Embajador don José Joaquín Chaverri Sievert

Embajador don José Joaquín Chaverri Sievert, hombre superior en todos los sentidos, siempre al servicio del bien de los seres humanos. Deja huellas imborrables en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, como diplomático, periodista, escritor, en innumerables responsabilidades. Sobre todo, nos enseñó a ser buenos, respetar la vida y la dignidad humana, porque todos somos hijos del Eterno.

EL ESTILO DE HACER POLÍTICA EN BRASIL ES TODAVÍA LULA.

EL ESTILO DE HACER POLÍTICA EN BRASIL ES TODAVÍA LULA. En paralelo a una de esas comedias, ya poco llamativas en Brasil, en estos días camina la pérdida del escaño del diputado evangelista y millonario Eduardo Cunha, esta vez, destituido en la Cámara de Diputados por corrupto, al esconder cuentas bancarias en Suiza, además de su presunta participación, con otros políticos oficialistas y de la oposición, en la red criminal que operó en la petrolera estatal Petrobras. Ese oscuro personaje habría recibido unos 5 millones de dólares “en coimas”. Cunha movió sus tentáculos “e hilos del poder” en el juicio político del Senado, contra la inteligente y valiente presidenta Dilma Rousseff. Fue el arquitecto de ese polémico juicio, el cual, primero, apartó a la mandataria del poder temporalmente desde el 12 de mayo de los corrientes. En agosto pasado sobrevino el desplazamiento definitivo de ella: la militante del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), el del carismático Presidente Luis Ignacio “Lula” da Silva - el líder obrero de origen humilde que huyó de la miseria- , que, siguiendo los pasos del entonces Presidente social demócrata Fernando Henrique Cardoso, tomaron la bandera “de la salvación de los pobres brasileños”, en su propia formación política, actuante y apegada a la plataforma democrática y social, durante casi catorce años en el gobierno. Lo que queremos decir, en cuanto a nuestra aversión por la izquierda marxista, así también por los errores, en los cuales pudo haber incurrido el expresidente Lula, es que hay una realidad innegable. Ciertamente, en este tiempo el Partido de Lula consolidó gobiernos democráticos, pacíficos, “de los más firmes del continente”; unió esfuerzos para sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza extrema, el hambre y la ignorancia, así también con estabilidad monetaria y fiscal. A la vez, dejó un significativo legado de avances sociales, económicos, educativos, en agricultura familiar, etcétera. Se impulsó un cambio social, pactado con los sectores empresarios y diversas agrupaciones políticas, lo cual “no encuentra demasiados antecedentes en la historia del país”. Hasta los más férreos opositores del PT lo reconocen; al cabo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado estos réditos sociales, como modelo para todo el mundo en desarrollo. En su primer gobierno, Lula saldó la mayoría de sus obligaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras adelantarle un pago de $15.500 millones (Guía del Mundo, 2008). Ese hábil político supo trabajar con los sentimientos de unidad nacional, extraídos de la etapa histórica de aquel Brasil que había nacido como Imperio (1840 - 1889). Aunque décadas después se convirtió en república más disminuida, siempre arrastra el sueño imperial de ese pasado expansionista en términos territoriales, reflejado periódicamente en acciones diplomáticas de Itamaraty (Nelson F. Salvidio, 2016). Los brasileños se creen “lo más grande del mundo”. Por eso, como presidente (Lula) acentuó el discurso nacionalista - en la Guerra Fría mantuvieron distancia de los Estados Unidos de América y de la Unión Sovíetica - y el “potencial de éxito económico”, para mostrar que el Brasil lideraría en la región latinoamericana (Salvidio, idem), restando influencia a Argentina y México, en cuenta más allá. Enseguida, Brasil, junto con Rusia, India, China y Sudáfrica, comenzaron a ser visualizados como “los BRICS”, en el bloque de “los países que emergían con chance de convertirse en las economías dominantes hacia el año 2050”. No fueron en vano los esfuerzos de ese socialismo democrático para atacar la extrema pobreza y la marginalidad, ecos de la historia esclavista y de la indisoluble discriminación racial - contra indígenas y negros - que prima en esa nación suramericana. De las mayores economías globales, pero donde la distribución de la renta está bastante lejos de ser equitativa. Lo pone en evidencia el 50% de personas pobres y miserables, excluidas de la economía formal, dentro del total de más de 195 millones de habitantes. Asimismo, es el país que alberga la exótica, pero devastada región selvática de la Amazonia. Con todo, ha intentado convertirse en un protagonista en el escenario internacional, así lo procuró el mayor partido de izquierda de América Latina. Un impulso opacado a partir del 2013, como consecuencia de la mayor recesión económica; "una crisis política sin precedentes", escándalos de corrupción que lo salpicaron, junto a numerosos dirigentes del PT y de la oposición. La hoy exmandataria Rousseff, siendo una joven revolucionaria de 20 años, fue apresada e incriminada por las fuerzas del régimen político militar (1964 - 1985). Llegó al gobierno como la primera mujer que presidió ese gigante suramericano, dando continuidad a ese esquema de desarrollo balanceado, pragmático, cooperativo entre las clases sociales, ajeno a los radicalismos o dogmas socialistas. El PT en el gobierno suavizó sus otrora estatutos y ortodoxia. Un cambio que le facilitó el acercamiento con las formaciones de centro y derecha - entre ellos al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) - a las que llevó a una coalición gubernamental, en pos de “la gobernabilidad”. Eso sí, debió capear la resistencia que dicha decisión generó en las bases de la izquierda tradicional y sectores aliados, como las clases medias urbanas. Tal base de apoyo advertía que “el PT se igualó a los demás, se volvió conservador y se puso al servicio de las élites” domésticas y foráneas, quienes lograron enriquecerse todavía más (Ricci, ídem) con “el acuerdismo” de Lula. Como dijimos, tampoco significa que Lula y su formación se escaparan de varios escándalos de corrupción, lo cual ha colocado en grave riesgo a su denominación partidaria. En línea con sus postulados de izquierda flexible, el PT se “reinventó” con tal de mantenerse en el poder, en medio de “la tradicional y corrupta política fisiológica brasileña” (Martín Schapiro, 2016), dominada por el clientelismo, el tráfico de influencias entre individuos y actores corporativos. Crímenes fraguados, destempladamente, desde los poderes públicos y privados. El más sonado se refiere a la causa de Petrobras - la estatal petrolera - la cual manchó a políticos y empresarios de distintas denominaciones políticas e ideológicas, cuyo proceso judicial siguió el curso normal por decisión de la Presidenta Rousseff, quien se negó a desactivarlo, pese a los chantajes y las amenazas de Cunha y su sociedad mafiosa. Por eso ya varias personas han ido a la cárcel. Sin ser acusada de enriquecimiento ilícito, a Rousseff se le condenó “por maquillar las cuentas públicas”; de violar leyes presupuestarias para disimular un enorme déficit. Se le halló culpable de alterar los presupuestos, mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento; y de contratar créditos a favor del Gobierno con la banca pública, que acarrearon pérdidas. Prácticas llevadas a cabo también por otros mandatarios de ese país, las cuales, en aquel entonces, estuvieron lejos de ser delitos declarados. La destituida mandataria negó los cargos durante todo el proceso,que continúa calificando de “golpe”. Una tesis formalmente errónea, dado que la coalición opositora, para el juicio en el Parlamento, se apegó a los procedimientos legales. En cambio, los líderes de los anteriores gobiernos, opuestos a Lula y Rousseff, en su afán de descarrillar sus respectivos gobiernos, apostaron contra el país, llegando a aprobar en el Congreso “un conjunto de medidas derrochadoras e irresponsables, destinadas a comprometer la estabilidad fiscal”. Todo lo anterior, en medio de un ambiente económico recesivo, ya que desde el 2013 el bajonazo mundial de las materias primas tuvo impacto negativo en los ingresos brasileños, y de seguido en la gobernabilidad. El Producto Interno Bruto se hundió en 3.8%, así también la tasa de desempleo se duplicó hasta alcanzar el 11%. Se presume que ha llegado a ser la más larga contracción en un cuarto de siglo (Eduardo Mello and Matias Spektor, 2016). El voltaje se elevó al salir a flote las protestas sociales, previas a la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol del 2014, que en ese país tuvo lugar. Las manifestaciones populares fueron motivadas por las debilidades económicas, y, en particular, a raíz de los niveles elevados de corrupción, patrocinados desde la clase política, donde Lula y algunos allegados políticos suyos continúan involucrados. Quienes desalojaron a la mandataria de la presidencia, momentáneamente, podrán sentirse victoriosos. Tal vez omitan que Rousseff habló con la superioridad moral (Rudá Ricci, 2016), de la que carecen los senadores que hicieron de jueces en el tribunal político. La mandataria intentó diferenciarse del expresidente Fernando Collor de Mello, que renunció al cargo en 1992 para librarse del “impeachment” en el Senado, pues le habían acumulado un voluminoso expediente, relacionado con hechos ilícitos en su gestión. Lo relata la literatura política latinoamericana acerca del “establishment político y económico”. En Brasil hay un tren de ambiciosos y aprovechados, ligados al lavado de dinero y la cadena de sobornos, esta vez vinculados con “el megafraude” en la estatal petrolera Petrobras. Esa élite idolotra el poder para el clientelismo y la impunidad, de este modo ha logrado multiplicar enormes riquezas. Cerca de ella ronda el imputado Vicepresidente de la República, Michel Temer, a quien le corresponderá concluir el mandato de Rousseff hasta finales del 2018. Temer y su socio, el oscuro congresista Cunha, ambos miembros del influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que antes citamos, ese partido que, además de sus escándalos sobre corrupción que lo rodean, en su tiempo operó como aliado de la anterior dictadura militar, acostumbrado a tejer alianzas “inescrupulosas” con cualquier partido, que ostente el poder gubernamental, con tal de favorecer los intereses particulares de sus principales dirigentes; dicho sea, su negocio. Esta vez, urdieron el juicio político, el que al inicio se limitaba a un intríngulis; luego lo inflamaron hasta tomar forma de artificio malicioso y cobarde, tan generalizado en los medios políticos - ni que decir en las organizaciones públicas y privadas -. Recordamos, entonces, las palabras del expresidente costarricense Luis Alberto Monge Álvarez, al retratar la especie de “canibalismo”, sembrado en los ambientes políticos, una conducta destructiva que llega a ser el denominador común en el Brasil, ahí con mayores estragos. Y lo cual se suma al surrealismo latinoamericano, por cuanto el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Michel Temer, hace poco presidente interino de Brasil, en adelante habrá de gobernar “sin nunca haber ganado las elecciones”. El nuevo mandatario alcanza el poder - su intensa y cumplida obsesión -, satisfecha en la resolución sesgada del Senado, al aprobar la sustitución de Dilma Rousseff. Si cabe alguna suspicacia de lo subrayado, las evidencias del Brasil nos exime de pruebas adicionales. Pues más del 50% de los legisladores del parlamento poseen cuentas pendientes con la justicia, por causas relacionadas con corrupción. Por eso, tan dañinos en América Latina han sido los politicastros, los demagogos, como los militares y los guerrilleros. Ciertamente, son castas con sus propias especificidades, lo ideal sería sacarlos de escena y expulsarlos. Un reto frustrante, tanto en Brasil como en los otros Estados. Por el contrario, siguen poseyendo actualidad y vigencia; el puñado de sus “adoradores”, los hacen todavía más poderosos, pues ellos mismos obtienen además múltiples beneficios, se enriquecen de modo criminal, por lo que de seguido se consolida una estructura de poder, casi que de hierro, la que con frecuencia se apoya en la represión. Toda una materia prima para la psicología y la sociología política, para que nos ofrezcan conclusiones del por qué la búsqueda obsesiva del poder para el clientelismo y la impunidad se transforma, para no pocos, en el móvil de sus vidas. Así fueron las corrientes del peronismo, el priismo mexicano, el castrismo cubano, los pinochetistas, el fujimorismo, el kirchnerismo, el lumpen sandinismo de los Ortega Murillo, el chavismo y su séquito regional, - éste el máximo exponente - en quienes la ideología únicamente resulta útil como pretexto, apenas como una fachada. En el fondo, tales castas, “en sí y para sí”, como diría Karl Marx, están hechas para defender sus propios intereses. O sea, conservar y perpetuarse en el poder, a costa del Estado de derecho, de las libertades fundamentales y de la estabilidad democrática. Y si hacen gala de tales principios y postulados, como en el caso de Brasil y la destitución de la gobernante, es solamente para maquillar sus insanos propósitos. Por otra parte, es un hecho cierto que las élites conservadoras, se empeñaron en hacer realidad el objetivo de colocar en la presidencia de la nación al derechista Vicepresidente de la República, Michel Temer, sobre todo, para desgastar el liderazgo y reducir las probabilidades del expresidente Lula de retornar al gobierno en el 2018. Tales élites anhelan el poder “a cualquier precio”. Por su lado, la Dilma sostuvo que las acusaciones eran «pretextos» para imponer políticas que «atentarán contra los derechos sociales» que los brasileños conquistaron desde el 2000. Es la ofensiva de los políticos corruptos, resistentes al cambio; los nostálgicos de la autoridad, basada en lealtades, sobornos parlamentarios y coimas; los cínicos más enroscados en defender sus derechos y privilegios, que en pensar con generosidad en el futuro de la sociedad a la que representan (Ricci, idem). Un comportamiento que copian los privilegiados dirigentes de base del PT. Tan solo en las últimas semanas se desmarcaron de la mandataria destituida - valorada de modo negativo por la oposición y la prensa -, a fin de concentrarse en la preparación de las elecciones municipales de octubre próximo, en las cuales posiblemente los partidos derechistas y conservadores quedarán a la saga. No es de extrañar que Temer, bajo su “Proyecto Crecimiento”, según él, “para rescatar a la economía brasileña”, anunciara en estos días la aplicación de estrictas e impopulares políticas de ajuste y de austeridad fiscal; así también un portafolio de privatizaciones de empresas estatales, los activos nacionales, abiertos a la inversión extranjera, teniendo presente “las enormes riquezas de gas y petróleo bajo el océano Atlántico, frente a Río de Janeiro”, descubiertas durante las administraciones de Lula. Decisiones que en la región no siempre fueron las más acertadas, por lo cual se prevé que puedan causar conmoción social en Brasil, “un país rico, donde la inmensa mayoría es pobre”. El programa derechista de Temer es sumamente transitorio, le auguramos escasa vida, por cuanto las políticas de ajuste fiscal, en una sociedad de insuperables contrastes sociales, frecuentemente, han sido rechazadas por las organizaciones de la sociedad civil. Ellas, en este tiempo más estructuradas, exigentes y vigilantes frente al proceder de los rectores del gobierno y de los partidos políticos. Condena los actos corruptos de los partidos que gobernaron antes del PT, de este también. Igualmente, reacciona frente a los artilugios, en el caso específico del PMDB del actual presidente, el cual siempre “esperó al desenlace de los comicios, para inmediatamente ofrecerle su apoyo al gobernante de turno”. Lo practicó igualmente con Lula, al colocar a Temer como candidato a vicepresidente en la fórmula electoral de Rousseff. Una alianza rota a raíz del reciente juicio político, en la que Temer y Cunha salen, irónicamente gananciosos, de lo cual carga responsabilidad el Partido de los Trabajadores (PT), que se apartó de la ética (Shapiro; Salvidio, idem). Se enredó en pactos bajo serias sospechas de corrupción, hechos que censuró la opinión pública, en cuenta, los desaciertos e impericia para enfrentar la recesión y el estancamiento económico. Petrobas no fue lo único de las tramas. Entre otras, lo llegó a ser el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia en el Gobierno de Rousseff con la supuesta intención de blindarlo con fuero privilegiado, para esquivar a los tribunales de justicia (Shapiro,idem). En este instante de apuros y acusaciones, el PT está dedicado a volver a respaldarse “en los actores que, desde su fundación, constituyeron su estructura principal de apoyo”. Una misión nada fácil, pues la coalición “promiscua” del partido con denominaciones desacreditadas, como la denominación derechista de Temer y Cunha, generó serias fisuras. “Porque el que mal anda, mal acaba. Y eso corre para cualquiera” (Salvidio, idem). De todos modos, el expresidente Luiz Inácio da Silva, llamado Lula, “es una figura o un mito nacional”, un notable maestro, conocedor de “los tiempos de la confrontación y la negociación”. Creció en “la universidad de la vida”; los de este género se revisten de acero, ni los ataques a la yugular los asusta. Ronald Obaldía González (Opinión personal)

UN SEMBRADOR DE PAZ EN COLOMBIA.

UN SEMBRADOR DE PAZ EN COLOMBIA. La extendida evidencia del solidario respaldo internacional a la causa del pacto de paz de Colombia, llega por boca del Papa Francisco, seguido del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, al pronunciarse la semana pasada, “de modo caluroso”, sobre sus alcances, ofreciéndole a la vez una bienvenida a la conclusión del espinoso y complicado acuerdo de pacificación, alcanzado en Cuba por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). El apoyo de Cuba y Noruega, como garantes del proceso de paz resultó crucial; de igual forma, el de las naciones acompañantes Chile y Venezuela, también el de los enviados especiales de Estados Unidos de América, Bernard Aronson y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. La organización izquierdista, aliada del narcotráfico, en efecto, llegó a controlar grandes extensiones de la geografía colombiana. En algunos tramos, primordialmente, en la década de 1990 se le presentó la oportunidad de derrotar al disminuido y desmoralizado ejército nacional, exigido posteriormente a perfeccionar sus estrategias y tácticas militares, merced a las fórmulas “del “Plan Colombia”, asistido por los Estados Unidos de América. Hoy, la resonancia y las expectativas por lo acordado en agosto de este año entre el gobierno y las fuerzas irregulares (de 8.000 insurgentes), han hecho posible invertirlo en el “Paz Colombia”, con énfasis en lo social. El Gobierno de Barack Obama ha anunciado un desembolso de $450 millones en asistencia y apoyo para la implementación de lo aprobado en la Habana (Harold Trinkunas, 2016), particularmente en lo relacionado con las tareas y responsabilidades, derivadas del post-conflicto. Es la nación colombiana de los pueblos más inteligentes y cultos de nuestra América Latina. Sobradamente, pudo haber llegado a la cúspide del desarrollo total, habida cuenta de la privilegiada ubicación geográfica, sus enormes recursos naturales y la diversidad étnica y multiculturalidad. Por eso, siempre nos ha sido difícil aceptar que desde el Siglo XlX (enseguida, en el Siglo XX) haya sido víctima de los frecuentes derramamientos de sangre, cuando hubo aproximadamente cuarenta guerras, producto de las pugnas entre élites: los conservadores y los liberales. Estos, distanciados únicamente en su particular denominación, no así en el fondo de la organización y las relaciones de producción de la joven nación, puesto que la sociedad semi – feudal y desigualitaria, raramente había sido interrogada. Cualquier figura del Estado que se hubiese impuesto, fuera el centralista o el federalista, ninguno de los dos se disponía a modificar las estructuras coloniales y semi – feudales, justificadoras de la irregular concentración de la propiedad de la tierra. Esa prolongada concentración de la propiedad, fundada en extensos latifundios, hubo de sobrevivir luego de la independencia nacional; ciertamente, materia medular del actual pacto de paz, comprometido a dotar de tierra a los campesinos. Histórico desacierto de aquel sistema tan desigual, que precisamente, hubo de ser el combustible para el desencadenamiento de los movimientos insurreccionales del pasado siglo, fenómeno arraigado en la América Latina independiente. Justificador también para focalizarse en plena Guerra Fría, particularmente en la ofensiva cubano soviética en América Latina. A la postre, tampoco podía quedar fuera en el Siglo XXl Hugo Chávez y su ALBA populista, activos en su complicidad, en cuanto a servir de pivote a la narco-guerrilla. Menos aún, la muerte ha provocado en ese país un temor real ni imaginado. Solamente durante los años 1946 y 1958, el país se vio sumido en una profunda polarización, una etapa llamada «La Violencia», cuyo rasgo fueron las persecuciones políticas. Esa guerra civil entre liberales y conservadores, “se presume que ocasionó más de 300 mil muertos”; una cifra similar o superior, a la acumulada en el curso de la insurgencia narco – izquierdista, cuyo estallido se remonta a la década de 1960. Los desniveles sociales, detonantes de la violencia crónica; la codicia y el apego al poder; las malas prácticas conexas al enriquecimiento ilícito tan predominantes como compulsivas, estuvieron a un extremo de hacer trizas la institucionalidad y la cultura cívica. Como sea, la democracia colombiana, sostenida con alfileres, milagrosamente resistió los embates y los tentáculos de la anticultura, abonada por oligarcas tradicionales e insensibles, un grueso grupo de militares tan terroristas como los guerrilleros comunistas y los paramilitares ultraderechistas. Así también, las diferentes especies de psicópatas, que, sin proponérselo quizás, todos ellos, desembocaron en el mismo punto de sostener aquel status casi apocalíptico, fuente de inagotables beneficios para sus artífices. Quienes presumimos que deberán rendir cuentas de sus responsabilidades en los crímenes de guerra y de lesa humanidad ante el Tribunal Especial para la Paz, una entidad tipificada en el acuerdo de agosto pasado. Por lo pronto, en los primeros días del acuerdo, las armas han guardado silencio, seña del imperio de la razón y del corazón sensato. Entretanto, el presente acuerdo se enfila a la ampliación democrática. El saldo de más de cinco décadas de guerra es dramático: 220,000 muertos, de ellos 177,307 civiles y el resto combatientes y soldados; 25,000 desaparecidos; 21,000 secuestrados; entre seis y siete millones de desplazados en el territorio por la violencia. Hay además 75,000 personas afectadas en sus propiedades y bienes; 55,000 que sufrieron actos terroristas y 11,000 afectadas por las minas personales (Rubén Aguilar Valenzuela, 2016). Una irracionalidad y desgracia, de lo cual no pocos esquizoides encuentran toda clase de pretextos, hasta cálculos electorales, para perpetuarla. Porque su disparatado dogmatismo los empecina a deformar la realidad, al reducirla a la única existencia de lo “blanco o negro”. Pendiente todavía la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla de menor poder de fuego, el acuerdo como tal se someterá a un referendo el 2 de octubre de los corrientes, así para otorgarle fundamento jurídico. Para ser aprobado, se hará imprescindible que “el sí” capte 4,4 millones de votos (13% del censo electoral), y si estos superan a los votos por “el no”. La consulta es calificada como la gran apuesta del presidente, Juan Manuel Santos, gestor de las negociaciones de paz para desactivar la guerra. Él nunca se alejó de los procedimientos democráticos correctos (Shlomo Ben-Amil, 2016), para privilegiar el entendimiento político, tal que en democracia se “garantice que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal”. En el día del referendo se definirá el futuro de los colombianos. Las partes contendientes se han comprometido en el pacto a renunciar al uso de la fuerza, bajo el supuesto de poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creará una misión especial en el país suramericano, con tal de supervisar el cese del fuego, ayudar a desarmar a los rebeldes, incluida la participación en política, la reincorporación o reintegración social de los alzados en armas de las FARC. Asimismo, la Organización verificará el cumplimiento y refrendación del acuerdo en mención, el cual entre otros compromisos consigna el reconocimiento, reparación, resarcimiento a las víctimas y restitución de tierras. Se ha hecho hincapié en el combate efectivo contra la narcoactividad. Bajo los principios de “justicia restauradora”, en pos de la búsqueda de la verdad, sin renunciar a la justicia (Shlomo Ben-Ami, ídem), los delitos políticos y conexos serán amnistiados. Asimismo, la jurisdicción especial para la paz contempla rebaja de penas y una restricción efectiva de la libertad sin cárcel, para aquellos que reconozcan su responsabilidad en esos delitos, aporten verdad y contribuyan a la reparación de las víctimas (ABC mundo, Bogotá, 2016). La guerrilla contará con portavoces en el Congreso hasta las próximas elecciones solo para discutir los acuerdos de paz, al establecerse que los guerrilleros tendrán garantizado un total de 10 congresistas (cinco senadores y cinco representantes a la Cámara) por dos períodos, siempre que no logren superar el umbral del 3% de la votación. En ese caso, se les asignarán los necesarios para cubrir el cupo. Si lo superan no se les otorgarán curules (escaños) adicionales (Javier Lafuente, 2016). La postura de las Fuerzas Armadas apunta a convertirse en la institución normal “en un país normal” (sin guerra), atenta a enfrentar eventuales amenazas como el ELN y posibles disidencias de las FARC, opuestas al pacto. “En este tiempo he visto unos avances muy considerables en la forma como el sector Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía se han involucrado cada vez más con el proceso de paz”, manifestó Aníbal Fernández de Soto, Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales. Al mismo tiempo, desde al año 2006 se viene implementando una estricta política de respeto y promoción de derechos humanos al interior de la fuerza pública de Colombia. Se programan capacitaciones a los oficiales, a los miembros de la fuerza pública en general en Colombia, en las cuales siempre se incorporan elementos de actualización en jurisprudencia, en legislación, en procedimientos acordes con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. El Presidente Santos y su administración están conscientes que los miembros de la fuerza pública, “son ellos los primeros defensores de derechos humanos”. El Viceministro Fernández confía en la misión de progresar en la lucha contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, asociado con la guerrilla izquierdista y los paramilitares ultraderechistas. Él afirma que las Fuerzas Armadas de Colombia se preparan para asumir nuevos retos de seguridad, entre ellos, el compartir su conocimiento y experiencia de seguridad con los países de la región latinoamericana (Geraldine Cook/Diálogo,22 agosto 2016). Con este fondo, seguro que las Fuerzas Armadas procurarán, esta vez, desechar anteriores e ingratas experiencias, y los esfuerzos que casi impidieron que los insurgentes de izquierda, conocidos como M-19, hubieran de reintegrarse a la política pacífica, dado que un puñado de sus activistas resultaron asesinados por escuadrones de la muerte de extrema derecha. En la corriente adversa, en los cuatro años de duración del proceso de diálogo con los insurgentes, el Presidente Santos se ha visto sometido a fuertes presiones y rupturas del expresidente de mano dura Álvaro Uribe (2002 y 2010), líder antigubernamental del derechista Partido Centro Democrático, opositor de lo pactado con la guerrilla. Según Uribe, lo negociado expresa impunidad y de rendición del Estado ante la guerrilla de las FARC, cierto, diezmada militarmente por las Fuerzas Armadas. A la vez insiste en que se alienta la alianza con el narcotráfico; se está negociando el modelo de Estado, planeando abolir la propiedad privada o pagando un sueldo a los guerrilleros. A diferencia de poseer autoridad moral, en este caso, el expresidente Uribe hubo de inducir casos ya verificados, en los cuales él mismo procedió a concederles impunidad o elegibilidad política a los narco-paramilitares, enemigos acérrimos de las FARC, durante el proceso de paz, sostenido con esos grupos y que finalizó con su desmovilización en el 2006. Lo evadido de modo cretino por la derecha recalcitrante, defensora del statu quo, comporta el otro factor de alta tensión. Colombia sigue siendo el segundo país de Suramérica con mayor desigualdad en la distribución del ingreso nacional, superado tan solo por Brasil. Igualmente, es un país con enormes diferencias territoriales, entre su capital Bogotá (que clasificaría como ciudad del primer mundo) y regiones como la Costa Pacífica (con niveles de pobreza similares al Subsahara africano). Mientras en Bogotá la pobreza afecta al 10 por ciento de la población, en los departamentos de la Costa Atlántica, esta se extiende al 41 por ciento y en la Costa Pacífica al 50 por ciento de los habitantes.(Mauricio Cabrera Galvis, 2016). Nos invade esa inquietud de que se acercará lo más complejo: la implementación exitosa de lo resuelto en las negociaciones ya finalizadas. Habrá que flexibilizar las posiciones de las clases tradicionales y conservadoras, las de mayor ingreso, en lo tocante a aceptar concesiones y sacrificarse para reconstruir un país justo, equitativo y socialmente cohesionado. Es decir, el inevitable cometido de entrar en un verdadero proceso de transacción entre las distintas clases, tal que sea capaz de fomentar la integración social. Simultáneamente, tal suspicacia nos lleva a repensar acerca de la sincera voluntad y disposición de los mandos y bases de las FARC respecto a cumplir, al pie de la letra, los requisitos pactados. La probabilidad de las disidencias en el movimiento insurgente es alta. Lo frustrante sería que dicho proceso pacificador en Colombia repita la historia de las imperfecciones actuales del proceso de pacificación que puso fin a la guerra centroamericana; en donde los signos de autoritarismo, la desigualdad, la extrema pobreza, las consecuencias del crimen organizado, unida a la violencia de las bandas armadas denominadas “maras”, llegan a dar al traste con los cometidos que se impuso el Plan de Paz de Esquipulas. Pese a su particularidad de nación de escala tan amplia, Colombia ha alcanzado un modesto desempeño económico. En el 2015 tuvo una expansión del 3,1 %, la más baja desde 2009. Solo un 2 % creció en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2015. Principalmente, la inestabilidad del mercado petrolero y la caída de los precios de otras materias primas minerales han frenado el rendimiento de la producción nacional (Infolatam/Efe, 2016). Un factor de riesgo. En las circunstancias presentes de la economía, apenas aceptables, la popularidad del Presidente Santos se ha visto disminuida, por lo que sus adversarios procuran sacar provecho de ello, para torpedear el pacto con la guerrilla. En cambio, su partido el Liberal, en cuenta diversas fuerzas políticas aliadas le ofrecen respaldo. Lo último, comienza a consolidar la posición democrática del Presidente Santos, percibida en los recientes sondeos, en los cuales “el Sí” al pacto con la impopular guerrilla saca ventaja. El mandatario colombiano informó que la firma del acuerdo de la paz de Colombia, “el comienzo del periodo de dejación de armas y desmovilización de las FARC”, será en Cartagena de Indias el próximo 26 de septiembre. Declara que el evento significará la reconstrucción de un país donde haya respeto y tolerancia por el que piensa distinto. Luego vendrán los retos de la implementación del Acuerdo Final (Alejo Vargas Velásquez, 2016). Son las expresiones del otrora recio Ministro de Defensa, el más popular haciendo la guerra en el gobierno derechista de Álvaro Uribe, en este instante su enemigo político. Enemigo también de lo resuelto en Cuba; aduce que pronto arribará “el castro-chavismo” en Colombia, de ello responsabiliza al gobernante colombiano. Frente a los ataques, Santos pone a prueba su paciencia y plena conversión espiritual. Perteneciente a una de las familias multimillonarias de más rancio abolengo, responde intensamente, como un filósofo y pedagogo, sabio y guiador de un sufrido pueblo, ensangrentado. Exige a los colombianos a que se perdonen los unos a los otros. “Hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación”, lo enseña ese auténtico estadista que educa e inculca valores a sus gobernados. Ya ha advertido que de no aprobarse el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla el país “volverá a la guerra”. El presidente colombiano, escasamente exhibicionista y populista, menos aún, llega a ser un “líder fuerte, autoritario”, de esos de moda, tales como Putin, Erdogan, Rodrigo Duterte, antes Hugo Chávez, Mugabe, Donald Trump, etcétera. Él está a larga distancia de aquellos “pavos reales”, ególatras y narcisistas, dañinos a la vez, quienes, por su complejo de superioridad, se comparan con las águilas y miran despectivamente a sus adversarios como caracoles. En pocas palabras: la humanidad se encuentra sedienta de más Juan Manuel Santos. Ronald Obaldía González (Opinión personal)