EN AMÉRICA LATINA NO HAY NADA TAN URGENTE COMO LA REVISIÓN DE DOGMAS

EN AMÉRICA LATINA NO HAY NADA TAN URGENTE COMO LA REVISIÓN DE DOGMAS Autor: Ronald Obaldía González En el 2019 multitudes de ciudadanos de varios países latinoamericanos marcharon masivamente con el propósito de expresar su extremo descontento con varios gobiernos, a causa de la corrupción pública y privada y “las deterioradas condiciones sociales y políticas”, puestas de relieve en países como Venezuela, Nicaragua, Perú, Honduras, Haití, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Bolivia, y más recientemente Colombia, en donde se lanzaron a protestar a las calles miles de personas (CNN). Hasta hubo motivos históricos, en cuanto al riesgo de predecir que este subcontinente, el cual se tornó más complejo de lo calculado (Serguéi Lavrov), otra vez pudiera llegar a colocarse “en llamas”. Todavía no se ha disipado la incertidumbre, en cuanto a que las violentas protestas populares de este año puedan estar debidamente controladas. El riesgo “de guerras relámpagos” es inminente en los casos de la caótica Venezuela, donde Nicolás Maduro, heredero de la radicalizada “revolución bolivariana” de Hugo Chávez, de modo fraudulento y con el respaldo de las cadenas de mando del ejército, se ha aferrado al poder desde el 2013 (REUTERS). En circunstancias similarmente críticas hallamos a Nicaragua, regida por la tiranía de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, bajo la complicidad de la policía y de las fuerzas armadas. Desde abril del 2018 esa nación centroamericana viene siendo el escenario de masacres indiscriminadas, de violaciones a los derechos humanos, a causa de las constantes y hondas fisuras autoritarias de carácter dinástico. Las mediaciones diplomáticas y políticas dentro de los conflictos emergentes han carecido de resultado alguno. Por el contrario, le han proporcionado oxígeno a las tiranías de Nicaragua y Venezuela; o a los gobiernos impopulares, entre los resonados encontramos al de Honduras, desde enero del 2014 gobernado, mediante elecciones fraudulentas, por el oscuro personaje Juan Orlando Hernández. Asimismo, Chile, en donde al Presidente Sebastián Piñera, al estilo del antiguo régimen militar, se le responsabiliza directamente de la desmedida represión contra los manifestantes, opuestos en primera instancia al aumento de los precios en las tarifas de los trenes. EN EL ORDEN DE LAS AMENAZAS (latentes) y la inestabilidad, la región (América Latina y el Caribe) adolece de profundos desequilibrios entre ricos y los sectores sociales más desposeídos, al cabo que constituye un elemento sensible, apetecido en la acción de las fuerzas opuestas en el orden mundial, multipolar, emergente (Serguéi Lavrov). En América Latina “el deterioro de la calidad de vida”, especialmente la concentración de la riqueza en manos de élites reducidas, en consecuencia la desigualdad, se profundizan, casi que se ven anulados los esfuerzos transitorios o agónicos por reducirla, al extremo de poseer conexiones y canales de contacto con el crimen organizado y el narcotráfico, quienes se aprovechan de tales vulnerabilidades histórico - estructurales. Los capos y sus secuaces, además de infiltrarse en las organizaciones estatales y los partidos políticos, financian la violencia y explosiones sociales, especialmente en Centroamérica, Colombia, México. Hay “un entorno convulso”. Los principales detonantes de los estallidos han llegado a ser el estancamiento económico, el mal gobierno unido a la corrupción, las medidas económicas impopulares, la carencia de políticas públicas de reducción de la desigualdad y la pobreza; dicho sea de paso el rezago de las zonas rurales en relación con el mejor nivel desarrollo humano en las áreas urbanas o centrales, lo cual va de la mano con la agudización de “la brecha digital”. La última edición del informe “Panorama Social de América Latina, escrito por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual evaluó la evolución de la pobreza, arrojó que la pobreza extrema en nuestra región aumentó en un 0,3%, alcanzando el más alto nivel en los últimos 100 años. Pero además continúan los efectos de las adversidades casi crónicas, o bien coyunturales (engañosamente superadas), sean respectivamente los orígenes del frustrado golpe de Estado en Venezuela, primero en contra de Hugo Chávez (2002), luego frente al autoritario gobernante Nicolás Maduro, cuyo mandato dejó ser reconocido por más de cincuenta gobiernos de la comunidad internacional; así como el caso particular de Bolivia, sacudido por el desacato al resultado del referéndum de febrero del 2016, por el cual el pueblo soberanamente impuso la prohibición de la reelección presidencial. El último hecho de Bolivia que encendió las manifestaciones sociales se centró en el fraude electoral, así catalogado por la Organización de Estados Americanos (OEA); igualmente el amaño lo corroboró en días pasados la misión electoral de la Unión Europea, el cual habría de favorecer la reelección del mandatario Evo Morales – luego derrocado por las Fuerzas Armadas - quien desde catorce años atrás venía ejerciendo la Presidencia. Enseguida el organismo regional adoptó la resolución, mediante la cual solicitó “establecer un calendario para convocar, lo antes posible, a elecciones nacionales con garantías democráticas”. Una acción política que ha de cumplirse y ejecutarse lo antes posible, sin exclusiones políticas de naturaleza alguna. A reglón seguido hay que prestar atención a las iglesias evangélicas en la política latinoamericana, las cuales crecen y alimentan de modo inconveniente las facciones políticas de la ultraderecha, con tal de impulsar su agenda conservadora a contrapelo de los postulados de los derechos humanos. Sea a través de candidatos propios o bien entregan el apoyo a quienes promuevan sus principios, por lo general a tendencias antidemocráticas. Han llegado a definir algunas veces el resultado de elecciones y después presionan en la toma de decisiones (Miguel Torres). Hay que mirarlos con recelo y desconfianza, porque al igual que en otros países intentarán penetrar las esferas políticas con el fin de imponer su agenda tradicionalista, utilizando sus pastores con un discurso de populismo religioso, semiautoritario, frecuentemente respaldado por intelectuales neoliberales, más radicales y de mayor influencia. LAS IDEOLOGÍAS, RELATIVAMENTE DEL PASADO. De hecho con las agitaciones sociales de América Latina sale a la superficie el desprestigio de las ideologías “misioneras”, “salvíficas”, a favor “del proletariado”, el campesinado”, los desheredados, o bien la del Consenso de Washington de la década de 1980, la apologista de los mercados desregulados, con las cuales a partir de la postguerra mundial en el Siglo XX, y ya adentrado el Siglo XX, se fascinaron y nutrieron respectivamente ciertos caudillos, las mismas clases políticas dominantes, así como los líderes contestatarios antisistema o pro-sistema, ya fueran adeptos al capitalismo liberal o al comunismo clásico. Dicho sea verdad el neoliberalismo significó “una contradicción para los grupos y organizaciones de la sociedad civil carente de los medios de producción y de la gran propiedad privada”. Al lado contrario, el populismo de izquierda infringió severos daños al sector productivo y la clase empresarial; queda en evidencia que ambas tesis y corrientes políticas poseen el demérito de ser fallidas La mejor comprobación de esta hipótesis nos la dan a conocer en estos meses los ciudadanos de Chile, entre otras naciones, durante las protestas y revueltas, al ventilar su repudio frente a las denominaciones políticas, desprendidas tanto del derechista régimen dictatorial de Augusto Pinochet, como de los partidos socialistas o neo-marxistas. Los mismos que cogobernaron por más de veinte años, transando el poder con las élites tradicionales. Las fuerzas sociales emergentes, contestatarias, justamente, en el caso chileno, se abstraen de aquellas ideologías convencionales, ya desacreditadas; fueron contraproducentes, las cuales “reperfilaron” el control de la geopolítica y la geoeconomía, al extremo de haber conducido a múltiples naciones a confrontaciones militares y guerras de insurgencia, tanto así que arrastran todavía secuelas irreversibles. Tras el regreso de los militares a los cuarteles, más el éxito relativo de los procesos de pacificación en el istmo centroamericano, se pudieron atestiguar por casi tres décadas, resultados democráticamente positivos en el mapa político latinoamericano. Sin embargo, subrepticiamente corrió el dogmatismo ideológico, el cual renunció a desaparecer por entero. El neomarxista Foro de Sao Paolo (1990), así como los apóstoles de los neoliberales “Chicago Boys hicieron de las suyas. En particular, los neoliberales, quienes pregonaron la acumulación de capital en lugar de la distribución justa de la riqueza (Andrés Velasco; Luis Felipe Céspedes). Llegaron a autoconvencerse “del fin de la historia…” al caer de manera estrepitosa la Unión Soviética. A Francis Fukuyama hay que abonarle el presagio como tal. Según él, “la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido”. Entonces daría inicio una sociedad global basada en la política y economía de libre mercado, impuesta a lo que denominó “las utopías”, entre ellas, el marxismo leninismo, luego del fin de la Guerra Fría. En el caso particular de nuestro subcontinente, la teoría de Fukuyama trastabilló, puesto que las revueltas sociales han tenido como fundamento el endurecido cuestionamiento de la política económica de mercado, de orientación neoclásica, fiscalista y monetarista, además de la descentralización del control de la economía; igualmente lo comentado acerca de Chile; lo acontecido en Ecuador y el gobierno delicuencial de Honduras. Éste decidido a privatizar los servicios de salud y educación. Por su parte, las clases políticas dirigentes poco disimulan “su escasa empatía hacia los movimientos sociales (autónomos), que estallan continuamente en la región”, particularmente en Nicaragua, Honduras, Nicaragua, Colombia, y Chile por supuesto. En esta última nación suramericana los líderes tradicionales, los congresistas allí desdeñan las mujeres, los indígenas y los grupos independientes, quienes demandan participación en el proceso de reformar la Constitución Política, en su entonces hecha a la medida de los intereses de la dictadura de Augusto Pinochet. El ascenso en México del populismo de izquierda significa una contundente prueba del desacierto de “la teoría del fin de la historia”. Al mismo tiempo, los remezones de carácter popular en Colombia, los cuales colocan en la mira el descrédito del gobierno derechista del Presidente Iván Duque - el 70% de la población desaprueba su gestión (AFP) - , a quien no le ha bastado confabular contra los esfuerzos y logros del plan de pacificación con la guerrilla de las FARC’s , concretado por el Presidente Juan Manuel Santos (2010 - 2018), sino que las organizaciones populares le cobran la corrupción gubernamental – el denominador común en la región - ; el asesinato de activistas sociales; “la ausencia del crecimiento económico sin equidad, el desempleo, las medidas económicas restrictivas frente al gasto social, las cuales reducen el consumo interno y acentúan la pobreza”; en cuenta la incertidumbre en la reforma de las pensiones. Con la puesta en práctica del esquema económico neoliberal, Colombia se ha tornado el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); arrastra un desempleo del 10.1%; “una informalidad laboral que castiga a casi el 50% de los trabajadores” (AFP). Fukuyama, posteriormente debió replantear su pensamiento al ser testigo de drásticas disrupciones en Occidente; probablemente la cadena de eventos latinoamericanos lo puede transportar al escepticismo. Ahora nos corresponde aprovechar la bancarrota intelectual (Alfonso J. Rojas) de tales ideologías, las cuales polarizaron la sociedad humana. Los defensores en América Latina de tales corrientes de pensamiento, desgastados, encuentran ninguna capacidad de respuesta a las demandas de los nuevos movimientos en apogeo. Se ha sembrado la conciencia de que los líderes y los gobiernos encasillados en dichas líneas de pensamiento carecieron de autenticidad y originalidad; se distanciaron de hacer una interpretación correcta y apropiada de las realidades particulares de cada nación latinoamericana o del subcontinente en su conjunto. En palabras de Vladimir Lenin, sus promotores fueron incapaces de realizar “análisis concretos de las realidades concretas”. Con base en este error de emplear dogmas, es decir, la ortodoxia completa, hoy podemos constatar los fracasos tanto del neoliberalismo como del radicalismo socialista en la región, por lo que “el cretinismo ideológico” ha sido culpable del retroceso político registrado en tan corto tiempo. LAS AGITACIONES ALCANZARON UNA PELIGROSA FRONTERA. Ya es patente el nuevo militarismo en la región (Gustavo Román Jacobo). Los ejércitos han vuelto a cumplir la función de árbitros en medio de los conflictos: las circunstancias del golpe contra Evo Morales, asociada al fraude electoral por parte del gobernante indígena en la nación andina, también el de Honduras, levantan una alerta roja. Los liderazgos civiles decaen a costa de la corrupción y la sed de poder, no pocos políticos tienden a aferrarse al poder e inclinarse ante el nepotismo y el clientelismo. Argentina por largo tiempo ha estado sometida a las diferentes e ideológicamente versátiles “familias políticas” dentro del peronismo (Carlos Alberto Montaner), quienes se disputan el poder entre sí, cuyo populismo y clientelismo corrosivo pusieron a dar tumbos el sistema productivo y sobre todo el sistema financiero de la abundante nación en recursos naturales. Al cabo que los latinoamericanos pierden de manera gradual la confianza en los sistemas democráticos liberales, en paralelo corren economías erosionadas por las deudas públicas, la inflación, los desbalances fiscales, la ineficacia tributaria, el desempleo, el mediocre crecimiento productivo, la modesta inversión en infraestructura, el insuficiente gasto en ciencia e innovación, así como la falta de rendición de cuentas en el quehacer de la burocracia pública, ésta plagada de excesos, abusos e ineficiencia y corporativismo obstaculizador. El panorama negativo se agudiza todavía más frente a los desastres naturales en la región, portadores de cuantiosas pérdidas económicas; así también, con despropósitos de expoliación mercantil, los irrecuperables daños ambientales en las regiones amazónicas del Brasil de Jair Bolsonaro y la Bolivia cuando Evo Morales, incluida la destrucción de los hábitats de las poblaciones originarias. Lo han demostrado los alzamientos, particularmente en Nicaragua, Chile, Ecuador, Colombia y Honduras, las sociedades latinoamericanas están cada vez menos dispuestas a tolerar malos gobiernos, así como mayores ajustes e impuestos tributarios contra sus ingresos (Leandro Mora Alfonsín). Más que en tiempos pasados, las clases sociales de menores ingresos demandan gobernabilidad, la generación de beneficios mensurables en reducción de la pobreza, empleo, suministro de servicios públicos de calidad, la distribución transparente y correcta de las transferencias y subsidios sociales. Es Perú un país fuertemente azotado por las investigaciones de los escándalos de corrupción de Odebrecht, por eso ha visto a varios de sus expresidente sometidos a procesos judiciales. Esto ha sido el precedente de las reyertas en las calles por parte de multitudes de ciudadanos que tomaron, de manera decidida, las calles de diferentes ciudades. Exigieron con éxito, por ejemplo, que el Congreso fuera disuelto, a causa de opacas actuaciones suyas, originadas por el principal partido político de la oposición, del cual es dueño el clan familiar Fujimori, cuyo jefe (Alberto) gobernó el país (1990 – 2000 ) autoritaria y criminalmente. EL PANORAMA IDEOLÓGICO DE AMÉRICA LATINA “mutó significativamente en apenas tres años”. A inicios del 2016 aún gobernaban en varios países de la región los presidentes y gobiernos “del llamado giro a la izquierda”, los cuales “antes parecían invencibles, no obstante empezaron a perder elecciones”, sean las experiencias del Uruguay, El Salvador, Ecuador y Paraguay. El cambio (desfavorable) sí se volvió controversial en Brasil el 28 de octubre de 2018, cuando el ultraderechista y racista Jair Bolsonaro derrotó en la segunda vuelta a Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, fundado por el líder Ignacio “Lula” da Silva, formación que supo construir política social a favor de la superación de la pobreza, guardando el equilibrio entre el sector productivo y el asalariado. Desde una década y media atrás ellos (las denominaciones de izquierda en los gobiernos) recobraron impulso ante el ascenso de la influencia global de Rusia, en simultaneidad con la expansión económica y financiera de China, hoy en declive, debido a los embates de la guerra comercial con los Estados Unidos de América. Así también, los empoderó el valor récord en los mercados globales de los commodities. Las formaciones políticas y los presidentes de la izquierda regional se adscribieron directa o indirectamente a la revolución socialista bolivariana (antiestadounidense), ideada en 1999 por el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías (+). Sin embargo, luego de un trienio convulsionado, pasaron a ser mayoría los gobiernos de centro y centro derecha, que aún con la mesura y relativo distanciamiento en cuanto al empleo de patrones rígidos de carácter neoliberal, se inclinan en ser “menos estatistas y más afines al mercado”. Si bien el propio Piñera, quien volvió a inclinar la balanza para el lado de la centroderecha en las elecciones de 2017 en Chile, llegó a desmarcarse de las políticas tendientes a suavizar la visión del mercado abierto a ultranza. Ciertamente, ha habido “un corrimiento hacia la derecha”; hay dos excepciones, aparte de Cuba, quien lleva al extremo “la ausencia de cambios políticos desde hace más de medio siglo”. La primera fue la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, quien puso fin al ciclo de alternancias entre los partidos tradicionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). La segunda fue nuevamente en Argentina, puesta en marcha con la victoria del peronismo de “izquierda populista” en los comicios del pasado 27 de octubre, lo cual implica el regreso del “Kirchnerismo” al poder, representado en el binomio compuesto por Alberto Fernández y Cristina Kirchner (expresidenta), quienes atacaron la política de fuertes ajustes fiscales del entonces presidente Mauricio Macri. En lo personal, le presagiamos un futuro poco halagador a tal binomio. El Presidente argentino posiblemente se distanciará de los doce procesos penales afrontados por su vicepresidenta, la exmandataria Kirchner, esta vez acusada de corrupción, aun cuando ella se negará a mantener un rol inactivo en el Poder Ejecutivo, básicamente en la dirección de la política económica. PENSAR CON CABEZA PROPIA. América Latina lleva el curso de una potencia emergente en un mundo multipolar. Puede elevar sus márgenes de maniobra en dirección a construir esquemas políticos, económicos y culturales originales, tomando como fundamento su propia historia, antropología e integración cultural, así como lo ambicionaron pensadores de la talla del mexicano Leopoldo Sea, Haya de la Torre, quienes abogaron por una sociedad genuina y auténticamente latinoamericana, respetuosa de su historia y dueña de su destino. Coloquemos en esta senda al pensador peruano José Carlos Mariátegui (1894 – 1930), para quien asumir las ideas humanistas del socialismo no podían ser cosa de copia o calco, solamente proveniente del marxismo ortodoxo y dogmático, sino de “creación heroica”, producto de la realidad particular de nuestra región. Él comprendió que el pensamiento latinoamericano debía explicar su realidad pluralista desde una perspectiva original y creadora, “que rebasase la importación acrítica de modelos teóricos, concebidos en y para otras realidades”. Por ello evitó limitar su formación y formulación teórico y política “al determinismo histórico”, derivado de la rígida concepción y “praxis” marxista, sino que se mantuvo siempre abierto a otras corrientes para “atemperarlo todo a las necesidades de la realidad que pretendía transformar”. Mariátegui apelaba a la idea de que en cada país y región “había disímiles factores, desde especificidades históricas hasta culturales”. Por lo tanto defendió, a nivel de su activismo político e intelectual, que el marxismo y el socialismo - y cualquier otra ideología, según nuestro criterio - eran asunto de una continua creación, exenta de dogmas (preestablecidos). No andemos lejos. En esta línea de pensamiento trabajó tantas veces el politólogo costarricense Rodolfo Cerdas Cruz (+), al igual que Pepe Figueres y Daniel Oduber en sus correspondientes actividades políticas y formativas. Es decir, la región puede mantenerse fuerte, políticamente pluralista, diversa, unida y económicamente sostenible. En este orden, la Unión Europea y la China Popular están distantes de llenar el vacío de poder a nivel global, ese poder otrora a expensas del sistema ideológico bipolar, configurado por los Estados Unidos de América y la (hoy extinta) Unión Soviética durante la Guerra Fría, el cual por su naturaleza hegemónica y expansionista llegó a ser víctima nuestra región, entre otras periferias geográficas dependientes y subordinados a él. Por eso, resulta prescindible a nuestra diversa región importar modelos externos de integración y desarrollo social, provenientes de otros rincones del planeta, quienes menos aun poseen la axiología y los fundamentos y valores éticos para exponerse en ejemplo a seguir. Ni válidos son la oscilante Unión Europea (UE), incapaz de consolidar su desprestigiado proyecto secularista, eurocentrista, aunque torpedeado por los grupos (antisistemas) nacionalistas, ultraderechistas y hasta neofascistas, ese precisamente el proyecto integracionista que de manera absurda insistieron imponer en Centroamérica, ahora el de aquí convertido en “chatarra”, gracias a los tiranos y mafiosos locales. Asimismo, cabe mantener un subrayado recelo ante emergentes patrones expansionistas a cargo de la propia China Popular y su “eficiente y progresivo” capitalismo de Estado (totalitario), quien cercena las libertades fundamentales de las personas. El gigante asiático pone en exhibición su régimen político con tal de suplantar en la civilización occidental las presuntas limitaciones de la democracia liberal, ésta basada en frenos y contrapesos, despreciados por las tiranías. Dicho sea verdad, la China Popular es susceptible de generar desconfianza a todo nivel, a causa de sus incoherencias diplomáticas, en su proteccionista comercio exterior – golpeado esta vez en medio de la guerra comercial con los Estados Unidos de América - ; en la exportación de las tecnologías de información y comunicación, funcionando al servicio del espionaje; en las políticas de poder en los territorios marítimos del Asia. El dominio suyo se proyecta sobre zonas de influencia transfronterizas, en lo cual pueden serle útiles los recursos de la opaca “Ruta de la Seda” y los leoninos créditos a naciones insolventes. Dentro de estas sospechas, sería inconveniente desatender las políticas de recuperación del prestigio diplomático y del renovado expansionismo de la Rusia de Vladimir Putin, las cuales intimidan a la Unión Europea, al cabo de las ambiciones de Moscú en dominar los territorios de Ucrania, ya le arrebató Crimea. En América Latina ha sido obvio el respaldo incondicional de Putin a la tiranía de Venezuela, Cuba y a la propia Nicaragua. Nunca jamás se les puede otorgar a la UE y sobre todo a China cheques en blanco, ya sean en los distintos roles globales y domésticos de la cooperación política, económica y comercial. Lo cual tiene implicaciones también en el frente del cambio climático, ya que algunas naciones europeas, al igual que el régimen chino, tampoco llegan a comprometerse, de acuerdo con los puntos de vista y los parámetros científicos, en la búsqueda de soluciones inmediatas y tangibles alrededor del constante riesgo, resultante de las emisiones del dióxido de carbono en el planeta. A MODO DE CIERRE. En ningún sentido hay que bajar los brazos. Hay que exigir el respeto a la voluntad del pueblo, respetándose los derechos de la gente a determinar cuál es la vía política que les resulta más adecuada para avanzar en libertad y prosperidad (Michael Kozak). Tampoco podemos renunciar en trabajar a favor de la normalidad cívica, la vigencia del Estado de derecho, los derechos humanos, en la solidez democrática, la construcción del buen gobierno, y en paralelo disminuir todo género de brechas históricas, incluido el rezago de las zonas rurales - donde vive aproximadamente el 68% de los pobres (Katrina Kosec; Leonard Wantchekon) - en desventaja con el avance de las urbanas. El conjunto de estas visiones humanistas se han visto realmente interrumpidas en diferentes y largos periodos históricos de la región. Bajo la democracia liberal se puede ser capaz de fiscalizar las instituciones públicas y a las élites dirigentes, así como contrarrestar los excesos del Estado y de paso ser sujetos activos en democracias cohesionadas. Eso sí, resulta imperativo aprovechar la aceleración y proyección tecnológica de las redes sociales, así como los innumerables mecanismos sociales de participación como los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y grupos de pensamiento (Abril Gordienko). De igual forma la ciudadanía informada puede demandar rendición de cuentas a los poderes e instituciones del Estado como aporte a la estabilidad política (ídem). En América Latina se trata de buscar un rumbo político, abarcador, por el cual se replantee el modelo económico en curso. Lo escribió de forma acertada Fernando Araya, columnista de un periódico costarricense: “es imprescindible la búsqueda de un balance y equilibrio de intereses entre las fuerzas y sectores fundamentales de la sociedad política y la sociedad económica, sobre la base de un proyecto original alimentado de herramientas y recursos y conceptos propios y genuinos de la realidad latinoamericana, entre ellos nuevos pactos sociales y económicos, alentando la participación de cada sector social: los trabajadores, los empresarios y los dirigentes políticos, en fin toda la sociedad civil”. En tal sentido, no debe quedar por fuera ningún sector en un proceso de concertación y entendimiento global. Cada vez más se difunde el consenso en que el neoliberalismo radical así como el populismo de izquierda “son vías erradas”, que los pueblos soberanos pueden utilizar los fundamentos éticos, los recursos disponibles, propios de la democracia liberal y los postulados de “la economía mercado con rostro humano”. Asimismo, están a la vista los avances institucionales alcanzados en libertad, que aun con las limitaciones del caso, se reconoce que pueden ser realineados, a fin de atacar los mayores males de la región, consistentes en la concentración del capital, el insuficiente crecimiento económico, la desigualdad y la marginalidad social. Propósitos loables que nos impone el año 2020.

EN CHILE: LA EBULLICIÓN SOCIAL HACE TAMBALEAR AL GOBIERNO. AUTOR: RONALD OBALDÍA GONZÁLEZ

EN CHILE: LA EBULLICIÓN SOCIAL HACE TAMBALEAR AL GOBIERNO. Autor: Ronald Obaldía González Desde el comienzo de la formación del Estado nacional, Chile ha crecido como una economía agrominera, orientada a los mercados internacionales. Los yacimientos de cobre, el carbón piedra, salitre y la minería de la plata, pujantes desde 1840 se habían expandido de manera vertiginosa; llegaron a ser la base de la economía. Las élites políticas y económicas se aprovecharon de esas riquezas, para iniciar el proceso de acumulación de capital (Guía del Mundo. Instituto del Tercer Mundo, 2009). El origen de ellas descansó en el mestizaje de la población nativa y la inmigración europea. Asimismo, han sido social y culturalmente verticales, férreas, racistas, además de conservadoras, atacaron las ideas liberales, las que hasta la década de 1860 apenas comenzaron a dominar en las sociedades política y civil chilenas. A raíz de ese creciente desarrollo económico, el ferrocarril logró poseer un marcado auge. En plena revolución industrial a nivel global del Siglo XlX, la demanda de cobre aumentaba, por lo que Chile se convirtió en el principal productor de este metal, llegando a abastecer el 30% de la demanda mundial, lo cual alentó la intensificación de los capitales financieros, interconectados a los mercados extranjeros, particularmente los británicos. Chile se colocó como la potencia del Pacífico (ídem). Con la explotación del salitre, entre alianzas de chilenos acaudalados y los británicos, se apoderaron de los minerales de Bolivia, donde se rehusaron a pagar impuestos a la exportación, mediante acuerdos leoninos. Razón por la cual iniciaron los reclamos bolivianos, el detonante de la Guerra del Pacífico (1879 – 1884), cuando Bolivia perdió territorios, entre ellos Arica, Antofagasta, entre otros. En 1881 los chilenos conquistaron las tierras de los aborígenes Mapuches, arraigados en la Araucaria, hasta esa fecha el Estado chileno pudo imponer su dominio sobre los aguerridos Mapuches, quienes no pocas batallas le habían ganado a los españoles en tiempos de la conquista y la colonia. Dicha población originaria constantemente ha sido discriminada, reprimida, perseguida, al cabo que sus territorios ancestrales, en grandes proporciones le han sido arrebatados tanto por el Estado y la gente no indígena, con el propósito de habilitarse a proyectos forestales y de producción de energía eléctrica (ídem). EL ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE, iniciado el pasado 18 de octubre, el cual, dicho sea de paso, carece de un líder explícito y de un pliego de peticiones preciso (AFP), “tomó por sorpresa” a la clase dirigente, sean los pertenecientes a las formaciones derechistas oficialistas y los de la cuestionada oposición centroizquierdista. A las inmediatas, lo hizo reventar el anuncio del alza de 3,75% en la tarifa del metro o tren de Santiago, la Capital de esa nación suramericana. Lo cual desembocó en la mayor crisis social y política, desde el retorno a la democracia, así lo pone de relieve el expresidente Ricardo Lagos. El incendio costará apagarlo - las manifestaciones se repiten día a día -, al cabo que es incierto si, para eso, habrá de ser una solución factible, el llamado al plebiscito, con tal de impulsar una nueva Constitución Política, la cual llegue a reemplazar la de 1980, aprobada con base en usuales artificios del régimen militar (1973 – 1990), presidido en aquel entonces por Augusto Pinochet. Éste, apoyado por los sectores derechistas y las élites conservadores, quienes todavía continúan entronizados “en la política del poder”, obstruyendo todo lo que asemeje a reforma social y económica. Lo argumentó Camillo Cavour mentor de la unificación italiana en el Siglo XlX: “Las reformas adoptadas a tiempo debilitan el espíritu revolucionario”, Por el contrario, cuando se adoptan demasiado tarde, solo avivan el malestar popular (Dominique Moisi). Las protestas las encienden las históricas demandas, en pos de “la agenda social”, la cual se prolongó de manera peligrosa. Había sido ignorada, o circulado en la oscuridad. La fuerza de las peticiones, en su conjunto han puesto en entredicho aquella “nación triunfadora y Edénica”. Por eso Chile ofrece lecciones dignas de ser tomadas de manera cautelosa por el resto de las democracias occidentales. Los ciudadanos de esta época abogan por tener acceso justo a los bienes y servicios, los que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. “En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar, para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio”. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales (Ricardo Lagos). Entre los reclamos (antisistema), desprendidos del Chile convulsionado, convergen distintos intereses y necesidades. Se exigen impuestos a los grandes patrimonios; incrementos en los salarios, el freno al alto costo de vida; el aumento del 20% de las pensiones, cuyo sistema cubre (precariamente) a 1,5 millones de personas, ni los montos sobrepasan los $300. Se refuerzan con la asignación de mayores recursos a los servicios públicos, tales como el de la educación y la salud – la adquisición a bajo costo de excelentes medicamentos – y rebajas en las tarifas; la construcción de viviendas; el mejor abastecimiento del agua en las zonas rurales; el freno a la corrupción y los privilegios en el gobierno. También la puntería se dirige a los parlamentarios, se piensa que se les debe disminuir los salarios y las asignaciones, los que oscilan entre $27.000 y $44.000; al mismo tiempo se demanda la disminución del número de ellos. NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO. Lo antes dicho, lo acoplamos al “efecto Pigmalión”, patrimonio de la mitología griega. En el caso chileno, puede significar de este modo: “háganos creer que eres un asunto genial, sin serlo. Quizás acabarás siéndolo, si intentas ajustarte a ese rol de genio. Posiblemente, los demás te evaluarán bien, a pesar de estar equivocados”. El brote de indignación social no se trata del precio del transporte, ello es secundario y trivial (Dominique Moisi), sino de algo más profundo: ha revelado una herida que el crecimiento económico había logrado restañar, la desigualdad. Al extremo que Mónica de Bolle, investigadora del Instituto Peterson de Economía Internacional, expresó que varios países de América Latina desaprovecharon el auge de las materias primas, lo que a principios de siglo sacó a millones de personas de la pobreza en la región. Un estudio reciente reveló que si bien la clase media se ha ensanchado, el 1 por ciento de la población chilena acumula el 25 por ciento de la riqueza generada. La desigualdad no es nueva, pero hasta ahora se había tolerado por las engañosas promesas de estabilidad, la reducción de la pobreza y la expansión del consumo (Carlos Peña). Chile parecía funcionar racionalmente bien. Se autoproclamaba como “uno de los países más competitivos, prósperos y estables de América Latina”, gracias “al empuje empresarial en toda escala”. Bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, luego con la transición a la democracia (1990), la economía nacional llegó a consolidar un proceso de expansión con un crecimiento anual del 6%, en lo cual contribuyeron sobre todo los elevados niveles de inversión extranjera y el crecimiento de las exportaciones. No obstante, se omitió informar sobre la distribución del ingreso, las percepciones de justicia social, la sensación de vulnerabilidad financiera de la población, u otras condiciones como la confianza y el buen gobierno, todo lo cual pesa bastante en la calidad de vida general (Jeffrey D. Sachs). Valga la digresión, al recapitular que, con el ascenso del régimen militar ultraderechista, las compañías transnacionales recuperaron sus expropiados capitales y unidades productivas, nacionalizadas por el régimen izquierdista de Salvador Allende (1970 – 1973), quien por su parte había estatizado la producción del cobre, el comercio exterior, la banca privada. Asimismo, había radicalizado la reforma agraria, fomentando modalidades colectivistas de producción. Lo visto en las imágenes de la televisión y los despachos de prensa dan cuenta de las grietas y contradicciones internas del “modelo chileno”, sustentado en los postulados ideológicos del Consenso de Washington, una corriente de pensamiento económico inspirada en “las ortodoxas recetas neoliberales del profesor Milton Friedman y la Escuela de Chicago”. En palabras breves: lo inherente a la tesis de la puesta en funcionamiento de la economía (abierta) de mercado, en su pureza; lo cual comporta la escasa presencia del Estado en las decisiones del sistema económico, las cuales se trasladan al sector privado; en cuenta las áreas de los servicios de salud, educación y pensiones, etcétera; la menor fijación de impuestos a los adinerados; la apertura comercial con todas las naciones, por lo que en adelante los tratados de libre comercio adquirirán notoriedad. El crítico panorama, el cual estremece a la administración del multimillonario y conservador presidente Sebastián Piñera, a quien se le está obligando a renunciar a la Presidencia, es el producto de males (estructurales), acumulados desde casi tres décadas, y más antes. Entre ellos, la persistente desigualdad social y la deficiente calidad de los servicios públicos. Las serias sequías que golpean al territorio nacional han acrecentado el malestar de la gente, tras eso el servicio del agua lo han privatizado. La responsabilidad recayó en la derecha, en los centro-izquierdistas gobiernos de la Concertación, así también en los empresarios acaudalados, pues permitieron el negocio del líquido a costa de un derecho básico y generalizado en casi todo el mundo (Javier Ilabaca). En tanto, los distintos gobiernos – los de veinte años de la Concertación, los dos de Piñera - tampoco “fueron capaces de reconocer y solventar las inequidades en toda su magnitud”. Las frustraciones, de lo que han dado tanto que hablar, se tradujeron esta vez en disturbios. Las cuales se achacan al fracaso de los (menguantes) paradigmas de la globalización, las políticas de los mercados libres y abiertos, así como al pro-mercado y la apertura económica, pese al impresionante desempeño de Chile en materia de crecimiento y modernización económica – un paraíso triunfador, publicitado por el activismo diplomático -, apenas favorecedor de los empresarios ricos y las clases sociales tradicionales y adineradas. Para colmo de males, todavía se tienen demasiado lejos los presuntos beneficios, resultantes de las profecías del famoso “goteo o chorreo” (“trickle down”), cuando se había planteado la distribución de la riqueza. Esto es, el mejoramiento de los estándares de vida de la mayoría de los chilenos, a la espera en que las élites económicas alcanzaran, a través del libre mercado, los más elevados niveles de acumulación de capital. Pasó que la fallida modalidad de “neoliberalismo “tuvo mecha corta” en la sociedad chilena. Los adinerados y las clases dirigentes se olvidaron de distribuir la riqueza del pretendido “goteo”. Todo quedó en la retórica, “a contramano” de las expectativas de la población, quien se muestra impotente de impulsar una configuración de alianzas verdaderamente democráticas, la cual rompa con el neo-pinochetismo. El futuro se muestra sombrío (Jeremy Adelman; Pablo Pryluka) con las rebeliones en las calles, las que el gobierno es incapaz de desactivar, ni siquiera ofreciendo una agenda política blanda. Casi nadie se atreve a pronosticar la duración de los desarreglos y de la insatisfacción, porque empeora la desconfianza en el gobierno, en las instituciones jurídicas y los partidos políticos. Más cuando, ni los partidos izquierdistas, tampoco los derechistas han tenido la habilidad de superar la grave crisis de representatividad. Apenas vota el 49% de los electores en los comicios generales. El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2016 su encuesta Auditoría a la Democracia, donde advierte de “un problema de carácter estructural”, y señala que “el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones ha sido paulatino más que repentino”. Comparando los datos de 2008 y 2016, quienes no se identifican ni con la izquierda, ni el centro, ni la derecha pasaron de ser un 34% a un 68%. Quienes no se sienten representados con ningún partido político, de un 53% a un 83%. Al mismo tiempo, lo demuestra la popularidad del Presidente Piñera, quien se resiste a renunciar a su cargo: los ciudadanos lo han castigado, y su respaldo ha caído a un histórico récord del 14% (Rocío Montes, ídem). Al caer la dictadura, repudiada por la mayoría de la gente, el orden establecido por Pinochet corrió más allá, quedó casi intacto. La democracia chilena fue y ha sido una democracia tutelada por la herencia pinochetista (Sergio Erick Ardón. El usufructo de ella se encuentra en manos de las fuerzas armadas. Estas, eso sí, en estos tiempos son menos represivas, a diferencia de la época de Pinochet, “quien gobernó a sangre fría”. LOS CENTROIZQUIERDISTAS DEFRAUDARON. Cuesta entender que los herederos del ideario de Allende pactaran con el tirano y sus secuaces, aquellos que sentaron las bases del “CHILE.S.A”, la voraz sociedad militarizada y empresarial más "limpia y perfecta" de todas las que se ensayaron en el continente (Ardón, ídem). De la no existencia de oposición, asesinada, bien reprimida, o exiliada, favoreció que Pinochet y los suyos hicieran los que les vino en gana (ídem). Los gestores “del retorno al régimen político civil” se realinearon, tal que descartaron modificar el modelo de mercados libres y desregulados - se fascinaron con él - el cual se mantuvo arraigado en la democracia, lograda por la transición (Carlos Alberto Montaner). Siquiera pudieron haberlo suavizado. Más bien parodiaron la corrupción. Con realismo y verdadero cálculo recuperaron el lugar perdido de fracción política y económica dominante. Cedieron a la propuesta derechista, a efecto de que Pinochet se incorporara como Senador vitalicio del Poder Legislativo de la República; luego hasta impidieron que permaneciera detenido en Inglaterra en octubre de 1998, a causa de crímenes de lesa humanidad (Guía del Mundo. Instituto del Tercer Mundo, 2009). Las denominaciones políticas de centro-izquierda al ascender otra vez al poder se tomaron en serio el pacto político hacia la transición; así como dijimos, los logros económicos de “la agenda neoliberal” a ultranza, impuesta por el régimen dictatorial de Pinochet, quien gracias a un golpe militar alevoso y sangriento (Ardón, ídem), apoyado por la oligarquía, las capas sociales medias, la intervención de la CIA estadounidense, derrocó al legítimo gobierno socialista de Salvador Allende (1970 – 1973). Las contradicciones internas en el seno de su partido, la Unidad Popular, dieron al traste con el ideario socialista, aparte de que hubo profundos desequilibrios en la economía, entre ellos, la irrefrenable inflación, aunados al desabastecimiento de los bienes y servicios (Guía del Mundo, ídem). Buena parte de la ciudadanía le hace reclamos al partido centroizquierda, ya que desde 1990 administra un modelo económico heredado de la dictadura (Montes, ídem), incluso la privatización de empresas y servicios públicos. “Al extremo que en Chile solo el 20% de los 18 millones de habitantes acceden a la salud privada”. Se le critica a la formación centroizquierda haber llevado adelante una transición pactada con el régimen militar, con el pretexto que en aquel entonces la figura de Pinochet era un lastre irremediable para la democratización avanzada. Desde 1990 no solo decoró el neoliberalismo heredado de Pinochet, con ligeras variantes en las políticas sociales, supuestamente protectoras de los menos favorecidos (Jeremy Adelman; Pablo Pryluka), sino que llegó a prestarse a maquillar los datos económicos y sociales en los tiempos que ha ejercido el poder. Al país lo hacían encabezar todos los índices económicos y sociales de América Latina, incluido el de la honradez, según Transparencia Internacional (Carlos Alberto Montaner). A tal corriente opositora, en este lapso deprimida, dividida internamente, en un primer momento de las manifestaciones callejeras de octubre pasado, le costó condenar la respuesta violencia desatada por las fuerzas armadas; fue demasiado ambigua, lo que es parte del desencanto y la desconfianza, atravesada por la ciudadanía en este 2019. Por eso “las multitudes que protestan no están guiadas por partidos ni por movimientos visibles”, ni por cabecillas, menos aún por la izquierda y la derecha o dirigentes populistas. Hasta “carecen de un conjunto claro y específico de reivindicaciones relacionadas con el poder político”, tanto que los aborígenes Mapuches, perseguidos por Pinochet y los centroizquierdistas, a ellas se han adherido. La gente lo que quiere “es que haya bienes públicos al alcance de todos los chilenos”, que el crecimiento económico, sea acompañado de reforma institucional democrática, tal que se remedie la brecha de la desigualdad y la exclusión social (Carlos Peña). PARÁMETROS ECONÓMICOS Y SOCIALES. Sea válida una de las conclusiones alrededor de la transición democrática, la cual solo vino a entregarse a los empresarios y los ricos. Por eso, las revueltas de la población se enfilan a forjar cambios profundos al modelo económico del país, por cuanto este “marginó los intereses de las grandes mayorías. La gente de bajos ingresos se ha alzado contra un sistema desgastado, cuyas “cartas” son objeto de descrédito. Hay baja movilidad social; el chileno siente estancamiento en sus vidas. Chile posee la mayor desigualdad de ingresos en la OCDE, el club de países de altos ingresos (Jeffrey D. Sachs). Cabe subrayar que el promedio mensual de los salarios de casi el 75% de la clase trabajadora no supera los $500. La pobreza afecta el 25% de la población. La carga tributaria se ha mantenido prácticamente igual durante suficiente tiempo: en torno al 18% y 20% respecto al producto nacional bruto, una cifra magra. Los europeos están todos alrededor del 35% y 40%. Estados Unidos de América cerca del 30%. Esa carga tributaria no permite generar una mejora en la igualdad de los ingresos. En Chile, además, la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos (Ricardo Lagos, expresidente de Chile). Este comportamiento tributario obedece a imposiciones de la derecha conservadora. En esta misma línea política, nada es de extrañar que el Presidente Piñera impulsara reformas que han de reducir los impuestos a los más ricos, según él, en un esfuerzo por atraer inversiones e impulsar el crecimiento. Chile vive una desaceleración económica; el Banco Mundial ha bajado las expectativas de crecimiento para este año y el próximo (Peña, ídem). Desde el 2013 hasta hoy la economía suya ha crecido menos del 3%, a diferencia del crecimiento del 6% registrado en la etapa adulta del régimen militar y en los gobiernos civiles de la Concertación (centroizquierdista), excepto con la Presidenta Michelle Bachelet. Este año ha sido afectada por las tensiones comerciales de carácter global (2014 – 2018), a causa de la caída en el precio del cobre (su principal materia prima de exportación) y el aumento de los precios del petróleo. Con todo, está en mejor forma que las economías de algunos de sus países vecinos. EL FARDO SE TORNA PESADO. Además de la desaceleración, y en su contra el constante y rotundo rechazo ciudadano, el Gobierno de Sebastián Piñera, quien ha llevado todas las de perder, intenta infructuosamente encontrar una salida a la crisis social, teniendo presente el diálogo con las fuerzas de la oposición, y de paso la formulación de “la agenda social” (ídem), en la cual tímidamente se contempla, entre otras materias, la mejora inmediata de las pensiones; el subsidio a medicamentos; la creación de un ingreso mínimo garantizado; la estabilización de las tarifas eléctricas; el aumento de impuestos a los sectores de mayores ingresos. La agenda suya llegó a ser descartada de plano, se le considera insuficiente (ídem). Habida cuenta de la responsabilidad de él en relación con los asesinatos durante las protestas, esto por haber lanzado los militares a las calles; se los cobrarán tarde o temprano; hasta algunos jueces le han advertido que las pérdidas de vidas no quedarán impunes. En cambio, los sectores políticos adversos a él, así también los manifestantes, están convencidos de su propia contrapropuesta, consistente en la realización del plebiscito hacia la nueva Constitución Política, aparejada a las presiones que buscan la pronta salida de Piñera de la Presidencia de la República. La agitación social ha puesto en evidencia las abiertas tentaciones y condenables señales de militarización, como también las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Lo cierto del caso es que la escalada de protestas las ha reprimido de forma sangrienta el ejército y “los carabineros”, lo cual hizo recordar los traumas de “los toque de queda” de los diecisiete años de la criminal dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990). Al quien precisamente Fernando Volio Jiménez, canciller costarricense y tratadista internacional hubo de enfrentar y perseguir de manera incesante por los crímenes de lesa humanidad, sustentados en “la doctrina de seguridad nacional”, así también en su corolario extrafronterizo, la “Operación Cóndor”, la estrategia aglutinante de las dictaduras militares de América del Sur, cuyo objetivo fue el de cooperar en la eliminación de los movimientos contestatarios y fácticos, entre ellos las guerrillas urbana y rural. Para algunos analistas, como Ascanio Cavallo, “simbólicamente, el Gobierno está acabado”, sobre todo después de que en días pasados anunciara la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el cual se celebraría en Santiago en noviembre, al igual que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en diciembre. “Eran los mayores logros del Gobierno en materia internacional. El segundo desafío, lograr que la economía repunte, sino también lo daría por muerto” (Cavallo, ídem). Esto último pareciera el pronóstico más cercano. A Piñera solo le resultó inesperado caer “en guerra frente a un enemigo poderoso”, así torpemente lo reseñó. Sí, los distintos conglomerados sociales, gestores de una sociedad menos desigual (Ardón, ídem). Entonces es de prever que se abran las heridas del pasado. A MANERA DE CONCLUSIÓN. El Estado de derecho chileno se podrá imponer en el escalamiento de la crisis, siempre y cuando se conceda prioridad a las reformas sociales, a la defensa de las libertades civiles, y a su vez sea asegurado el crecimiento económico; obviamente en esto cumplirá un rol decisor las fuerzas armadas (Carlos Peña). A prueba se pondrá si en ellas, al lado de las clases de adineradas, descansará el tutelaje del sistema político. Las sociedades nacionales requieren “una racionalidad más bien dirigida a la procura del bien común y la equidad” (José María Gutiérrez,UdeCR), a la consolidación del pluralismo democrático. Jeffrey D. Sachs lo postula acertadamente, posee el rostro de un consejo a Chile, en cuanto a hacer reales todos esos principios éticos y políticos en provisiones superiores de servicios públicos; en la mejor justicia redistributiva del ingreso entre ricos y pobres, movilidad y ascenso social, más inversión pública para alcanzar la sustentabilidad ambiental. El imperativo consiste en prevenir la baja confianza social, la elevada desigualdad, las grietas sociales, así como la sensación generalizada de injusticia e infelicidad de los ciudadanos.

“MENTES DESORDENADAS” Y LESIVIDAD SOCIAL. Autor: Ronald Obaldía González

“MENTES DESORDENADAS” Y LESIVIDAD SOCIAL. Autor: Ronald Obaldía González “MENTES DESORDENADAS” Y LESIVIDAD SOCIAL. Autor: Ronald Obaldía González Guiados por un concepto en boga en las ciencias sociales de los Estados Unidos de América, referido a las “mentes desordenadas”, propias del comportamiento psicológico de algunos afamados líderes políticos de Occidente, nos hemos lanzado a dar rienda suelta al examen crítico de un cúmulo de recientes y asombrosas informaciones que circulan en la multiplicidad de quehaceres, lo cual por curiosidad nos permite por nuestra propia cuenta reafirmarnos también como un pleno “desordenado”, eso sí guardando las proporciones, lógicamente. Si es que estamos recurriendo a la razón, empezamos en dar por cierto de la inexistencia de “sociedades compuestas por dioses”; habida cuenta que casi nunca se estará en capacidad de resolver todos los males sociales, políticos, económicos y culturales; si bien mancomunadamente podemos contrarrestar, con mensajes de fe y esperanza, “el pesimismo pernicioso, haciendo posible la política del optimismo filosófico liberal y progresivo” (Philippe Legrain), de modo que se presupongan los cometidos de expandir los beneficios del crecimiento económico y compartirlos de manera más justa. Bien lo postula el galardonado escritor Sergio Ramírez Mercado, acerca de la urgencia en el cambio de mentalidad del político, el empresario, el trabajador, ello en pro del servicio y el bien común, basado en una “revolución ética, cultural y de mejor civilidad”. Eso sí, cabe aquí exigir modificaciones sustanciales en el accionar de los partidos políticos, entre otros responsables, quienes constituyen los órganos intermediarios entre la sociedad política y la sociedad civil, cuya fuerza convergente puede ser canalizada hacia ese proponente ideal superior de Ramírez. Asimismo, nuestras economías y sociedades prosperan y transforman la economía, cuando las ambiciones nacionales y el progreso están respaldados por una acción global firme y perseverante (Andrew Holness y Frank Bainimarama), proveniente de la sana y eficaz gobernabilidad, en lo cual el líder político, el administrador y el propio ejecutor de decisiones y programas deben establecer un vínculo basado en la credibilidad, la honradez y la confianza, la medición precisa de los resultados, a fin de mostrar una buena reputación, aceptación y legitimidad ante la nación. El asunto no es solamente en saturar la administración pública de legislación (inoperante), o en introducir enfoques y técnicas, los cuales se supone habrán de perfeccionar, fallidamente, el funcionamiento de ella, en cuenta los relacionados con la búsqueda de la idoneidad del personal. Al final de cuentas, tales intentos e iniciativas concluyen en fracaso, en tanto se alejan de la identidad, el carácter y de las reales particularidades de las entidades, así como del entorno social, lo cual determina sobremanera el accionar del Estado y la burocracia. En su lugar, preferimos hacer uso de la sociología y la psicología, pensando en aquel tipo de servidores apasionados, emprendedores, responsables, comprometidos con la riqueza del aprendizaje, alrededor del conocimiento y la ciencia, el trabajo intenso y la innovación (Carlos Alberto Montaner), quienes están lejos de “parquearse” en regímenes y leyes laborales conservadoras y completamente desactualizadas, solo útiles a algunos con tal de defender el estatus quo, o en su defecto perpetuarse en un cargo burocrático, por el cual la creación de ideas y la producción de resultados de calidad se queda corta. Tampoco quiere decir esto, que estamos negando la necesidad del empleo de enfoques flexibles, y de la relevancia de los métodos novedosos y soluciones creativas a las realidades y fenómenos particulares de la administración, sobre lo cual existe un arsenal valioso en la aplicación práctica de los procesos de toma de decisiones. Justamente, mencionemos esas decisiones, en dirección al mejoramiento de la sociedad, sustentadas, en el correcto examen de los contextos sociales, en el conocimiento heredado de la experiencia, así también en las capacidades y destrezas acumuladas. O sea, en la habilidad práctica, pero juiciosa y prudente, en saber anticiparse a los riesgos o amenazas, derivadas de los contextos correspondientes, “realizando un uso correcto del lenguaje y la comunicación, esto es, comprendiendo simultáneamente los intereses del emisor y del receptor, sobre lo cual descansan las interacciones, las que a la postre condicionan los resultados de las acciones de cualesquiera organizaciones. Estudios efectuados por décadas y que ahora dan sus frutos, califican la interrelación social como el remedio para lograr una vida más plena, satisfactoria y prolongada (Franco Alvarenga Venutolo) y humanamente productiva. En este punto, y en función del progreso de las organizaciones tanto formales, como informales, entramos entonces en el rol de los líderes, no únicamente empeñados en crear seguidores suyos, sino en alentar más líderes, quienes, por demás, han de ser buenas personas, honradas y altruistas, que piensan en el futuro de todos (Tom Peters), amigables con la verdad y la libertad. No se puede ocultar el sol con un dedo. Los empleados del Estado “la llevan suave”, hay holgazanería. En este tiempo se obtienen mejores ingresos allí que en la empresa privada. O sea, ellos hacen pocas labores a ritmo lento, a menos que haya un interés personal de por medio. Difícilmente, se les puede sancionar, quien lo hace termina desacreditado, o hasta despedido. No obstante, es justo reconocer que también “sobreviven” funcionarios capaces, íntegros y laboriosos (René Jiménez Fallas), a menos que la ofuscación y la frustración los haga parodiar la inacción y la ineficiencia, lo más grave aún: sea que terminen “cediendo a las lógicas indeseadas de los beneficios fáciles”, u opten en colocar el interés de conservar el cargo público por encima de la vocación del servicio y de cualquier consideración ética y moral. Un deber ineludible en el servicio público reside en trabajar bien, en serio, “en pensar en el futuro de todos”, a pesar de la ausencia de incentivos y, que enseguida se deba lidiar, desafortunadamente, con ambientes de rivalidades y enfrentamientos, con disfuncionalidades fuera de su control, entre ellas, los escenarios que premian la ineptitud, la inacción, los que abren las puertas, a favor de las indeseables prácticas del favoritismo, el nepotismo, el amiguismo y otros ismos (Jiménez Fallas). Lo cierto del caso, en una nación con ambiciones de desarrollo y equidad social resulta imprescindible que el empleado público, además de poseer el coraje de enfrentar circunstancias negativas como las citadas, sea capaz al mismo tiempo de demostrar agallas en cuanto a ofrecer tanto rendimiento y nivel de compromiso, igual o superior que la mayoría de los servidores de la empresa privada. Sabemos que la estabilidad mediante las leyes laborales se muestra distante en garantizar la integridad, o la calidad del trabajo del funcionario público. Por el contrario, solamente se persigue con ello evitarle riesgos e incertidumbres, en tanto queda blindada la permanencia suya en sus puestos de trabajo, ello reiteradamente, en menoscabo de la innovación y el eficiente desempeño en la institución a la cual sirve (Carlos Molina Jiménez). A efecto de remediar estas deficiencias en la burocracia estatal, cabe aplicar como norma en la contratación de un funcionario público la fijación anticipada del perfil de los objetivos y las metas. que habrá de cumplir en el ejercicio del cargo (Tom Peters). De persistir la ausencia de resultados, al nuevo funcionario se le proporcionará adiestramiento en servicio. Se prescindirá de él, si en esto último la respuesta es insatisfactoria. Quien quiera más beneficios personales o bien darle rienda suelta a la codicia, es preferible que encuentre la manera de levantar su propia empresa, se dedique al servicio privado. Hay que entender que al Estado se llega a servir, y que desde allí se planea la continuación del bienestar social de los ciudadanos, sobre este principio es donde se valora el reconocimiento de nuestros méritos como servidores de la ciudadanía. Es la razón por la cual la administración pública y las políticas públicas tienen sentido y arraigo. Dicho esto, por cuanto se hace mayor énfasis (o especie de ritual) en la forma que en el fondo, resulta notorio el abuso excesivo “del debido proceso”, entre otros mecanismos, los cuales suelen extralimitarse en la defensa de gente, sujeta al despido laboral; quien lejos de desempeñarse como servidor público, más bien con el paso del tiempo se comporta “en usufructuario” de costosos derechos y beneficios individualizados, o bien gremiales, sin contraer el fuerte compromiso con el ideario y la misión de la organización pública, cuya responsabilidad es proporcionar servicios de elevada calidad a la sociedad en su conjunto (Molina ídem). Nunca borraré de nuestra mente las (casi cínicas) expresiones de cierto funcionario público, perteneciente a una polémica institución pública, quien había elevado ante los juzgados de trabajo un juicio millonario en contra del Estado. Porque según él se le habrían de cercenar derechos laborales. Al final logró, inmerecidamente, su objetivo; recibió una millonada de dinero, proveniente de los fondos públicos, recursos tan indispensables en otros objetivos prioritarios. Tras la (complaciente) sentencia judicial llegó a ufanarse de "su hidalguía", pues a su juicio "había hecho valer sus derechos". Lo asombroso de tal opacidad llegó a ser la indolencia de esa criatura, que a pesar de contar con demasiados años en su trayectoria de trabajo, presumo que ni siquiera había producido lo más elemental de sus responsabilidades, "pero aún así hubo de luchar por sus derechos". La palabra obligaciones había sido excluida de su manual de vida. Hay un sinnúmero de burócratas, quienes piensan que, en su condición de servidores públicos, la administración se ve obligada a satisfacer sus caprichos o conducta egoísta, sin tener efectos en la eficiencia y el compromiso para con la sociedad. En este orden, con frecuencia llega a ser palpable que “demasiados servidores actúan sin guía, sin sentido de urgencia, sin saber lo que se espera de ellos y ante quiénes deben rendir cuentas de su desempeño” (Franco Alvarenga Venutolo), por cuanto a la sociedad entera le corresponde hacerse responsable del financiamiento del aparato estatal. En esto sucede que los administradores, los políticos y los supervisores blandengues, toda vez deshonestos, necesariamente son cómplices de tales artimañas, porque poseen la misma estatura moral de la persona a la que me he referido. E incluso los cálculos electorales dependen de ese género de clientelismos, mezclado con populismo. También cuenta en esto el típico “comportamiento a la tica”, su aliado “el del nadadito de perro”, el andarse por las ramas, uno de los rasgos de la psicología nacional, tan dañinos, contraproducentes; pues originan incerteza e inseguridad, en vez de darse cabida a la innovación y la modernización en las esferas del Estado y la renovación del sistema productivo. Por eso es necesario poseer un aparato estatal menos grasoso, haciéndolo eficiente, con vistas a ahorrar recursos, destinados a la creación de oportunidades sociales y económicas a favor de la población de menores ingresos, como también, a la protección de las vidas humanas, del medio y la biodiversidad, así como de la intensificación de los programas de prevención de los efectos de los desastres, la preservación de la multiculturalidad. A nuestro juicio y evitando “las palabras gastadas”, todo esto sí constituye justicia social como universal objetivo a la vista. De partida, habrá de invertirse en la sólida base ético-moral, el factor clave y fundamental por el cual se cimienta la conciencia y la acción cívica ciudadana en los diferentes ámbitos, de lo cual han de estar revestidas las actitudes y aptitudes de cualesquiera servidores, en función del correcto desempeño institucional. Al prescindirse de este enfoque axiológico, se termina haciendo engorroso y frustrante el despido de servidores ineptos y corruptos, quienes para sobrevivir cohabitan con un Estado grasoso, obstruccionista e ineficaz, del cual se acorazan a fin de sobrevivifr. Al sustraerse la perspectiva ético – moral, el alcance mayúsculo de los intereses corporativos, o de nuevos agregados políticos, excluyentes, tienden a predominar por encima del bien común. Razón por la cual varios grupos de presión e interés al interior de la administración pública adolecen del egoísmo y el sectarismo, casi siempre “aferrados a la cultura del incremento del salario” (Roger Churnside Harrison +), lo cual apuntala a la mediocridad, la inacción, “al abuso desmedido” y la irresponsabilidad. Tanto que en tiempos de recesión económica, esos agentes de presión y de marcada influencia política, solo se empeñan en las ambiciones de élites restringidas, o del privilegio personal, de cúpulas o gremios. Les despreocupa el modo de vida de las otras personas, al igual que de los menos favorecidos, a los que demagógicamente dicen defender. He aquí una comprobación de nuestra tesis. El mejor acceso a la educación de calidad, lo cual amplía los horizontes de sectores sociales en desventaja y emergentes, ha llegado a tal extremo de deterioro y estancamiento, de lo cual en buena parte son cómplices las organizaciones gremiales, ellas más concentradas en su poder adquisitivo, que en el progreso y renovación del sistema educativo. La experiencia nos ha permitido corroborar que en donde hay gremios hay mediocridad, hasta corrupción, porque no necesariamente estos se enfocan en los propósitos y metas, relacionadas con el crecimiento en contenido y eficacia de los sectores de la actividad pública, así también de las unidades de trabajo. Terminan (los gremios) de complicar la búsqueda del perfeccionamiento de los servicios estatales, tienden a inmovilizarlo. De la innovación, la novedad en el producto, más bien se convierten en contestatarios; por lo tanto, el cambio en las políticas y los métodos de trabajo institucionales los ubican, de forma temeraria, en el rango de las amenazas. Bajo un crítico panorama de tal naturaleza, casi nadie querrá ser gobernado por autoridades legítimamente constituidas. Llega a revelarse también la peligrosa “despersonalización del poder”, la superposición de poderes fácticos en detrimento del principio de la delegación del poder, “todo lo cual inexorablemente puede conducir al desastre social”. Quien llega a tener acceso laboral al Estado es para servir, y no a buscar prebendas, favores y beneficios personales, o de aprovecharse del relativo poder y la influencia, deparados a través del nombramiento público. Quien aspira a mayores beneficios personales, prepárese a escoger la ruta de la organización de su propia empresa. Es decir, que se dedique al sector productivo, pero entiéndase que al Estado se llega a trabajar por el bien colectivo. Tal que desde allí habrá de planearse la continuidad del bienestar social de los ciudadanos. Sobre este principio, de contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente, se pone de manifiesto el reconocimiento de nuestras aptitudes y actitudes, de nuestros propios méritos como servidores de la ciudadanía. Como dijimos líneas arriba: significa la razón de ser y lo que da sentido a la administración pública, dado que produce a la vez bienes y servicios, sujetos por su parte a la valoración y al escrutinio popular. Otro elemento para acabar este comentario. Lo reiteraba un escritor costarricense - cuyo nombre se me escapa ahora - en la urgente necesidad de poner en conocimiento y alerta a los ciudadanos, en que si no se defienden las instituciones públicas” y el sistema jurídico, defensor de la razón y la justicia, puede ponerse al país al borde de la anarquía y la ingobernabilidad, abriendo el camino a la demagogia, a los dirigentes autoritarios, antidemocráticos, o bien anarquistas, los cuales, con sus abusos y arbitrariedades “pasan por alto las libertades fundamentales”, lo mismo que “la autoridad legítima, las instituciones independientes y los controles del Estado”, es decir la arquitectura de nuestro sistema democrático, del cual gozamos todavía sin contratiempos.

HONG HONG, ACECHADO POR LA CHINA POPULAR PARA EROSIONAR LA AUTONOMÍA Y LA DEMOCRACIA LIBERAL Autor: Ronald Obaldía González.

HONG HONG, ACECHADO POR LA CHINA POPULAR PARA EROSIONAR LA AUTONOMÍA Y LA DEMOCRACIA LIBERAL Autor: Ronald Obaldía González. La isla de Xianggang, más reconocida como Hong Kong, es un pequeño territorio de 1,106 km², ubicado en la costa del océano Pacífico del sur de China continental, cerca de Cantón. La totalidad de la población se calcula en 7 millones. La densidad de población – de origen chino en su gran mayoría - es de las mayores del planeta. Pero, sus habitantes representan un tipo diferente de chinos. Los hongkoneses han adoptado la cosmovisión liberal, arraigada en la civilización occidental, su identidad cultural contemporánea; la cual reposa en los antecedentes suyos de haber sido una colonia de la Gran Bretaña. Justamente, aquí se centra “el quid de la cuestión” de los violentos estallidos de hace dos meses iniciados por los jóvenes, los activistas sociales, los intelectuales, los periodistas, las organizaciones no gubernamentales y hasta los mismos empresarios contra el Gobierno y la policía represiva hongkonesa, ambas entidades favorables a los intereses del régimen comunista, totalitario, de la China continental. Porque cuando en 1997 Hong Kong (“una megalópolis” financiera y comercial) pasó a convertirse en territorio autónomo de la China continental, los numerosos sectores sociales contestatarios, prodemocráticos, observaron con profunda irritación y desconfianza los intentos, provenientes de Pekín “de diluir la separación entre la China continental y Hong Kong. Los habitantes del mencionado territorio insular rechazan el verse absorbidos gradualmente por el autoritario sistema político y económico, equivalente “al capitalismo mercantilista de Estado”, intrínseco a la China continental. Ellos perciben el haber perdido el estatus especial, el cual venía disfrutando el territorio autónomo a partir de 1997. Justamente, el año de la (torpe) devolución británica a la soberanía china. Las entromisiones como tales, ponen en peligro las libertades fundamentales, entre ellas, las de prensa, de asociación y de expresión, implantadas en la excolonia británica, pero inexistentes al otro lado de la frontera, o sea, en la sociedad comunista (Macarena Vidal Liy) UN FRAGMENTO DE LA HISTORIA UNIVERSAL. Cabe hacer una digresión respecto a la apertura de China al comercio exterior, la cual comenzó a través de numerosas batallas. Hasta el siglo XIX tanto la China imperial y feudal, como Japón habían permanecido aislados del mundo Occidental. Ambos se comportaron en “enemigos de todo contacto con los pueblos extranjeros, en celosos conservadores de su cultura, sus tradiciones y sus costumbres antiguas”. En el caso particular de China hasta llegaron a considerar a los europeos “como bárbaros, esto es, como poco desarrollados culturalmente”. Durante toda la Edad Moderna, en el extremo oriental de Asia, el gigantesco imperio chino se había cerrado sobre sí mismo, “al abrigo de la Gran Muralla, separado del resto del mundo por los grandes desiertos asiáticos. Permaneció totalmente ajeno al progreso de la historia humana”. La intensidad de la mundialización del colonialismo del siglo XIX hizo de las suyas en términos políticos y económicos. Entre las justificaciones y cálculos hegemonistas de las potencias europeas, tuvo lugar la reintegración a la sociedad planetaria de las vastas y ricas comarcas chinas. Voraces las potencias imperialistas occidentales, habida cuenta del vertiginoso desarrollo de sus industrias; desde la primera mitad del siglo antepasado las naciones asiáticas, entre ellas China, se vieron obligadas, mediante acciones (militares) de fuerza, a abrir sus puertos a favor de los ingleses, franceses, portugueses y holandeses, entre otros países europeos. Aferrados estos últimos a los propósitos del dominio de zonas de influencia, empecinados en el dominio de las rutas marítimas comerciales, así como en la expansión de los intercambios económicos y comerciales, se lanzaron “a la apremiante búsqueda de mercados en territorios de ultramar. El antiguo Imperio Chino había contado con los pequeños puertos de Macao, donde se admitía a los portugueses, así también el de Cantón, el cual servía a los objetivos de la acumulación de riquezas de los ingleses y los holandeses, con quienes al principio los chinos mantuvieron reducida actividad comercial. El anhelo de aquellos extranjeros reposaba en la mayor apertura de los puertos de China, siempre en función del comercio transnacional y en la satisfacción de los propios intereses de la dominación colonialista. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS ALREDEDOR DE HONG KONG. Bajo la práctica imperialista de "la Diplomacia de las cañoneras", en la particularidad del expansionismo colonialista de Occidente, el territorio de Hong Kong - en ese entonces casi inhabitado - fue cedido a Gran Bretaña “a perpetuidad” en 1842, cuando los británicos atacaron China en las dos Guerras del Opio. Asimismo, otros territorios adyacentes a esa isla fueron cedidos a los ingleses en arriendo por 99 años, especialmente la península de Kowloon, conocida como “Nuevos Territorios” (Guía del Mundo – Instituto del Tercer Mundo, Uruguay-). A propósito de las Guerras del Opio, ellas tuvieron como precedente la segunda mitad del Siglo XVlll, cuando los comerciantes británicos comenzaron a introducir desde la India cantidades crecientes de opio a la China monárquica- feudal, lo cual cobraban con plata. Asimismo, solía usarse el puerto de Cantón para enviar la plata a Londres. Las transacciones permitieron a los empresarios navieros comprar té, seda y porcelana, vendidos luego a los mercados de la India, entre otros. Para Gran Bretaña, el contrabando del estupefaciente constituyó una considerable fuente de ingresos, lo cual servía para equilibrar su balanza de pagos con China, al compensar el gasto de las ingentes cantidades de té importado. Los intercambios comerciales impulsaron la formación de los grupos mafiosos en Cantón (ídem), al generalizarse en la gente de China el consumo obligado del opio, con consecuencias en el desmantelamiento de la economía; detrás del cínico comercio fueron también cómplices tanto los franceses como los japoneses. El emperador de China, “con fines moralizadores”, había prohibido el uso y el comercio del opio en todo su país, al mismo tiempo ofreció ferrea oposición a la venta y el consumo de esa droga. La orden parcialmente se acató. Del fomento del comercio y de la extendida adicción al opio responsabilizó a la Compañía Comercial Británica de las Indias Orientales; la misma que, a pesar de la prohibición, continuó introduciendo en forma de contrabando la mercadería prohibida (ídem). Habida insistencia de las prácticas del contrabando, las autoridades de Pekín dispusieron la destrucción de 20.000 cajones que contenían dicho estupefaciente de propiedad inglesa, depositados en Cantón. A raíz de esa medida de resistencia, soberana, de la nación asiática sobrevino la Primera Guerra del Opio en 1839, cuando la Corona británica declaró la guerra a China. La inmediata intervención militar inglesa comportó la defensa de los intereses de la Compañía, arriba citada. Así, entonces, bombardeó con sus buques la ciudad de Cantón y múltiples “populosas y frágiles poblaciones”, causando en ellas millares de víctimas. Ante este brutal ataque, China pidió la paz. No había alternativa. El arcaico ejército chino nada había podido hacer contra las modernas fuerzas guerreristas británicas, quienes hubieron de bombardear Cantón (ídem), como también tomaron Shanghai y Nanking, remontando el Yangtze. La agresión británica, en torno a la causa del opio, contra el territorio y la cultura ancestral, milenaria, de China, hubo de sumarse a las otras de siglos atrás, cuando el gigante asiático hubo de ser objeto de invasiones imperiales, por parte de los mongoles, los turcos, las potencias europeas de ultramar (Portugal, Gran Bretaña y Francia), al igual que las forjadas por los coreanos y los japoneses, estos últimos, quienes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial entre 1937 y 1945 (idem) avasallaron Manchuria y otras regiones. En el orden natural del imperialismo de Occidente del Siglo XlX, Inglaterra respondió con poderosas acciones bélicas al derrotar definitivamente a China por la causa del opio. Llegó a obtener la concesión del islote de Hong Kong, además de cinco puertos sobre el mar de China. Este avasallado pueblo se vio obligada el 29 de agosto de 1842 a firmar el humillante y desigual Tratado de Nanking; a través de ese acuerdo se puso fin a la Primera Guerra del Opio. Al cabo de entregar Hong Kong, el Tratado de Nankin (1842) declaró abiertas a los europeos varias ciudades del país; “diez años después esta medida se extendería a todo el Imperio feudal: China dejaba así de ser el “Continente Prohibido”. En adelante, los puertos de Cantón y Shangai quedaron a la orden de los comerciantes británicos. Luego los Estados Unidos de América y Francia obtendrían de China similares concesiones y franquicias. El ACTUAR HISTÓRICO, LA DOMINACIÓN EMPEORÓ. La respuesta china, es decir, el movimiento de resistencia antieuropeo desembocó en la Segunda Guerra del Opio (1854 – 1860), lo que devino en la aparatosa caída de Pekín, esa vez a manos de los ingleses y los franceses. La nueva conflagración hubo de originar la ocupación de Pekín, capital del Imperio Chino, por parte de los ejércitos de tales potencias europeas. Igualmente, salieron a colación las decisiones entreguistas, tales como la firma en 1860 de adicionales y desiguales Tratados: los de Tient-sin y el de Pekín, por los que China llegó a conceder a ingleses y franceses, nuevos puertos libres, o zonas de influencia, en el litoral del norte; así también se acordaron cesiones a Gran Bretaña, entre ellas, parte de la península de Kowloon y la isla de Stonecutters. La superficie de la colonia aumentó significativamente con la incorporación de los llamados “Nuevos Territorios”, más 235 islas aledañas, mejor dicho “los botines de guerra”. Los cuales fueron arrendados a Gran Bretaña por 99 años a contar desde el 1 de julio de 1898 hasta el 30 de junio de 1997 (BBC Mundo). De este modo quedó conformado el actual territorio de Hong Kong. Al final de la Segunda Guerra del Opio, “el Reino Unido también obligó a China a permitir el comercio de la droga”, así como a pagar una indemnización equivalente a veinte millones de dólares. Mediante el tratado de Nanking, China accedió a comerciar con Gran Bretaña, de acuerdo con las condiciones e imposiciones de ésta, al tiempo que “los súbditos británicos no estarían sometidos a la legislación china, bastante cruel, por cierto” (ídem). En 1874 se forma en Inglaterra “la sociedad anglo-oriental contra el comercio de drogas, ya que la opinión mundial había comenzado a alarmarse por los perjuicios morales del tráfico de estupefacientes en Hong Kong” y el creciente número de enfermos adictos en China”. Los mencionados Tratados dieron lugar a una precaria situación comercial para China, la que duraría casi cien años. Fue en 1920 cuando China logró recuperar sus tarifas aduaneras, aunque la cláusula de extraterritorialidad se mantuvo hasta 1943 (María Laura Brito). Desde luego que las divisiones internas tuvieron lugar en China, a consecuencia de los “Tratados desiguales”, inaceptables para una nación que décadas después se configurará en un régimen marxista, “antiimperialista”. El nefasto expediente de Hong Kong, producto de los repartos territoriales del mundo inherentes a los apetitos y exigencias de las potencias colonialistas occidentales, llegó a desencadenar posteriores invasiones extranjeras contra China, en detrimento de su integridad territorial. A finales del siglo XIX, ella llegó a ser derrotada por el Japón, la emergente y agresiva potencia de Asia. Las ambiciones japonesas pusieron al frente a las potencias de Rusia y Alemania, quienes levantaron “una intervención conjunta para defender la integridad de China (1895)”; un inmenso territorio sobre el cual se habían enfocado los intereses expansionistas de las potencias occidentales, en simultaneidad con las concesiones de carácter comercial y financiero, todo ello a contrapelo de la soberanía y la humillante “desintegración territorial del Imperio Chino”. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial la potencia nipona se apoderó de Hong Kong, por lo que la transformaron en centro militar de su campaña expansionista en Asia. Tras la rendición incondicional japonesa, enseguida los británicos rescataron la isla. En 1898 estalló en China la revolución nacionalista, antioccidental, “promovida por la sociedad secreta de los bóxeres” o “los puños armónicos”. Sin embargo, un ejército extranjero, compuesto por europeos, estadounidenses y japoneses, venció a los chinos, quienes “debieron pagar compensaciones e indemnizaciones, como también reconocer las concesiones efectuadas hasta entonces”. Esa vez, las potencias coligadas apenas garantizaron (la frágil) integridad territorial de China, por lo que desistieron de los intentos de reparto. Eso sí, exigieron el otorgamiento de concesiones de tierras en torno al puerto de Shanghai, para el objetivo de la instalación de fábricas (Guía del Mundo, ídem). . Posteriormente, el gobierno chino realizó reformas en la milicia, en la economía y en la enseñanza. Hubo de surgir un partido democrático, de corte nacionalista: el partido Kuomitang, encabezado por el médico Sun Yat Sen, quien hizo el llamado al “Constitucionalismo”. Por lo tanto quedó abolida la monarquía, y se proclamó la República (1912); en un principio presidida por el médico nacionalista; eso sí teniéndose como hecho real que Hong Kong continuaría siendo posesión británica. TRAS LA VICTORIA EN 1949 DEL COMUNISMO TOTALITARIO EN LA CHINA CONTINENTAL, atraído por las fuerzas rebeldes e izquierdistas de Mao Zedong (1893 – 1976), se proclamó la República Popular China, se instauró el sistema de partido único, similar a la Unión Soviética. En el contexto de la Guerra Fría – la división y el antagonismo mundial entre el capitalismo y el comunismo - las potencias capitalistas occidentales, fueron los Estados Unidos de América y la Gran Bretaña, impusieron “al gigante asiático” el bloqueo económico y comercial. Por el contrario, Hong Kong experimentó un extraordinario auge comercial, industrial, llegó a convertirse en un dinámico centro financiero, de inversiones, transportes, de grandes terminales portuarias, así como de comunicaciones de dimensión global. Evolucionó a las alturas de un vertiginoso “bastión capitalista”, sustentado en bajos impuestos y aranceles aduaneros mínimos, lo cual hubo de asegurar la “confiabilidad y la libertad en los movimientos de capital” (idem), y demás factores de la producción. A la vez, le fue altamente ventajosa la situación geográfica excepcional y las propiedades suyas de ser un puerto libre y próspero, fruto de la herencia e influencia ideológica, social y cultural de las potencias capitalistas occidentales, y el corolario de los constantes flujos financieros e inversiones. Hasta ahora ha llegado a ser (Hong Kong) un centro económico y comercial de primer orden en el Extremo Oriente. Su fisonomía se transformó radicalmente al convertirse en el destino de millones de emigrantes (Andrés Serra Rojas), fueran refugiados vietnamitas, sobre todo de chinos continentales, quienes huyeron de las invasiones japonesas; tiempo despúes, de las garras de la hegemonía del comunismo - de naturaleza totalitaria, conculcador de las libertades fundamentales - , en extremo ya acendrado en la corpulenta nación. Ciertamente, los refugiados llegaron a emplearse en condición de mano de obra barata, posibilitadora del rápido crecimiento, en especial de la industria manufacturera, el auge de la infraestructura moderna, así como del cúmulo de actividades básicas de una genuina y enriquecida economía de servicios. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL RÉGIMEN COMUNISTA. A finales de la década de 1970 bajo el poder político de Deng Xiaoping, da comienzo en China la reforma o la apertura económica, la cual consistió en la gradual modernización industrial, respaldada con capitales extranjeros y parte del ahorro nacional. El líder Deng impulsaría un orden social que relativamente distanciaría de la rigidez marxista del Estado centralista y “dirigista” de las estructuras de la sociedad china. En otras palabras, observando los resultados del exitoso apogeo de los modelos pro-capitalistas de vecinos suyos, entre ellos, Japón, Corea del Sur, Taiwán e Indonesia; el régimen reformista desistió de quedarse atrás en Asia, por lo que apostó a favor de la consolidación de “las zonas económicas especiales” en las proximidades de las colonias europeas de Macao y Hong Kong, las cuales figuraban ya entre las primeras plazas capitalistas del Lejano Oriente (idem). Especialmente, con la isla hongkonesa habrían de incrementarse lazos de interdependencia en los diferentes ámbitos económicos y financieros. A comienzos de 1980 Londres y Beijing celebraron negociaciones acerca del futuro de Hong Kong; el arriendo por 99 años del territorio concedido, a través de varios tratados desventajosos, concluía en 1997. Un acuerdo alcanzado en 1984 definió, en primera instancia, que China habría de recuperar la soberanía de Hong Kong, pero el territorio suyo contaría “con un alto grado de autonomía”, en las condiciones “de región administrativa especial”, esto para mantener vigente la naturaleza capitalista de su pujante sistema económico, comercial y financiero. Asimismo, los hongkoneses conservarían por 50 años sus derechos, libertades civiles; gozarían de la autonomía judicial, derivados del régimen colonial británico (idem). El sistema económico comunista de China no se aplicaría en Hong Kong, habría compromiso de respetar allí el sistema legal existente antes del traspaso de la plena soberanía, o sea, hasta el año 2047. “Mientras tanto, el gobierno comunista de Pekín asumiría apenas las tareas relacionadas con “la defensa y las relaciones exteriores”. Según el gobierno chino la reunificación habría de sustentarse en la visión de “un país, dos sistemas”, equivalente a la coexistencia entre la economía de libre mercado de Hong Kong, dotado hoy de estructuras turísticas, industriales, financieras y comerciales más relevantes del mundo; y al otro lado el centralizado y el odioso control político y económico del resto de China, configurado por el Partido Comunista, aunque igual de exitoso en términos de poderío económico, habida consideración de las reformas de Deng, quien introdujo en su nación, no pocos fundamentos del sistema de mercado capitalista. Efectivamente, a partir del 2047 China ya no estará obligada a mantener la autonomía acordada con Reino Unido, para el traspaso. Por lo que después de esa última fecha “es casi obvio el rechazo de Pekín a otorgar el voto universal a los hongkoneses, lo cual ha venido provocando repetidos y violentos enfrentamientos. En 1997 China recuperó la soberanía sobre Hong Kong y la nombró “Zona Económica Especial” (idem). En expectativa quedaba la inconveniente deriva de las reformas graduales previstas a Hong Kong, a la medida de los intereses ideológicos de la China continental; entre ellos, los que se relacionaron con las elecciones del 2017, cuando los representantes políticos serían, parcialmente, elegidos mediante el sufragio universal. Las sospechas de los habitantes comenzarían a levantar vuelo, ya que tales disposiciones de Pekín semejaron asomos de injerencia, planificadas por las autoridades pekinesas, en detrimento de la autonomía negociada. LA LEY BÁSICA, redactada por un comité convocado en Pekín, al cual asistieron delegados de la colonia británica, llegaría a cumplir el rol de la Constitución Política de Hong Kong después de 1997. Ya en abril de 1990 el Parlamento chino se había adelantado en aprobarla. La citada Ley incluso permitía que algunos escaños en el futuro Consejo Legislativo fueran directamente elegidos antes de 1997. Los hongkoneses estuvieron ausentes en las negociaciones y deliberaciones chino - británicas, quienes en su enorme mayoría se expresaron críticos y recelosos del inminente retorno de la isla a China. Mejor aún, a partir de esos acuerdos (precipitados), los residentes de la megalópolis insular han sido proclives a las profundizaciones del sistema de mercado, de la democracia y de las libertades cívicas fundamentales, lo cual hubieron de remodelar la identidad y la concepción de vida nacionales. Principios universales que difieren sustancialmente del ejercicio represivo y totalitario del régimen centralizado y de partido único, vigente en la sociedad china; cuyo gobierno desde la reunificación en 1997 ha intentado gradualmente de hacer patente sobre Hong Kong el control político y administrativo de forma integral, restringiéndole peligrosamente la autonomía acordada con los ingleses hasta el 2047 (Macarena Vidal Liy). Lo cierto del caso es que Occidente debió haber permitido a Hong Kong “ser y crecer” todavía más, de modo similar al esquema social y político, democrático liberal de la isla de Taiwán, quien defiende vigorosamente su soberanía e identidad. Por lo visto, las intimidaciones chinas resultan trabajables en el Asia. En la década de 1980 Vietnam lo dio a entender en su enfrentamiento militar con el ejército chino, lo hicieron recular. Y en esta época los vecinos suyos, tales como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas le disputan sin ambages, ni contemplaciones, estratégicas extensiones geográficas del Océano Pacífico. Para agravar la irritación y la desconfianza del pueblo hongokones, se continúa tomando como precedente la inolvidable masacre de Tiananmén de 1989 (la Primavera de Pekín de 1989) contra miles de estudiantes universitarios. Aquella llena de crueldad, al extremo, que la retina internacional la tiene bastante fresca, por más que la nomenclatura dictatorial busque borrarla del mapa. Paradójicamente, en Costa Rica el controvertido gobierno de Oscar Arias Sánchez (2006 – 2010) obvió los hechos de Tiananmén, por lo que guiándose en la avaricia, decidió restablecer las relaciones diplomáticas con una tiranía comunista, humillando, miserablemente, a la democrática Taiwán. Dentro de las leyes suplementarias a la Ley Básica, entre el 2003 y 2004 el régimen de Pekín hizo todo lo posible por implantar “la ley antisubversión o de seguridad nacional”. La cual facilitaría “condenas a cadena perpetua por actos de subversión, sedición o traición a China. Además se concedería un elevado poder a la policía pro-Pekín, sobre la cual persiste la popular desconfianza, dado su comportamiento represivo alrededor de las multitudinarias manifestaciones en pro de la democracia; entre otros reclamos, asociados al rechazo de la plena de integración con un régimen, el cual desprecia los derechos humanos. China rechaza abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Wu´er Kaixi; Christophe Deloire). Tras las enardecidas protestas populares “la ley antisubversión” fue archivada (idem). LA FALSEDAD DE LA TESIS DE “UN PAÍS, DOS SISTEMAS”. Cuando en 1997 volvió a soberanía china, Hong Kong representaba el 20% del PIB de China, y estaba mucho más desarrollada que el resto de la geografía física del gigante asiático. La megalópolis se desempeñó en el trampolín para el comercio y la inversión de la China continental, siendo ésta ahora menos dependiente de ese rol que su vecino insular le sigue jugando. Al potenciarse con las contribuciones de la pequeña isla, el poderío económico chino se ha colocado a la altura de desafiar el de los Estados Unidos de América, a quien intenta desequilibrar su hegemonía global en las instancias de la diplomacia multilateral. De la misma manera, con su iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta” ofrece préstamos para infraestructura a naciones en toda Eurasia, frecuentemente “con términos onerosos, que mejoran el acceso y la influencia de China al brindar beneficios cuestionables a quienes los reciben” (Richard N. Haass, diplomático de Estados Unidos de América). La mayoría de los pobladores hongokoneses no nacieron en el pequeño territorio insular; ellos provenían de emigrantes del otro lado de la frontera (el subcontinente chino); perdieron conexión con las tradiciones continentales. De ahí las pesadillas suyas, la cual reside en perder la identidad y cultura propias, separadas de la sociedad y del régimen comunista chinos; ya que engendraron una manera distinta de concebir el mundo, coherente con los postulados de la democracia liberal. “En las generaciones más jóvenes, dicha tendencia es aún más marcada” (Petula Ho). Aunque el independentismo es una idea de grupos minoritarios - indicios que obviamente enfurecen a China -, sí es bastante probable que ellas continúen apreciándose a sí mismos con una identidad hongkonesa, distinta de la China, la que cercena libertades a sus habitantes. Una encuesta de la Universidad de Hong Kong encontraba el mes pasado que menos del 10% de los hongkoneses entre los 18 y los 29 años se declaran “orgullosos” de ser ciudadanos chinos (Vidal Liy, ídem). Les preocupa además el futuro, cuando en 2047 se deje de aplicar el principio de “un país, dos sistemas”, lo cual les garantiza (atropelladamente) las libertades inexistentes, y desconocidas en el resto China. Si bien, tal principio lo ven erosionarse gradualmente (Macarena Vidal Liy). La oposición anti-china hongkonesa viene corroborando con alarma los llamamientos cada vez más insistentes, por parte de China, para la integración física del territorio autónomo, comenzando por los planes para incluirlo “en una gran área económica, la cual comprenda las metrópolis del sureste a la instalación de una terminal de tren de alta velocidad en ese territorio insular, lo que incluye controles de policía chinos”. En el caso particular de Hong Kong, esos estarían igualmente a cargo de la guardia pretoriana del régimen comunista chino (idem). Después del traspaso ha habido una cadena de protestas populares en Hong Kong. En tanto que continúa aumentando el control de la excolonia británica desde la China continental. La formula equivalente a “un país, dos sistemas”, prometida en 1997 no ha operado como había esperado el pueblo de la megalópolis, más bien, ha ido abriendo la puerta, paulatinamente, al proyecto político de “un país, un sistema”. El régimen totalitario chino ha sido persistente en injerir en la elección de los gobernantes de Hong Kong. Las perspectivas del sufragio universal cada vez se distancian de las ideales y tradiciones políticas más liberales de democracia, libertad, y hasta de independencia nacional por parte un minoritario grupo de hongkoneses. Son tales los niveles de intromisión de Pekín, que en el 2015 se dieron informes del secuestro de cinco libreros que publicaban volúmenes críticos contra el Gobierno de Pekín; luego aparecieron bajo custodia china al otro lado de la frontera; es uno de los ejemplos más citados (ídem). Al mismo tiempo, Pekín ha demostrado ineptud en la solución de complicaciones económicas, entre ellos, el desempleo, la contracción cíclica de las exportaciones y en el mejoramiento de la estructura sanitaria. Hong Kong es la ciudad más cara del mundo, junto a Singapur y París, según una encuesta del Economist Intelligence Unit. Igualmente, es profundamente desigual; los 10 hongkoneses más ricos tienen tanto como el resto de los 7 millones de residentes juntos. Con el metro cuadrado más costoso de la Tierra, solo un 11% de la población posee una vivienda en propiedad. Lo cierto del caso es que en el 2003 el gobierno chino fue incapaz de trabajar correctamente el brote del virus del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS), el cual causó la muerte de 299 hongokoneses (Guía del Mundo, ídem). Tampoco faltan quienes en la excolonia británica pretendan que el Partido Comunista de China adquiera mayor influencia en los asuntos de “la Región Administrativa Especial” (BBC Mundo), por lo que admiten el actuar periódico de la tiranía china, por intermedio del gobierno local, consistente en reprimir cualquier tipo de amenaza frente al estatus quo. CRISPACIÓN Y RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA. Tampoco se le puede exigir a un régimen déspota como el de la China, que ofrezca de lo que carece, tal como el respeto a los derechos humanos, así como la abstención del uso de las abusivas medidas de fuerza contra la oposición, los desertores, así como de los grupos étnicos o religiosos, ya sean los tibetanos, el Falun Gong, los musulmanes, los cristianos. O menos aún que el gobierno central de China se aleje de socavar las tradiciones políticas más liberales de Hong Kong, a pesar de su compromiso (engañoso) de 1997 de respetarle la autonomía. Durante este año la señora Carrie Lam – adepta (“marioneta”) al régimen de Pekín - , la jefa del Gobierno o del Ejecutivo de Hong Kong, decidió presentar ante el Consejo Legislativo “el proyecto de extradicción”, a través del cual, y por primera vez, se permitirá entregar a la justicia de China sospechosos de delitos. En teoría, de las extradiciones se excluirían los perseguidos políticos. Inmediatamente después sobrevinieron las reacciones de rechazo contra la iniciativa de Lam, quien al comienzo se negó, de modo autoritario, de retirarla definitivamente del Legislativo hongkonés. La oposición antichina posee fuertes indicios de que la eventual ley se emplee para motivos políticos; que se acabe diluyendo la libertad de asociación y de expresión. En otras palabras, se exige “su retiro definitivo” del Legislativo. Considera que hace peligrar las bases liberales del sistema autónomo, las cuales a partir de la reunificación se encauzan en el principio de “un país, dos sistemas”; por el que se otorga al territorio autónomo derechos y las libertades, desconocidos por la población de la China continental. Y que de acuerdo con lo citado líneas arriba, se consolidó cuando el Reino Unido devolvió en 1997 la excolonia a la soberanía china. El mismo Gobierno central comunista prometió respetarlo durante 50 años, toda vez que se comprometió en lo de abstenerse a interferir en los asuntos internos de la isla (Vidal Liy, ídem). Los críticos también recuerdan las dudas sobre el opaco, clientelista y politizado sistema legal y judicial chino, supeditado al Partido Comunista; esto es parte esencial del totalitarismo unipartidista". Y donde las organizaciones no gubernamentales denuncian casos de tortura, confesiones forzosas y unas leyes, que permiten retener a los sospechosos en paradero desconocido, sin acceso a un abogado defensor (ídem). Frente a la intransigencia de la jefa de gobierno de no dar marcha atrás con el proyecto de extradiciones, se desataron multitudinarias olas de protestas, las cuales arrancaron hace dos meses. Pasaron a crear inestabilidad social, cuestión que ha sido casi imposible de neutralizar, a pesar de las arremetidas y los excesos de fuerza de la policía, para controlar en especial a los jóvenes, los cuales marcan el camino hacia un posible panorama de rebelión política, extendido a largo plazo. Sobre los estallidos ha habido serias advertencias, señalamientos riesgosos, como también amenazas por parte de Pekín, al calificar “de terrorismo”, el uso de las vías de hecho de los manifestantes, tales como la toma del edificio del Consejo Legislativo. En esta semana las imágenes proyectadas por la prensa internacional dan cuenta de la retención y la parálisis del principal aeropuerto de la megalópolis hongkonesa (CNN). Al cabo que ya se ha reconocido el movimiento de tropas del ejército chino, dispuestas a un presunto ataque “frente a los terroristas”: los jóvenes radicalizados, así despectivamente tildados (ídem), ellos susceptibles de ser víctimas del segundo Tiananmén. La verdad es que la escalada de protestas pusieron en alerta al ejército chino (ídem). Todo lo antes dicho acarrea como precedentes las repetitivas e intensas marchas por las calles de las ciudades, severamente castigadas por los despliegues de los cuerpos policiales. Esas revueltas hicieron retroceder, parcialmente, a la jefa Carrie Lam, en sus tentativas de someter a aprobación la polémica ley, esta con visos, familiarizados con la seguridad nacional. Ella misma, acosada por la presión popular, anunció – infructuosamente - casi a mediados de julio, que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China, provocador de la escalada de protestas, “está muerto”. Pero, se rehusó a retirarlo definitivamente ante el Consejo Legislativo (Vidal Liy, ídem). Lejos de apaciguar los ánimos, la ciudanía en protesta, complementado con actos violentos, acentuó su planteamiento de solicitar, de modo pertinaz, la pronta renuncia de Lam. Una decisión, la cual corre por cuenta del gobierno central de Pekín. En verdad, Pekín se ha limitado a respaldar al gobierno y la policía locales. La dimisión de Carrie Lam, demandada con fuerza por los manifestantes, será más difícil. Seguro “se le permitirá un tiempo para salvar la cara, un año o dos quizás. Es posible que se le permita completar su mandato, el cual expira a mediados de 2022. Pero no tendrá poder real (ídem). Con todo, China sabe jugar con el recurso de la posverdad. Esta vez da a conocer el distanciamiento en perjuicio de la figura de Carrie Lam, acusada por su pueblo de autoritarismo al patrocinar el proyecto de extradiciones. El embajador de China en Londres había negado que la idea del proyecto de ley hubiera partido de Pekín; había insistido en que se había tratado exclusivamente de una iniciativa del gobierno de Lam. “Lo cierto, aunque sea una suspensión del proyecto como tal, las gigantescas protestas han infligido una severa derrota a Xi Jinping, el Presidente de China (ídem). El régimen chino es experto en las cábalas. La posible actitud liberal suya con los manifestantes de Hong Kong, en cuenta el despido de Lam, puede ser una demostración de debilidad y fomente en este caso, aceleradas y graves protestas populares, incluyendo el desafío frente la hegemonía comunista en el propio territorio continental. “En consecuencia, es probable que las autoridades en Pekín hagan lo que consideren necesario para mantener el orden” la estabilidad y la seguridad. De la masacre de Tiananmén, puede inferir “el recurso metodólogico“, tal vez (cínicamente) indispensable al régimen de Xi en circunstancias de crisis. A la vez que continúa sobresaliendo el giro de China hacia la represión, siendo descarnadamente más evidente en sus políticas contra la minoría uigur - musulmana (Richard N. Haass, diplomático de los Estados Unidos de América). Al mismo tiempo, las protestas y los enfrentamientos de estos últimos dos meses contra el gobierno de Lam y la policía prochina desembocaron “en un movimiento mayúsculo, el cual propugna no solo por la completa destitución de Carrie Lam, sino que además resuenan las “reformas democráticas”, así también la defensa de la autonomía de la isla, siempre en el contexto de permanente irritación contra la creciente intromisión de Pekín, tanto en las asignaturas económico – comerciales, como en los asuntos políticos y jurídicos. Los jóvenes opositores también exigen que se evite formular cargos contra los participantes en las marchas, las cuales el Gobierno autónomo considera “disturbios”. Un eslabón de confrontaciones se arraigó en la sociedad política y civil de la megalópolis desde el traspaso a China. Las escenas recientes, la cadena de concurridas marchas - hasta los empleados públicos comenzaron a adherirse a ellas - , iniciadas el 9 de junio pasado, llegan a asemejarse a las de “las sentadas del Movimiento de los Paraguas”. Movimiento, que hace cinco años (2014), tomó el centro de Hong Kong durante 90 días, con tal de reclamar mayor democracia; en esa ocasión se exigió en vano la elección del jefe de gobierno mediante sufragio universal. A través de las reyertas de aquel entonces se expuso el derecho de poder votar directamente a candidatos de su gusto en las elecciones, para jefe del gobierno autónomo; en lugar de tener que optar entre varios nombres propuestos por el Partido Comunista, al mando también de Xi Jinping (“el emperador - presidente”) . . Por su parte, los círculos de empresarios, opuestos además a la reforma sobre extradiciones, reconocen el avanzado deterioro de la imagen internacional de Hong Kong. En el supuesto caso de la intervención militar china frente a las protestas, ello acarrearía, según su punto de vista, una catástrofe financiera, comercial, en una de las mayores plazas de Asia, la cual a la vez es un atractivo turístico inagotable. Algo que no es nada favorable a Hong Kong, quien encara una etapa de incertidumbre económica y una posible desaceleración (Vidal Liy, ídem; AFP). Lo refleja su crecimiento económico, el cual cayó de un 4,6% al 0,6% en el primer trimestre del 2019, “los peores datos trimestrales en los últimos diez años” (AFP). Para rematar, hay debilitamiento en la actividad del turismo; en julio pasado bajó el número de visitantes y la tasa de ocupación hotelera, cayeron hasta un 50% las reservas de visitas en grupos (ídem) El pasado 1º de julio se cumplieron 20 años desde que Reino Unido le devolvió Hong Kong (una megalópolis) a China. “Pero en el territorio no todo fueron celebraciones”. Por el contrario, la escalada de manifestaciones desafiantes contra el régimen totalitario, en cuenta la huelga general del pasado 4 de agosto, impacientan ya al poderoso régimen de China. Éste obliga a Hong Kong castigar a los manifestantes, de inmediato; restablecer el orden y mantener el clima propicio a los negocios. Los promotores de la “violencia rampante” terrorista, según el gobierno de Xi, “comprometen la prosperidad y la estabilidad” de las ciudades”. El riesgo anticipado lo representan las eufemísticas palabras, conexas con la posible intervención del régimen tiránico contra el territorio de los hongkoneses, víctimas de la estupidez británica al devolver la isla a la tiranía china. El presidente de China, Xi Jinping, advirtió contra “los desafíos absolutamente inadmisibles" a la autoridad de Pekín sobre Hong Kong. En donde “participar en disturbios” es un delito que puede implicar hasta diez años de cárcel. Reiteró que usar a Hong Kong para realizar actividades de infiltración y sabotaje contra el territorio nacional, constituye un acto que cruza una línea roja (BBC Mundo). • Haciendo gala de la firme determinación y el inmenso poder del gobierno central, así como del Partido Comunista (AFP), varios voceros del régimen avisaron con amenazas: “que el que juega con fuego, muere quemado”. A pesar de las intimidaciones, la protesta se ha ido ampliando, empeora cada vez más. Se ha convertido en la peor crisis que China ha afrontado en su territorio autónomo desde que el Reino Unido se la traspasó. Las declaraciones amenazantes salen a relucir además en los sectores radicalizados, antichinos. El asalto al parlamento, más recientemente al metro de la ciudad y el aeropuerto, “es una expresión de ira contra un gobierno impotente, unos partidos políticos sinvergüenzas y representantes de la casta, y un gobierno (local) no democrático”, ha escrito en las redes sociales el autor hongkonés Dung Kai Cheung. Con una nueva generación políticamente más radicalizada y anticomunista, la mayoría de los observadores predicen una dura batalla política por el futuro de Hong Kong (BBC Mundo). Lo cual hace indicar un lejano horizonte a favor de las soluciones políticas, puesto que hasta ahora las Partes rechazan ceder, ni un ápice siquiera. UN PALIATIVO QUIZÁ. El gobierno de Pekín acaba de afrontar un complicado calendario; quiere alejarse de las complicaciones; tuvo participación en la Cumbre del G-20 en Osaka (Japón), la cual se llevó a cabo los días 28 y 29 de junio del 2019 en Osaka, Japón. En esa cumbre la oposición de Hong Kong solicitó al G20 “que defienda sus libertades”. Se sabía que Donald Trump habría de mantener conversaciones con Xi, el emperador comunista, acerca del proyecto de ley de extradición en el pequeño territorio insular. En la Cumbre, los Presidentes de Estados Unidos de América Donald Trump, y el de China, Xi Jinping se vieron las caras “en plena guerra comercial”, mediante la cual Washington sigue adoptando medidas, consistentes en la imposición de mayores aranceles a todas las importaciones de productos chinos; al cabo que hace acusaciones a Pekín acerca del robo de propiedad intelectual, sobre transferencia forzosa de tecnología (Nouriel Roubini). Tanto delicado es, que la economía china se está desacelerando; el crecimiento suyo decayó en el segundo trimestre del 2019, “marcando su rendimiento más bajo en al menos 27 años, al 6,2%”; aunado a la desaceleración, el sobreendeudamiento y la operación de empresas públicas deficitarias (AFP), las que el Estado comunista, precisamente, subvenciona. Con este panorama incierto, resultan excesivas y pesadas a Pekín las controversias comerciales con los Estados Unidos de América, su principal socio, por lo que podría presumirse que la inestabilidad hongokonesa sea colocada en la periferia de sus tratativas diplomáticas y políticas domésticas. Igualmente, el Presidente Xi Jinping examina con detenimiento el impacto que la tensión en Hong Kong pueda tener en las elecciones taiwanesas dentro de siete meses. Las prácticas comunistas agresoras en contra de Taiwán (a quien China considera parte indisoluble de su geografía), quien sí es una democracia plena y próspera con una economía pujante y moderna, han consistido en obstaculizarle sus legítimas aspiraciones en pos de su total independencia (Richard N. Haass, ídem). Los enardecidos hechos en Hong Kong, al agudizarse más de la cuenta, habrían de tener un efecto sensitivo en la opinión taiwanesa, la que en las votaciones podría inclinarse por la repetición del mandato del partido político hoy en el poder, este de tendencias antichinas. “El poder del pueblo podría funcionar en Hong Kong, ¿por qué no en Taiwán?”