UN BALANCE SATISFACTORIO PARA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO QUESADA (COSTA RICA, 2018 - 2022). Autor: Ronald Obaldía González

UN BALANCE SATISFACTORIO PARA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO QUESADA (COSTA RICA, 2018 - 2022). Autor: Ronald Obaldía González Superados de forma gradual los impactos de dos años de la pandemia del covid 19, a través de los efectos positivos de la vacunación, exitosamente llevado a cabo en Costa Rica, con todo y ello las perspectivas económicas mundiales en el curso del segundo semestre del 2022 auguran complicaciones a los países emergentes y a los en vías de desarrollo, debido al incremento de las tasas de interés en los países de alta renta, destinado a contener el aumento de la inflación global, percibido desde la segunda mitad del 2021. La tasa de política monetaria de Costa Rica subió un 4%, lo cual implicará que las tasas activas del sistema bancario (para el crédito) se eleven entre el 2% y 2,5%. De paso se reducirá el consumo de bienes y servicios; así se evitará una superior inflación doméstica, la cual posee un comportamiento alcista durante el presente año. La tasa de política monetaria (TPM), es la tasa de “interés objetivo” para las operaciones interbancarias que el Banco Central costarricense procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria, sean las operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y depósitos. Al ser incrementada la TPM por el ente emisor, tal decisión llega a diferir de las políticas expansivas, lo cual alentó la recuperación de la actividad económica tras los efectos pandemia, enfermedad que acarreó “shock” sobre todas las estructuras sociales, productivas y sanitarias nacionales. La flexibilización de las medidas financieras provocó el desplazamiento del consumo desde servicios hacia bienes (Banco Central de Costa Rica), tal cual se experimentó en el pico de la enfermedad del covid-19, cuando a la vez se alentó el crédito y el gasto en transferencias sociales, cuya reiteración es imprescindible frente a la inminente alza en el precio de los alimentos, las materias primas, la energía, producto de la guerra en Ucrania. CONDICIONANTES EXTERNOS. La invasión de Rusia a Ucrania y la escalada militar (un episodio geopolítico), el nuevo confinamiento en China, frente al rebrote del covid 19, vienen deteriorando los términos de intercambio al interrumpir las cadenas de producción globales, se elevan los costos del transporte marítimo. Todo ello son factores que inciden en el incremento de los precios de los fertilizantes, los granos básicos, los combustibles y demás materias primas. Razón por la cual, el Banco Central de Costa Rica realiza esfuerzos posibles por contener la inflación - equivalente a un impuesto a la gente de menores ingresos - , al igual que las presiones sobre el tipo de cambio y la fuga de capitales. Cabe señalar que la inflación y el tipo de cambio son variables que perjudican el bienestar de los ciudadanos. En el caso particular del aumento del tipo de cambio, ello probablemente obedezca a la presión por la venta de dólares a las instituciones públicas (RECOPE, entre ellas), sea para cubrir la factura de importación de combustible y derivados, los que han tenido un repunte del precio entre el 40% y 50%”. La baja en los mercados del petróleo dependerá de la duración y la profundidad del conflicto entre Rusia y Ucrania (Norberto Zúñiga). Mientras tanto Costa Rica se verá obligada a hacer más uso de su acopio de divisas, a fin de poder pagar las facturas petrolera y las de la importación de varias materias primas. A nivel mundial se viene experimentando “la crisis encima de otra crisis”. Sin embargo es incorrecto lanzarse a la premonición de “una recesión global”. Sí se prevé un endurecimiento de la política monetaria y puede desacelerarse el ritmo del incremento económico mundial (Banco Mundial; Banco Central de Costa Rica; La Nación, 29 de abril del 2022). A manera de lección se ha puesto de relieve que Europa registra ya efectos negativos al subir los precios en los mercados petroleros, lo que habrá de trastornar el dinamismo de las exportaciones de las naciones meridionales hacia a ese poderoso consumidor de bienes y servicios, por cuanto los europeos son sumamente dependientes de los energéticos (se encarecieron), suministrados por la Rusia de Vladimir Putin, esta vez sancionada comercial y financieramente por Occidente. Un fenómeno desfavorecedor de la actividad del comercio internacional en el actual contexto de guerra en la Europa Oriental, la cual en otro orden empeora la circunstante devaluación del sistema multilateral, regido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante lo citado, probablemente nuestro Banco Central deba de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento productivo de este año, a diferencia del 2021 en el que se apreció un aumento “récord” del Producto Interno Bruto (PIB), a un nivel del 7,8%. Tampoco significa que, con este delicado panorama, se renuncie a la creatividad y el impulso al servicio de los mercados de exportación, los que agregan amplios réditos y utilidades a todos los sectores productivos. Nuestra nación tiene como rasgo destacado el ser una economía abierta e interdependiente del comercio internacional, por lo que es imperativo afianzar la confianza y la preferencia de nuestros socios comerciales, los inversionistas y del sistema multilateral a favor nuestro (Manuel Tovar). LA VERSIÓN EXITOSA. Con base en la receptividad del gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada a favor de la inversión extranjera (IED), el respaldo al régimen de zonas francas, la constancia y la acuciosidad de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), así también la solidez del sistema de salud, equiparable o superior al de las naciones desarrolladas, nuestro país conquistó en el 2022 el primer lugar mundial en inversión extranjera directa per cápita entre 84 naciones evaluadas. En cuanto al logro como tal, según la revista internacional “fDi Intelligence”, nuestro país alcanzó el mayor índice GPI (Greenfield Performance Index) “con una puntuación de 11,4”. La consolidación fiscal y la resiliencia nacional frente a la pandemia fueron determinantes, cuyos beneficios se reflejan en la recuperación del empleo, fuente de bienestar social, teniéndose presente la prevalencia del elevado desempleo, el cual arriba al 13,3% en este año. Costa Rica ha hecho lo mejor en materia de captación y diversificación de inversiones extranjeras directas (IED), generadoras de conocimiento científico, tecnológico y ocupación laboral. Ha habido concentración “en elementos diferenciadores”, los cuales forman parte de sus fortalezas y ventajas competitivas, a saber, nuestra estabilidad e institucionalidad democrática, legitimada nada menos con nuestra incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Reputaciones provechosas, las que se asocian con el buen desempeño de la economía libre de mercado”, los avances en la educación y la economía digitalizada, la formación de la mano de obra calificada, en cuenta la educación dual, el desarrollo del talento humano, el respeto al imperio de la ley o la seguridad jurídica, “el set de clústeres empresariales” aquí establecidos. Igualmente, ha cobrado fuerza “la nueva marca del país”, concordante con el “nearshoring”, dada nuestra privilegiada ubicación geográfica en dirección al mercado estadounidense, canadiense y europeo (Manuel Tovar). A lo antes citado, sumemos “nuestra trayectoria de sostenibilidad ambiental, impulsora de “la política verde”, configurada por la conservación y la protección de la diversidad de la naturaleza, la descarbonización de la economía, el uso de energías renovables, limpias, así como la mitigación de las consecuencias del cambio climático (los desastres), entre múltiples compromisos ambientales asumidos por nuestros gobiernos, específicamente los contemplados en el Acuerdo de París (2015). En la perspectiva costarricense de la prosperidad socioeconómica, adherida a la política pública, añádase la reciente sanción por parte del Congreso y la Presidencia de la República de la “Ley de Fortalecimiento de la competitividad territorial, para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana. Todo lo cual, en aras de fomentar la generación de oportunidades de empleo y desarrollo en las zonas costeras y fronterizas, y con ello cerrar las persistentes brechas regionales (entre las urbanas y las rurales), las que dificultan su reactivación económica (CPNews). En complemento a la legislación y los propósitos de desarrollo regional enunciados, o bien a las alternativas afines , el gobierno costarricense y los grupos de inversiones podrían conceder facilidades a aquellas iniciativas empresariales, específicamente relacionadas con el empoderamiento de las mujeres en las empresas sobre la base del enfoque de género. Han salido a la luz diferentes estudios, en los cuales se determina que las empresas que integran una fuerza laboral y una conducción diversas (hombres y mujeres en proporciones similares) acumulan enormes probabilidades de expandir su modelo de negocios y la participación de mercados, como también en los hallazgos y la efectividad de capturarlos, renovados y ampliados (Christina Juhasz y Stephen O'Driscoll). A reserva de los significativos rendimientos de nuestras políticas comerciales y de inversión, los gobiernos costarricenses han indebidamente descuidado al sector agropecuario, por cuanto ha habido claros señalamientos acerca “del rezago que sufren los productores en materia de innovación, investigación y transferencia tecnológica. Dicho sector primario es el facilitador del desarrollo económico en las áreas rurales, llega a ser “mucho más que una actividad económica relevante”, puesto que genera empleo, produce bienes sociales, y principalmente los alimentos (José Rafael Brenes), en función de la seguridad alimentaria, objetivo superior al cual la nación costarricense injustificadamente puede renunciar. “NO ES PARA ALARMARSE”. Nuestro país pasó la primera y segunda revisión del Fondo Monetario Internacional. El organismo se ha convencido de las positivas medidas en cuanto a la recaudación, el control del gasto fiscal y el endeudamiento público. Igualmente, ha valorado de manera satisfactoria el crecimiento de la producción económica, pues aporta más ingresos tributarios, originará menor desempleo (Thelmo Vargas), al cabo que se tenderá a bajar ese 43,9% correspondiente al trabajo informal. Vale la pena comentar que uno de los factores relevantes en la reactivación productiva se relaciona con la intensificación de la actividad del turismo, la cual se recupera vertiginosamente, cuyos réditos pronto llegarán a los niveles obtenidos antes de la pandemia, toda vez que ese empuje económico hace menos gravoso los desembolsos de la deuda. Más aún si tomamos en cuenta que en este periodo de la pandemia se realizaron exportaciones por $14.553 millones, equivalentes a un crecimiento del 24%, un incremento desconocido durante los últimos 15 años (PROCOMER). Coincidiendo con las declaraciones del actual Vicepresidente de la República, Stephan Brunner, el destacado economista Luis Mesalles en uno de sus comentarios (La Nación, 30 de abril del 2022) recalcó lo que sigue: “La realidad es que el país no está en quiebra”, “pero sí de cuidado". Pues la Contraloría General de la República reporta un aumento de la deuda pública de 12,3% en 2021, la menor cifra desde el 2013. En cambio, entre el 2011 y el 2021, la tasa promedio de ascenso anual de las obligaciones fue de un 15,6%. Sin embargo, la deuda pública equivale a 68,3% del PIB, “sigue elevada”, fuera del rango ideal del 50%. A fin de lograr sostenibilidad, hay que intensificar la tarea de disminuir el peso del servicio de la deuda en el presupuesto gubernamental y en la economía. Para Mesalles hay una mejor situación financiera en comparación con hace cuatro años, en razón de la mejora en los ingresos tributarios, a la vez se han captado préstamos externos con mejores tasas de interés (Contraloría General de la República). Ciertamente, en aquel entonces “la deuda pública era menor que ahora, al cabo que el gobierno enfrentaba vencimientos de ella en su primer año”, bastante parecidos a los actuales. Menos aún había “muchas fuentes de financiamiento disponibles”. A diferencia de ahora en que el gobierno dispone de “proyectos de financiamiento a ser aprobados por la Asamblea Legislativa, “cercanos a los $2.600 millones, así como la posibilidad de nuevas emisiones de eurobonos”. Los cuales el Gobierno del Presidente Alvarado acaba de presentar (Mesalles) de manera responsable. Incluso, el FMI destacó que Costa Rica “saldrá a flote con las metas de ajuste fiscal, aun sin más impuestos". El economista Mesalles anota que en el 2018 el gobierno enfrentó “una situación de gasto y déficit fiscal crecientes”; mientras que el Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves maniobrará “con un gasto que casi no crece”, sea por la aplicación disciplinada de la regla fiscal - preceptuada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas - y el superávit primario previsto para el 2022, “en lugar de déficit”. Lo cual reduce “significativamente las necesidades de financiamiento adicional”. Como lo indicamos, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado la actuación del Gobierno de Carlos Alvarado respecto a la contención gradual de la deuda pública; la que había crecido hasta alcanzar niveles demasiado peligrosos. En cambio en la Administración saliente hubo progresos aceptables como porcentaje del PIB, por cuanto ella creció en 1,6 puntos porcentuales, el menor incremento de los últimos ocho años (Contraloría General de la República). En esta orientación, el déficit financiero (que sí incluye el pago de intereses de la deuda) cerró en 5,03% del PIB, “una cifra menor al 8,03% del 2020”, el más bajo en nueve años (Ministerio de Hacienda; Banco Central de Costa Rica). A lo antes dicho, se agregan los esfuerzos del Gobierno por disminuir el déficit primario, es decir, el resultado de los ingresos menos los gastos, el cual cerró en un 0,28% del PIB - “sin tomar en cuenta el pago de la deuda pública gubernamental”; resultado que estuvo ausente desde hace 13 años (Contraloría General de la República). De acuerdo con las dos revisiones practicadas por ese organismo multilateral, nuestro país está encaminado “a frenar la espiral de endeudamiento para emprender el camino de reducción y su sostenibilidad en el 2023. Al tiempo que se ha logrado recuperar confianza con la comunidad financiera internacional, mediante la reforma fiscal y la aprobación de la ley marco de empleo público – de los pasos previos hacia la inevitable reforma del Estado -, la cual fija el salario global en el Estado, “a igual función, igual pago” (Ministerio de Hacienda; José Luis Arce ). La prioridad es detener el aumento desproporcionado del gasto salarial en el sector público. El caso es que el excesivo gasto en salarios bajó a un 0,4% en el 2021, después de que entre el 2015 y el 2020 este rubro registró un incremento promedio anual del 3,1% (Ministerio de Hacienda; Contraloría General de la República); simultáneamente se frenaron los abusos consignados en las convenciones colectivas. Alrededor de estas decididas variaciones, “los ajustes realizados y sus resultados” tangibles alrededor de las finanzas y presupuestos nacionales, conviene destacar el hecho de que las firmas Fitch, Standard and Poor’s, Moody's mejoraran las calificaciones de riesgo de nuestro país. Todo ello favorece el “ambiente económico” costarricense, así como su reputación crediticia a nivel internacional. Por eso la prima por riesgo se le ha reducido (Elian Villegas). Esto quiere decir que se tiene que “pagar una tasa de interés menor por los fondos que se le prestan”. LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. La ratificación legislativa y del Poder Ejecutivo alrededor de las reformas fiscales y financieras, así como las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “transitaron un camino difícil” en medio de la propagación del coronavirus. Desde todo punto de vista eran requeridas e impostergables, a fin de prevenir la precariedad de liquidez estatal, “y de llevar al país a un default o impago” en cuanto a sus obligaciones crediticias. Hubo resistencia “cuasi subversiva” frente a las políticas públicas de sostenibilidad fiscal y contención del endeudamiento. Aun así fue posible enfrentar “la huelga más turbulenta en muchas décadas”; luego facilitar las medidas de política fiscal, monetaria y financiera, imprescindibles en el objetivo de llegar a la estabilidad macroeconómica. A la cual le faltó mayor agresividad en propiciar un verdadero descenso de la pobreza, así como equidad en el acceso a las oportunidades y la movilidad social (José Luis Arce), una falla indiscutible de la segunda Administración del Partido Acción Ciudadana (PAC). También quedó pendiente y en cuestión el cambio en la simplificación de la estructura tributaria”, en el entendido que el sistema “de la tributación es tan herramienta clave al desarrollo socioeconómico, como en lo tocante a reducir la exclusión o la marginalidad social, puesto que a través de la eficiencia en la recaudación de impuestos habría mayúsculos ingresos fiscales. De este modo, se dedicarán al financiamiento de los programas sociales; se podrán construir numerosas obras públicas e infraestructura física en función de la competitividad nacional, que a decir verdad esto último llegó a ser el logro visible, cumplido a cabalidad por el gobierno saliente. En medio de las adversidades globales y domésticas, justo es entender que hubo cuatro años de transformaciones en ascenso y progreso. Una nación respetada por la comunidad internacional lo es por su desarrollo económico, sus capacidades tecnológicas o el valor de su capital humano (Javier Solana). Y un sistema político honesto lo es por la vigencia de la democracia plena y el completo apego a los derechos humanos. En cuanto a estos postulados hay superioridad histórica bajo la presidencia de ese joven de 42 años que acaba de cumplir su compleja misión. DIGRESIÓN Y EPÍLOGO. Parafraseando a un filósofo francés, nos amparamos en el valor de la naturaleza de “la política con contenido”, quien se adopta de verdades, presupuestos y razonamientos para acercarse o comprender correctamente las realidades. Seguro que ella puede tomarse la atribución de desmentir los comportamientos fatalistas, inmovilistas e indolentes, además el de la frecuente “guerra narrativa”. Sin perder la esperanza, el ideal de la política virtuosa hasta sería capaz de someter a juicio los opacos intereses corporativos y los gremiales, en cuenta los personalistas, en complicidad con los vicios mencionados. Añádase la posverdad, la retórica conspiradora, la antipolítica, en cuenta los ardides por los que compite, entre otros, el populista, el politicastro, “el peorcrata”, el corrupto, el llamado “opinólogo” y los inescrupulosos “troles” de las redes sociales de la Internet. A nuestro modesto entender, pareciera que ese ambiguo y malicioso colectivo, distante de “la madurez moral”, quien hace mella en la convivencia democrática y la sana gobernabilidad, ha llegado a superar en estragos, riesgos, lo mismo que en alto costo social los ataques cibernéticos y los hackeos del cibergrupo “Conti”. Hoy afrontados por el gobierno costarricense, el cual da por un hecho el inicio de otra emergencia nacional más, imputable de sobra a las reales amenazas, tan instintivas de los sujetos corpóreos, incorporados a los berridos nuestros. Entonces, nuestros aplausos a Carlos Alvarado Quesada.

COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. SEGUNDA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González

SEGUNDA PARTE. COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. Autor: Ronald Obaldía González Ni las mayorías tienen constantemente la razón. Nos alejamos de las pasiones, el fanatismo y de la odiosa desinformación, la cual atiza la opinión apresurada, maliciosa y desdeñosa, en detrimento de la correcta lectura de los hechos. En nuestro caso, estamos convencidos que el Presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada llevó a cabo un trabajo prodigioso y acertado. Eso sí, incomprendido, porque en efecto nos suena mal la palabra sacrificio, puesto que la creación de tributos luce controvertible y negativa, una reacción común en la ciudadanía entera de las naciones. En contextos cuasi recesivos, altamente sensibles, eran de prever los revolcones, provenientes en múltiples ocasiones de informaciones falsas que acorralaron al segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC). Hubo imputaciones desproporcionadas, las cuales la Administración Alvarado demostró impericia, en cuanto a apechugar, o en su defecto defenderse en todas las instancias político-administrativas de “los thrillers” (o los relatos de suspenso), provenientes de sus adversarios, quienes lesionaron su reputación. LOS DESENCADENANTES Y LOS AMORTIGUAMIENTOS. Los detonantes iniciaron con el confinamiento, decretado por la Administración Alvarado, a causa de la propagación de la pandemia del covid-19, o la enfermedad del coronavirus, inmediatamente después contrarrestada ante las exitosas campañas de vacunación, aunado al aprendizaje de la población en torno al coronavirus. Se tiene vacunada a un 80 % de la población (Casa Presidencial). A lo citado sumemos la secuencia de la inestabilidad macroeconómica, en especial la fragilidad de las finanzas públicas; el desempleo – hoy todavía por encima del nivel de la prepandemia, sobrepasó el 12% de aquel entonces (Banco Central de Costa Rica), al igual que la persistencia del empleo informal, excluye a los trabajadores de la seguridad social. Asimismo, se volvieron tirantes las alzas de los precios de los combustibles y de otras materias primas, entre otros fenómenos, las cuales lograron impactar, relativamente, la gobernabilidad en medio del impredecible y letal virus, principalmente, ante las medidas de política económica, impostergables, que el Gobierno tuvo que adoptar, en aras de resguardar la cohesión social y la convivencia democrática. De hecho, los ajustes fiscales impulsados por el Presidente Alvarado zanjaron la ruidosa impopularidad, aunque el malestar de la ciudadanía estuvo lejos de compararse con riesgos políticos extremos, semejantes a la polarización. Eso sí, el oficialista partido “PAC” - llegó a ser el sacrificado en el escrutinio del proceso electoral del pasado 3 de febrero, tal que la inaplazable desaparición suya es cuestión de tiempo. Sin embargo, las medidas de sostenibilidad presupuestarias, así también la agenda complementaria, acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se justifican, concuerdan con el interés nacional, lo que supone que la dirigencia del gobierno, la que asumirá las riendas de la nación el 8 de mayo del 2022, se verá comprometida a mantener el programa de Servicio de Fondo Extendido con el organismo internacional. De lo contrario, colocaría a Costa Rica en perspectiva compleja ante los mercados financieros. Abordaremos después los resultados económicos que ponen de relieve las calificadoras internacionales de riesgo, específicamente los graduales y positivos avances de los indicadores fiscales, así también en lo tocante a la recuperación económica, que dan cuenta del buen trabajo gubernamental durante el delicado lapso del covid-19, al estimularse la política monetaria expansiva (Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central de Costa Rica). Hubo laxitud en las condiciones de los créditos. El repunte significativo en las exportaciones y en la inversión privada y los negocios, el control de la inflación (sin sobrepasar el 4%), la propensión de la gente al consumo confirman que tampoco el gobierno se quedó corto en demostrar temple frente a las inseguridades, derivadas de las dificultades sanitarias y la precariedad de las finanzas públicas. En lo relativo con la inversión privada, cabe resaltar las probadas capacidades nacionales de captación de capitales extranjeros. Son reveladores los ingresos de nuevas empresas foráneas de servicios y de dispositivos médicos, entre otras. En el orden de las empresas transnacionales, destacamos la política pública en ascenso, patrocinada por la Coalición Costarricense de Iniciativas (CINDE), destinada a atraer inversión de tal amplitud hacia las regiones rurales, costeras y fronterizas, en aras del desarrollo sostenible, el progreso y la movilidad social de sus habitantes. De este modo, se comenzará a remediar las “brechas estructurales” de desarrollo humano; o mejor dicho, las desigualdades sociogeográficas entre el progreso de las regiones urbanas y las periféricas o postergadas (Víctor Umaña). Al conjunto de variables explicadas, se suma el tino en lo correspondiente a “la reducción de las restricciones sanitarias”, lo que ha tendido a reactivar la producción y el consumo. Por lo tanto, la sociedad costarricense quedará mejor blindada frente a las consecuencias e incertidumbres, derivadas de las disputas político-militares o las económico-comerciales, sean las que pueden desestabilizar y empeorar la seguridad y la estabilidad mundiales, en este tiempo la guerra entre Rusia y Ucrania, de cuyos impactos, tampoco nuestro país está exonerado. Bien que se reconozca que el “PIB per cápita de Costa Rica a $20.268, en el 2020, es más de cuatro veces la mediana de países con calificaciones similares; y su economía de $64.000 millones también es más grande que sus pares calificados” por parte de las agencias internacionales calificadoras de riesgo. Tampoco quiere decir que Costa Rica deba “dormirse en los laureles”. En aras de elevar la proyección a nivel global de sus demostradas potencialidades, atributos y capacidades en las relaciones comerciales, basadas en el libre comercio; en la protección del ambiente y el uso de energías limpias, las buenas prácticas y el enorme prestigio de nuestro sistema democrático liberal, pluralista, diverso y desmilitarizado, nuestro país podría trascender y extender su elevada reputación en las esferas globales. Las autoridades del próximo gobierno podrían tener en mente el robustecimiento de la participación costarricense en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la modernización de la integración económica centroamericana, el aprovechamiento superior de los numerosos tratados bilaterales y regionales de libre comercio y cooperación, entre otros mecanismos asociativos (Víctor Umaña). PANORAMAS DISRUPTIVOS GLOBALES EN CURSO. Según cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la guerra entre Rusia y Ucrania, que ciertamente provocó la inestabilidad en las condiciones de los mercados financieros; disparó los precios del petróleo – fijados por productores participantes a nivel global -, los granos, los metales. Ha endurecido las condiciones del financiamiento” a los mercados nacionales, y “podría costar un punto al crecimiento global” en un año, si los efectos sobre los mercados de los energéticos y financieros se prolongan (EUROPA PRESS). Podría registrarse una disminución en el crecimiento de la producción estadounidense, la mayor economía del orbe. Europa, otro de nuestros principales socios comerciales, comienza a ser castigada, a causa “de las repercusiones económicas y comerciales de la ofensiva” militar rusa. En China ha habido nuevos rebrotes de covid-19 en las últimas semanas. Otra vez, sus autoridades han optado por el confinamiento, cuyos efectos aminoraron el desempeño del sistema económico suyo, en cuenta sus disputas comerciales con los Estados Unidos de América. Al tiempo que se agravan todavía más las actuales deficiencias en el uso de los contenedores (Enio Rodríguez), desaceleradoras de las cadenas de distribución global de materias primas y productos terminados. Lo revelamos líneas arriba. Dos de los relevantes socios de nuestra foránea zona económica, comercial y de atracción de inversiones arrastran ya las secuelas de las hostilidades en la Europa oriental, las cuales disparan los precios de múltiples insumos de la producción nacional. Lo que constituye una amenaza inminente no solo contra la consistencia de las reservas monetarias, sino frente al crecimiento y los ingresos fiscales estimados en este año, derivados de las exportaciones y del turismo internacional, la recaudación tributaria, entre otros componentes. En el 2022 se manifestarían incrementos en la inflación (aquí ya es mayor al 4%), variaciones bruscas en el tipo de cambio y las tasas de interés. De haber un comportamiento contrario, en periodos de normalidad se puede mantener bajo control la persistente elevación en el nivel general de los precios de bienes y servicios (Banco Central de Costa Rica). Incrementos que influyen desfavorablemente en el costo de vida, frecuentemente, alentados por el aumento de los precios internacionales de las materias primas, el alza en los precios de los materiales de construcción, siendo los combustibles los de mayor sensibilidad. En otro orden de asignaturas, sin dilaciones, hay que tener presente el desafío que acusa la humanidad entera, asociado a los peligros y las complejidades del cambio climático, cuyas fundamentales acciones de mitigación han de alinearse con los intereses de la economía nacional, haciendo preponderantes “el uso de las energías renovables y la mejor gestión en aras de proteger la biodiversidad” (Jaramillo, idem; Pedro León; Rodrigo Gámez). En nuestras conciencias ha de quedar arraigado el deber ético y moral, también el conocimiento, en reconocer que el orbe continúa padeciendo la pandemia y sus impactos societales, por lo que “a duras penas podrá revertir las peligrosas consecuencias del cambio climático” (Javier Solana) y la contaminación ambiental, de los esquemas de desarrollo extractivo, perjudiciales contra los ecosistemas. Ha habido una extralimitación, al punto de alterar los ecosistemas terrestres y marítimos (León y Gamez, idem), así como los desastres, la mayor parte provocados por las perturbaciones ecológicas, los que castigan a las naciones bastante pobres, carentes de toda clase de recursos con tal de reconstruirse. EL RETORNO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). No sobra recalcar que la carga de los intereses de la deuda pública consumen una tercera parte de los ingresos tributarios, lo que conlleva el imperativo de reducir el alto endeudamiento del Gobierno Central (Luis Liberman; Ronulfo Jiménez; José Luis Arce), a fin de orientar mayores recursos a las políticas públicas de disminución de la pobreza y en creación de riqueza. A la vez se ahorraría más dinero, dedicados al levantamiento de infraestructura material, lo que habrá de generar progreso y empleos adicionales, así también se destinarían a inversiones en proyectos de “investigación, innovación y desarrollo”. La disminución (de la deuda) hará que el déficit fiscal disminuya en los próximos seis años. Para este 2022 se prevé que sea de -4,5% del PIB y se ubique en -2%, en el 2027, de acuerdo con lo proyectado por el Fondo Monetario (La Nación, 25 de marzo del 2022). El pasado 25 de marzo el gobierno costarricense recibió una buena noticia, dado que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera y la segunda revisión del programa de reformas y metas cuantitativas económicas de Costa Rica, pactadas en el segundo semestre del año anterior en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa original negociado con el FMI apunta un superávit primario (ingresos menos gastos, sin contar intereses de la deuda) del 1% para 2023. Es probable que se produzca un deslizamiento, por lo que “se pronostica un resultado primario más pequeño, pero positivo del 0,7% del PIB” (Luis Liberman; Ronulfo Jiménez; José Luis Arce). La deuda pública nacional representa ahora un 69,8% del PIB, una cifra insuficiente, a fin de “dar sostenibilidad a la deuda”. La estimación inicial decía que cerraría en un 72,5% del PIB en el 2021. Ha habido un esfuerzo en reducirla (Daniel Ortiz). Ella (la deuda) representa la asignatura de mayor complejidad del Estado, porque de allí se financian aproximadamente el 50% de sus gastos corrientes. Lo anterior impone la adopción de “políticas estructurales acordadas por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, con la vista puesta en la búsqueda de la excelencia “en la gestión política y la solvencia del Estado”. Otra materia unida a la reestructuración estatal se relaciona con la simplificación tributaria, con vistas a contrarrestar la evasión, la elusión” y simultáneamente reducir el déficit fiscal a un nivel manejable”, como en la superior disminución del déficit fiscal y el endeudamiento, del cual se financian los números rojos gubernamentales (Ortiz, idem). A partir de este año se proyecta una tendencia a la baja que llevará el endeudamiento gubernamental hasta el 63,4% de la producción (La Nación, 25 de marzo del 2022). La finalización de las revisiones de ese organismo (el FMI) posibilitarán a nuestro gobierno ser objeto del segundo desembolso por $284 millones, al mismo tiempo que se facilitará la captación de créditos adicionales ante los inversionistas y los organismos financieros internacionales con tasas de interés favorables (La Nación, 25 de marzo del 2022; Elián Villegas), puesto que se ganará confianza a raíz de nuestra disciplina en la administración de las finanzas. Habida consideración del cumplimiento de los arreglos con el FMI, llevados a cabo por el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, se ha constatado el avance en materia de la sostenibilidad fiscal y el freno al endeudamiento, del cual se vale el gobierno, con tal de financiar sus gastos corrientes, un fénómeno que provocó una especie de “bola de nieve”. El organismo multilateral en el fondo de la aprobación reitera que el desempeño fiscal llegó a ser “más sólido de lo previsto en 2021”, acompañado “de considerables avances en cuanto al fortalecimiento de la eficiencia y la equidad de la administración pública”. El esfuerzo de la disciplina y el ajuste fiscal, realizado por parte de la Administración Alvarado, a fin de controlar el gasto público se concreta “al alcanzar la cifra más baja de gasto de los últimos doce años”. Por eso, el actual gobierno será capaz de entregar al próximo Presidente un superávit primario – sin incluir los intereses de la deuda pública -, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La última vez que se alcanzó un balance primario positivo en este indicador fue en el 2008 (Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda). A enero del 2022 el déficit financiero, el componente principal del programa con el FMI, cerró en 0,28% del PIB, el más bajo de los últimos 14 años (Casa Presidencial; Ministerio de Hacienda, Carlos Morales - Fitch-). Posteriormente habrá de disminuirse la deuda del Gobierno respecto a la producción nacional, “luego de 14 años continuos al alza”. Lo descrito nos pone a pensar que es reducida la probabilidad de una recesión costarricense (Rodrigo Cubero, idem), con todo y la guerra en Ucrania, lo que presionaría al alza de la inflación “y en parte pesaría sobre la actividad económica” (Reserva Federal de Estados Unidos de América; AFP), particularmente en el comercio internacional y los flujos de las inversiones y los capitales. UN SISTEMA ECONÓMICO PROMETEDOR . Nuestras evidencias a favor de los precedentes argumentos son corroboradas ante el proceder de las tres agencias calificadoras internacionales (Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P - ), quienes analizaron, favorablemente, el comportamiento de la deuda costarricense. Destacan nuestra recuperación económica, a pesar de las consecuencias socioeconómicas y sanitarias en el orbe – como apuntamos al inicio - , causadas por la propagación de la pandemia del covid-19; al igual que la gravedad en el uso de los contenedores y en las cadenas de distribución global de materias primas y productos terminados. Esta vez, las agencias afirmaron la nota “en B” del Gobierno y mejorado la perspectiva de calificación, así lo hicieron desde finales del año pasado. Todo ello, basado en la reducción del déficit fiscal, incluida la contundente aprobación del Congreso, en este mes de marzo, de la legislación relacionada con el empleo público, particularmente la reforma a la Ley Marco del Empleo Público (La Nación, idem). A través de la aplicación de la Ley, el Estado ahorrará al año 393.000 millones de colones. En la nota “en B” otorgada, Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P- valoran de buena gana la evolución y el sólido desempeño nacional en el 2021, en cuanto a ingresos gubernamentales - 1,7 puntos porcentuales mayores que los valores del 2018 (Daniel Ortiz) - ; “adheridos a un tope de gastos”. Lo cual coincide con el “cumplimiento de la Facilidad de Fondo Extendido (EFF), aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, equivalente a $1.780 millones. De esta manera, fue reconocido por las agencias calificadoras el cumplimiento del tope al gasto público con la regla fiscal, “por el cual se fija un tope al incremento el gasto público, cuando la deuda pública supera el 50% de la producción”; una de las razones por las que hubo de confirmarse la nota en "B2". Es decir, la nota pasó de riesgo negativo a estable (La Nación, 17 de marzo, 2022). Con ello se visualiza un menor riesgo a cambio de la confianza en invertir en Costa Rica, en comparación con un tiempo atrás (Elian Villegas, Ministro de Hacienda). Lo correspondiente a “estable” significa que el emisor de deuda, es señalado ( en este caso, nuestro país) más vulnerable a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, porque aún refleja debilidades en las finanzas públicas. El estancamiento político incide en la vulnerabilidad, dados los desacuerdos en los debates legislativos con los proyectos del programa fiscal, negociado con el FMI. Sin embargo, actualmente nuestro gobierno tiene capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras (La Nación, idem). El FMI había decidido dar el visto bueno a Costa Rica, porque tomó en consideración la resultancia de la estricta revisión de las políticas fiscales pactadas, en aras de la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas, un requerimiento “facilitador del acceso al financiamiento externo”.“ Las calificadoras de riesgo valoraron lo actuado por el FMI, quien desde antes venía ofreciendo señales que Costa Rica cumplía con las metas, “porque se ha llevado adelante un estricto control del gasto público”, mediante la aplicación de la regla fiscal. Valga subrayar que se ha producido un incremento interesante en los ingresos tributarios, lo cual se explica ante los resultados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ley aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2018, la que amplía el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los servicios, así como el incremento en el tributo de renta (Elian Villegas). En la línea de la rectificación de la política macroeconómica, a través de la confirmación hecha por Moody’s, Fitch y Standard&Poor’s -S&P , o el ascenso en la nota de riesgo a favor del país, se logrará elevar la confianza de los inversionistas; y entonces así brindar mejores condiciones para el financiamiento local y externo (Elian Villegas, Ministro de Hacienda). Al mismo tiempo, la entidad S&P ha proyectado que la economía costarricense tendrá un crecimiento promedio del 4,3% anual entre el 2022 y 2024. El aumento vendrá por la reactivación del turismo – el sector más golpeado por los efectos del covid-19 y uno de los motores del desarrollo nacional - ; el empuje a las exportaciones, a cargo de las empresas nacionales y las de las zona franca. Ello se confirma con la llegada a suelo costarricense de nuevas compañías multinacionales (Villegas, idem), con base en el “nearshoring”, tal como expusimos en la primera parte de este escrito. Habíamos señalado lo relacionado con la disminución del endeudamiento, lo cual obedeció al incremento de los ingresos por recaudación de impuestos. Ingresos que habrán de subir, de acuerdo con las positivas proyecciones de crecimiento de la economía, dadas a conocer por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Lo cual seguirá ocasionando balances primarios más favorables, que evitarán la necesidad de financiamiento con base en la adquisición de deuda adicional. En lo que respecta nuevamente a las finanzas públicas, las agencias prevén que la prudencia en la contención del gasto y la aprobación de proyectos fiscales adicionales, sometidos al debate de la Asamblea Legislativa, habrán de originar la baja del déficit fiscal; se logró reducir del 8% al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), así como del endeudamiento del Gobierno (Elian Villegas, idem), como porcentaje del PIB. Por su lado, el mercado financiero internacional quedó conforme con la respuesta democrática y de la aceptación de los resultados de los comicios (Villegas, idem), por cuanto ambos candidatos comulgan con los principios fundamentales del mercado, además del equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Retomemos la advertencia que la calificación de “B”, de “negativa a estable, todavía implica que existe un considerable riesgo de impago, si la situación financiera costarricense “varía notablemente”, sea también frente a los eventuales cuestionamientos, de quien resulte ganador en el balotaje del 3 de abril del año en curso, para elegir el próximo Presidente de la República. Un futuro gobierno habrá de concentrarse mayormente en las políticas sociales, orientadas a ensanchar las fuentes de empleo; atacar la pobreza y la severa desigualdad en los ingresos entre los ciudadanos; en liberar la burocracia estatal de trámites y regulaciones innecesarios, así como otorgar mayor confianza, transparencia y seguridad jurídica a la inversión y la producción (La Nación, 8 de febrero del 2022). Y en cuanto a la reactivación económica, habrá de enfatizar en la obra pública y privada en infraestructura física, capaces de multiplicar los encadenamientos empresariales y, de paso, incrementar el número de los puestos de trabajo. UNA DIGRESIÓN; Y APROXIMACIÓN A LAS RELACIONES COMERCIALES. En párrafos anteriores apuntamos que en un principio la agencia S&P había proyectado “que la economía costarricense tendría un crecimiento promedio de 4,3% anual entre el 2022 y 2024”; una de las razones trabajadas por S&P y las otras entidades, por las cuales mejoraron la perspectiva de calificación. Fuera de eso y contra todas las proyecciones, la producción nacional del 2021 aumentó fuertemente en 7,6%, la más alta en 14 años – según lo expresamos líneas arriba - , merced a los escalonados repuntes en la economía mundial, como también el aceleramiento del consumo interno. A ello se añade la recuperación de todos los sectores productivos en el marco de la diversificación económica, aliada de la integración, la interdependencia y la apertura comercial. Tales vínculos externos deberían expandirse, mediante el acceso a nuevos mercados globales“, teniendo en cuenta los objetivos de alcanzar la mayor eficiencia de la producción interna (Luis Mesalles), lo mismo que fomentar “el emprendedurismo”, ambos respaldados con recursos crediticios de la banca del desarrollo y del sistema bancario costarricense. Al lado de continuar ampliando las vías alrededor del comercio exterior, favorecedor del desarrollo sostenible, obsérvese que nuestro país exportó bienes por la voluminosa cantidad de $13.000 millones entre enero y octubre del 2021, un 25% más que en el mismo período del año anterior (PROCOMER). El factor antes comentado habrá de engrosar los niveles de contratación de trabajadores en el mercado laboral. En esta meta, todo el conglomerado de las empresas de las zonas francas, en especial las firmas de servicios corporativos de alta tecnología y de dispositivos médicos, etcétera, constituye uno de los motores del crecimiento con desarrollo y el resurgimiento del empleo (de calidad). Dicho sector generó el 77% del empleo total (OCDE). Dichas fortalezas comprometen a las instituciones especializadas a ofrecer constante formación y capacitación a nuestra población laboral y a la que está en disposición de ingresar a los ámbitos del trabajo; al igual que progresar en infraestructura física (en especial la vial) y logística, con el propósito de elevar nuestra competitividad frente a otras naciones. El crecimiento económico sería superior de avanzarse en asignaturas o factores pendientes, favorecedores de la competitividad, entre ellos el ascenso en la productividad de nuestros trabajadores – privados y públicos -, aparte de la sana competencia dentro de los mercados interdependientes. En la prioridad de elevar la competitividad, hay que dar holgura a “la investigación, innovación y el desarrollo”, lo cual calza con los objetivos de los progresos científicos y la modernización tecnológica, las novedades en las comunicaciones electrónicas, adjuntas a la economía y la administración digitales, eso sí, socialmente incluyentes (Carlos Felipe Jaramillo – Banco Mundial -; Eduardo Lizano). Las inversiones públicas en infraestructura básica tales como caminos, redes de telecomunicaciones y eléctricas, etcétera, al alentar los negocios y las inversiones, cumplen un rol inequívoco en el ascenso de la competitividad en función de la ampliación y el dinamismo de nuestro sistema productivo y de nuestros vínculos comerciales con los mercados globales. Igualmente, subrayamos la reversión urgente de las alarmantes pérdidas educativas, causadas por la pandemia del covid – a diferencia de Argentina, Uruguay, entre otras naciones, en Costa Rica se desistió de cerrar las aulas de los centros educativos -. Debido a los repercusiones socioeconómicas, acarreadas por el coronavirus, la restitución del sistema de enseñanza-aprendizaje obligará a la reestructuración completa de las capacidades técnicas y administrativas del Ministerio de Educación Pública, y de seguido ejecutar el gasto en educación de modo eficiente. Los programas de estudio de los colegios académicos y los vocacionales (o técnicos) podrían contemplar materias todavía inéditas, tales como la inteligencia emocional, las habilidades y destrezas sociales, además de conocimientos mayúsculos en las diversas asignaturas escolares. Lo dicho antes aseguraría mejores condiciones a la inserción de las personas en el mercado laboral”, así también se forjarían personalidades íntegras, capaces de asumir constructivas relaciones interpersonales, cívicas y comunitarias. A la prioridad de elevar los niveles de educación, sin desdeñar las carreras humanistas, las ciencias sociales, el arte, la cultura, el deporte, cabe destacar las recomendaciones de los especialistas en cuanto a dar énfasis a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus siglas en inglés, “STEM” ). Lo que llegará a ser crucial en Costa Rica, si bien se observa un crecimiento para los próximos años (Ricardo Zúñiga). LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Nos corresponde ahora hacer referencia a la asignatura de la eficiencia del gasto público y la revisión del desempeño de todas las instituciones estatales (Edgar Robles), varias de ellas anquilosadas por leyes vetustas. Por qué no reformar aquellas Instituciones que, con frecuencia, son campo fértil a la corrupción, el clientelismo y la politización desproporcionada. Y no lejos de tales irregularidades, es fácil verificar la preservación de sistemas y métodos de administración de personal; obsoletos e incapaces de asegurar la contratación de funcionarios aptos y entregados a colaborar con la alta calidad de los servicios públicos, y por ende facilitar el despido de servidores incompetentes, que solo piensan en sus intereses particulares, acogidos por legislación, feudos o gremios que les garantizan casi siempre el confort, la durabilidad en sus cargos y la impunidad. Valga señalar los entrabamientos, la tramitología, el inmovilismo, el conservadurismo burocrático o la resistencia al cambio, las prohibiciones sin sentido, la duplicación de funciones entre las organizaciones públicas, entre una gama de anomalías, entorpecedoras de la innovación, las transformaciones y el correcto desempeño de las instituciones del Estado. En teoría, ese poderoso aparato político ha de ser el gestor del desarrollo sostenible, de realizaciones materiales, e inculcador de valores éticos y morales en la sociedad nacional, y estar comprometido a rendir cuentas a la ciudadanía. Esto no quiere decir, que se descalifique completamente la burocracia pública, al extremo de negar que existen empleados públicos honrados y laboriosos. Eso sí, hay que “oxigenarla”. Lo apunta acertadamente Mario Vargas Llosa en su libro “La llamada de la tribu”, menos aún se impone la supresión del Estado nacional. Por el contrario, lo queremos fuerte y eficaz, a diferencia de uno grande, “depredador” de los recursos, redundante, “empeñado en hacer cosas que la sociedad civil puede hacer mejor que él” (Zúñiga, idem). Un Estado que a los habitantes asegure y consolide “las libertades y los derechos humanos, el orden público, el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades”. Al cabo que ese aparato de poder sea garante de la seguridad jurídica y económica, favorecedora de los climas de negocios, la inversión pública y privada en áreas de trabajo vigentes o en crecimiento” (Ricardo Zúñiga). “LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES UNA BUENA POLÍTICA ECONÓMICA", es un postulado dado a la luz pública por el notable Presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), que intentamos adherir en ocasión de este escrito. Dicho esto, seria conveniente que las sucesivas autoridades gubernamentales se reinventen en política comercial, en la atracción de inversiones (Consejeros Económicos y Financieros – Cefsa), en concomitancia con la política social, esto en función de estrechar las desigualdades en los ingresos entre los diferente sectores sociales. Indigna que “uno de cada cinco costarricenses vivan en pobreza, y uno de cada diez en opulencia” (Velia Govaere). Y en el marco de esta perspectiva, rectificar aquellas medidas equivocadas, debilitantes del sector agropecuario, el garante de la seguridad alimentaria y el encargado de ofrecer trabajo a las personas con inferiores niveles de educación y especialización laboral. Lo recalca con precisión José W. Fernández, alto cargo del Gobierno de los Estados Unidos de América, al declarar en nuestro país que el crecimiento económico “tiene que ser” socialmente comprensivo, que ayude a elevar la calidad de vida de todos los segmentos poblacionales de los Estados nacionales (La Nación, 25 de marzo del 2022). Ajeno a dogmatismos ideológicos, el funcionario estadounidense expone piezas políticas del Presidente Joe Biden; formula la interesante tesis de construir una economía “de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, no de arriba hacia abajo”. Él (el estadounidense Fernández) nos da entender la fuerza mayor, poseída por el sistema capitalista de encaminarse hacia el “aggiornamento”; antes que las corrientes iliberales, del nacionalismo - antiglobalización y del capitalismo de Estado autoritario o policial - el modelo de la China – (BBC News) tiendan a ser importados, y enseguida estropear los valores fundamentales de la civilización occidental y del orden mundial establecido. REFLEXIÓN FINAL. La propagación de la pandemia del Siglo XXl, en algunos casos dio pie al populismo, al autoritarismo y la reducción del conjunto de las libertades públicas, el menoscabo de los derechos humanos, el rebajamiento del Estado de derecho en determinados confines del orbe, así como la pérdida de los equilibrios y las complicaciones en la distribución del poder. En cambio, vemos aleccionador la solidez de los fundamentos políticos y la forma de conducirse el régimen democrático liberal de Costa Rica; visto robustecido por el sistema de pesos y contrapesos, sustentados en la separación y la independencia de los Poderes de la República. En estos atributos democráticos cumplen un rol primordial y activo, en beneficio de la ciudadanía, los medios de comunicación, las redes sociales virtuales, a través de la implantación y el uso de la Internet, ya sean “Facebook”, la plataforma de mensajería “Twitter”, etcétera. La totalidad de los recursos al servicio de las comunicaciones en función de la libertad de expresión operan acá irrestrictamente, aparte de compartirse libremente en ellas opiniones del público, e “informaciones, de diverso tipo, de una forma rápida, sencilla y gratuita”, cuya difusión ha sido capaz de ejercer el control y la fiscalización informal y efectiva frente a los poderes formales (y fácticos) establecidos, incluidos los partidos políticos. Por otra parte, la eficacia de nuestros sistemas de seguridad y protección social, favorecedores de la unidad y la cohesión ciudadana, los que prácticamente siguen intactos, cumplieron roles decisivos en la atención de la emergencia sanitaria frente al covid-19. Las fortalezas de nuestra sociedad política, democrática liberal, las secundaron las capacidades de la economía local en el proceso de adaptación a la emergencia, al igual que la gradual recuperación de los lazos con el comercio libre y abierto y la constancia en la atracción de inversiones. Todo ello enmarcado en las políticas públicas de la apertura a la economía global. Dicho sea de paso, el conjunto de actividades productivas, empresariales, a la postre conservan un notable dinamismo, tal cual lo pusimos en evidencia en la primera parte de nuestro escrito, al reiterar su relevancia para con el desarrollo integral y los valores del bien común inmersos en la sociedad abierta y auténticamente pluralista. En definitiva, en lo personal nunca habré de arrepentirme de haber votado por el Presidente Carlos Alvarado (2018 – 2022).

Las Relaciones Internacionales Intereses geopolíticos El caso de Ucrania youtu.be Conferencia impartida por Ronald Obaldía en la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Enlace https://youtu.be/lM-66dJGFmo Las Relaciones Internacionales Intereses geopolíticos El caso de Ucrania youtu.be Vista previa del vídeo Las Relaciones Internacionales Intereses geopolíticos El caso de Ucrania de YouTube https://www.youtube.com/results?search_query=ronald+obaldia

(1704) Las Relaciones Internacionales Intereses geopolíticos. El caso de Ucrania - YouTube

(1704) Las Relaciones Internacionales Intereses geopolíticos. El caso de Ucrania - YouTube Enlace transmisión 9 Marzo - Tema El caso de Ucrania Recibidos Karla Vargas Molina mié, 9 mar, 17:49 (hace 8 días) para Gustavo, Alfonso, mí Buenas tardes qué tal, les remito el enlace de la transmisión de hoy 9 de marzo 2022. Don Gustavo, el video aún no está editado en la parte que usted inicia sin micrófono, porque para eso, debo enviárselo a la editora y dura unos días. Usted me indica si por el momento se quede colocado en YouTube o lo ponemos privado para que no lo puedan ver, mientras se edita. Quedo atenta. Saludos. Enlace Videotransmisión (1704) Las Relaciones Internacionales Intereses geopolíticos. El caso de Ucrania - YouTube

Proyecto para el mejoramiento del abordaje pedagógico de las Escuelas Unidocentes en el cantón de Puriscal – San José, Costa Rica.

Autores: José Joaquín Chaverri Sievert Ronald Obaldía González Walter Fonseca Ramírez Proyecto para el mejoramiento del abordaje pedagógico de las Escuelas Unidocentes en el cantón de Puriscal – San José, Costa Rica 1. Visión abreviada acerca de la educación general básica (EGB) Uno de los desafíos principales del sistema educativo costarricense ha sido garantizar el acceso a la educación, que los estudiantes se beneficien y tengan la posibilidad de mejorar su nivel de vida al tener acceso a una educación primaria completa. Dicho lo anterior, antes de poder comunicar algo, un profesor debe conocer bien la materia y actualizarse en los enfoques y conceptos prácticos, porque solo así podrá enfatizar en lo esencial y adaptar la enseñanza al nivel de comprensión de los alumnos y a la realidad de los cambios en el conjunto de la sociedad. 2. Resumen ejecutivo del proyecto: Las Escuelas Unidocentes surgen en Costa Rica desde la década de 1960. Dichas escuelas se encuentran en todo el territorio nacional. La modalidad de ellas, en su mayoría, consiste en que un solo docente en zonas de baja densidad poblacional o en zonas rurales dispersas, como también en los territorios indígenas, es quien imparte lecciones en todos los niveles, correspondientes al primer y al segundo ciclo de educación básica a un grupo que no supera los 30 estudiantes. Los centros educativos de estas características funcionan en un ambiente multigrado. Se parte del principio que los centros educativos de alta calidad constituyen el eje de la educación costarricense. Y que al mismo tiempo la educación lo es a la agenda social, comprendida en las políticas del desarrollo sostenible, en términos de la expansión generalizada de los servicios educativos. 3- Antecedentes del proyecto: Actualmente existen más de 1.400 centros educativos unidocentes, los que representan cerca del 40,0% del total de escuelas públicas localizadas en todo el territorio nacional. En el caso particular del cantón de Puriscal, del total de 114 centros de la Enseñanza General Básica (EGB) allí existentes, hay registro de 62 escuelas unidocentes. Las labores de gestión integral de la institución unidocente las realiza el educador con el respaldo directo de las comunidades y las familias de los alumnos, a fin de prevenir y encarar principalmente males sociales, tales como la violencia en los centros educativos, la violencia intrafamiliar, los embarazos en estudiantes menores de edad, el trabajo infantil y el consumo de drogas ilícitas. Al igual que en el Plan de Estudios de la Enseñanza General Básica, en las Escuelas Unidocentes se imparten las siguientes asignaturas: Español, Matemática, Ciencias, Estudios Sociales, Lengua Extranjera, Actividades o Asignaturas complementarias (Educación Religiosa, Educación Física, Educación para el Hogar/ Artes Industriales, Educación Musical, Artes Plásticas). Se incluye dentro de las clases de Ciencias las dos lecciones de Educación Agrícola. Con el Plan de Estudios en mención se fomentará en los estudiantes el desarrollo de actitudes, destrezas y habilidades hacia el trabajo creativo, la comunicación, la solidaridad y la convivencia con otras personas y con su entorno (Fuente: Delfina Cartín Sánchez. Escuelas Unidocentes en Costa Rica. Historia y Situación Actual (1960-2016) Ministerio de Educación Pública, 2018) Con los propósitos de encauzar el mejor provecho de los recursos que nuestro país dispone, reducir las diferencias en la calidad entre la educación pública urbana y rural y de seguido las brechas sociales, en 1963 el Ministerio de Educación Pública estableció las políticas que garantizarían el acceso a la educación primaria completa, por lo tanto se dio origen a la modalidad de la escuela Unidocente, una modalidad que opera principalmente en las alejadas zonas rurales-agrícolas e indígenas. La institución rectora de la educación hizo énfasis en que toda escuela, cuya matrícula general no fuera mayor de 50 alumnos, debería ser atendida por un solo maestro (…). De igual forma, todas las escuelas del país, las Unidocentes sin excepción, habrían de ofrecer el ciclo completo de la enseñanza primaria, cualesquiera que fueran “sus condiciones materiales, o el número de maestros que la sirvan.” (Ministerio de Educación Pública – MEP – 1965). Todo lo cual garantizaría el acceso a la educación a los niños en edad escolar, para que en el futuro inmediato se beneficien de la posibilidad de mejorar su nivel de vida, abonen al crecimiento personal. En la década de 1960 se tuvo en mente la educación de excelente calidad, independientemente de la modalidad de la institución, en la cual se cursen estudios primarios, como el más valioso recurso, en cuanto a superar la anomalías irresueltas de las disparidades en el aprendizaje entre las zonas rurales y urbanas, así también entre la educación pública y privada. Estas todavía más se acentúan en la presente coyuntura de los tropiezos y las dificultades en la enseñanza virtual en medio de la actual emergencia del covid-19”, cuando la población infantil y los jóvenes continúan siendo perjudicados gravemente ante las carencias de conectividad digital en Internet en numerosos hogares. Peligrosas brechas que ya se arrastraban antes de la aparición de la enfermedad del coronavirus. El plan piloto de las Escuelas Unidocentes toma como marco de referencia y de acción, el que además de elevar, mediante la informática educativa, el nivel de la enseñanza y el aprendizaje de un centro de tal índole, añade los valores de la ciudadanía democrática activa a favor de los alumnos. 4. Entorno social y económico En la región oeste de la provincia de San José, la Capital de Costa Rica, se encuentra localizado PURISCAL, el cantón lV de dicha provincia, fundado en 1868. Justamente, la región rural (o cantón) escogida, para los objetivos de este proyecto piloto o experimental. La cabecera cantonal es la ciudad de Santiago. PURISCAL está ubicado a 41 kilómetros de distancia del cantón central de San José, y a 77 km de la costa del Pacífico. Posee una superficie de 561 kilómetros cuadrados, habitada por aproximadamente 39.000 personas (2020). De acuerdo con fuentes no oficiales se cita que, entre el total de sus habitantes, el 20 % son menores de 10 años. Dicho cantón de San José ofrece un clima apropiado para la producción de diversas actividades agrícolas, entre ellas, el café, las hortalizas, la caña de azúcar, frijoles, maíz, las plantas ornamentales. Durante bastante tiempo el tabaco representó su actividad económica principal, apenas permanecen ligeros rastros de ese cultivo. Asimismo, parte de su geografía ha sido dedicada a la ganadería, coexistente con algunas superficies protegidas para áreas de conservación del medio ambiente, entre las que destaca el Parque Nacional “La Cangreja”, además de otros recursos naturales. 5. Justificación Los progresos científicos y tecnológicos imponen a las naciones la necesidad de disponer de una población económicamente activa, educada y con sobradas habilidades técnicas y herramientas, compatibles con los requerimientos y las exigencias propias de la sociedad del conocimiento. Por esto, resulta primordial el dominio adelantado de lenguas extranjeras, en especial el inglés, al darle el nivel de segunda lengua dentro de la población. Exigencias que a la vez son valoradas en la dinámica de las actividades productivas de las empresas, conexas al moderno contexto, impulsado por el conocimiento acelerado e innovador, el cual demanda una mayor calidad en la educación de los habitantes de las naciones, no pocas de ellas sometidas a “la pobreza escolar”: un fenómeno impermisible en nuestro país. El riesgo que entrañan los ilimitados avances científicos se sustentan en el agravamiento de la desigualdad en la redistribución del ingreso nacional. Lo cual golpea a segmentos específicos de la población, principalmente los de las zonas rurales, por cuanto se les cierran los accesos al sistema de educación formal, y de paso les son reducidos las resultantes oportunidades de progreso, los beneficios sociales y económicos. Así también, se les limita el ingreso a las fuentes de trabajo clave, condicionadas por el desarrollo e innovación científico y tecnológico, el movilizador de la renovada economía global. Cabe subrayar un riesgo potencial en la sociedad costarricense, expuesto en “El  Octavo informe estado de la educación”; investigación del Programa Estado de la Nación, la cual ha puesto en evidencia que, en desmedro de los intereses superiores de los niños y los jóvenes, el sistema educativo costarricense continúa soportando un retroceso en la calidad de los procesos de la enseñanza – aprendizaje. O mejor dicho “un apagón”, originado por las consecuencias de la pandemia del covid 19, incluidas las distintas y prolongadas huelgas de las asociaciones magisteriales del 2018 y 2019. Ese rezago, en detrimento de los estudiantes, toma el lugar de un fracaso moral, adentrado en la sociedad costarricense. Por lo tanto, resulta imprescindible prevenir que el apagón escolar adopte la forma de un estancamiento superior, el cual reducirá la creación de oportunidades educativas de acceso, permanencia y éxito escolar de los estudiantes, en el entendido que las Escuelas de las regiones rurales, específicamente las Unidocentes,  llegarían a ser las más vulnerables y perjudicadas. Dicho retroceso o apagón educativo erosiona los principios de la igualdad ciudadana en bienestar, las oportunidades de éxito, la creación de buenos hábitos "de ciudadanía democrática activa". Es más, las posibilidades reales de garantizar un futuro próspero a los alumnos, especialmente los de Escuelas Unidocentes de las regiones agrícolas, en desventaja en términos sociales y económicos, lo llegó a agravar de manera agresiva la propagación mundial de la pandemia del covid - 19. Los objetivos y las metas institucionales con vistas a la superación de los imprevisibles daños de diversa índole, acumulados por el coronavirus en todas las sociedades nacionales, están lejos de ser capaces de remediar  al corto plazo y al bajo costo financiero.  En el proyecto como tal se analizaron los riesgos en la cohesión social, que arrastran  los males que la hacen frágil, tales como las  consecuencias de la pobreza o los bajísimos ingresos de los hogares,  la disparidad de género, el mismo desempleo en las personas menos calificadas o con mínimos niveles de escolaridad, así como “ la consecuente pérdida de capital humano”. Los cuales han de  ser reparados, ofreciendo educación de elevada calidad a las actuales y las  futuras generaciones. A lo antes citado cabe añadir el objetivo de lograr que la educación y la formación laboral cubra a la mayor cantidad posible de niños, jóvenes y particularmente las mujeres. De este modo, se podrá minimizar  el posible retraso económico y social que afrontan los países, debido a los estragos del coronavirus. Tales desventajas pesan todavía más en los ámbitos rurales y en las regiones periféricas de las economías nacionales de bajos o medianos ingresos, en cuenta Costa Rica. Razón por la cual los Gobiernos democráticos se verán obligados a la adopción de acciones precisas e inmediatas, en aras de la recuperación de sus golpeados sistemas productivos, incluidas las políticas de inversión pública y la renovación, en todos los rangos, de las propias estructuras educativas – culturales. En dichas acciones urgentes habrá de considerarse la formación laboral, soporte clave en los procesos de la reactivación económica, la promoción del empleo y la reducción de la pobreza. A lo antes dicho, habrá de enmarcar los postulados del desarrollo sostenible económico y social, en armonía con la naturaleza y el entorno en general. Cabe subrayar el interés de los autores del proyecto en levantar la calidad de la enseñanza en las Escuelas unidocentes, otorgando prioridad a la formación y la capacitación constante de los docentes. A lo antes dicho se añadirá “el uso eficaz de las tecnologías de información y comunicación por parte de ellos, quienes a la vez tienen bajo sus responsabilidades la administración de estos centros, al igual que las tareas de impartir las lecciones a los niños. Esto quiere decir, la relevancia asignada por esta iniciativa a los materiales didácticos bien diseñados y al pertinente aprendizaje digital de los estudiantes, acogidos por la modalidad rural de centro de enseñanza. En el proyecto sometido a valoración se posee la convicción que el saber de alta calidad, la excelencia académica del educador en las Escuelas unidocentes, constituye el factor determinante en cuanto a mostrar “otra educación posible”, abundante en réditos sociales. El enfoque humanista del proyecto se enlaza con la visión comprometida con el uso de modernas metodologías y programas pedagógicos, acordes con los cambios del siglo XXI, cuya aplicación tenga como destino la progresividad agrícola y tecnológica de las zonas rurales, o las periféricas de inferior desarrollo social. Esta vez se ha escogido al cantón de Puriscal, al nivel experimental de un programa rural, habida cuenta de la óptima cantidad y la modalidad de las escuelas que allí operan. Todo ello coincide con los intereses del proyecto, el cual habrá de agregar calidad y valor educativo en función de producir talento, novedoso capital humano y social, así como disminuir el desequilibrio en los niveles de desarrollo económico entre las regiones urbanas y rurales, lo cual habrá de contribuir a la continuidad del fortalecimiento de nuestra sociedad democrática. En la visión de la “otra educación posible” se hace referencia a las metodologías de enseñanza y aprendizaje, las que integran capacidades o competencias, que enfatizan en los valores espirituales, éticos, humanistas, cívico-ciudadanos, más la formación de hábitos. Así también, se está apelando a los conceptos de la formación de futuros ciudadanos libres y pensantes, creativos, constructivos, comunicativos, protagonistas y solidarios en los vínculos psicosociales y culturales. Particularmente, en ser en el futuro personas capaces de adaptarse a la nueva realidad de la tecnología y las telecomunicaciones. Al proyecto de escuelas unidocentes se adiciona la experiencia denominada “Informática en el Aula”, lo que llegará a reforzar el acercamiento con los progresos en las distintas áreas del conocimiento científico, la cultura, el arte, al igual que en el deporte, tan crucial en la buena salud física y psicológica del alumnado. Todo ello se orienta “a que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien”, de la mano de un educador altamente capacitado, tras la verificación del “aprendizaje previo”, acumulado en su carrera profesional. 6. Objetivos del proyecto: Objetivo General Desarrollar en el cantón rural de Puriscal, provincia de San José, un modelo de proyecto de voluntariado, acompañado por las familias y las comunidades, aplicable en cualesquiera regiones agrícolas costarricenses, para el equipamiento tecnológico y la capacitación de los educadores en las escuelas unidocentes, sustentado en pedagogías innovadoras y en tecnologías informáticas, dedicadas a elevar la calidad del desempeño escolar. Objetivos específicos 6.1 Determinar los parámetros, a efecto de seleccionar la escuela unidocente, a la cual se le otorgará la cooperación técnica y financiera no reembolsable, así como los aportes a las capacitaciones planificadas. 6.2. Seleccionar una escuela unidocente del cantón de Puriscal, a efecto de ejecutar el proyecto piloto en cita, en la perspectiva de cerrar las brechas y los retrasos educativos, y la consecuente pérdida de capital humano, ahondados ante la crisis de la pandemia de la covid-19, entre otros acontecimientos. 6.3. Cuantificar los requerimientos económicos para el equipamiento físico y tecnológico de la escuela unidocente seleccionada. 6.4. Identificar los requerimientos de capacitación del docente, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje a los educandos. 6.5. Instalar moderna tecnología en la escuela seleccionada, a fin de transmitir al estudiantado lo más innovador y eficaz de los enfoques y métodos educativos, en cuenta la enseñanza y el aprendizaje virtual. 6.6 Evaluar en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y la comunidad destinataria del proyecto piloto, los conocimientos, las habilidades y las destrezas, adquiridos por parte del docente y los estudiantes de la escuela experimental, tras el término del programa escolar. 6.7. Gestionar cooperación con embajadas de naciones, acreditadas en Costa Rica, a fin de capacitar en lenguas extranjeras, en especial el inglés, a los profesores y los estudiantes de los centros unidocentes. 7. Equipamientos tecnológicos En cuanto a las necesidades del equipamiento tecnológico, cabe especificar la cantidad de 31 computadoras laptop, indispensables para poner en marcha el proyecto. Los aparatos se le asignarían a cada uno de los 30 estudiantes, registrados en la Escuela Unidocente, seleccionada en el cantón de Puriscal. A la vez se le dotaría una computadora laptop al educador a cargo del centro. En este mismo sentido, se gestionarán coordinaciones cooperativas con la Fundación Omar Dengo 8. Necesidades de recursos financieros El proyecto se impondrá el propósito de recurrir a distintas fuentes de cooperación no reembolsable, a efecto de asegurar que todos los sistemas educativos usen la tecnología en forma eficaz para la eliminación en ellos de disparidades formativas y de seguido la reparación de pérdidas de aprendizaje. De acuerdo con los intereses del proyecto piloto se añadirá el objetivo de fomentar el dominio del idioma inglés, lo cual requerirá el uso de recursos financiarieros provenientes de Fondos captados. En lo antes dicho, justamente reside uno de los propósitos de los gestores del proyecto, favorecedor de una Escuela Unidocente, el cual se pondrá al conocimiento y la valoración de las correspondientes agencias internacionales cooperantes. En esta dirección se gestionará el financiamiento de este plan piloto, sobre la base de costos razonables y el aporte mínimo de las familias beneficiadas. En el propósito de activarlo con una respuesta expedita, se recurrirá a la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública, ubicada en la zona de Puriscal, sean además otras entidades afines, con tal de encontrar algún presupuesto, además de otros recursos materiales, tecnológicos y pedagógicos. Dichas cooperaciones redundarán en la meta de dotar, por ahora, a la escuela seleccionada de mejor infraestructura física, mobiliario, conectividad en Internet, junto a un centro de respaldo digital, etcétera. El plan piloto expuesto se propone tomar en consideración los recursos financieros, destinados a nivel nacional, en aras de enfrentar la crisis sanitaria, derivada de la pandemia, destinando una partida de tales recursos a respaldar las Escuelas unidocentes, y así enmendar las pérdidas de aprendizaje, originadas por las particularidades de la propagación de la enfermedad. 9. PRESUPUESTO. La reconstrucción física de la escuela Unidocente seleccionada en Puriscal tendrá un costo aproximado de ¢40.000.000. En la instalación de los básicos servicios públicos se requerirán ¢10.000.000 anuales. La adquisicion de mobiliario ocupará un financiamiento de ¢1.600.000. El rubro del equipamiento tecnológico requerirá una inversión de ¢10.850.000,00. La obtención de las licencias de software básicas de office tiene el costo de ¢3.050.000. Asimismo, habrá que introducir la conexión de “Banda Ancha, para asegurar la eficacia en la dinámica del proyecto, lo cual representará un costo anual de ¢2.100.000. EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO PILOTO ALCANZARÁ LA SUMA DE SESENTA Y SEIS MILLONES DE COLONES (¢66.000.000) 10. Conjunto de acciones a implementar. 10.1 La reconstrucción física de la escuela Unidocente seleccionada en Puriscal llegará a ser la principal prioridad, sin desmedro del avance de las otras acciones inherentes a los intereses del plan piloto. 10.2 La donación constante de libros educativos constituirá una de las acciones sustantivas del proyecto, todo ello con la vista puesta de poner en funcionamiento una biblioteca en el centro escolar. 10. 3 La capacitación de las familias de los alumnos y del maestro de la Escuela Unidocente, así también de los otros centros cercanos, se llevará a cabo con inmediata anterioridad como tarea imprescindible de la difusión y la promoción del proyecto expuesto. 10.4 La gestión ante la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Puriscal, correspondiente a la región de Puriscal se encaminará a obtener la autorización formal para dar curso a lo planeado. 10.5 Captación de fondos financieros, en especial las donaciones personales, con miras al financiamiento de los cursos de capacitación y las demás necesidades materiales. 11. La organización administradora del proyecto Los señores Ronald Sauter y José Joaquín Chaverri Sievert serán los responsables directos de la coordinación y ejecución del proyecto pedagógico de una Escuela Unidocente del cantón de Puriscal. En este mismo sentido, la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), las familias y la comunidad seleccionada serán coadyuvantes en el desempeño de las acciones programadas. 12. Duración del proyecto (Todavía sin definir)

COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. PRIMERA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González

COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. PRIMERA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González En días pasados el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio cuenta que las aventajadas potencias económicas experimentan un “buen desempeño” (Rodrigo Cubero Brealey, presidente del BCCRl), particularidad que podría despejar el camino, para que la economía global pudiera aumentar un 5,9% en el 2021 y casi un 5% en el 2022, lo cual también llegaría a favorecer la economía nacional. La vacunación y el suavizamiento de las medidas restrictivas, entre ellas el confinamiento, que obligó el coronavirus a la mayoría de los países, a fin de contrarrestar las secuelas sufridas, se citan entre las herramientas principales, influyentes en el buen desempeño de la actividad económica y de los mercados internacionales, a pesar de los tangibles riesgos de la aparición de nuevas variantes de la pandemia del covid – 19, entre ellas, “el ómicron”. La incertidumbre (las variantes del coronavirus) tendería otra vez a poner en vilo la gradual recuperación del sistema económico – comercial y financiero mundial, en cuenta la agudización de la pobreza global (Jim O´neill). O, en su defecto, que continúe habiendo cambios drásticos en el tipo de cambio, que se incremente el precio de importación de las materias primas, a saber el alza de los combustibles. Al cabo que el aumento de la inflación interna a largo plazo, especialmente en los Estados Unidos de América y China, impactaría el consumo local, pues los precios de los bienes y servicios se orientarán al alza. Lo antes indicado provocaría “un deterioro en los términos de intercambio comercial costarricense, pérdidas de negocios”, entrelazado a los actuales y elevados costos de los fletes marítimos, las interrupciones en la cadena mundial de abastecimiento, en concatenación con las dificultades logísticas, producto de la pandemia del Covid – 19” (Roger Porras; Rodrigo Cordero Brealey, Presidente del Banco Central de Costa Rica ). LA SALUD DE LA MANO CON LA ECONOMÍA. Costa Rica es de los países que de manera sistemática ha flexibilizado las medidas de restricción sanitaria. Es evidente el avance de la vacunación por parte de las instituciones de salud del Estado nacional, por lo que los positivos efectos en nuestro sistema económico y productivo comenzaron a percibirse en los últimos doce meses. Con todo y los ligeros defectos, Costa Rica con sus avanzados sistemas sanitarios y de salud enfrenta eficazmente la pandemia del covid-19, que, además de ser un mal que contendió con nuestras estructuras hospitalarias y la ciencia médica, arrastró negativas repercusiones sociales, en la actividad económica – comercial, en la vida de las personas. Y todo pareciera indicar que la pandemia “llegó para quedarse”, esto quiere decir que se debe “aprender a vivir con ella”. Lo cual, en el caso local del coronavirus, llegó a medir la fuerza y el vigor, la capacidad de nuestras instituciones nacionales (y sus jerarcas), especialmente las del sistema de seguridad y protección sociales, quienes cuentan con el respaldo público. Hasta ahora han salido bien libradas. Todavía la ciudadanía confía en nuestro régimen de gobernanza para bien de la estabilidad democrática, puesto que además se continúa realizando un magnífico desempeño frente a la propagación de la enfermedad. La efectividad de las acciones preventivas y las atenciones hospitalarias, adoptadas contra las vicisitudes de la pandemia, se han integrado a las “laxas” y apropiadas políticas fiscales, monetarias y financieras. Políticas puestas en ejecución por parte de nuestro Banco Central, el sistema bancario – financiero y el propio Ministerio de Hacienda, propulsores del crédito expansivo a la ciudadanía, de fondos convenidos de avales y créditos a las empresas privadas, perjudicadas por el covid-19, esto en función de acelerar el crecimiento de la producción y el consumo. EN ARAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Las bajas tasas de interés y la política monetaria extendidas, promovidas por el Banco Central de Costa Rica, han contribuido a la recuperación económica, así también a la reducción de los intereses al público. Tales acciones coinciden con lo recomendado por los especialistas de los organismos internacionales, a efecto de enfrentar los daños sociales, originados por la propagación de la pandemia: los altos gastos en las asistencias preventivas y hospitalarias, el aumento del desempleo y la pobreza, la desigualdad, las explícitas disparidades regionales. Las políticas expansivas en mención “podrían llegar a su fin”, al visualizarse una permanente inflación – el rapaz impuesto, castigador de la gente de inferiores ingresos -, lo que alentaría el alza en las tasas de interés, tanto en las principales economías del mundo, como en las naciones en desarrollo, como la nuestra. En cambio, una inflación controlada y baja, habrá de contribuir a una política monetaria y financiera a favor del crecimiento y el desarrollo, así como contener el desempleo y la marginalidad (Eduardo Lizano; Cubero Brealey, idem). Mientras tanto, nuestro juicioso Banco Central ha logrado controlar la inflación local, de las más bajas en la esfera mundial (Cubero, idem). Por ahora ésta se ubica debajo de la meta del 3%, fijada por el ente emisor del dinero. Todo lo anterior, es concomitante con la estabilidad macroeconómica paulatinamente lograda: uno de los principales motores del crecimiento productivo y, por ende, de la ocupación y la restauración de las fuentes del empleo. Las cuales disminuyeron por la ralentización, suscitada por las emergencias sanitarias, derivadas del letal coronavirus; al extremo de elevar el desempleo a la tasa del 24%, pero reducido al 15% hasta octubre pasado. La relativa estabilidad ha facilitado la proyección en Costa Rica de un crecimiento económico para el 2021 a un 5,4%, y un 4,5% el 2022 (Cubero Brealey, idem). A la gradual reactivación socioeconómica la acompañan los esfuerzos gubernamentales en disminuir el déficit fiscal, contener el incremento de la deuda pública, a través de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina alrededor del gasto público, así como el dar sostenimiento a las reservas monetarias. A lo cual se adicionan las efectivas reformas tributarias, introducidas en diciembre del 2018 - se logró este año un aumento en la recaudación de impuestos del 22% -. Toda vez que las medidas hacendarias aplicadas “generaron en el 2021 un superávit primario del 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB)” (Cubero, idem) - se excluye el pago de intereses de la deuda pública, la cual continúa siendo elevada - a diferencia del déficit del 2,6%, registrado el año anterior. PLANTEAMIENTOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y DE LA AGENCIA MOODY´S. El crecimiento de la economía costarricense y la reducción del déficit fiscal, lo cual no puede esperar, fueron dos de los elementos que acaban de llevar a la agencia calificadora internacional Moody’s a mejorar la perspectiva crediticia de Costa Rica, pasando la nota de negativa a estable (La Nación, 8 de diciembre del 2021). “La decisión de MOODY’S es positiva; indica que se reconoce que el riesgo del shock pandémico del año pasado “se disipó”, sea discretamente (José Luis Arce); falta por hacer más. En este orden fiscal, señalemos que las complicaciones de la deuda pública costarricense comenzaron desde el 2010. Hubo incrementos irresponsables en los desembolsos, correspondientes a la planilla salarial del Estado. La actual administración del Presidente Carlos Alvarado ha llevado a cabo los cambios, los correctivos indispensables, lo que representa una positiva señal a los mercados (Gabriel Torres – Moody¨s). Los pagos de intereses del gobierno costarricense para honrar la deuda pública contraída, representan más del 30% de los ingresos totales, son bastantes altos; un señalamiento negativo contra el país (Torres, idem). Por eso, el valor que conlleva bajar el déficit fiscal y el endeudamiento, a fin de posibilitar el ascenso en los peldaños en su calidad crediticia, por parte de las agencias calificadoras internacionales de riesgo de crédito (Torres, idem). En lo concerniente al comportamiento de la deuda pública, valga anotar que el Gobierno de la República acaba de lograr un ahorro de ¢158.590 millones en este rubro – bien valorado por MOODY,´S y el Fondo Monetario Internacional (FMI), esto por los resultados positivos en la recaudación de los ingresos tributarios, la disminución del gasto gubernamental y la razonable gestión de los pagos de las obligaciones durante el primer semestre del 2021. Así fue consignado por el Ministerio de Hacienda en un informe remitido a la Asamblea Legislativa como parte del trámite del noveno presupuesto extraordinario del presente año (La Nación, 6 de diciembre del 2021). La contención del gasto fiscal logró prevenir la presión frente a las tasas de interés en el mercado financiero, por eso se alcanzan las reducciones de dichas tasas, tanto en colones como en dólares. Si por el contrario, “se presenta una situación donde el gasto público se libera más”, el gobierno tendrá mayores y urgentes necesidades de financiamiento, por lo que se recurrirá a la imposición de impuestos adicionales, o a las fuentes de financiamiento internas y externas. Entonces habrá mayores presiones sobre el mercado financiero, eso producirá una presión al alza de las tasas (Elián Villegas, Ministro de Hacienda; Marta Acosta, contralora general de la República), perjudicando el funcionamiento del Estado, al propio sector productivo y al público en general. Nuestro país ha sido consecuente con el compromiso serio a favor del proceso de la consolidación fiscal, propuesto al FMI. El 2021 registra avances en el proceso en mención, habida cuenta de “una contención fuerte de los gastos, así también en la mejora significativa en la recaudación tributaria” (Cubero, idem), debido también al positivo rendimiento de las reformas tributarias, provenientes de la legislación aprobada en diciembre del 2018. Líneas arriba expusimos que parte de lo alcanzado en términos de los beneficios a la sociedad, refleja el incremento de los ingresos gubernamentales, la mejora de la actividad económica, o la reactivación, tanto más fuerte, vigorosa, como dinámica, superior a lo “esperado originalmente” (Cubero, idem). Estas tomas de posición han contribuido a la reducción en las necesidades generales de financiamiento del gobierno, lo que desahoga “las presiones del refinanciamiento” en él. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las acciones del ajuste y la consolidación fiscal, el núcleo correspondiente a los distintos proyectos de ley, pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han sido planteadas ante la Asamblea Legislativa, para el debate de rigor. El presidente del Banco Central (BCCR) anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se ha distanciado de las medidas duras y desprestigiadas de ajuste estructural del pasado, “flexibilizó las condiciones” con tal de que el país pueda cumplir el acuerdo de ajuste fiscal necesario, para acceder a un crédito de $1.778 millones “con cláusulas blandas”. De llegarse a la aprobación legislativa de la agenda de ajuste fiscal y de los créditos externos, pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), – lo que en parte fue clave en la reciente mejora de la calificación de riesgo de crédito, otorgada a Costa Rica por parte de la agencia MOODY´s, además de la autorización de los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – , se posibilitará la estabilización del tipo de cambio del dólar. Asimismo, se podría detener la reducción de las reservas monetarias, ellos son los fondos que nuestro país posee a fin “de atender los compromisos externos, tales como el pago de la deuda e importaciones de bienes y servicios”. Otra buena noticia reside en la decisión del FMI de acceder a abrir un espacio adicional, prolongado “hasta febrero del próximo año, para evaluar la reacción del Congreso de la República”, en cuanto a avanzar con los proyectos fiscales, acordados por el gobierno del Presidente Carlos Alvarado con dicho organismo internacional. A raíz de la mejoría de las cifras económicas y fiscales, la meta de ajuste fiscal se redujo, y ahora podría ser de un 1% del producto interno bruto (PIB), o menos. Llegaría a ser “un sello de confianza”, equivalente a mantener un programa de apoyo por parte del Fondo Monetario, de mantenerlo vigente (Cubero, idem), y de paso, originaría la subida en las calificaciones de MOODY´S. Al ser “una condición fundamental” (el ajuste), se llegaría a interconectar con los objetivos de la reactivación económica y la estabilidad macroeconómica y financiera. “Ese sello de confianza” le ofrece a nuestro país la oportunidad de seguir obteniendo tasas de financiamiento inferiores en los mercados domésticos e internacionales, no solo al Gobierno, sino también al resto de los costarricenses (Cubero, idem). En el caso que la Asamblea Legislativa rechace o postergue la decisión alrededor de los convenios fiscales con el FMI, sea por cálculos electorales de los partidos políticos, habría incertidumbre en las finanzas del Gobierno, quien es el principal emisor de bonos de deuda en Costa Rica. REPUNTE Y RESULTADOS. De acuerdo con el punto de vista del presidente de nuestro Banco Central, “la economía costarricense se recupera más de lo previsto, tras casi 20 meses de covid-19. Alcanzó el nivel prepandemia en el tercer trimestre del 2021. Con excepción del turismo, los transportes y la actividad de la construcción, los restantes sectores productivos “sobrepasaron el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia” (Cubero, idem). Nuestra reactivación, emprendimientos e innovaciones tecnológicas y científicas crean mayor confianza en aras de enfrentar gradualmente las inseguridades e incertezas, acarreadas por la propagación del covid-19. Mejor dicho, Costa Rica tampoco “se ha visto forzado a caer en default”, o declarado insolvente en cuanto a su capacidad de hacer frente a la deuda pública, lo que se pone evidencia en la estimación inicial de este año, la cual suponía que ella cerraría en un 72,5% del PIB en el 2021, pero finalmente terminará en un 69,8% (Ministerio de Hacienda; Banco Central). Sea tal discreta disminución un paso interesante a tomar en cuenta en el objetivo de dar sostenibilidad a las obligaciones que el Estado debe asumir. El gobierno costarricense dista de haber perdido “reputación financiera global”, por lo que todavía posee “acceso al refinanciamiento”, o bien a los créditos blandos por parte del Fondo Monetario Internacional - se contratan con intereses más bajos - así también a los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros “prestadores dentro de los mercados de capital extranjeros”. De este modo, se habrá de evitar que el tipo de cambio y las tasas de interés entren en riesgo (Elian Villegas, Ministro de Hacienda); se mantendrá la confianza de los agentes económicos, y la continuidad del ritmo de crecimiento económico (Cubero, idem) y del desarrollo social. El Parque empresarial, que “es el neto entre aperturas de empresas y cierres e inactividad de otras”, se recupera paulatinamente de los efectos negativos del coronavirus. El BCCR ha explicado que la caída en el Parque llegó a ser “generalizada en todas las actividades económicas, lo cual es coherente con la contracción de la producción durante el año pasado”. El Banco Central “expuso una caída neta de 6.500 empresas durante el 2020 y una recuperación de 5.300 en el 2021” (La Nación, 13 de diciembre 2021). El parque empresarial costarricense cayó un 4,5%, o en 6.500 empresas, con el inicio de la pandemia en el 2020. No obstante, ya se ha logrado restaurar unas 5.300 en el 2021 (Banco Central de Costa Rica -BCCR). Contra la desaceleración en el contexto de la enfermedad, las empresas instaladas en zonas francas mantienen un mayor impulso, pues en octubre pasado, tuvieron un crecimiento del 17,9% en su producción, comparado con el mismo periodo del 2020. En el caso de las compañías locales, la tasa de variación fue del 8,6% durante el mismo periodo (Banco Central de Costa Rica – BCCR). Valga indicar que las empresas nacionales, ubicadas en el régimen comercial aduanero definitivo (importación y exportación de mercancías), suman cerca de 140.000 productores. Ellas dedican buena parte de su producción al mercado interno (robusto y dinámico) y “abarcaba en el 2017, último dato disponible, el 90% de la producción nacional”. Precisamente, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) acaba de informar acerca de los 103 proyectos de inversión del extranjero, alcanzados en el 2021, lo que trajo consigo la creación de 22.461 empleos nuevos. “Los alcances de este 2021 demuestran que Costa Rica tiene el potencial para seguir creciendo y colocándose internacionalmente como un destino de atracción de inversión sostenible” (Eric Scharf -CINDE). Uno de los jerarcas de la citada organización no gubernamental (ONG), Jorge Sequeira, celebró los buenos resultados, particularmente por tratarse de otro año retador en pandemia. Detalló que estos resultados, sobre todo, “generan un impacto real a través de empleo formal y mayores oportunidades para el recurso más valioso que tiene nuestro país: su gente”. CINDE aseguró que las cifras indican que las empresas, atraídas por esa agencia generaron dos veces más empleo que el resto de la empresa privada en Costa Rica y tres veces más que el resto del país en este 2021. A la vez Sequeira resaltó el incremento del empleo femenino, el cual creció 21,4% en el 2021, “para representar 48% del nuevo empleo neto generado por este tipo de instalaciones. En total, durante todos los años, se acumulan 71.042 plazas para las mujeres”; cuya creación de puestos de trabajo a favor de este segmento de la población, coadyuva a acortar las tasas de pobreza. En este último objetivo habrá que trascender, en tanto progresemos aquí en la justa equiparación de los derechos entre las mujeres y los hombres, especialmente en cuanto al acceso a las oportunidades civiles, económicas y políticas de distinta naturaleza. ACIERTOS DE LA EVOLUCIÓN. De modo atinado lo confirmó Anabelle González, ex-Ministra de Comercio Exterior, al aseverar que la emergencia sanitaria, causada por el covid-19 se encontró con una sólida y diversificada estructura económica y productiva con mayor músculo; un factor decisivo que hizo posible atenuar los impactos y las consecuencias previstas. Por lo tanto, la reactivación productiva y del empleo está lejos de haber sido lenta y atropellada. Las transformaciones costarricenses en materia socioeconómica obedecen al afianzamiento de nuestra visión del desarrollo nacional, favorecedora de la apertura comercial, la diversidad productiva y de los variados destinos transfronterizos de las exportaciones costarricenses (PROCOMER). La atracción de la inversión foránea de alta calidad; además del fomento de los servicios, la inserción de la Banca privada y el auge del turismo también modificaron sustancialmente nuestra estructura educativa y laboral. Lo antes mencionado, en su conjunto, hubo de responder a las políticas públicas, comenzadas a principios de la década de 1990. Al punto que, de modo factible, fue superada la “economía del postre” y cautiva (producción de café, banano, azúcar, más otros productos agrícolas), criticada por don Pepe Figueres, a cambio del afianzamiento de la producción diversificada y los mercados abiertos. Las políticas públicas en materia de modernización y la heterogeneidad en la productividad y la producción denotan la amplificación social y económica, adoptadas durante casi cuatro décadas. La tradición y la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y económica vino a facilitar el acople entre la inversión pública, la privada y la academia en las diferentes áreas de crecimiento (Ricardo Zúñiga). Alta valoración hay que otorgarle a la propensión hacia el desarrollo sostenible, al potencial humano; igualmente, a los avances de la economía e infraestructura digital, iniciada con la instalación de INTEL durante la administración del presidente José María Figueres Olsen (1994 – 1998). Añádase a lo apuntado, la envidiable ubicación geográfica de nuestro país, cercana a los poderosos mercados de los Estados Unidos de América y la Unión Europea («nearshoring»), la que entre otros talantes, continúan siendo los atributos históricos, los precedentes mediatos e inmediatos aportan contenido a las cartas de presentación políticas y económicas, encaminadas más allá del interés por los negocios de los inversionistas extranjeros por solo instalarse en el territorio costarricense. Al mismo tiempo, a través del renovado enfoque de desarrollo abierto y transnacional se logró reducir la tasa de pobreza del 50% en 1982 hasta rondar al 20% en el período de la prepandemia (Periódico La Nación – Editorial del 28 de noviembre del 2021). Tales fortalezas hablan por sí mismas de la capacidad de resistencia de nuestro país, en cuanto a prevenir el descenso en las condiciones de vida” (Solana, idem), en haber contrarrestado un inminente colapso “societal”, lo que suponía la propagación del covid-19. Razón por la cual nos hemos adherido en nuestro escrito a la hipótesis de la ex-Ministra de Comercio Exterior. CONSTANTEMENTE, EN LA RUTA DEL MULTILATERALISMO. Sobre la base de los positivos precedentes y logros en cuanto a desarrollo humano (sociales, económicos, educativos y culturales), Costa Rica consiguió ser evaluada e invitada a ingresar a la prestigiosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo ingreso pleno y definitivo se hizo realidad en mayo del 2021. Llegó a convertirse en el cuarto país latinoamericano, tras Chile, México y Colombia, en adherirse a esa organización” (Sergio I. Moya Mena), quien ha reconocido nuestros desarrollos y méritos republicanos, coincidentes con los valores de las democracias, las que se adhieren a los principios de la economía de mercado. Dicho sea de paso, 38 naciones en el ámbito de la OCDE trabajan de forma conjunta con el fin de enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y del buen gobierno, a fin de “aprovechar de manera más eficiente las nuevas oportunidades, “las buenas prácticas” surgidas; y coordinar políticas públicas locales e internacionales”. La vinculación a la OCDE fue una propuesta inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, durante la administración de Laura Chinchilla en el 2012, seguida de un proceso que sistemáticamente y de forma constante arrancó bajo la dirección de las autoridades y funcionarios técnicos del Ministerio de Comercio Exterior. El proceso de incorporación comportó al menos trece modificaciones al marco normativo, que Costa Rica tuvo que adoptar desde que inició las etapas previas a su membresía a la organización (Moya, idem). Los reconocimientos al sistema democrático costarricense, a su economía abierta y su condición de país de renta media son continuos. A Costa Rica se le ubica dentro del grupo de “democracias plenas”: una de las 20 existentes en el mundo, entre 167 países sometidos a examen por “el Índice de Democracia para el 2020, preparado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist”. A la vez, dentro del Sistema de la Integración de Centro América, Costa Rica, junto con Panamá y República Dominicana, solamente fueron invitadas a la “Cumbre por la Democracia”, organizada durante los días 9 y 10 de diciembre de este año por Estados Unidos de América. Dicho evento tuvo alcance global. Lo impulsó el presidente Joe Biden, en asocio con 100 Gobiernos y representantes de la sociedad civil. El foro concluyó bajo el compromiso de Washington de destinar $424 millones en aras de apoyar la libertad de prensa, las elecciones limpias, los derechos humanos y las campañas anticorrupción, entre otras asignaturas; así como enfrentar la amenaza del autoritarismo (La Nación, 10 de diciembre del 2021), un riesgo creciente en América Latina y en otras latitudes. LO QUE RIÑE CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICO. El nivel de pobreza injustificadamente ha permanecido estancado en las últimas dos décadas y media, la corrupción pública y privada empeora dicho mal. Efectivamente, a través del “diálogo pluralista” se debe de llegar a la convicción en que son impostergables el crecimiento económico, en coexistencia con la responsabilidad y la disciplina fiscal, en aras del equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Pero a la vez, cabe trabajar decididamente en el tipo de crecimiento, simultáneamente acompañado de la sucesión de reformas graduales y consensuadas, destinadas a cerrar las brechas sociales, educativas y culturales entre los habitantes. Lo advierte el pensador Javier Solana acerca de otorgarle prioridad a la superación de las desigualdades socioeconómicas, de las cuales tampoco se escapan las repúblicas democráticas, en cuenta Costa Rica. Además, porque causan dificultades de carácter político, reiteran las diferencias en el acceso a la participación en las distintas instancias públicas de toma de decisiones, al igual que se erosiona la capacidad de actuación como ciudadanos. Las divisiones socioeconómicas que caracterizan a nuestras sociedades en desarrollo, constituyen un grave daño a la democracia. Significa que vivimos vidas cada vez más diferenciadas y separadas, acentuándose las distancias en cuanto a tomar parte en la gobernanza. Para Solana, esa desigualdad e inequidad, la cual “empeora las condiciones de vida”, la que rebaja la cualidad de ciudadanía, tiende entonces a levantar los riesgos de la frustración, la insatisfacción y el desencanto de la gente contra el “status quo”. A partir del malestar social se comienza a cuestionar “convulsivamente” el desempeño y la legitimidad de los gobiernos, a las élites gobernantes y económicas. Se pierde la credibilidad en los líderes y los partidos políticos tradicionales, lo que abre el camino “al creciente apoyo a movimientos populistas y nacionalistas” (Solana, idem), de perfil autoritario. Hasta podría salir a relucir el fenómeno de la polarización ideológica dentro de los Estados nacionales, al repuntar la intervención de formaciones de extremistas de izquierda y de derecha, quienes tienden a desdeñar los valores democráticos liberales, induciendo “a la regresión democrática”. El llamado del pensador Solana va dirigido a las naciones democráticas, y todavía a Costa Rica, en lo que respecta a situar incondicionalmente y en constante correspondencia los objetivos y las acciones del crecimiento económico, en lo relacionado con la justa distribución de la riqueza, conexa al aumento de las inversiones en capital humano ((Ricardo Zúñiga). Así también, se impone el empoderamiento de las mujeres , como antídotos contra la pobreza, en cuenta el analfabetismo y la carencia de infraestructura digitales, sobre todo en los tiempos de la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Fomentar el desarrollo regional más equitativo, impulsando la modernización agrícola, y dignificar este sector, constituye un objetivo clave en la economía local, así como en la reducción de la pobreza. “El desarrollo nacional de hoy obedece a la actividad de la agricultura”; un sector relevante, porque genera divisas; contribuye a la creación de empleo, al reclutar a personas con menor formación escolar. Al mismo tiempo, el rol del sector agropecuario ha sido preponderante en los retos de la producción y el abastecimiento de los alimentos en el contexto de la pandemia (Víctor Umaña). En dicha visión de política social, el Estado de Costa Rica habrá de verse obligado a inclinarse a favor de la agilidad y la eficacia en los sistemas y métodos de trabajo de la administración pública, reduciendo la burocracia hasta donde sea conveniente; así como la dispendiosa, improductiva, caduca tramitología y “el ritualismo legal”, entorpecedores de su accionar. Peor aun, tal disfuncionalidad cualitativa y cuantitativa abona a la corrupción pública y privada (Fernando Zamora Castellanos). Con frecuencia. el Estado ha llegado a ser incapaz de desempeñarse de manera pronta y cumplida. Hay anomia en la administración pública, al extremo que algunas instituciones ya son obsoletas, “no tienen ni pies ni cabeza” (Carlos Carranza). En este mismo orden, hay que tomar en cuenta el principio de racionalidad y proporcionalidad en la fijación de las remuneraciones de sus servidores, por cuanto los abusos desmedidos e impopulares en dicho rubro, han originado la inestabilidad en las finanzas públicas. Los intereses y los beneficios exagerados de los trabajadores se han convertido en el fin en sí mismo de varias instituciones del Estado, en desmedro del óptimo servicio público, exigido por la ciudadanía. De acuerdo con las cifras de la OCDE, la remuneración de los funcionarios del Gobierno, financiados por los impuestos de los trabajadores y empresarios del sector privado, representa más del 50% de los ingresos totales del Gobierno. Por esto, el gobierno costarricense apela por la aprobación “del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, por medio del cual se introduciría el esquema de salario global, en sustitución del esquema actual de incentivos salariales en el sector público”, con tal de reducir los desembolsos (La Nación, 6 de diciembre del 2021). La aprobación del proyecto de ley de empleo público resulta crucial, a fin de aumentar la eficiencia del gasto público y ejecutar una mayor proporción del gasto público, destinado a mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables. Los sistemas políticos y económicos, y las democracias en general, dependen del funcionamiento eficiente y la legitimidad del Estado y los gobiernos (Andrew Sullivan), así también el aumento de la productividad, entre los factores determinantes del crecimiento económico. De un Estado “menos grasoso” dependen los programas de protección social a favor de la gente de menores ingresos; ello garante de la cohesión nacional. PUNTO FINAL. Costa Rica está demasiado lejos de comenzar a caer en la degradación social y política, así como lo hacen (falsamente) creer acá algunos demagogos, agoreros o “los profetas de las calamidades”. Pensar así es una tontera de los presuntos “sabelotodos”. Ni los normales desacuerdos políticos acerca de los ajustes económicos dentro de la Asamblea Legislativa, ahora en medio del activismo y la competencia partidaria, de cara a la conclusión del proceso electoral de febrero del 2022, menos aún el escaso respaldo popular que rodea al gobierno del Presidente Carlos Alvarado, llegan a ser un riesgo inminente. Tampoco nuestro país está al borde de un colapso económico. Los datos oficiales ofrecidos en nuestro escrito exponen lo contrario, lo mismo que los reveladores argumentos del sector productivo, quien da conocer la gradual reactivación y el repunte del sistema económico, incluida la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Los datos del índice mensual de actividad económica (IMAE) demuestran variaciones interanuales positivas; desde inicio de este año a setiembre se reportó un crecimiento del 8,8% frente al mismo mes del 2020 (Periódico La Nación, 27/noviembre/2021). Como sea y sin pero que oponer, hay que reconocerle a la actual administración gubernamental su realista e incansable compromiso y determinación de haber atendido la emergencia sanitaria, producto de la mortal propagación del covid-19. Lo cual ha hecho posible la contención o neutralización de la mayoría de las destructivas consecuencias socioeconómicas, las que entraña la prolongada enfermedad. Porque se ejecutan encomiablemente las acciones preventivas, adjuntas a las intervenciones hospitalarias y la progresiva vacunación de los habitantes. En ningún tiempo nos tiene que dominar el egoísmo y la ingratitud, para desmentir dichos logros. Tampoco a la vista presagiamos disyuntivas políticas, por las cuales los ciudadanos se vean obligados a optar, sea por una de las radicales alternativas ideológicas (de izquierda o derecha), distinguidas en desunir en extremo (o polarizar) la sociedad nacional, y emplear con frecuencia las vías violentas. Sin embargo, de persistir la desatención por parte del Estado costarricense de las necesidades vitales de ese 22% de la población, estancada en la condición de pobreza crónica - o que exceda tal porcentaje - , entonces tendríamos que razonar diferente. Encontramos tareas pendientes, entre otras, la distribución de la riqueza, en los innegables y positivos resultados de nuestro modelo de crecimiento y desarrollo económico, sustentado en el mercado abierto; y en las dos últimas décadas en la comunidad de la tecnología digital. Semejantes a cualesquier regímenes sociales, cual desista de las políticas estatales, capaces de encarar decididamente los crecientes niveles de pobreza, se puede encontrar con amargas sorpresas disruptivas, inusuales en la historia de nuestro terruño. El cumplido de la famosa “teoría del dominó” se hace patente en diferentes naciones de América Latina, antes se debió haber pensado en ello con sentido de justicia y responsabilidad social. No tan lejos comparecen nuestras suposiciones en varias repúblicas de esta región, quizás a pasos agigantados. Aquí, por el momento, hay ausencia de asomos, alentados por nuestros propios partidos políticos u otras denominaciones civiles. De todos modos, aprendamos de las experiencias ajenas, para prevenir caer en los mismos errores. FELIZ AÑO NUEVO.