleven entre el 2% y 2,5%. De paso se reducirá el consumo de bienes y servicios; así se evitará una superior inflación doméstica, la cual posee un comportamiento alcista durante el presente año. La tasa de política monetaria (TPM), es la tasa de “interés objetivo” para las operaciones interbancarias que el Banco Central costarricense procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria, sean las operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósitos. Al ser incrementada la TPM por el ente emisor, tal decisión llega a diferir de las políticas expansivas, lo cual alentó la recuperación de la actividad económica tras los efectos pandemia, enfermedad que acarreó “shock” sobre todas las estructuras sociales, productivas y sanitarias nacionales. La flexibilización de las medidas financieras provocó el desplazamiento del consumo desde servicios hacia bienes (Banco Central de Costa Rica), tal cual se experimentó en el pico de la enfermedad del covid-19, cuando a la vez se alentó el crédito y el gasto en transferencias sociales, cuya reiteración es imprescindible frente a la inminente alza en el precio de los alimentos, las materias primas, la energía, producto de la guerra en Ucrania. CONDICIONANTES EXTERNOS. La invasión de Rusia a Ucrania y la escalada militar (un episodio geopolítico), el nuevo confinamiento en China, frente al rebrote del covid 19, vienen deteriorando los términos de intercambio al interrumpir las cadenas de producción globales, se elevan los costos del transporte marítimo. Todo ello son factores que inciden en el incremento de los precios de los fertilizantes, los granos básicos, los combustibles y demás materias primas. Razón por la cual, el Banco Central de Costa Rica realiza esfuerzos posibles por contener la inflación - equivalente a un impuesto a la gente de menores ingresos - , al igual que las presiones sobre el tipo de cambio y la fuga de capitales. Cabe señalar que la inflación y el tipo de cambio son variables que perjudican el bienestar de los ciudadanos. En el caso particular del aumento del tipo de cambio, ello probablemente obedezca a la presión por la venta de dólares a las instituciones públicas (RECOPE, entre ellas), sea para cubrir la factura de importación de combustible y derivados, los que han tenido un repunte del precio entre el 40% y 50%”. La baja en los mercados del petróleo dependerá de la duración y la profundidad del conflicto entre Rusia y Ucrania (Norberto Zúñiga). Mientras tanto Costa Rica se verá obligada a hacer más uso de su acopio de divisas, a fin de poder pagar las facturas petrolera y las de la importación de varias materias primas. A nivel mundial se viene experimentando “la crisis encima de otra crisis”. Sin embargo es incorrecto lanzarse a la premonición de “una recesión global”. Sí se prevé un endurecimiento de la política monetaria y puede desacelerarse el ritmo del incremento económico mundial (Banco Mundial; Banco Central de Costa Rica; La Nación, 29 de abril del 2022). A manera de lección se ha puesto de relieve que Europa registra ya efectos negativos al subir los precios en los mercados petroleros, lo que habrá de trastornar el dinamismo de las exportaciones de las naciones meridionales hacia a ese poderoso consumidor de bienes y servicios, por cuanto los europeos son sumamente dependientes de los energéticos (se encarecieron), suministrados por la Rusia de Vladimir Putin, esta vez sancionada comercial y financieramente por Occidente. Un fenómeno desfavorecedor de la actividad del comercio internacional en el actual contexto de guerra en la Europa Oriental, la cual en otro orden empeora la circunstante devaluación del sistema multilateral, regido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante lo citado, probablemente nuestro Banco Central deba de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento productivo de este año, a diferencia del 2021 en el que se apreció un aumento “récord” del Producto Interno Bruto (PIB), a un nivel del 7,8%. Tampoco significa que, con este delicado panorama, se renuncie a la creatividad y el impulso al servicio de los mercados de exportación, los que agregan amplios réditos y utilidades a todos los sectores productivos. Nuestra nación tiene como rasgo destacado el ser una economía abierta e interdependiente del comercio internacional, por lo que es imperativo afianzar la confianza y la preferencia de nuestros socios comerciales, los inversionistas y del sistema multilateral a favor nuestro (Manuel Tovar). LA VERSIÓN EXITOSA. Con base en la receptividad del gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada a favor de la inversión extranjera (IED), el respaldo al régimen de zonas francas, la constancia y la acuciosidad de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), así también la solidez del sistema de salud, equiparable o superior al de las naciones desarrolladas, nuestro país conquistó en el 2022 el primer lugar mundial en inversión extranjera directa per cápita entre 84 naciones evaluadas. En cuanto al logro como tal, según la revista internacional “fDi Intelligence”, nuestro país alcanzó el mayor índice GPI (Greenfield Performance Index) “con una puntuación de 11,4”. La consolidación fiscal y la resiliencia nacional frente a la pandemia fueron determinantes, cuyos beneficios se reflejan en la recuperación del empleo, fuente de bienestar social, teniéndose presente la prevalencia del elevado desempleo, el cual arriba al 13,3% en este año. Costa Rica ha hecho lo mejor en materia de captación y diversificación de inversiones extranjeras directas (IED), generadoras de conocimiento científico, tecnológico y ocupación laboral. Ha habido concentración “en elementos diferenciadores”, los cuales forman parte de sus fortalezas y ventajas competitivas, a saber, nuestra estabilidad e institucionalidad democrática, legitimada nada menos con nuestra incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Reputaciones provechosas, las que se asocian con el buen desempeño de la economía libre de mercado”, los avances en la educación y la economía digitalizada, la formación de la mano de obra calificada, en cuenta la educación dual, el desarrollo del talento humano, el respeto al imperio de la ley o la seguridad jurídica, “el set de clústeres empresariales” aquí establecidos. Igualmente, ha cobrado fuerza “la nueva marca del país”, concordante con el “nearshoring”, dada nuestra privilegiada ubicación geográfica en dirección al mercado estadounidense, canadiense y europeo (Manuel Tovar). A lo antes citado, sumemos “nuestra trayectoria de sostenibilidad ambiental, impulsora de “la política verde”, configurada por la conservación y la protección de la diversidad de la naturaleza, la descarbonización de la economía, el uso de energías renovables, limpias, así como la mitigación de las consecuencias del cambio climático (los desastres), entre múltiples compromisos ambientales asumidos por nuestros gobiernos, específicamente los contemplados en el Acuerdo de París (2015). En la perspectiva costarricense de la prosperidad socioeconómica, adherida a la política pública, añádase la reciente sanción por parte del Congreso y la Presidencia de la República de la “Ley de Fortalecimiento de la competitividad territorial, para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana. Todo lo cual, en aras de fomentar la generación de oportunidades de empleo y desarrollo en las zonas costeras y fronterizas, y con ello cerrar las persistentes brechas regionales (entre las urbanas y las rurales), las que dificultan su reactivación económica (CPNews). En complemento a la legislación y los propósitos de desarrollo regional enunciados, o bien a las alternativas afines , el gobierno costarricense y los grupos de inversiones podrían conceder facilidades a aquellas iniciativas empresariales, específicamente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres en las empresas sobre la base del enfoque de género. Han salido a la luz diferentes estudios, en los cuales se determina que las empresas que integran una fuerza laboral y una conducción diversas (hombres y mujeres en proporciones similares) acumulan enormes probabilidades de expandir su modelo de negocios y la participación de mercados, como también en los hallazgos y la efectividad de capturarlos, renovados y ampliados (Christina Juhasz y Stephen O'Driscoll). A reserva de los significativos rendimientos de nuestras políticas comerciales y de inversión, los gobiernos costarricenses han indebidamente descuidado al sector agropecuario, por cuanto ha habido claros señalamientos acerca “del rezago que sufren los productores en materia de innovación, investigación y transferencia tecnológica. Dicho sector primario es el facilitador del desarrollo económico en las áreas rurales, llega a ser “mucho más que una actividad económica relevante”, puesto que genera empleo, produce bienes sociales, y principalmente los alimentos (José Rafael Brenes), en función de la seguridad alimentaria, objetivo superior al cual la nación costarricense injustificadamente puede renunciar. “NO ES PARA ALARMARSE”. Nuestro país pasó la primera y segunda revisión del Fondo Monetario Internacional. El organismo se ha convencido de las positivas medidas en cuanto a la recaudación, el control del gasto fiscal y el endeudamiento público. Igualmente, ha valorado de manera satisfactoria el crecimiento de la producción económica, pues aporta más ingresos tributarios, originará menor desempleo (Thelmo Vargas), al cabo que se tenderá a bajar ese 43,9% correspondiente al trabajo informal. Vale la pena comentar que uno de los factores relevantes en la reactivación productiva se relaciona con la intensificación de la actividad del turismo, la cual se recupera vertiginosamente, cuyos réditos pronto llegarán a los niveles obtenidos antes de la pandemia, toda vez que ese empuje económico hace menos gravoso los desembolsos de la deuda. Más aún si tomamos en cuenta que en este periodo de la pandemia se realizaron exportaciones por $14.553 millones, equivalentes a un crecimiento del 24%, un incremento desconocido durante los últimos 15 años (PROCOMER). Coincidiendo con las declaraciones del actual Vicepresidente de la República, Stephan Brunner, el destacado economista Luis Mesalles en uno de sus comentarios (La Nación, 30 de abril del 2022) recalcó lo que sigue: “La realidad es que el país no está en quiebra”, “pero sí de cuidado". Pues la Contraloría General de la República reporta un aumento de la deuda pública de 12,3% en 2021, la menor cifra desde el 2013. En cambio, entre el 2011 y el 2021, la tasa promedio de ascenso anual de las obligaciones fue de un 15,6%. Sin embargo, la deuda pública equivale a 68,3% del PIB, “sigue elevada”, fuera del rango ideal del 50%. A fin de lograr sostenibilidad, hay que intensificar la tarea de disminuir el peso del servicio de la deuda en el presupuesto gubernamental y en la economía. Para Mesalles hay una mejor situación financiera en comparación con hace cuatro años, en razón de la mejora en los ingresos tributarios, a la vez se han captado préstamos externos con mejores tasas de interés (Contraloría General de la República). Ciertamente, en aquel entonces “la deuda pública era menor que ahora, al cabo que el gobierno enfrentaba vencimientos de ella en su primer año”, bastante parecidos a los actuales. Menos aún había “muchas fuentes de financiamiento disponibles”. A diferencia de ahora en que el gobierno dispone de “proyectos de financiamiento a ser aprobados por la Asamblea Legislativa, “cercanos a los $2.600 millones, así como la posibilidad de nuevas emisiones de eurobonos”. Los cuales el Gobierno del Presidente Alvarado acaba de presentar (Mesalles) de manera responsable. Incluso, el FMI destacó que Costa Rica “saldrá a flote con las metas de ajuste fiscal, aun sin más impuestos". El economista Mesalles anota que en el 2018 el gobierno enfrentó “una situación de gasto y déficit fiscal crecientes”; mientras que el Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves maniobrará “con un gasto que casi no crece”, sea por la aplicación disciplinada de la regla fiscal - preceptuada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas - y el superávit primario previsto para el 2022, “en lugar de déficit”. Lo cual reduce “significativamente las necesidades de financiamiento adicional”. Como lo indicamos, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado la actuación del Gobierno de Carlos Alvarado respecto a la contención gradual de la deuda pública; la que había crecido hasta alcanzar niveles demasiado peligrosos. En cambio en la Administración saliente hubo progresos aceptables como porcentaje del PIB, por cuanto ella creció en 1,6 puntos porcentuales, el menor incremento de los últimos ocho años (Contraloría General de la República). En esta orientación, el déficit financiero (que sí incluye el pago de intereses de la deuda) cerró en 5,03% del PIB, “una cifra menor al 8,03% del 2020”, el más bajo en nueve años (Ministerio de Hacienda; Banco Central de Costa Rica). A lo antes dicho, se agregan los esfuerzos del Gobierno por disminuir el déficit primario, es decir, el resultado de los ingresos menos los gastos, el cual cerró en un 0,28% del PIB - “sin tomar en cuenta el pago de la deuda pública gubernamental”; resultado que estuvo ausente desde hace 13 años (Contraloría General de la República). De acuerdo con las dos revisiones practicadas por ese organismo multilateral, nuestro país está encaminado “a frenar la espiral de endeudamiento para emprender el camino de reducción y su sostenibilidad en el 2023. Al tiempo que se ha logrado recuperar confianza con la comunidad financiera internacional, mediante la reforma fiscal y la aprobación de la ley marco de empleo público – de los pasos previos hacia la inevitable reforma del Estado -, la cual fija el salario global en el Estado, “a igual función, igual pago” (Ministerio de Hacienda; José Luis Arce ). La prioridad es detener el aumento desproporcionado del gasto salarial en el sector público. El caso es que el excesivo gasto en salarios bajó a un 0,4% en el 2021, después de que entre el 2015 y el 2020 este rubro registró un incremento promedio anual del 3,1% (Ministerio de Hacienda; Contraloría General de la República); simultáneamente se frenaron los abusos consignados en las convenciones colectivas. Alrededor de estas decididas variaciones, “los ajustes realizados y sus resultados” tangibles alrededor de las finanzas y presupuestos nacionales, conviene destacar el hecho de que las firmas Fitch, Standard and Poor’s, Moody's mejoraran las calificaciones de riesgo de nuestro país. Todo ello favorece el “ambiente económico” costarricense, así como su reputación crediticia a nivel internacional. Por eso la prima por riesgo se le ha reducido (Elian Villegas). Esto quiere decir que se tiene que “pagar una tasa de interés menor por los fondos que se le prestan”. LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. La ratificación legislativa y del Poder Ejecutivo alrededor de las reformas fiscales y financieras, así como las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “transitaron un camino difícil” en medio de la propagación del coronavirus. Desde todo punto de vista eran requeridas e impostergables, a fin de prevenir la precariedad de liquidez estatal, “y de llevar al país a un default o impago” en cuanto a sus obligaciones crediticias. Hubo resistencia “cuasi subversiva” frente a las políticas públicas de sostenibilidad fiscal y contención del endeudamiento. Aun así fue posible enfrentar “la huelga más turbulenta en muchas décadas”; luego facilitar las medidas de política fiscal, monetaria y financiera, imprescindibles en el objetivo de llegar a la estabilidad macroeconómica. A la cual le faltó mayor agresividad en propiciar un verdadero descenso de la pobreza, así como equidad en el acceso a las oportunidades y la movilidad social (José Luis Arce), una falla indiscutible de la segunda Administración del Partido Acción Ciudadana (PAC). También quedó pendiente y en cuestión el cambio en la simplificación de la estructura tributaria”, en el entendido que el sistema “de la tributación es tan herramienta clave al desarrollo socioeconómico, como en lo tocante a reducir la exclusión o la marginalidad social, puesto que a través de la eficiencia en la recaudación de impuestos habría mayúsculos ingresos fiscales. De este modo, se dedicarán al financiamiento de los programas sociales; se podrán construir numerosas obras públicas e infraestructura física en función de la competitividad nacional, que a decir verdad esto último llegó a ser el logro visible, cumplido a cabalidad por el gobierno saliente. En medio de las adversidades globales y domésticas, justo es entender que hubo cuatro años de transformaciones en ascenso y progreso. Una nación respetada por la comunidad internacional lo es por su desarrollo económico, sus capacidades tecnológicas o el valor de su capital humano (Javier Solana). Y un sistema político honesto lo es por la vigencia de la democracia plena y el completo apego a los derechos humanos. En cuanto a estos postulados hay superioridad histórica bajo la presidencia de ese joven de 42 años que acaba de cumplir su compleja misión. DIGRESIÓN Y EPÍLOGO. Parafraseando a un filósofo francés, nos amparamos en el valor de la naturaleza de “la política con contenido”, quien se adopta de verdades, presupuestos y razonamientos para acercarse o comprender correctamente las realidades. Seguro que ella puede tomarse la atribución de desmentir los comportamientos fatalistas, inmovilistas e indolentes, además el de la frecuente “guerra narrativa”. Sin perder la esperanza, el ideal de la política virtuosa hasta sería capaz de someter a juicio los opacos intereses corporativos y los gremiales, en cuenta los personalistas, en complicidad con los vicios mencionados. Añádase la posverdad, la retórica conspiradora, la antipolítica, en cuenta los ardides por los que compite, entre otros, el populista, el politicastro, “el peorcrata”, el corrupto, el llamado “opinólogo” y los inescrupulosos “troles” de las redes sociales de la Internet. A nuestro modesto entender, pareciera que ese ambiguo y malicioso colectivo, distante de “la madurez moral”, quien hace mella en la convivencia democrática y la sana gobernabilidad, ha llegado a superar en estragos, riesgos, lo mismo que en alto costo social los ataques cibernéticos y los hackeos del cibergrupo “Conti”. Hoy afrontados por el gobierno costarricense, el cual da por un hecho el inicio de otra emergencia nacional más, imputable de sobra a las reales amenazas, tan instintivas de los sujetos corpóreos, incorporados a los berridos nuestros. Entonces, nuestros aplausos a Carlos Alvarado Quesada.