COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. PRIMERA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González

COSTA RICA PERMANECE TODAVÍA CON BUENA SALUD. PRIMERA PARTE. Autor: Ronald Obaldía González En días pasados el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dio cuenta que las aventajadas potencias económicas experimentan un “buen desempeño” (Rodrigo Cubero Brealey, presidente del BCCRl), particularidad que podría despejar el camino, para que la economía global pudiera aumentar un 5,9% en el 2021 y casi un 5% en el 2022, lo cual también llegaría a favorecer la economía nacional. La vacunación y el suavizamiento de las medidas restrictivas, entre ellas el confinamiento, que obligó el coronavirus a la mayoría de los países, a fin de contrarrestar las secuelas sufridas, se citan entre las herramientas principales, influyentes en el buen desempeño de la actividad económica y de los mercados internacionales, a pesar de los tangibles riesgos de la aparición de nuevas variantes de la pandemia del covid – 19, entre ellas, “el ómicron”. La incertidumbre (las variantes del coronavirus) tendería otra vez a poner en vilo la gradual recuperación del sistema económico – comercial y financiero mundial, en cuenta la agudización de la pobreza global (Jim O´neill). O, en su defecto, que continúe habiendo cambios drásticos en el tipo de cambio, que se incremente el precio de importación de las materias primas, a saber el alza de los combustibles. Al cabo que el aumento de la inflación interna a largo plazo, especialmente en los Estados Unidos de América y China, impactaría el consumo local, pues los precios de los bienes y servicios se orientarán al alza. Lo antes indicado provocaría “un deterioro en los términos de intercambio comercial costarricense, pérdidas de negocios”, entrelazado a los actuales y elevados costos de los fletes marítimos, las interrupciones en la cadena mundial de abastecimiento, en concatenación con las dificultades logísticas, producto de la pandemia del Covid – 19” (Roger Porras; Rodrigo Cordero Brealey, Presidente del Banco Central de Costa Rica ). LA SALUD DE LA MANO CON LA ECONOMÍA. Costa Rica es de los países que de manera sistemática ha flexibilizado las medidas de restricción sanitaria. Es evidente el avance de la vacunación por parte de las instituciones de salud del Estado nacional, por lo que los positivos efectos en nuestro sistema económico y productivo comenzaron a percibirse en los últimos doce meses. Con todo y los ligeros defectos, Costa Rica con sus avanzados sistemas sanitarios y de salud enfrenta eficazmente la pandemia del covid-19, que, además de ser un mal que contendió con nuestras estructuras hospitalarias y la ciencia médica, arrastró negativas repercusiones sociales, en la actividad económica – comercial, en la vida de las personas. Y todo pareciera indicar que la pandemia “llegó para quedarse”, esto quiere decir que se debe “aprender a vivir con ella”. Lo cual, en el caso local del coronavirus, llegó a medir la fuerza y el vigor, la capacidad de nuestras instituciones nacionales (y sus jerarcas), especialmente las del sistema de seguridad y protección sociales, quienes cuentan con el respaldo público. Hasta ahora han salido bien libradas. Todavía la ciudadanía confía en nuestro régimen de gobernanza para bien de la estabilidad democrática, puesto que además se continúa realizando un magnífico desempeño frente a la propagación de la enfermedad. La efectividad de las acciones preventivas y las atenciones hospitalarias, adoptadas contra las vicisitudes de la pandemia, se han integrado a las “laxas” y apropiadas políticas fiscales, monetarias y financieras. Políticas puestas en ejecución por parte de nuestro Banco Central, el sistema bancario – financiero y el propio Ministerio de Hacienda, propulsores del crédito expansivo a la ciudadanía, de fondos convenidos de avales y créditos a las empresas privadas, perjudicadas por el covid-19, esto en función de acelerar el crecimiento de la producción y el consumo. EN ARAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Las bajas tasas de interés y la política monetaria extendidas, promovidas por el Banco Central de Costa Rica, han contribuido a la recuperación económica, así también a la reducción de los intereses al público. Tales acciones coinciden con lo recomendado por los especialistas de los organismos internacionales, a efecto de enfrentar los daños sociales, originados por la propagación de la pandemia: los altos gastos en las asistencias preventivas y hospitalarias, el aumento del desempleo y la pobreza, la desigualdad, las explícitas disparidades regionales. Las políticas expansivas en mención “podrían llegar a su fin”, al visualizarse una permanente inflación – el rapaz impuesto, castigador de la gente de inferiores ingresos -, lo que alentaría el alza en las tasas de interés, tanto en las principales economías del mundo, como en las naciones en desarrollo, como la nuestra. En cambio, una inflación controlada y baja, habrá de contribuir a una política monetaria y financiera a favor del crecimiento y el desarrollo, así como contener el desempleo y la marginalidad (Eduardo Lizano; Cubero Brealey, idem). Mientras tanto, nuestro juicioso Banco Central ha logrado controlar la inflación local, de las más bajas en la esfera mundial (Cubero, idem). Por ahora ésta se ubica debajo de la meta del 3%, fijada por el ente emisor del dinero. Todo lo anterior, es concomitante con la estabilidad macroeconómica paulatinamente lograda: uno de los principales motores del crecimiento productivo y, por ende, de la ocupación y la restauración de las fuentes del empleo. Las cuales disminuyeron por la ralentización, suscitada por las emergencias sanitarias, derivadas del letal coronavirus; al extremo de elevar el desempleo a la tasa del 24%, pero reducido al 15% hasta octubre pasado. La relativa estabilidad ha facilitado la proyección en Costa Rica de un crecimiento económico para el 2021 a un 5,4%, y un 4,5% el 2022 (Cubero Brealey, idem). A la gradual reactivación socioeconómica la acompañan los esfuerzos gubernamentales en disminuir el déficit fiscal, contener el incremento de la deuda pública, a través de la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina alrededor del gasto público, así como el dar sostenimiento a las reservas monetarias. A lo cual se adicionan las efectivas reformas tributarias, introducidas en diciembre del 2018 - se logró este año un aumento en la recaudación de impuestos del 22% -. Toda vez que las medidas hacendarias aplicadas “generaron en el 2021 un superávit primario del 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB)” (Cubero, idem) - se excluye el pago de intereses de la deuda pública, la cual continúa siendo elevada - a diferencia del déficit del 2,6%, registrado el año anterior. PLANTEAMIENTOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y DE LA AGENCIA MOODY´S. El crecimiento de la economía costarricense y la reducción del déficit fiscal, lo cual no puede esperar, fueron dos de los elementos que acaban de llevar a la agencia calificadora internacional Moody’s a mejorar la perspectiva crediticia de Costa Rica, pasando la nota de negativa a estable (La Nación, 8 de diciembre del 2021). “La decisión de MOODY’S es positiva; indica que se reconoce que el riesgo del shock pandémico del año pasado “se disipó”, sea discretamente (José Luis Arce); falta por hacer más. En este orden fiscal, señalemos que las complicaciones de la deuda pública costarricense comenzaron desde el 2010. Hubo incrementos irresponsables en los desembolsos, correspondientes a la planilla salarial del Estado. La actual administración del Presidente Carlos Alvarado ha llevado a cabo los cambios, los correctivos indispensables, lo que representa una positiva señal a los mercados (Gabriel Torres – Moody¨s). Los pagos de intereses del gobierno costarricense para honrar la deuda pública contraída, representan más del 30% de los ingresos totales, son bastantes altos; un señalamiento negativo contra el país (Torres, idem). Por eso, el valor que conlleva bajar el déficit fiscal y el endeudamiento, a fin de posibilitar el ascenso en los peldaños en su calidad crediticia, por parte de las agencias calificadoras internacionales de riesgo de crédito (Torres, idem). En lo concerniente al comportamiento de la deuda pública, valga anotar que el Gobierno de la República acaba de lograr un ahorro de ¢158.590 millones en este rubro – bien valorado por MOODY,´S y el Fondo Monetario Internacional (FMI), esto por los resultados positivos en la recaudación de los ingresos tributarios, la disminución del gasto gubernamental y la razonable gestión de los pagos de las obligaciones durante el primer semestre del 2021. Así fue consignado por el Ministerio de Hacienda en un informe remitido a la Asamblea Legislativa como parte del trámite del noveno presupuesto extraordinario del presente año (La Nación, 6 de diciembre del 2021). La contención del gasto fiscal logró prevenir la presión frente a las tasas de interés en el mercado financiero, por eso se alcanzan las reducciones de dichas tasas, tanto en colones como en dólares. Si por el contrario, “se presenta una situación donde el gasto público se libera más”, el gobierno tendrá mayores y urgentes necesidades de financiamiento, por lo que se recurrirá a la imposición de impuestos adicionales, o a las fuentes de financiamiento internas y externas. Entonces habrá mayores presiones sobre el mercado financiero, eso producirá una presión al alza de las tasas (Elián Villegas, Ministro de Hacienda; Marta Acosta, contralora general de la República), perjudicando el funcionamiento del Estado, al propio sector productivo y al público en general. Nuestro país ha sido consecuente con el compromiso serio a favor del proceso de la consolidación fiscal, propuesto al FMI. El 2021 registra avances en el proceso en mención, habida cuenta de “una contención fuerte de los gastos, así también en la mejora significativa en la recaudación tributaria” (Cubero, idem), debido también al positivo rendimiento de las reformas tributarias, provenientes de la legislación aprobada en diciembre del 2018. Líneas arriba expusimos que parte de lo alcanzado en términos de los beneficios a la sociedad, refleja el incremento de los ingresos gubernamentales, la mejora de la actividad económica, o la reactivación, tanto más fuerte, vigorosa, como dinámica, superior a lo “esperado originalmente” (Cubero, idem). Estas tomas de posición han contribuido a la reducción en las necesidades generales de financiamiento del gobierno, lo que desahoga “las presiones del refinanciamiento” en él. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las acciones del ajuste y la consolidación fiscal, el núcleo correspondiente a los distintos proyectos de ley, pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han sido planteadas ante la Asamblea Legislativa, para el debate de rigor. El presidente del Banco Central (BCCR) anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien se ha distanciado de las medidas duras y desprestigiadas de ajuste estructural del pasado, “flexibilizó las condiciones” con tal de que el país pueda cumplir el acuerdo de ajuste fiscal necesario, para acceder a un crédito de $1.778 millones “con cláusulas blandas”. De llegarse a la aprobación legislativa de la agenda de ajuste fiscal y de los créditos externos, pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), – lo que en parte fue clave en la reciente mejora de la calificación de riesgo de crédito, otorgada a Costa Rica por parte de la agencia MOODY´s, además de la autorización de los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – , se posibilitará la estabilización del tipo de cambio del dólar. Asimismo, se podría detener la reducción de las reservas monetarias, ellos son los fondos que nuestro país posee a fin “de atender los compromisos externos, tales como el pago de la deuda e importaciones de bienes y servicios”. Otra buena noticia reside en la decisión del FMI de acceder a abrir un espacio adicional, prolongado “hasta febrero del próximo año, para evaluar la reacción del Congreso de la República”, en cuanto a avanzar con los proyectos fiscales, acordados por el gobierno del Presidente Carlos Alvarado con dicho organismo internacional. A raíz de la mejoría de las cifras económicas y fiscales, la meta de ajuste fiscal se redujo, y ahora podría ser de un 1% del producto interno bruto (PIB), o menos. Llegaría a ser “un sello de confianza”, equivalente a mantener un programa de apoyo por parte del Fondo Monetario, de mantenerlo vigente (Cubero, idem), y de paso, originaría la subida en las calificaciones de MOODY´S. Al ser “una condición fundamental” (el ajuste), se llegaría a interconectar con los objetivos de la reactivación económica y la estabilidad macroeconómica y financiera. “Ese sello de confianza” le ofrece a nuestro país la oportunidad de seguir obteniendo tasas de financiamiento inferiores en los mercados domésticos e internacionales, no solo al Gobierno, sino también al resto de los costarricenses (Cubero, idem). En el caso que la Asamblea Legislativa rechace o postergue la decisión alrededor de los convenios fiscales con el FMI, sea por cálculos electorales de los partidos políticos, habría incertidumbre en las finanzas del Gobierno, quien es el principal emisor de bonos de deuda en Costa Rica. REPUNTE Y RESULTADOS. De acuerdo con el punto de vista del presidente de nuestro Banco Central, “la economía costarricense se recupera más de lo previsto, tras casi 20 meses de covid-19. Alcanzó el nivel prepandemia en el tercer trimestre del 2021. Con excepción del turismo, los transportes y la actividad de la construcción, los restantes sectores productivos “sobrepasaron el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia” (Cubero, idem). Nuestra reactivación, emprendimientos e innovaciones tecnológicas y científicas crean mayor confianza en aras de enfrentar gradualmente las inseguridades e incertezas, acarreadas por la propagación del covid-19. Mejor dicho, Costa Rica tampoco “se ha visto forzado a caer en default”, o declarado insolvente en cuanto a su capacidad de hacer frente a la deuda pública, lo que se pone evidencia en la estimación inicial de este año, la cual suponía que ella cerraría en un 72,5% del PIB en el 2021, pero finalmente terminará en un 69,8% (Ministerio de Hacienda; Banco Central). Sea tal discreta disminución un paso interesante a tomar en cuenta en el objetivo de dar sostenibilidad a las obligaciones que el Estado debe asumir. El gobierno costarricense dista de haber perdido “reputación financiera global”, por lo que todavía posee “acceso al refinanciamiento”, o bien a los créditos blandos por parte del Fondo Monetario Internacional - se contratan con intereses más bajos - así también a los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros “prestadores dentro de los mercados de capital extranjeros”. De este modo, se habrá de evitar que el tipo de cambio y las tasas de interés entren en riesgo (Elian Villegas, Ministro de Hacienda); se mantendrá la confianza de los agentes económicos, y la continuidad del ritmo de crecimiento económico (Cubero, idem) y del desarrollo social. El Parque empresarial, que “es el neto entre aperturas de empresas y cierres e inactividad de otras”, se recupera paulatinamente de los efectos negativos del coronavirus. El BCCR ha explicado que la caída en el Parque llegó a ser “generalizada en todas las actividades económicas, lo cual es coherente con la contracción de la producción durante el año pasado”. El Banco Central “expuso una caída neta de 6.500 empresas durante el 2020 y una recuperación de 5.300 en el 2021” (La Nación, 13 de diciembre 2021). El parque empresarial costarricense cayó un 4,5%, o en 6.500 empresas, con el inicio de la pandemia en el 2020. No obstante, ya se ha logrado restaurar unas 5.300 en el 2021 (Banco Central de Costa Rica -BCCR). Contra la desaceleración en el contexto de la enfermedad, las empresas instaladas en zonas francas mantienen un mayor impulso, pues en octubre pasado, tuvieron un crecimiento del 17,9% en su producción, comparado con el mismo periodo del 2020. En el caso de las compañías locales, la tasa de variación fue del 8,6% durante el mismo periodo (Banco Central de Costa Rica – BCCR). Valga indicar que las empresas nacionales, ubicadas en el régimen comercial aduanero definitivo (importación y exportación de mercancías), suman cerca de 140.000 productores. Ellas dedican buena parte de su producción al mercado interno (robusto y dinámico) y “abarcaba en el 2017, último dato disponible, el 90% de la producción nacional”. Precisamente, la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) acaba de informar acerca de los 103 proyectos de inversión del extranjero, alcanzados en el 2021, lo que trajo consigo la creación de 22.461 empleos nuevos. “Los alcances de este 2021 demuestran que Costa Rica tiene el potencial para seguir creciendo y colocándose internacionalmente como un destino de atracción de inversión sostenible” (Eric Scharf -CINDE). Uno de los jerarcas de la citada organización no gubernamental (ONG), Jorge Sequeira, celebró los buenos resultados, particularmente por tratarse de otro año retador en pandemia. Detalló que estos resultados, sobre todo, “generan un impacto real a través de empleo formal y mayores oportunidades para el recurso más valioso que tiene nuestro país: su gente”. CINDE aseguró que las cifras indican que las empresas, atraídas por esa agencia generaron dos veces más empleo que el resto de la empresa privada en Costa Rica y tres veces más que el resto del país en este 2021. A la vez Sequeira resaltó el incremento del empleo femenino, el cual creció 21,4% en el 2021, “para representar 48% del nuevo empleo neto generado por este tipo de instalaciones. En total, durante todos los años, se acumulan 71.042 plazas para las mujeres”; cuya creación de puestos de trabajo a favor de este segmento de la población, coadyuva a acortar las tasas de pobreza. En este último objetivo habrá que trascender, en tanto progresemos aquí en la justa equiparación de los derechos entre las mujeres y los hombres, especialmente en cuanto al acceso a las oportunidades civiles, económicas y políticas de distinta naturaleza. ACIERTOS DE LA EVOLUCIÓN. De modo atinado lo confirmó Anabelle González, ex-Ministra de Comercio Exterior, al aseverar que la emergencia sanitaria, causada por el covid-19 se encontró con una sólida y diversificada estructura económica y productiva con mayor músculo; un factor decisivo que hizo posible atenuar los impactos y las consecuencias previstas. Por lo tanto, la reactivación productiva y del empleo está lejos de haber sido lenta y atropellada. Las transformaciones costarricenses en materia socioeconómica obedecen al afianzamiento de nuestra visión del desarrollo nacional, favorecedora de la apertura comercial, la diversidad productiva y de los variados destinos transfronterizos de las exportaciones costarricenses (PROCOMER). La atracción de la inversión foránea de alta calidad; además del fomento de los servicios, la inserción de la Banca privada y el auge del turismo también modificaron sustancialmente nuestra estructura educativa y laboral. Lo antes mencionado, en su conjunto, hubo de responder a las políticas públicas, comenzadas a principios de la década de 1990. Al punto que, de modo factible, fue superada la “economía del postre” y cautiva (producción de café, banano, azúcar, más otros productos agrícolas), criticada por don Pepe Figueres, a cambio del afianzamiento de la producción diversificada y los mercados abiertos. Las políticas públicas en materia de modernización y la heterogeneidad en la productividad y la producción denotan la amplificación social y económica, adoptadas durante casi cuatro décadas. La tradición y la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y económica vino a facilitar el acople entre la inversión pública, la privada y la academia en las diferentes áreas de crecimiento (Ricardo Zúñiga). Alta valoración hay que otorgarle a la propensión hacia el desarrollo sostenible, al potencial humano; igualmente, a los avances de la economía e infraestructura digital, iniciada con la instalación de INTEL durante la administración del presidente José María Figueres Olsen (1994 – 1998). Añádase a lo apuntado, la envidiable ubicación geográfica de nuestro país, cercana a los poderosos mercados de los Estados Unidos de América y la Unión Europea («nearshoring»), la que entre otros talantes, continúan siendo los atributos históricos, los precedentes mediatos e inmediatos aportan contenido a las cartas de presentación políticas y económicas, encaminadas más allá del interés por los negocios de los inversionistas extranjeros por solo instalarse en el territorio costarricense. Al mismo tiempo, a través del renovado enfoque de desarrollo abierto y transnacional se logró reducir la tasa de pobreza del 50% en 1982 hasta rondar al 20% en el período de la prepandemia (Periódico La Nación – Editorial del 28 de noviembre del 2021). Tales fortalezas hablan por sí mismas de la capacidad de resistencia de nuestro país, en cuanto a prevenir el descenso en las condiciones de vida” (Solana, idem), en haber contrarrestado un inminente colapso “societal”, lo que suponía la propagación del covid-19. Razón por la cual nos hemos adherido en nuestro escrito a la hipótesis de la ex-Ministra de Comercio Exterior. CONSTANTEMENTE, EN LA RUTA DEL MULTILATERALISMO. Sobre la base de los positivos precedentes y logros en cuanto a desarrollo humano (sociales, económicos, educativos y culturales), Costa Rica consiguió ser evaluada e invitada a ingresar a la prestigiosa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo ingreso pleno y definitivo se hizo realidad en mayo del 2021. Llegó a convertirse en el cuarto país latinoamericano, tras Chile, México y Colombia, en adherirse a esa organización” (Sergio I. Moya Mena), quien ha reconocido nuestros desarrollos y méritos republicanos, coincidentes con los valores de las democracias, las que se adhieren a los principios de la economía de mercado. Dicho sea de paso, 38 naciones en el ámbito de la OCDE trabajan de forma conjunta con el fin de enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y del buen gobierno, a fin de “aprovechar de manera más eficiente las nuevas oportunidades, “las buenas prácticas” surgidas; y coordinar políticas públicas locales e internacionales”. La vinculación a la OCDE fue una propuesta inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, durante la administración de Laura Chinchilla en el 2012, seguida de un proceso que sistemáticamente y de forma constante arrancó bajo la dirección de las autoridades y funcionarios técnicos del Ministerio de Comercio Exterior. El proceso de incorporación comportó al menos trece modificaciones al marco normativo, que Costa Rica tuvo que adoptar desde que inició las etapas previas a su membresía a la organización (Moya, idem). Los reconocimientos al sistema democrático costarricense, a su economía abierta y su condición de país de renta media son continuos. A Costa Rica se le ubica dentro del grupo de “democracias plenas”: una de las 20 existentes en el mundo, entre 167 países sometidos a examen por “el Índice de Democracia para el 2020, preparado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist”. A la vez, dentro del Sistema de la Integración de Centro América, Costa Rica, junto con Panamá y República Dominicana, solamente fueron invitadas a la “Cumbre por la Democracia”, organizada durante los días 9 y 10 de diciembre de este año por Estados Unidos de América. Dicho evento tuvo alcance global. Lo impulsó el presidente Joe Biden, en asocio con 100 Gobiernos y representantes de la sociedad civil. El foro concluyó bajo el compromiso de Washington de destinar $424 millones en aras de apoyar la libertad de prensa, las elecciones limpias, los derechos humanos y las campañas anticorrupción, entre otras asignaturas; así como enfrentar la amenaza del autoritarismo (La Nación, 10 de diciembre del 2021), un riesgo creciente en América Latina y en otras latitudes. LO QUE RIÑE CON EL SISTEMA DEMOCRÁTICO. El nivel de pobreza injustificadamente ha permanecido estancado en las últimas dos décadas y media, la corrupción pública y privada empeora dicho mal. Efectivamente, a través del “diálogo pluralista” se debe de llegar a la convicción en que son impostergables el crecimiento económico, en coexistencia con la responsabilidad y la disciplina fiscal, en aras del equilibrio y la estabilidad macroeconómica. Pero a la vez, cabe trabajar decididamente en el tipo de crecimiento, simultáneamente acompañado de la sucesión de reformas graduales y consensuadas, destinadas a cerrar las brechas sociales, educativas y culturales entre los habitantes. Lo advierte el pensador Javier Solana acerca de otorgarle prioridad a la superación de las desigualdades socioeconómicas, de las cuales tampoco se escapan las repúblicas democráticas, en cuenta Costa Rica. Además, porque causan dificultades de carácter político, reiteran las diferencias en el acceso a la participación en las distintas instancias públicas de toma de decisiones, al igual que se erosiona la capacidad de actuación como ciudadanos. Las divisiones socioeconómicas que caracterizan a nuestras sociedades en desarrollo, constituyen un grave daño a la democracia. Significa que vivimos vidas cada vez más diferenciadas y separadas, acentuándose las distancias en cuanto a tomar parte en la gobernanza. Para Solana, esa desigualdad e inequidad, la cual “empeora las condiciones de vida”, la que rebaja la cualidad de ciudadanía, tiende entonces a levantar los riesgos de la frustración, la insatisfacción y el desencanto de la gente contra el “status quo”. A partir del malestar social se comienza a cuestionar “convulsivamente” el desempeño y la legitimidad de los gobiernos, a las élites gobernantes y económicas. Se pierde la credibilidad en los líderes y los partidos políticos tradicionales, lo que abre el camino “al creciente apoyo a movimientos populistas y nacionalistas” (Solana, idem), de perfil autoritario. Hasta podría salir a relucir el fenómeno de la polarización ideológica dentro de los Estados nacionales, al repuntar la intervención de formaciones de extremistas de izquierda y de derecha, quienes tienden a desdeñar los valores democráticos liberales, induciendo “a la regresión democrática”. El llamado del pensador Solana va dirigido a las naciones democráticas, y todavía a Costa Rica, en lo que respecta a situar incondicionalmente y en constante correspondencia los objetivos y las acciones del crecimiento económico, en lo relacionado con la justa distribución de la riqueza, conexa al aumento de las inversiones en capital humano ((Ricardo Zúñiga). Así también, se impone el empoderamiento de las mujeres , como antídotos contra la pobreza, en cuenta el analfabetismo y la carencia de infraestructura digitales, sobre todo en los tiempos de la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Fomentar el desarrollo regional más equitativo, impulsando la modernización agrícola, y dignificar este sector, constituye un objetivo clave en la economía local, así como en la reducción de la pobreza. “El desarrollo nacional de hoy obedece a la actividad de la agricultura”; un sector relevante, porque genera divisas; contribuye a la creación de empleo, al reclutar a personas con menor formación escolar. Al mismo tiempo, el rol del sector agropecuario ha sido preponderante en los retos de la producción y el abastecimiento de los alimentos en el contexto de la pandemia (Víctor Umaña). En dicha visión de política social, el Estado de Costa Rica habrá de verse obligado a inclinarse a favor de la agilidad y la eficacia en los sistemas y métodos de trabajo de la administración pública, reduciendo la burocracia hasta donde sea conveniente; así como la dispendiosa, improductiva, caduca tramitología y “el ritualismo legal”, entorpecedores de su accionar. Peor aun, tal disfuncionalidad cualitativa y cuantitativa abona a la corrupción pública y privada (Fernando Zamora Castellanos). Con frecuencia. el Estado ha llegado a ser incapaz de desempeñarse de manera pronta y cumplida. Hay anomia en la administración pública, al extremo que algunas instituciones ya son obsoletas, “no tienen ni pies ni cabeza” (Carlos Carranza). En este mismo orden, hay que tomar en cuenta el principio de racionalidad y proporcionalidad en la fijación de las remuneraciones de sus servidores, por cuanto los abusos desmedidos e impopulares en dicho rubro, han originado la inestabilidad en las finanzas públicas. Los intereses y los beneficios exagerados de los trabajadores se han convertido en el fin en sí mismo de varias instituciones del Estado, en desmedro del óptimo servicio público, exigido por la ciudadanía. De acuerdo con las cifras de la OCDE, la remuneración de los funcionarios del Gobierno, financiados por los impuestos de los trabajadores y empresarios del sector privado, representa más del 50% de los ingresos totales del Gobierno. Por esto, el gobierno costarricense apela por la aprobación “del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, por medio del cual se introduciría el esquema de salario global, en sustitución del esquema actual de incentivos salariales en el sector público”, con tal de reducir los desembolsos (La Nación, 6 de diciembre del 2021). La aprobación del proyecto de ley de empleo público resulta crucial, a fin de aumentar la eficiencia del gasto público y ejecutar una mayor proporción del gasto público, destinado a mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables. Los sistemas políticos y económicos, y las democracias en general, dependen del funcionamiento eficiente y la legitimidad del Estado y los gobiernos (Andrew Sullivan), así también el aumento de la productividad, entre los factores determinantes del crecimiento económico. De un Estado “menos grasoso” dependen los programas de protección social a favor de la gente de menores ingresos; ello garante de la cohesión nacional. PUNTO FINAL. Costa Rica está demasiado lejos de comenzar a caer en la degradación social y política, así como lo hacen (falsamente) creer acá algunos demagogos, agoreros o “los profetas de las calamidades”. Pensar así es una tontera de los presuntos “sabelotodos”. Ni los normales desacuerdos políticos acerca de los ajustes económicos dentro de la Asamblea Legislativa, ahora en medio del activismo y la competencia partidaria, de cara a la conclusión del proceso electoral de febrero del 2022, menos aún el escaso respaldo popular que rodea al gobierno del Presidente Carlos Alvarado, llegan a ser un riesgo inminente. Tampoco nuestro país está al borde de un colapso económico. Los datos oficiales ofrecidos en nuestro escrito exponen lo contrario, lo mismo que los reveladores argumentos del sector productivo, quien da conocer la gradual reactivación y el repunte del sistema económico, incluida la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Los datos del índice mensual de actividad económica (IMAE) demuestran variaciones interanuales positivas; desde inicio de este año a setiembre se reportó un crecimiento del 8,8% frente al mismo mes del 2020 (Periódico La Nación, 27/noviembre/2021). Como sea y sin pero que oponer, hay que reconocerle a la actual administración gubernamental su realista e incansable compromiso y determinación de haber atendido la emergencia sanitaria, producto de la mortal propagación del covid-19. Lo cual ha hecho posible la contención o neutralización de la mayoría de las destructivas consecuencias socioeconómicas, las que entraña la prolongada enfermedad. Porque se ejecutan encomiablemente las acciones preventivas, adjuntas a las intervenciones hospitalarias y la progresiva vacunación de los habitantes. En ningún tiempo nos tiene que dominar el egoísmo y la ingratitud, para desmentir dichos logros. Tampoco a la vista presagiamos disyuntivas políticas, por las cuales los ciudadanos se vean obligados a optar, sea por una de las radicales alternativas ideológicas (de izquierda o derecha), distinguidas en desunir en extremo (o polarizar) la sociedad nacional, y emplear con frecuencia las vías violentas. Sin embargo, de persistir la desatención por parte del Estado costarricense de las necesidades vitales de ese 22% de la población, estancada en la condición de pobreza crónica - o que exceda tal porcentaje - , entonces tendríamos que razonar diferente. Encontramos tareas pendientes, entre otras, la distribución de la riqueza, en los innegables y positivos resultados de nuestro modelo de crecimiento y desarrollo económico, sustentado en el mercado abierto; y en las dos últimas décadas en la comunidad de la tecnología digital. Semejantes a cualesquier regímenes sociales, cual desista de las políticas estatales, capaces de encarar decididamente los crecientes niveles de pobreza, se puede encontrar con amargas sorpresas disruptivas, inusuales en la historia de nuestro terruño. El cumplido de la famosa “teoría del dominó” se hace patente en diferentes naciones de América Latina, antes se debió haber pensado en ello con sentido de justicia y responsabilidad social. No tan lejos comparecen nuestras suposiciones en varias repúblicas de esta región, quizás a pasos agigantados. Aquí, por el momento, hay ausencia de asomos, alentados por nuestros propios partidos políticos u otras denominaciones civiles. De todos modos, aprendamos de las experiencias ajenas, para prevenir caer en los mismos errores. FELIZ AÑO NUEVO.

LA CENTROAMÉRICA DESVALIDA; PERO SIN PERDER LA ESPERANZA. Autor: Ronald Obaldía González

El vie, 5 nov 2021 a las 15:38, Ronald Obaldía () escribió: LA CENTROAMÉRICA DESVALIDA; PERO SIN PERDER LA ESPERANZA. Autor: Ronald Obaldía González Centroamérica representa un conjunto de cinco naciones, localizadas en una extensión territorial que ronda los 420.000 kilómetros cuadrados. El territorio “concentra el 10% de la riqueza biológica mundial”. Reúne (el istmo centroamericano) una población superior a los 46 millones de personas, siendo su producto interior bruto (PIB) anual, equivalente a $200.000 millones (David López Cabia). Las cuatro naciones, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua comparten “pobres indicadores sociales”. El más reciente Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo las coloca entre los puestos 124 al 132, de 189 países evaluados (Sergio Morales Rodas). Al cabo que estudios de algunos organismos internacionales colocan esta área geográfica entre las más violentas del mundo (Banco Interamericano de Desarrollo – BID-), un panorama del cual tampoco se escapan, en menor grado, Costa Rica y Panamá. En la segunda mitad del Siglo XlX el modelo agroexportador (Christian Montes) predominó en América Latina, y por supuesto en nuestra región El modelo agroexportador profundizó la brecha social entre grupos hegemónicos compuestos por grandes terratenientes y ricos “personajes, relacionados estrechamente con el capital extranjero”, al igual que acentuó la formación de latifundios y la progresiva reducción de las pequeñas propiedades.. Se trató de un esquema de desarrollo económico, basado en la exportación de materias primas hacia países industrializados como el Reino Unido y los Estados Unidos de América, así como la importación de artículos manufacturados extranjeros, que crearían necesidades en las poblaciones latinoamericanas. Se forzó la división del trabajo en el contexto del comercio global y regional. Las grandes empresas británicas o estadounidenses fueron parte fundamental en la construcción de enclaves económicos e infraestructura básica, en la concesión de empréstitos en áreas donde los Estados latinoamericanos llegaron a una práctica de dependencia y de renuncia a su soberanía (Rodrigo Facio Brenes. Christian Montes. Roberto C. Monge Durán). A inicios de la década de 1960 las cinco naciones del istmo pusieron en marcha el proceso de integración económica, dando forma al Mercado Común Centroamericano (MCCA) “con énfasis en la sustitución de importaciones”. La finalidad era consolidar una unión aduanera, dando lugar a una zona de libre comercio y pactando con sus integrantes una política comercial (David López Cabia), incluida la introducción de incentivos al proceso de industrialización y urbanismo (Editorial del periódico La Nación – Costa Rica, 12-X-2021). Dos décadas después (1980) nuestra región de modo inexorable se abrió a las tendencias de la globalización o de integración a la economía internacional, tendencia que activaron las políticas de apertura de mercados, la diversificación productiva, la reducción de las barreras aduaneras, arancelarias y las normativas burocráticas, en el entendido que entorpecen el libre comercio de los bienes y servicios, al igual que el flujo de las inversiones privadas y públicas. Con todo, Costa Rica y Panamá, han aumentado la inversión social y sabido “gestionar mejor” tales teorías aplicadas del desarrollo respecto a sus vecinos; quienes han sido deficitarios en cuanto a impulsar una positiva calidad de vida a la generalidad de la población. Habida existencia de Estados en deuda en cuanto a democracia cohesionada y en lo tocante a responder de manera efectiva frente las necesidades sociales. Las élites dirigentes manifiestan Indiferencia frente a los objetivos de la creación de empleos, el fomento de la educación, la salud, la vivienda, así también se muestran incapaces de llevar a cabo justas reformas agrarias, entre otras adversidades. Tales síntomas, heredados desde los tiempos de la colonización española, se reproducen de forma imparable, así como lo certifican las constantes e injustificadas diásporas de miles de empobrecidas personas centroamericanas, ávidas de ingresar, a toda costa, al territorio de los Estados Unidos de América, en búsqueda de mejores oportunidades, negadas por sus propias sociedades nacionales de origen. A lo antes dicho se suma la cuestión de la defensa de los derechos humanos, civiles, políticos, las libertades fundamentales y el compromiso con la democracia en Centroamérica, reprochados abiertamente en “las democracias imperfectas”, semi-autoritarias (The Economist) del Triángulo del Norte y Nicaragua. RETROCESOS POLÍTICOS Y FRUSTRACIONES SOCIALES. Estuvimos a la expectativa que en 1987 sobre la base de los visionarios y asertivos Acuerdos de Esquipulas para la Paz (la dirección correcta), expuestos e impulsados por el Presidente costarricense Oscar Arias Sánchez (1986 - 1990), se podían superar - hay evidencia positiva -, entre otros hechos turbulentos y “disociadores”; la sucesión de causas y consecuencias de las escaladas violentas del Siglo XX, en parte producto de las intervenciones políticas y militares foráneas. Bajo los Acuerdos de Paz aumentó la confianza en torno a la reducción del excesivo poder de las Fuerzas Armadas, años atrás responsables de los golpes de Estado, los funestos antecedentes de las dictaduras y los autoritarismos militares, cuyo poder condujo a la confrontación entre las fuerzas armadas de El Salvador y Honduras (julio de 1969). En aras de la defensa del estatus quo, los ejércitos centroamericanos enfrentaron las insurrecciones de los grupos armados: los combates antiguerrilleros domésticos en los que miles de personas perdieron la vida, además de los cuantiosos daños a la infraestructura. A lo cual, habría que añadir las pérdidas humanas y materiales, derivadas de las catástrofes naturales (los desastres), las que frenaron el crecimiento de la economía regional. A partir del golpe de Estado en Honduras contra el Presidente Manuel Zelaya, en junio del 2009 hemos sido testigos del abrupto deterioro de los avances y logros, acumulados por los Acuerdos y el Plan de Paz, iniciados por el Presidente Arias Sánchez, los cuales se impusieron la reconstrucción de la gobernabilidad democrática, la consolidación del Estado de derecho, el acatamiento de los derechos humanos fundamentales, el desarrollo humano, en cuenta la renovación del sistema de la integración regional. Las primeras décadas del Siglo XXl nos ofrecen otras películas desalentadoras, debido a la reaparición de los caudillos de la talla de Daniel Ortega; del mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina – acusado (el 2015) de hechos de corrupción en el caso “La Línea”-; el ascenso al poder de Nayib Bukele en El Salvador, lo cual pone de relieve el comportamiento político de restringir los avances de las condiciones democráticas (El País – España – y Sergio Morales Rodas). Hay que hacer una distinción, por cuanto tras el Proceso de Esquipulas, la nación salvadoreña ha estado revestida de mayor solidez institucional y jurídica en comparación con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, el Presidente Bukele se ha impuesto el objetivo de desnaturalizarla. Lo grave de las arbitrariedades suyas frente al Estado de derecho, reside en el apoyo mayoritario de los ciudadanos, el cual ese gobernante populista y autoritario ha logrado aglutinar, implicando eso un severo retroceso al proceso centroamericano de la restauración de la democracia, de los fundamentos vitales del Plan de Oscar Arias. “La advertencia” de Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden: “Estados Unidos quiere coordinar con otros países para prevenir que “El Salvador se vuelva otra Venezuela”, porque le preocupa cómo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, “usa la popularidad para debilitar el sistema democrático” en ese país, empujado a “la deriva autoritaria” de la región”. Lo constatan “las afrentas a la libertad de prensa y el aumento en las cifras de desaparecidos (CulturaCr. net). Dejemos quieta, por ahora, la categórica expresión del asesor de Washington, difundida el mes pasado (Infobae, con datos de EFE). Es proverbial “el síndrome de posconflicto” (Luis Alberto Cordero Arias), huella del conflicto militar de las décadas de 1970 y 1980. El que se distingue en este tiempo por la predisposición hacia el autoritarismo y el populismo, modalidades del abusivo ejercicio del poder que hacen a un lado “del sistema de pesos y contrapesos”. Los líderes políticos que los adoptan se han aprovechado demagógicamente de las disconformidades o descontentos de la poblaciones frente al bajo crecimiento económico, la carencia de oportunidades, las desigualdades sociales y económicas. Así también, dichos regímenes se alimentaron de los malestares originados por la incontenible corrupción pública y privada, asociada a la impunidad “e ineficiencia de la justicia” (Cordero Arias, idem). Los tentáculos del crimen organizado transnacional (tráfico de drogas, personas, armas; sicariato); la virulencia entre “las maras” o pandillas de personas jóvenes y niños, deportadas de California y New York (Luis Alberto Cordero, idem), interactúan como economía subterránea, debilitantes del buen gobierno y la cohesión social, a la vez que logran atraer los sectores marginados de la población, puesto que de las actividades criminales obtienen ingresos que les permite sobrevivir en sociedades diferenciadoras. LA SEGUNDONA AMÉRICA LATINA. Entre los deterioros o declives, citemos las inobjetables irregularidades y las violaciones a la integridad del proceso electoral de noviembre del 2021 en Nicaragua, país sometido al régimen de Estado policial; la impermisible “persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores” (Carlos Fernando Chamorro) y los activistas de la sociedad civil. Lo que plantea la obligación de la comunidad internacional superar sus omisiones, a cambio de actuar firmemente contra la cultura autoritaria, dando pasos semejantes a los de “Meta”, la casa matriz de Facebook, quien acaba de eliminar mil cuentas administradas por el gobierno orteguista, destinadas a atacar los opositores (California. AFP). Desafortunadamente, el rol de ella (la comunidad internacional), negligente, timorato, con sus “tibiezas”, ha inducido a desacuerdos respecto a la aplicación de la Carta Democrática en el seno de la inútil Organización de Estados Americanos (OEA). Siquiera demandara, sin tapujos, la ilegitimidad e inmediata suspensión de los comicios en la nación nicaragüense (Carlos Salinas Maldonado – El País, España – ), así como llega a plantearlo el Reporte del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA Internacional y otros organismos latinoamericanos -). La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado que el gobierno Ortega- Murillo ha instalado “un régimen de terror” con un intenso y sistemático ataque a las libertades públicas, a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales (AFP). Lo ha descrito de manera real José Miguel Vivanco, El director de Human Rights Watch América, al afirmar que el ambiente en la OEA es aún peor, porque su situación es un reflejo de sus Estados miembros. Estos están dirigidos por Gobiernos que principalmente se aferran a este discurso populista, empezando por los gigantes de la región, Brasil y México. Y para empeorar el ambiente de inacción, el propio Vivanco se queja de que “Joe Biden no tiene ninguna política para América Latina” (El País – España), “a menos que pueda salir algo positivo de la Cumbre de las Democracias, convocada por el Presidente estadounidense en diciembre del año en curso”. La Casa Blanca solo tiene la mirada puesta en una política de seguridad regional, dominada por la migración irregular o indocumentada y la narcoactividad, además del control de los grupos armados ilegales, ubicados en el rango de amenazas “emergentes o no tradicionales” (Cordero Arias, idem). Es un enfoque de seguridad desconcentrado del fenómeno de la proliferación de los líderes populistas en este subcontinente, abocados a la retórica y las acciones autoritarias. Igualmente, la región está descartada “del mapa de la Unión Europea”, a quien apenas le interesa el descalabro de Venezuela (Vivanco, idem) y ocasionalmente Cuba. La agenda de seguridad como tal tiende a predominar los términos de la cooperación y la asistencia de Washington hacia el istmo centroamericano. En cambio, hay evidencia comprobada que el peso de la solución a las anomalías de la inseguridad estructural, descansa en la introducción de objetivos y metodologías de trabajo, basadas en los principios del desarrollo humano, mejor sí los ponen en ejecución las organizaciones robustas y confiables de la sociedad civil, todo ello para garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos transferidos; en el pasado los han malversados los políticos y militares corruptos. Así las cosas acerca del extravío apuntado, la cuestión reside en el interés de China comunista y la Rusia de Putin en hacer caer la balanza de la influencia de los intercambios políticos, económicos y culturales de las potencias occidentales , o desplazarla. A la postre les escandaliza (a Washington y la Unión Europea) la pujanza de las ofensivas diplomáticas de ambas naciones extracontinentales, interesadas en demostrar la validez y eficacia de sus autoritarios proyectos políticos “iliberales y autoritarios”, fertilizados en varios Estados de nuestra región. CRUDA REALIDAD. Cabe mencionar que son las élites dirigentes, quienes obtienen las mejores ventajas alrededor de los diversos esquemas de desarrollo, importados por Centroamérica, cuyo éxito se centró en los progresos macroeconómicos, sin derechos y garantías sociales, causantes de las crónicas y agudas diferenciaciones en lo que respecta a la distribución de los ingresos nacionales, así como de las disparidades en cuanto a progreso entre las zonas urbanas y rurales. Hay naciones que registren hambrunas y agua insalubre, de ahí la imposibilidad de ser llamadas democráticas; ya que ello solo suele suceder en muchas aldeas afganas y en casi toda África (Ramón Lobo, 2009), esta última conformada en su mayoría por Estados fallidos. Resulta vergonzoso reconocerlo, pero en medio de la globalización, Centroamérica continúa girando en torno a la pobreza y la marginalidad, lo cual marca una grave diferencia con la pujante velocidad de los negocios e inversiones de los propietarios de las empresas transnacionales y locales. Días atrás, el procurador guatemalteco de Derechos Humanos confirmó que su país atraviesa “una de las peores crisis de seguridad alimentaria (AFP). El 16% de los 17 millones de guatemaltecos sufre desnutrición, una complicación que además se agudizó con la pandemia y el cambio climático. El 18% es víctima de la inseguridad alimentaria grave y el 45% afronta una situación de inseguridad alimentaria moderada, de lo cual es notorio el desentendimiento del gobierno guatemalteco, dirigido por el derechista y controvertido Alejandro Giammattei. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi el 50% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica en Guatemala, el índice más alto de Latinoamérica. Por lo tanto, esto nos invita a refutar la noción en cuanto a que la globalización o la liberalización económica impulsaría la prosperidad a favor de los pueblos meridionales. Aun en el caso del istmo centroamericano las inequidades tienden a perpetuarse, sino a agravarse, de acuerdo con lo apuntado por el funcionario guatemalteco y la propia ONU. En este ámbito de la inseguridad social, cabe hacer referencia a la discriminación racial contra los indígenas; es un fenómeno crónico en la tierra del quetzal. Honduras adolece de ese apartheid, aunque es menos impactante en comparación con su vecino del norte. Recientemente, nos enteramos que las poblaciones rurales e indígenas de varias regiones guatemaltecas están sumidas en la hambruna y la desnutrición. El fenómeno se ha repetido en las zonas norte y el Caribe de Nicaragua. Lo que denota el escaso convencimiento que se tiene de aquel postulado que expresa que “la democracia significa también comer como lo hacen los demás”. LA GUERRA DIFERENTE. Las naciones del istmo, entre ellas, Guatemala, El Salvador y Honduras, continúan siendo golpeadas por la violencia común y la proveniente del crimen organizado, lo que a su vez constituye un factor de estancamiento económico y de profundización de la desigualdad y la pobreza, aceleradas por los efectos de la pandemia del covid-19, que además de embestir la economía global a partir del 2020, también ha acarreado efectos negativos a Centroamérica. Las cifras de los homicidios, a pesar de haberse reducido en los últimos años, continúan siendo socialmente dañinos en “el Triángulo del Norte”. Por eso, se menciona que la falta de temor a la muerte ha llegado a transformarse en la versión de “otra guerra actualizada”; adyacentes a la dura represión de las protestas populares, entre ellas las de Nicaragua en abril del 2018, la que ha originado acusaciones internacionales por la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno, los militares, los policías y paramilitares al servicio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Las redes del narcotráfico se han enquistado en Honduras y Guatemala, principalmente; menos amenazado El Salvador. En cuanto a Nicaragua, lo desconocemos, a causa de la insuficiente transparencia gubernamental, y las pesadas restricciones contra los medios informativos. Las organizaciones criminales han instituido, incluso, un Estado paralelo en la capital de la antigua Federación Centroamericana, así también “el narcoestado”, presuntamente ya se consolidó en la nación hondureña, en ocasión de los delitos de la familita del Presidente Juan Orlando Hernández, responsable directo, al lado de su hermano Tony Hernández – preso por narcoactividad en Estados Unidos de América -, de la permanente erosión de las frágiles bases de la gobernabilidad y del Estado derecho, deliberadamente obstruidos, tanto por las élites políticas, militares, policiales, como económicas. Para citar un ejemplo. En febrero del 2007 en Guatemala se registraron los homicidios de tres diputados salvadoreños al PARLACEN, lo que dejó entrever la coordinación eficaz de las sofisticadas organizaciones interactuantes en diversos ámbitos de la delictiva transnacional. Por su lado, la inmunidad de algunos diputados del PARLACEN, en no pocas ocasiones, ha entrado en escena a favor del fenómeno delictivo. El lavado de dinero, las interconexiones de capitales opacos, el tráfico ilegal de personas, drogas, armas etcétera configuran la tipología de sociedad fallida y vulnerable a la criminalidad transfronteriza, Tiempo atrás hubo temor de la posible infiltración de la mafia rusa particularmente en Honduras; o bien que las pandillas juveniles de “las maras” pudieran ser un terreno fértil de las organizaciones terroristas del Medio Oriente. Lo cierto es que los cárteles suramericanos y mexicanos, que dominan los mercados de la droga con destino final a Estados Unidos de América y Europa, fortalecen los tentáculos en el istmo, lo que significa que se ha ampliado la sociedad criminal de la narcoactividad, emprendida en un inicio por las bandas suramericanas. La complicidad de un sector del Poder Judicial, la policía y de las Fuerzas Armadas con el negocio de las drogas prohibidas y de diversos ilícitos, se ha ido repitiendo, especialmente en las instituciones guatemaltecas y hondureñas; por eso se menciona la prevalencia de narcoestados. Se podría presumir que el gobierno sandinista entrara en tal categoría criminal. Es un hecho cierto el contacto de algunos capos y narcoguerrilleros suramericanos con Ortega en el pasado reciente. La impunidad “institucionalizada” frente a la galopante corrupción, aceleradora del empobrecimiento de la gente, ha sido la respuesta: da pie a la frustración y el desencanto de la sociedad civil centroamericana por contener el desencadenamiento del crimen organizado, afiliado a la indolencia de la justicia, la impunidad rampante, de suma conveniencia e interés de un sector de las dirigencias políticas, económicas y de la defensa del orden público. UN PROBABLE “BLOQUE ANTIESTADOUNIDENSE”. Al igual que en Nicaragua, la precariedad en cuanto a buen gobierno, transparencia, derechos humanos, la gradual descomposición política, jurídica y moral, la insensibilidad frente a las diásporas, son realidades que también patrocinan los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras. Ellos se comportan “como les da la gana”, demostrando que no les tienen “miedo” a los llamados, las presiones diplomáticas y las sanciones económicas (inefectivas) de Estados Unidos de América (William Álvarez – Guatemala -), menos aun a las provenientes de la Unión Europea (UE) y sus inocuos pronunciamientos políticos. Dichos emplazamientos que justamente provienen de los principales cooperantes, de quienes se burla hasta el propio Banco Centroamericano de Integración Económica “al continuar premiando” la represiva dictadura sandinista con el otorgamiento de créditos, destinados a respaldarle la gestión de liquidez. En esa línea, Kamala Harris, Vicepresidenta de Estados Unidos de América debió salir insatisfecha en su última visita a Guatemala ante el planteamiento del gobierno de dicho país, quien demostró su relativa indisposición de aceptar las fórmulas de la Vicepresidenta acerca de la contención de los flujos migratorios (Álvarez, idem). La conducta díscola y antidemocrática de dichos Estados centroamericanos hace prever la posible conformación de “un bloque antiestadounidense”, el cual ya dio que hablar. Es el caso del Gobierno de Guatemala, quien se abstuvo el pasado 20 de octubre en la última votación resolutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), relacionada con las elecciones en Nicaragua, al exigirse la liberación de los presos políticos(Sergio Morales Rodas), entre otras demandas. Puede ser posible que esa convergencia autoritaria, equivalente a inseguridad política (Francisco Villagrán de León), por parte de los países indóciles de nuestra zona tienda a tomar forma, conforme se consideren amenazados o aislados, si fuera el caso; habida cuenta que sus prácticas contra los principios del buen gobierno y los derechos humanos han llegado a ser condenadas por las organizaciones internacionales no Estatales y algunos países. Una señal acaba de ponerla de manifiesto Juan González, uno de los asesores del presidente estadounidense, Joe Biden en relación con las anormalidades de Bukele, si bien es cierto que las irregularidades del autoritarismo alcanzan extrema intensidad en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, artífices del desmantelamiento de la frágil democracia nicaragüense. En lo cual hay modestas reacciones del llamado “gran capital” (El País – España), a pesar del encarcelamiento de algunos líderes empresariales, acusados de “ejecutar actos de terrorismo”. A diferencia de los impopulares gobernantes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, los presidentes demócratas de Costa Rica, Panamá y República Dominicana, agrupados en la Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, se han pronunciado frente al deterioro de los derechos humanos , unido a “la falta de garantías” en Nicaragua, lo que imposibilita que las elecciones de 7 de noviembre del 2021 sean transparentes. Lo que hace presumir que las anormalidades autoritarias de Ortega -Murillo podrían crear discrepancias y rupturas en el curso del insustancial y deslucido sistema de la integración regional (SICA). El bloque antiestadounidense ha hecho su segunda aparición en un breve plazo. Los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y el derechista Juan Orlando Hernández, “dos de los mandatarios centroamericanos más criticados por sus marcados autoritarismos” (…), “sostuvieron un sorpresivo encuentro en Managua” en días pasados en el que firmaron decretos (“innecesarios”) con base en la delimitación en el Mar Caribe y Golfo de Fonseca, dictada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) años atrás, dado que Honduras, El Salvador y Nicaragua mantenían fuertes tensiones. Justamente, el último fallo de la CIJ sobre el tema se dio el 8 octubre de 2007 (Eliseo Núñez Morales). En la redundante reunión, porque las fronteras ya fueron delimitadas por la resolución de la Corte Internacional de Justicia (Confidencial), había que dar un retrato de unidad cooperativa: ha escalado la vacunación de nicaragüenses por la ayuda de Honduras. Por eso, la cita es reconocida por los trasfondos políticos y diplomáticos, en aras de apuntalar a ambos gobernantes (Confidencial). Mejor dicho, hubo de ser “un golpe de imagen”. El Presidente salvadoreño estuvo ausente en dicho encuentro binacional, ya que sus relaciones con Ortega y Hernández distan de ser corteses, dadas las desavenencias fronterizas en el Golfo de Fonseca, especialmente con el gobierno hondureño. Asimismo, el encuentro de los dos mandatarios ocurrió a pocas semanas que ambos países “concurran a las cuestionadas elecciones generales, en las que el mandatario sandinista retendrá el poder tras haber encarcelado a todos sus contendientes”. Por su parte, el presidente hondureño termina “su periodo, salpicado por señalamientos de nexos con el narcotráfico” (Wilfredo Miranda en: El País-España). Algunos observadores de la política centroamericana suponen que, ante la ausencia de un tratado de extradición entre Nicaragua y los Estados Unidos de América, el presidente hondureño, una vez que deje “su ilegal segundo mandato” (Confidencial. Miranda, idem) tratará de “asegurar su asilo y nacionalidad nicaragüense”, a causa, - como dijimos arriba - de las investigaciones que enfrenta por posibles vínculos con el crimen organizado (Confidencial) y en otros escándalos de corrupción. El país de los sandinistas le serviría de refugio, en esas circunstancias lo utilizaron otros exmandatarios prófugos de la justicia, sean los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, protegidos “por la impunidad Ortega-Murillo”. En el supuesto relacionado con la conformación “del bloque anti-Washington”, cabe mencionar que, emulando al representante de Guatemala, el de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvo de apoyar la resolución del organismo, e impulsada por el gobierno estadounidense, por la que se demanda al régimen Ortega-Murillo “una solución inmediata a la crisis sociopolítica y la liberación de todos los presos políticos” (Miranda, idem). “LA CONSOLIDACIÓN DE UN RÉGIMEN AUTORITARIO SIN PALIATIVOS”. La emergente y prometedora institucionalidad democrática, sustentada en los Acuerdos de Paz del Presidente Oscar Arias, llegó a socavarse a través de los consensos y pactos políticos, en desmedro de las instituciones políticas, judiciales, militares y policiales. Tales “tácticas” constituyen un golpe bajo al proceso de paz de 1987. El caso excesivo recae en las maniobras antidemocráticas e impunes de Daniel Ortega al lado de su excéntrica esposa y del expresidente Arnoldo Alemán, dirigente de la supuesta oposición (además de los respectivos socios), las que surtieron evidente efecto: llegó a tener viabilidad política y progresos económicos en estos últimos años. Tan es así que el gobernante sandinista, aparte de monopolizar el poder envolvente del Estado, logró neutralizar cualesquiera indicios de oposición o rebelión, con la excepción de las protestas masivas de abril del 2018, reprimidas brutalmente. A los consensos y los pactos se habían adherido, irresponsablemente, los poderosos empresarios: “el gran capital”, a quien se le garantizó “estabilidad y ventajas para hacer negocios” (Carlos Salinas Maldonado en El País – España). Todos estos sujetos fueron desde un inicio los grandes líderes de un Estado corporativo, clientelista, cleptócrata - protector de una minoría selecta, enriquecida - ya descompuesto; al borde de la abrupta disrupción, que habrá de permitir a Ortega perpetuarse en el poder, bajo denuncias “de graves violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa”. Precisamente, este 7 de noviembre Ortega tendrá resuelta su tercera reelección y su quinto mandato principal. Ya había ocupado la presidencia entre 1985 y 1990; luego entre 2007 y 2012; 2012 y 2017; y desde 2017 hasta la actualidad, tras una amañada reforma constitucional, la cual eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos (CNN). Los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás agentes internacionales deben hacer uso de sus mecanismos, a fin de poner al descubierto “la falta de legitimidad, de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses”, los que serán “elegidos”, opaca y descaradamente, sin competencia, en las votaciones del próximo 7 de noviembre (Salinas, idem). El sector “del gran capital” se ha sumado, cautelosamente, a las acusaciones que corresponden, a disgusto del dictador Ortega, por lo que ha habido cierta ruptura de la mutua “relación de consenso”, o sea “el idilio”, en la que se anteponían los intereses de los negocios a la democracia y la institucionalidad jurídica y política (Salinas Maldonado, idem). El idilio de “la relación de consenso” quizás podría restaurarse y tener futuro en el próximo mandato, puesto que ni los empresarios, tampoco la oposición, menos aún Washington y la Unión Europea, “tienen la capacidad y la voluntad política real de tumbar” al régimen (pseudo) sandinista (Salvador Martí i Puig). Lo que les queda sería la difusión de declaraciones inútiles, desoídas, por cuanto en las pasadas y turbias elecciones (2011 y 2016), cuando la pareja Ortega-Murillo impunemente consiguió retener el poder, tanto la comunidad internacional como las alianzas opositoras se abstuvieron de ejercer presiones convincentes, al igual que en los obscenos de los próximos comicios de noviembre (Martí i Puig, idem). Las tendencias antidemocráticas del gobierno de Managua, en camino a la “dictadura definitiva”, llegan a reforzarse en vista de las alianzas y las conexiones permanentes del gobierno de Daniel Ortega con sus homólogos de Cuba y Venezuela, quien en su ocasión lo dotó de millones de petrodólares ($4000 millones), ya agotados debido al caos, originado por Nicolás Maduro. En cuanto a la cercanía de Daniel Ortega con la Rusia de Vladimir Putin, obedece principalmente a los apoyos dados por Nicaragua y Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), al reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia (Avil Ramírez). Tesis también defendida por la política expansionista de Moscú, de acuerdo con la versión antirusa de las potencias de Occidente y Japón, versión a la cual Georgia se adhiere política y militarmente, un país vecino de los rusos en el Cáucaso, quien alega derechos de soberanía territorial sobre las dos jóvenes repúblicas. Aun así, con ese respaldo diplomático ante la ONU, la cooperación de Putin al gobierno nicaragüense se encamina a la venta de armamentos, tampoco quiere decir que Moscú se comprometa a blindar la vigencia del poder de los sandinistas, blindaje que, junto con China, practica en Venezuela. En la línea de las acusaciones internacionales, tampoco han quedado abandonadas las relacionadas con la gestión de la emergencia, ocasionada por la pandemia del covid – 19. La Organización Mundial de Salud (OMS) manifestó en el 2020 su escepticismo ante el posible impacto del coronavirus en Nicaragua. El gobierno de Ortega no ha reaccionado a estas dudas de los organismos internacionales. En cambio, la vicepresidenta Rosario Murillo ha expresado que la pandemia está bajo control. De acuerdo con datos oficiales (falsos), recolectados por la Universidad Johns Hopkins, Nicaragua ha reportado apenas 15.737 casos confirmados y 206 muertes por covid-19. Mientras que la cantidad de personas con la vacunación completa asciende al 5,01% de la población (CNN). DESDRAMATIZACIÓN. A manera de desenlace conviene explicar que nuestros comentarios, destinados a poner al corriente de varios hechos sensibles acerca del panorama de nuestro istmo, están bastante lejos de plantear la “descentroamericanización” de la política exterior de Costa Rica (Jorge Vargas Cullell). Ni siquiera le habremos de dedicar un mínimo de pensamiento a esa equivocada tesis. Nuestro país hasta guardó prudente distancia de la tesitura de apartarse del proyecto Federativo, luego de la independencia del Reino de España de las cinco naciones, quienes aspiraron en un comienzo a conformar la malograda Federación de Centroamérica. La responsabilidad de la frustrada Federación recayó en otros sujetos, además de las circunstancias de conflictividad de la época. Llega a ser un erróneo discurso contrariarla. Suele ocurrir esto, poniendo como prueba histórica el letal suceso contra el hondureño Francisco Morazán. En dicha causa hubo distintos móviles. Hicimos mención de los Acuerdos del Proceso de Paz de Esquipulas, el sabio compromiso y la visión genuinamente centroamericanista del Presidente Oscar Arias Sánchez, por el que se puso fin a los combates antiguerrilleros de la décadas de 1970 y 1980. Desafortunadamente, se desistió de inyectarle vitalidad a dicho Proceso, fundamentado en los principios democráticos. del bien común y del desarrollo humano. En su lugar se levantaron en el sistema de la integración, entidades burocratizadas, enclaustradas, incapaces de rendir cuentas, desidiosas, blandengues, desconocidas por la casi totalidad de la gente de nuestros pueblos. Hay múltiples áreas de interés común de enorme relevancia para los Estados Nacionales y las sociedades civiles, a sabiendas de nuestra condición de países de bajos ingresos, complicados con las deudas publicas y los desequilibrios macroeconómicos (Paola Subacchi). Nuestra propia geografía física nos impone la unidad y los emprendimientos colectivos. El territorio ístmico se distingue por la elevada vulnerabilidad frente a los desastres naturales y los efectos del cambio climático; asignaturas de trabajo en las que Costa Rica debe contribuir decidida y activamente en la planificación de las tareas humanitarias, habida cuenta de sus conocimientos, buenas prácticas y experiencias en cuanto a emergencias. Ante lo dicho y la diversidad de crónicas dificultades, se requiere excesiva lealtad y entrega centroamericana a fin de dar inapelable cumplimiento a los compromisos, objetivos, metas de trabajo y el verdadero sentido de logro de nuestras sociedades, en aras de la consolidación de la real democracia, la promoción del “comercio abierto”. Todo ello con vistas a la recuperación productiva y el empleo, así como el impulso a la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. Principalmente, han de multiplicarse los esfuerzos de la fraterna integración en el contexto de la pandemia del covid – 19, cuando las coordinaciones de las acciones cooperativas y solidarias entre los Estados y las organizaciones civiles resultan innegables e irrenunciables, con el propósito de hacer frente a las complicaciones políticas, sociales y económicas regionales, derivadas de la mortal enfermedad. Al mismo tiempo, y a causa del carácter transnacional del crimen organizado, a través de una sana integración se podrán robustecer las cooperaciones judiciales, policiales, migratorias, como también, si fuera factible, las asistencias técnicas en lo que respecta las políticas públicas, relacionadas con la prevención de delitos, en cuenta los programas de rehabilitación de las personas infractoras de las leyes. Podríamos extendernos en lo referido a la historia y el destino común de la controvertida región centroamericana. Lleguemos hasta aquí. Lo cierto es que la fraternidad y el continuo espíritu de unidad y cohesión, es lo que necesitamos para consolidar realmente una transparente y eficaz integración. Eso de acariciar la idea de la “descentroamericanización”, me suena a riesgoso chauvinismo.

LAS COLISIONES Y LOS GIROS EN ALGUNAS ASOCIACIONES MULTILATERALES: LAS LECCIONES CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LA UNIÓN EUROPEA Y LA REGIÓN INDOPACÍFICA. Autor: Ronald Obaldía González

LAS COLISIONES Y LOS GIROS EN ALGUNAS ASOCIACIONES MULTILATERALES: LAS LECCIONES CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LA UNIÓN EUROPEA Y LA REGIÓN INDOPACÍFICA. Autor: Ronald Obaldía González La alianza trasatlántica la conforman, en su condición de aliados, la Unión Europea (UE), el bloque comunitario, cuyo mercado único, robusto y dinámico es suficientemente reconocido, así como el sistema económico, social y cultural que le sirve de estructura; igualmente, las constructivas acciones en ayudas oficiales al desarrollo a nivel global, ejecutadas por dicha unión de países, al cual la Gran Bretaña dejó de pertenecer. Estados Unidos de América (EEUU) es el otro socio de la alianza trasatlántica, cuyo objetivo esencial consiste en coordinar las respuestas conjuntas o compartidas, a fin de promover la estabilidad regional y mundial; reforzar la seguridad transatlántica e internacional, a través de un nuevo diálogo UE-EE.UU en materia de seguridad y defensa, como también fortalecer el sistema multilateral y sus organizaciones supranacionales. Un sistema en el cual el conjunto de los Estados nacionales, como sujetos de la sociedad internacional, interactúan entre sí de forma solidaria y cooperativa en los diversos ámbitos (político, económico, jurídico, militar, etcétera), con el propósito de garantizar el desarrollo, la estabilidad y la paz mundial. En el contexto actual de la pandemia del covid-19, tal cual lo proclama su objetivo esencial, las autoridades comunitarias se apartan de la visión de señalados sectores, que sugieren “una federación democrática europea”, menos centralizada y burocratizada, en vez de una institucionalidad de la Unión Europea calificada de “no democrática” (Yanis Varoufakis). Frente a esas iniciativas sobre reformas, la Unión dentro de la asociación birregional, se propone alcanzar una mayor amplitud en sus compromisos y líneas de acción cooperativas, entre las que se identifican el perfeccionamiento de las instituciones multilaterales, tan venidas a menos. Así también, se trabajaría de manera colaborativa “por un mundo más saludable”, enfrentando la COVID-19 y más allá, garantizando el comercio, la reconstrucción económica y “la distribución equitativa a escala mundial de vacunas, test y tratamientos”. Una prioridad de las más urgentes dentro de los postulados de la cooperación internacional, lo cual conlleva también “la suspensión temporal, o liberalización, de las patentes de las vacunas”, desarrolladas contra el coronavirus, una prioridad resistida por las naciones productoras del medicamento. Asimismo, haciendo uso del “poder blando”, la alianza se propone establecer “una agenda ecológica, transatlántica global”, coordinando posiciones y esfuerzos mancomunados, a fin de alcanzar acuerdos mundiales ambiciosos, empezando por un compromiso conjunto de un 55% de emisiones netas para el 2030 y cero emisiones para el 2050, entre otras metas. A la vez (la alianza) tiene en perspectiva la cooperación estrecha con los Estados Unidos de América, quien parece que del todo evita renunciar al aislacionismo, practicado por el Presidente Donald Trump, todavía con enorme poder en su Partido Republicano. Con todo, la misión de resolver las diferencias comerciales de carácter bilateral (y multilaterales), mediante soluciones negociadas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) posiblemente quede inalterable con el gobierno del Partido Demócrata. La inteligencia artificial, los flujos de datos y la cooperación en materia de reglamentación y normas forman parte de las futuras líneas de la alianza. El reforzamiento de la democracia, la defensa del Derecho Internacional, el respaldo al desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos constituirá un interés fundamental en todo el mundo. Mejor dicho, tales principios y valores comunes los ha postulado la alianza transatlántica (EU-EE.UU) en el comunicado de prensa, denominado “Una nueva agenda transatlántica para el cambio global”, difundido en diciembre del 2020 por la Comisión Europea y el Alto Representante. A lo antes dicho se adhiere la búsqueda de compromisos conjuntos con Estados Unidos de América, destinados a contrarrestar el auge del autoritarismo y el neopopulismo (nacionalista), las violaciones de los derechos humanos y la corrupción. La agenda como tal supone ser fusionada con los intereses globales pronunciados por el Presidente Joe Biden en la última Asamblea General de las Naciones Unidos, centrados en el mensaje de la cooperación internacional, para enfrentar la pandemia, contrarrestar el cambio climático, con base en las inversiones verdes, e impulsar las tecnologías sostenibles, a fin de limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Tampoco el combate al terrorismo estuvo ausente en el discurso del Presidente Biden. En él hizo énfasis en la prosperidad económica, siendo persuasivo en el apaciguamiento del poder duro estadounidense, al subrayar lo que sigue: “Nuestro poder militar debe ser el último recurso, no el último”, en lo referido a las respuestas alrededor de las turbulencias políticas globales y regionales. Sin embargo, resulta decepcionante la pasividad de la Casa Blanca, en cuanto a enfrentar las dictaduras y la corrupción en varios países latinoamericanos y de otros continentes. INMINENTES DESVARÍOS. Hay complicaciones que colocan en un punto de inflexión los lineamientos “del poder blando”, impulsado por Europa y los Estados Unidos de América en el ámbito de la asociación trasatlántica. En el fondo el Presidente Joe Biden intentó en su discurso “curarse en salud” al suavizar lo acontecido en Afganistán, tras el disparatado y caótico retiro en el país sudasiático de las tropas estadounidenses. Lo cual implicó el retorno al poder de los talibanes, ligados al terrorismo. En ello recaen responsabilidades tanto a la Unión Europea como a la Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN – (Ana Palacio). Todo lo cual se aparea con la tentación de Biden de favorecer el aislacionismo y el unilateralismo, seguidos por su antecesor Donald Trump (Ana Palacio). Un desacierto del cual continúan tomando ventajas “la técnicamente comunista” China”, así también la agresiva Rusia (Palacio, ídem) del líder autoritario Vladimir Putin, quien desestabilizó Ucrania, en medio del conflicto militar, el cual se saldó con la anexión rusa de Crimea (ANA CARBAJOSA; BERNARDO DE MIGUEL). Ciertamente, ha llegado a ser “la primera ocupación territorial dentro de Europa, desde el final de la II Guerra Mundial.” Respectivamente, China y Rusia con Xi Jinping y Putin se están ocupando de socavar “el orden del mundo liberal”, a través de las falsas noticias e informaciones, así como los ciberataques. Al lado de las severas críticas domésticas e internacionales, ambas potencias han ido minando el liderazgo de Washington, quien se considera un socio fiable, y que también es un hecho cierto que exhibe “hegemonía financiera y geoestratégica”. A la vez, los adversarios suyos (de EEUU) tampoco se reservan el interés creciente de superar la superpotencia global, por lo que particularmente China se ha comprometido a intensificar las comunicaciones y la gama de intercambios con las naciones de bajos ingresos (África y América Latina), y particularmente con Asia y la Unión Europa (UE). Menos aun, Moscú habrá de renunciar a dichos propósitos, en especial en el ámbito militar y en la exportación de armas, a pesar del estancamiento de su economía. Cabe resaltar que Berlín, a disgusto del gobierno estadounidense, ha mantenido la construcción del segundo gasoducto por el Báltico (Nordstream 2), con tal de garantizar el suministro de gas ruso en Alemania, sin pasar por zonas intermedias como Ucrania (Carbajosa; De Miguel, ídem). Para los líderes alemanes, quienes lideran la Unión Europea, la geografía es determinante: “Rusia está ahí” (idem). En cuanto a “la creciente beligerancia” de Estados Unidos de América frente a China, la voluntad de la Unión Europea (UE) ha sido el esquivar la postura de su aliado trasatlántico. El bloque comunitario ha ofrecido señales de distanciamiento de la política expresada tanto, en su momento por Trump, como Biden. De manera contundente, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, “señaló que la estrategia europea se apoya en una intención de “cooperación, no de confrontación" con Pekín. LA DISCORDIA CON AUKUS tuvo lugar a causa de la decisión de Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Australia de celebrar el pasado setiembre un acuerdo de asociación estratégica y de seguridad, llamado AUKUS, tendiente a enfrentar la expansión de China en el Asia Indo Pacífico (EL MUNDO; INFOBAE). El lío fue más allá. Además hubo entre Washington y Paris un grave incidente diplomático, a causa del acuerdo bilateral entre los gobiernos australiano y estadounidense. El gobierno de Canberra, en beneficio de Estados Unidos América y del Reino Unido, decidió cancelar inesperadamente un multimillonario contrato con Francia por un valor de $65.500 millones, firmado en el 2016, destinado al suministro de 12 submarinos convencionales franceses de propulsión diésel a Australia (AFP). Todo ello, con el objetivo “de plantar cara a China en el Indopacífico” (INFOBAE), con quien la nación de Oceanía sostiene pugnas comerciales. Según la versión de Canberra, la decisión se adoptó, porque los submarinos estadounidenses ofrecen una avanzada tecnología de propulsión nuclear (INFOBAE), las capacidades son superiores. Con ese armamento se podrá disuadir a Pekín de una posible amenaza militar. Michael Shoebridge, exresponsable de inteligencia australiano, ahora en el Instituto de Política Estratégica de Australia, cree que este gasto es una reacción directa a China. Según el experto, el gigante asiático “está claramente empeñado en usar todo el poder que ha ganado, de forma bastante coercitiva y agresiva". La anulación del contrato fue interpretada de humillante por el gobierno de Francia: fue “una puñalada por la espalda”, actos que “se parecen mucho a lo que hacía el presidente Donald Trump", impulsado por su propia consigna: “Make America Great Again”, abreviado como “MAGA”, de acuerdo con palabras textuales de varios allegados y colaboradores directos del Presidente Emmanuel Macron. Por su parte, el diplomático europeo, Josep Borrell, “lamentó que el bloque no fue informado a tiempo sobre la nueva alianza militar Indopacífica entre las tres naciones, justo en la jornada en que presentó la estrategia para dicha zona”; a la vez que degradó al gobierno de París con el fallido negocio de los submarinos. Mientras tanto, continúan siendo sensibles y enojosas las pláticas entre Antony Blinken, el Secretario de Estado norteamericano y las autoridades superiores del gobierno francés, en aras de minimizar la crisis abierta, a cuenta de la venta de 12 submarinos (sin armamento atómico) a Australia. Operación, en la cual hubo total ausencia de comunicaciones entre los aliados históricos. Dicho sea verdad, la confianza mutua entre europeos y estadounidenses se ha deteriorado, - también se debilita la OTAN -, a causa del incidente de la venta de tecnología defensiva, aparte de la conformación de una alianza o pacto de defensa, en donde el bloque comunitario fue realmente marginado (Michael Shoebridge). Sobre todo Francia, quien se ha considerado peligrosamente excluida ante la creación de dicha asociación tripartita, la que incluye el apoyo al desarrollo de submarinos nucleares e inteligencia artificial a favor de los australianos. La nación francesa posee numerosas islas que le otorgan amplias aguas territoriales, tanto en los océanos Índico como en el Pacífico, por lo que está muy interesada en la protección de la estabilidad y la seguridad de la región (INFOBAE). Los desvaríos antes citados tienden a provocar mayores contradicciones entre los socios trasatlánticos, por cuanto hay algunos sectores del bloque comunitario dispuestos a iniciar negociaciones, a fin de conformar la autonomía estratégica militar europea (Shoebridge, ídem; Ana Palacio). La posible autonomía de la Unión está lejos de ser sencilla. Los desencuentros entre franceses y estadounidenses, ciertamente han encendido el debate acerca ”de la necesidad de mayor soberanía europea en materia de defensa”, a fin de liberarse del paraguas de Washington (París.AFP), del cual depende abiertamente. Al mismo tiempo, ese bloque de naciones carece de capacidades de variada índole, en cuanto a lograr dicho objetivo; además del controversial costo económico, que implicaría concretarlo, puesto que habrá de significar un egreso de aproximadamente $818.000 millones anuales. CONFIGURACIONES MULTILATERALES. En Estados Unidos de América hay un creciente desasosiego frente al aumento del poder militar de China en la región del Indopacífico, al cabo que colisiona con la superpotencia por el dominio económico global (Stephen McDonell). Tal reacción crece desde que en el 2013 Xi Jinping está al mando” de las distintas esferas del poder centralizado (INFOBAE); por supuesto que domina completamente el Estado chino, el cual ha demostrado múltiples fallas políticas, en cuanto a lograr “prosperidad compartida”. Más bien ha facilitado el ascenso de una élite enriquecida, responsable de la disparidad en la redistribución de la riqueza. Quiere decir, que se registra una profunda brecha entre los más ricos del país y los más pobres (Stephen McDonell). Washington coloca la rivalidad con China dentro de su principal prioridad, restando atención a la alianza trasatlántica, estrategia en la cual el Presidente Donald Trump marcó pautas decisivas. En este sentido, ha hecho llamados a sus aliados hacia un mayor compromiso en la región Indopacífica, zona crucial para la economía mundial. En este objetivo geopolítico, la Unión Europea guarda un prudente distanciamiento, habida cuenta de las estrechas relaciones económicas, establecidas con Pekín. Lo antes citado ha ido evolucionando hacia una riesgosa competición militar entre el gobierno de Xi y la nación estadounidense, en la que se involucran, especialmente, Japón, Corea del Sur, la India, Australia y Taiwán y otros países, dispuestos a disuadir a China de usar su fuerza". Pero, el Presidente Xi se resiste a tales propósitos. En días recientes sus aviones militares violaron el espacio aéreo de Taiwán, una isla que el gobierno de Pekín la acusa de ser “una provincia rebelde”. La disuasión ha conducido a rectificar la asociación de diálogo cuadrilateral (“QUAD”) entre Estados Unidos, la India, Australia y Japón, creada en el 2004, la cual estuvo “determinada a defender la democracia, el apoyo al Estado de derecho” y hacer avanzar la prosperidad en el territorio Indopacífico. El reducido Grupo se inicia, introduciendo una agenda positiva, la que comprende disciplinas, relacionadas con la asistencia al desarrollo, el cambio climático, el alivio humanitario en caso de desastres y pandemias, la cooperación cibernética, etcétera. La Administración Biden le viene concediendo enorme relevancia, al intentar darle un giro geopolítico, sumando a la agenda las amenazas, derivadas de las ambiciones hegemónicas de China (SHAREAMERICA, EFE, REUTERS). Resulta engorroso que la cuestión del auge militar y el expansionismo de Pekín entrara en los planes de ese conjunto de países (QUAD); en parte impulsado por el ataque chino a la India en su frontera en el Himalaya. El gobierno indio debió proceder a modernizar el ejército, ya que fue golpeado hace un año, al protagonizar enfrentamientos contra unidades de las fuerzas armadas chinas. Esa última disputa ha puesto al Grupo cuadrilateral en mayor alerta, sea en "ganar la competición", estratégica global, a China”, y de paso que el Quad llegue a recuperar terreno en la diplomacia de las vacunas contra la covid-19 (ídem), en un entorno mundial que registra vergonzosos y “desiguales índices de vacunación”. Las recientes configuraciones multilaterales, en las cuales ha sido marginada la Unión Europea - lo cual dista de la cooperación perseguida por la alianza trasatlántica -, además de alentar la creciente beligerancia entre Washington y Pekín, han llegado a disparar la carrera armamentista en Asia y Oceanía, cuyos países han destinado más de medio billón de dólares a favor de sus fuerzas armadas, de acuerdo con los datos del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo. Solamente Pekín representa casi la mitad del gasto militar de Asia. Por su lado, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Australia, Taiwán, entre otras naciones proceden a incrementarlo, según los propios datos del mismo Instituto sueco de Paz. En parte lleva algo de razón el tabloide estatal Global Times, al advertir que Washington "está polarizando histéricamente su sistema de alianzas". El medio de comunicación o tabloide señala que si China como amenaza “es el principal impulso a la carrera armamentística regional, Estados Unidos de América no ha dudado en acelerar el proceso" de adquisición de armas, ayudando activamente a sus aliados regionales a fortalecerse”. Entretanto China y Japón escalan en sus programas de defensa, Washington ha estado "ayudando e incitando" a sus aliados "en nombre de la disuasión" frente a las ambiciones del Presidente Xi. A nuestro juicio, también el gobierno y sus fuerzas armadas chinas tienden a ser un factor de polarización, puesto que existen evidencias probadas de sus arbitrariedades contra los intereses de sus potencias vecinas en los territorios marítimos del Asia Pacífico, en donde Pekín aspira a ejercer hegemonía. Así también las provocaciones a Taiwán, a quien pretende invadir; la aplicación de fuertes medidas aduaneras, las que perjudican los bienes o productos que Australia le provee, están lejos de dotar de paz y estabilidad a dicha latitud. La sospechosa base militar china asentada en África; el recelo que origina la construcción de poderosos satélites “en el espacio exterior”, más las suspicacias alrededor de su utilización; los ciberataques – también los practica Rusia - ; el robo de propiedad intelectual, por parte de dicha potencia asiática profundizan las dudas. Constituyen hechos que, entre otros, ponen en vilo a Occidente. En otro orden, el escepticismo hacia el gigante comunista aumenta - es superior respecto a Rusia -, al extremo que ha incidido a los ámbitos económicos y financieros, al haberse dado registros de las deudas monumentales (impagables) del gigante inmobiliario Evergrande Group, las cuales alcanzan el monto de $300.000 millones. Un cúmulo de deudas que arrastra el grupo empresarial, capaz de generar un colapso (o burbuja inmobiliaria) en la economía de China, al igual que a sus principales socios. Vale la pena subrayar las faltas éticas del gobierno, presidido por Xi, sean las "presiones indebidas" a altos funcionarios del Banco Mundial (BM), con tal de mejorar los datos y enseguida la clasificación por puntos de la economía china, esto de acuerdo con un informe periódico sobre condiciones para la inversión: "Doing Business". La posición de China en el informe de 2018 del Banco Mundial, debería haber estado siete lugares más abajo, en el puesto 85, en lugar de permanecer en el 78. ACERCA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Hasta ahora, el bloque comunitario (la Unión Europea - UE) había dado prioridad a los intercambios económicos, comerciales e inversiones con Pekín, sin prestar considerable atención a las posturas antagónicas estadounidense. Eso sí, en la dirección de Washington, las relaciones entre Pekín y la UE llegaron a “agriarse”, después de que dicho bloque occidental de naciones sancionó el pasado 22 de marzo a varios funcionarios y una entidad china, a causa de las violaciones de los derechos humanos en la región uigur de Xinjiang, habitada por uigures musulmanes (DW, Reuters, mn-efe). “Fueron las primeras sanciones de la Unión comunitaria a China desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989”. Las autoridades diplomáticas pekinesas reaccionaron a su vez, sancionando a varios eurodiputados, y cuatro entidades, al tiempo que convocaron al embajador europeo ante el gobierno de Xi Jinping, “para presentar una queja formal por las sanciones de Bruselas”, el centro de las instituciones fundamentales del bloque comunitario. Lo cual provocó que en mayo pasado la Unión Europea congelara el pacto de inversiones, al que había llegado con Pekín en diciembre del 2020. Después de todo, los líderes chinos están cambiando el tono ácido frente a la UE. Ahora parecen más dispuesto a “lograr un consenso con el bloque y terminar con las sanciones mutuas impuestas, recientemente”. Asimismo, acaban de anunciar “cooperación en derechos humanos” (DW, Reuters, mn-efe), con tal de evitar la paralización del pacto de inversiones. Estamos convencidos que el mejoramiento de tales derechos fundamentales apenas representa una declaración simbólica y protocolaria, habitual en el Presidente Xi. SUPERAR LA COLISIÓN. Las rivalidades entre China y Estados Unidos de América, bien lo manifestó António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al argumentar que “las divisiones entre las dos potencias retrasan los esfuerzos en otras prioridades clave a nivel global. Las divisiones geopolíticas socavan la cooperación internacional”. Lo dicho por el alto funcionario de la ONU es verdad. Se impone la necesidad de celebrar arreglos políticos y diplomáticos, tomando de precedente las capacidades y las experiencias, desarrolladas en la pasada Guerra Fría, por el Presidente Richard Nixon y su Secretario de Estado, Henry Kissinger cuando, a través de una diplomacia astuta y persuasiva, celebraron tratados y acuerdos tanto con la Unión Soviética como la propia China - dos potencias comunistas que entre sí estuvieron enemistadas - , con tal de prevenir “una Guerra Caliente”. Entendimientos que acogieron los intereses de la comunidad europea, quien evitó permanecer desapercibida. Hay que tener presente que los intereses de Pekín se sitúan mayormente en los ámbitos económicos y comerciales, en las inversiones en infraestructuras, tecnologías de información y conectividad digital, insertando en otras naciones los negocios de la compañía Huawei en 5G, entre otras actividades, sean tecnológicas, de manufacturas y agroindustriales. Cabe resaltar que China acumula más del 25% del comercio mundial. Un poderío que es positivo y beneficioso. Llega a ser inconveniente la errónea magnificación política, la que ubica al gigante asiático en el rango de superpotencia militar y nuclear como lo fuera el imperialismo soviético. En dicha materia prevalecen las enormes distancias. Incluso, no hay evidencia en cuanto a que China tienda a alentar la subversión antiestadounidense (o contra Occidente) en otras latitudes, a pesar de influir en países que cuentan con débiles sistemas democráticos. De cualquier modo, hace tiempo que "la imagen se ha hecho familiar": Washington y Pekín pugnan por la supremacía global, de acuerdo con la tesis de Javier Solana, experto internacional en geopolítica y economía, pero con amplísima ventaja norteamericana. Para nosotros, también la Unión Europea aspira a este objetivo supremacista, no lo puede negar. En la tecnología, en el comercio, en el ámbito militar, en el ciberespacio, incluso en el espacio exterior, la rivalidad entre chinos y estadounidenses “es más que patente”, asegura el experto Solana; hay permanentes colisiones. Nos adherimos a la siguiente conclusión de Solana. Sería angustiante que el antagonismo entre las grandes economías globales "definiera la trayectoria de la humanidad en el siglo XXI”. : “Tal escenario internacional se creía ya superado”.

EL COMPLETO FIASCO EN AFGANISTÁN. Autor: Ronald Obaldía González

EL COMPLETO FIASCO EN AFGANISTÁN. Autor: Ronald Obaldía González Las complicaciones clave de la agenda global continuaron centrándose en los antagonismos comerciales entre las potencias de Estados Unidos de América, China y la Unión Europea, así también en la cobertura universal con vacunas, con tal de evitar mayores fallecimientos a causa de la Covid – 19, a la vez en “la difusión de nuevas variantes”. La reconstrucción económica, en cuenta los prioritarios objetivos y las medidas reales, a efecto de reducir los daños originados por la pandemia, encontraron un lugar preponderante en ella, al igual que los compromisos a favor de la descarbonización a mediados de siglo del conjunto de las naciones (Jeffrey Sachs), esto con el propósito de prevenir siniestros adicionales. En el contexto de la pandemia, hubo una relativa despreocupación en el caso del terrorismo, tendió a perder relevancia. Pero, otra vez ha llegado a cobrar fuerza como permanente amenaza a la seguridad y la estabilidad internacional. De repente, los islamitas ultraconservadores, brutales y misógenos Talibanes de Afganistán reaparecieron en escena, se salieron con las suyas: los enemigos acérrimos de los Estados Unidos de América y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ambos “son excelentes destructores pero pésimos constructores”, de ese modo se han visto las intervenciones políticas y militares en Libia, América Latina y el Caribe (Carlos Alberto Montaner). Los combatientes de la Yihad musulmana acaban de recuperar el poder, desplazando así un gobierno ampliamente corrupto e incompetente, sostenido torpemente por las fuerzas militares de Occidente. Enseguida habrá de predecirse la incertidumbre y la sospecha, anticipando la probable metástasis terrorista, de la cual el mundo árabe puede llegar a ser un peligroso destino ante la victoria de los envalentonados integristas islámicos en esa convulsionada nación, situada en el sur de Asia, cuyo territorio, conformado por elevadas cadenas montañosas, posee una superficie de 652.860 Km2, poblado por más de 32 millones de personas, quienes mayoritariamente profesan la fe musulmana - sunita. HISTORIA. Afganistán está compuesta por numerosas tribus procedentes de los pashtunes (o patanes), quienes representan el 44% de la población, de ellos derivan los Talibanes, con quienes comparten una misma concepción de vida, sustentada en la religión islámica. Otras etnias provienen de poblaciones ancestrales del Asia Central . Las restantes son el resultado de los pueblos de raíz turca, persa y nómadas de origen mongol. Al revisar su historia antigua se pone de manifiesto la intromisión y la dominación ejercida allí por diferentes poderes externos, entre ellas, “las tribus arias”; dos milenios antes de Cristo (a.C) poblaron esas latitudes. Con “los arios” se cree que se fundó Kabul, la capital de la nación. En el siglo Vl a. C el Imperio Persa de Ciro se apoderó de la región. Tres siglos más tarde Alejandro el Grande, rey del poderoso imperio de Macedonia (el nombre de la Grecia Antigua) se encargó de derrotar los persas. Tras la muerte de Alejandro, tribus nómadas centroasiáticas, iraníes y sucesivas dinastías, tal como los seléucidas de Babilonia controlaron las tierras afganas. Uno de esos pueblos, los Yüeh - chich destronaron el dominio griego, por lo que fundaron el reino de Kusana (IteM – Guía del Mundo), reino que contribuyó al lado de Roma, China, India a abrir “la Ruta de la Seda” de enorme amplitud comercial, por cierto un plan de Ruta revivido por China en nuestra época. A mitad del Siglo Vl después de Cristo (d. C) los persas reconquistaron la región, debiendo enfrentar una férrea resistencia de las nativas tribus afganas. A mediados del siglo Vll de nuestra era ingresaron pueblos árabes seguidores del Islam, por lo que se asentaron firmemente al consolidar dinastías locales, estas golpeadas entre 1219 y 1221 por los mongoles al mando de Gengis Khan, e hizo a Afganistán parte de su vasto imperio (idem). La Turquía islámica logró reivindicar el Islam (Siglos XlV y XVl), subordinado por un buen tiempo a la cultura mongol. Persas, poderes de la India y tribus mongoles iniciaron feroces luchas con tal de apoderarse de la región, al final acordaron unificarla en 1742, fijando las fronteras nacionales a pesar del empuje expansionista de la Rusia zarista, como también de la amenaza de la Gran Bretaña, que ya controlaba la India y ejercía un protectorado sobre Afganistán, convirtiéndola en un tapón a fin de detener a los zaristas rusos (José María Lassalle). Entre 1839 y 1919 hubo tres guerras entre afganos y los imperialistas ingleses. En la última confrontación de 1919 salieron victoriosos los colonizados, eso los llevó a liberarse del dominio británico, por lo que llegaron a alcanzar la independencia nacional. EL CAPÍTULO DEL ESTADO FALLIDO. En adelante dos hechos dominarán la realidad política afgana, de los dos alrededor de innumerables complejidades, sean, la influencia en ella de la (extinta) Unión Soviética, contrarrestada por los Estados Unidos de América, así como el convertirse en “una zona de alta conflictividad”, en la sociedad fragmentada y fallida, frágilmente gobernada desde su independencia (1919). Entre los principales protagonistas de tales conmociones resaltan innumerables clanes o formaciones musulmanas (moderadas y radicales), los monárquicos, algunos sectores liberales, las ultraconservadoras y tradicionales tribus pashtunes o “patanes” - tanto las locales como las provenientes de Pakistán - . También en ese variopinto han sido activistas los grupos neomarxistas, los narcotraficantes del opio, los señores de la guerra (“los carniceros”) y los combatientes de organizaciones heterogéneas, de manera que en el ambiente agitado e impredecible se han entrecruzado casi siempre de forma violenta. Lejos de ser un accidente “redundó” con el engendro Talibán y sus redes de aliados, lo cual ocupa la atención de nuestro escrito, teniendo presente el fatal destino de las mujeres, a quienes los guerreros antioccidentales les podrían anular cualesquier derechos y oportunidades de desarrollo personal. De por sí, el desprecio a los derechos humanos forman parte de sus odios políticos y culturales. Ni les temblará el pulso en buscar gente que trabajó con el antiguo gobierno o las tropas internacionales, con tal de satisfacer sus ansias de venganza. “Los estudiantes del Corán” (o Talibanes) se aprovecharon de la decepcionante estrategia e incapacidad de calibrar los riesgos por parte de quienes ambicionaron eliminarlos a toda costa, mediante el uso de armas sofisticadas, incluidos los letales drones del Presidente Barack Obama. Otrora, tampoco se les pudo desalojar de las tierras en donde se adueñaron de la producción del opio, actividad que desde un inicio les permitió sobrevivir y financiar sus operaciones insurgentes. Lo cual hizo posible que la nación afgana en 1996 cayera en sus manos a consecuencia de la debacle ocasionada por el retiro del ejército de ocupación de la (desaparecida) Unión Soviética, quien había patrocinado allí un gobierno aliado a sus intereses expansionistas. Tras la derrota soviética, orquestada por los Mujaidines - voz persa para designar a los guerreros islámicos - y los aliados árabes sobrevinieron alianzas heterogéneas entre integristas islámicos y excomunistas, lo cual llegó profundizar el vacío de poder heredado por la expulsión en 1992 del comunismo imperialista, ideología a la cual le dio un curso significativamente reformista Mijail Gorbachov, en aquel entonces el inesperado ocupante del Kremlin, quien se distanció de la ortodoxia confrontativa de la Guerra Fría. Enseguida entró a la fase de entendimientos y acercamientos con Occidente, al punto de pactar un acuerdo de desarme (1991) con Washington a fin de dejar de enviar armas a los guerrilleros musulmanes en Afganistán. El primer arribo de los Talibanes estuvo impulsado por su rechazo a las inverosímiles alianzas políticas que integraron a los comunistas, sus principales enemigos, ya que para ellos los ex-prosoviéticos atentaron en su momento contra el Islam. Por eso, con el respaldo de otras tribus locales, con el inexplicable respaldo de los Estados Unidos de América, asumieron el poder en 1996. Posteriormente, en el 2001 fueron destronados por las fuerzas militares de la OTAN y de los Estados Unidos de América, a causa de haber dado refugio al terrorista Osama bin Laden y a su hoy reducida organización yihadista o fundamentalista islámica, los responsables de los ataques contra los Estados Unidos de América el 11 de setiembre del 2001. “Ataque que envió a los Talibanes a pasar exilio” por 20 años en Pakistán. Ciertamente, a este último país (Pakistán), también musulmán, lo asiste Washington con cooperación militar, sin embargo se abstiene de comprometerse en la lucha contra el terrorismo, por eso se le acusó de haber protegido los Talibanes; al cabo que el gobierno pakistaní galantea con China, quien se ha apresurado a respaldar su programa de armas nucleares (Bill Emmott); ha multiplicado ahí las inversiones en proyectos de infraestructura y la producción de energía. SERIOS INDICIOS. Resulta poco fiable la imagen de moderación de los Talibanes – tampoco son un grupo monolítico -, en aras de alcanzar legitimidad internacional. Puede ser que al reasumir el mando de la nación, “no desean ponerlo en riesgo” (Fawaz A. Gerges). Esa flexibilidad que les aseguran China, Rusia y Turquía, se distancia de la opinión del resto de la comunidad internacional y del propio Fondo Monetario Internacional (FMI) al suspenderles el financiamiento, habida demostración de las masas de gentes angustiadas. Gentes que buscan huir de forma aterrorizada – el drama humano - frente a la llegada del fanático régimen islamista, ávido de afianzar “una teocracia o emirato islámico” e imponer la ley sharia, sin dar a conocer todavía el rol que en este objetivo cumplirá Al Qaeda, o quizás el Estado Islámico (ISIS); por el momento uno de los tantos enemigos alrededor de los nuevos e inesperados gobernantes. Porque en el mundo de los terroristas de la región tanto las pugnas, las conspiraciones como los arreglos calculados, luego traicionados son cosas comunes. Ha habido peligrosas señales. ISIS apenas no más se congració con los Talibanes en estos penosos días de las evacuaciones de personas en el aeropuerto de Kabul, llevando a cabo un ataque mortal, en el cual perdieron la vida más de doce militares estadounidenses. LA PESADILLA DE LAS GRANDES POTENCIAS. Justamente, el propio Presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha aplicado políticas duras contra los chechenos islámicos, reprimiéndolos, ha llamado a frenar la entrada de afganos a las exrepúblicas soviéticas de Asia Central, “alertando” el eventual ingreso a su país de “combatientes musulmanes, disfrazados de refugiados” (AFP; REUTERS). China habría de adoptar tales previsiones, por cuanto la región suya de Sinkiang registra una larga historia de antagonismos entre las autoridades estatales y la mahometana minoría uigur (BBC News Mundo). Dichas minorías, los chechenos y los uigures, podrían fácilmente ser empujadas a la lucha violenta, amén del posible respaldo de los combatientes enconados. El propio gobierno de Pakistán, vecino afgano, podría ser víctima de la propagación del terrorismo en el Asia del Sur, puesto que transmite antipatías y desconfianzas a los mismos yihadistas y los grupos patanes, parte de la red talibán. En cuanto a la retirada del ejército, que el Presidente Donald Trump acordó el año pasado, de acuerdo con el pronunciamiento del Presidente Joe Biden, Afganistán era menos que una amenaza para “el interés nacional” estadounidense. Expresó que el objetivo explícito consistió “en deshacerse de Al Qaeda y de acabar con Osama bin-Laden y se hizo”. Lo cierto es que sus detractores mencionan un desastre de dos décadas de guerra (“eterna”) contra el terrorismo. Así también califican la rápida y eficaz toma talibán del país sudasiático como una secuela aún peor que la humillante caída de Saigón en 1975 (Fawaz A. Gerges), al igual que la ocupación de la embajada de Teherán - Irán en 1980 (José María Lassalle). Obviamente, lo antes dicho supone, sin tapujos, un fracaso, lo cual significa un golpe irreversible a la credibilidad de Washington, a la vez es un revés contra los valores democráticos liberales en el entorno internacional. Específicamente, dichos desaciertos podrían reducirle poder de influencia como superpotencia en el Medio Oriente. Pues “le sirvió en bandeja” el territorio a los yihadistas, al igual que el riesgo que conlleva el dejar a su disposición el abandonado arsenal de armas, vehículos y helicópteros estadounidenses que en adelante tendrán a su haber. La incógnita reside en que la empobrecida economía de Afganistán está "moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional", la cual podría ser retirada al gobierno fundamentalista. La forma en cómo este lidiará con la precaria economía de Afganistán hace que salga a relucir una nube de dudas que se ciernen sobre la asistencia financiera que le llega al país (Andrew Walker. BBC News). Los Talibanes solamente conocen de guerra, carecen de cuadros de especialistas en materia de la administración de la burocracia pública. Razón por la cual están evitando que las pocas personas preparadas en esa área de trabajo se fuguen en medio de las evacuaciones, organizadas por estadounidenses y europeos. A MANERA DE CIERRE. He aquí un desastre, una excelente munición que tendrán la extrema derecha de Donald Trump y “sus sucursales” autoritarias a nivel internacional, además de los líderes del Partido Republicano “quienes velarán armas ante las elecciones de mitad de mandato”, para las que falta poco más de un año (Lassalle, idem). Borrar la herida del gobierno del Partido Demócrata “frente al caos de Afganistán” costará demasiado. Mientras que los timoratos dirigentes de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, aliados estadounidenses, se rasgan las vestiduras al subrayar que esa nación “no debe volver a ser un refugio para el terrorismo y una fuente de ataques terroristas contra otros países”. Todavía nadie está convencido con esta premonición.