viernes, 29 de enero de 2021

“NICARAGUA ESTÁ PERDIDA”. Y ENTONCES QUÉ. Autor: Ronald Obaldía González

“NICARAGUA ESTÁ PERDIDA”. Y ENTONCES QUÉ. Autor: Ronald Obaldía González La historia de Nicaragua ha estado saturada de dictadores, “unos peores que otros”, la mayoría de ellos han causado profundos traumas políticos y sociales. Modelaron la anticultura política, sostenida en la represión sanguinaria, el pacto doméstico y extranjero, así como “el capitalismo de compadres” (Carlos Fernando Chamorro), populista, cleptócrata, cuyo principal arquitecto hubo de ser Anastasio Somoza García y su familia (1937 – 1979). En nuestros tiempos la continúa reproduciendo (la anticultura) Daniel Ortega Saavedra, su mujer Rosario Murillo, los secuaces del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), todos ellos antípodas de la deriva democrática, ésta abortada por ambas dinastías tan despóticas como corruptas. Con la diferencia en que, a la medida de las estructuras de la división internacional del trabajo, el somocismo puso a funcionar un sistema económico relativamente estable y eficiente, con el cual coexistió el empresariado patrimonialista, indiferente en términos de justicia social; quien al igual que el somozato, se desinteresó de las visiones distributivas de la riqueza, lo que ha traído consigo la profundización de las desigualdades y las tensiones sociales: los aceleradores de la revolución sandinista de 1979. El sector empresarial difícilmente ha renunciado a proteger a ultranza sus intereses económicos, los que condicionan sus visiones políticas. Cómplice de la modalidad somocista del capitalismo de compadres y clientelista, ese mismo rol lo asumió cuando Daniel Ortega, retornó al poder en el 2007, al reproducirlo, y enseguida iniciar el desmantelamiento de los frenos y los contrapesos con miras a detentar hoy “un poder omnímodo” y autoritario, bajo el perfil del Estado policial (Chamorro, ídem). El uso de tal modalidad de hacer política le dio réditos al mandatario hasta abril del 2018. Durante ese mes se desencadenaron los pacíficos levantamientos populares - culminaron en masacres - durante los cuales se exigió la renuncia del Presidente sandinista. El descontento estalló a causa de los desequilibrios económicos, el autoritarismo y la rampante corrupción patrocinados por el dictador Ortega: un exguerrillero, culpable de haber desvirtuado la Revolución de 1979, al caer en caos, y dar a ella forma de rehén del comunismo internacional. De paso la sociedad nicaragüense hubo de fallar otra vez en su intento de consolidar el sistema democrático, de institucionalizar los mecanismos de transmitir el poder. Lo poco habido de ello el FSLN lo vino a sepultar. Mientras Nicaragua, el segundo país más pobre del continente americano, y con el territorio más extenso de Centroamérica, se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, “el Estado de derecho sigue deteriorándose”. La adopción reciente “de varias leyes contrarias a los derechos de la libertad de asociación, expresión, la participación política y electoral, las garantías al debido proceso”, la continua persecución de líderes opositores, los presos políticos, todo ello constituye el vívido ejemplo de “la continua restricción del espacio cívico y democrático”, declaró en días pasados la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de un informe sobre ese ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. Nos hemos preguntado varias veces acerca del efecto punitivo de dichos pronunciamientos y reportes diplomáticos. A nuestro simple criterio, ellos apenas representan “buenas intenciones” . Los de la Organización de los Estados Americanos son un hazmerreír. Ponen de relieve las debilidades de la política multilateral, abiertamente timorata e inoperante. En cuanto al talante del sistema de la integración centroamericana, cabe reprochar la vergonzosa ausencia de las posturas y acciones efectivas, con tal de contrarrestar las veladas corrientes autoritarias que toman la delantera en el istmo. Es decir, los manifiestos de los organismos internacionales ni siquiera hacen mella en el comportamiento criminal de Ortega y compañía, menos aún a su aliado Nicolás Maduro, acostumbrados a capearlos y replicarlos con trágico cinismo. Ambos se burlan de la presión internacional y hasta de las propias sanciones de la Unión Europea y de la Casa Blanca. Tampoco le surten efecto a Nayib Bukele, el Presidente de El Salvador, a quien se le señalan tendencias autoritarias, que él rechaza alegremente, “pero hay hechos que refuerzan esa conducta”. INVOLUCIÓN. Lo antedicho conlleva un grave foco de contaminación no sólo para Centroamérica sino para el resto del continente americano (Laura Chinchilla Ex presidenta de Costa Rica; Eduardo Stein Ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Isabel Saint Malo Ex vicepresidenta y ex ministra de Relaciones Exteriores de Panamá y otros líderes centroamericanos). No es para menos hacer mención de las tendencias autoritarias en El Salvador, conexas con Honduras, allí donde Juan Orlando Hernández alcanzó la presidencia, bajo la ayuda de un señalado fraude electoral (noviembre del 2017), hecho agravado ante las supuestas actividades ilícitas suyas, relacionadas con el narcotráfico internacional. Lo apuntado tiende a trastabillar los discretos avances en cuanto a institucionalidad democrática, resultantes de los Acuerdos de Paz de Esquipulas, impulsados por el Presidente Oscar Arias Sánchez, en asocio con los restantes mandatarios centroamericanos durante las décadas de 1980 y 1990. Los peligrosos episodios conmocionan mayormente la región, al tenerse presente además la tragedia humanitaria, iniciada acá, a consecuencia de la expulsión hacia Norteamérica de colectividades de migrantes en desventaja social (falta de empleo, la enfermedad del Covid – 19, las carencias en salud, educación y vivienda, inseguridad alimentaria), al tiempo que huyen de la violencia delicuencial dentro de sus países. Fenómenos que inexplicablemente pasan desatendidos y torpemente trabajados en el ámbito de los inútiles mecanismos del sistema interamericano como los de la integración centroamericana. A propósito. Podría suponerse que la salida de Daniel Ortega pueda concretarse, si hay elecciones libres, diáfanas y “competitivas” en noviembre de este año, siempre que se haga realidad la unidad de los bloques políticos de la oposición y el consenso afirmativo. Sin embargo, la defensa de parcelas de poder constituye el denominador común, o el fin en sí mismo, entre los distintos grupos de la frágil unidad opositora antisandinista - cuya vocación democrática es cuestionable - ; a quien posiblemente el gobierno sandinista habrá de dividir y sabotear en medio del proceso de votaciones, hecho a la medida de sus objetivos autocráticos. Todo lo cual habrá de frustrar la conformación de acuerdos, no solamente con la vista puesta en las elecciones, sino en la rehabilitación de un proyecto proyecto político, social y económico de gobierno, por el cual se lleguen a favorecer las libertades públicas, la cohesión, el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática, “un deber ser nacional” casi desconocido a lo largo de la historia nicaragüense. El sandinismo con Ortega es la fotocopia del somocismo. A la vez sus formas autoritarias y represivas se asemejan a la dictadura chavista de Venezuela – son socios - . El FSLN se transformó en una dictadura indomable, pero inepta porque desgobierna ese país. Repite las prácticas del somocismo de aquel entonces, quien poseía en sus manos todos los aparatos dizque jurídicos, disponibles en las sociedades política y económica; opera un ejército modelo desde el punto de vista estrictamente militar, policial (Enrique Benavides Chaverri), paramilitar e inteligencia castrense; abundan las violaciones de los derechos humanos; se controlan todas las instituciones civiles, la prensa, los distintos medios de comunicación (Benavides, ídem). Así también, el patrón del ficticio y único partido político de oposición frente al somocismo (el Conservador), hoy se multiplicó en varias formaciones que coluden con el partido sandinista. En tiempos de la dinastía de Somoza se sentenció el decir aquel: “Nicaragua está perdida” (ídem). Hoy es igual o quizás peor, porque al menos con Somoza hubo empleo, crecimiento económico e inversión, menos pobreza extrema, los éxodos de personas y el nivel de exilio estuvieron lejos de ser tan desproporcionados. PREÁMBULO. Nicaragua ha estado también subordinada “a amos” (Rodolfo Cerdas Cruz) durante su historia. El régimen tirano de Anastasio Somoza García siguió al pie de la letra los mandatos de la política “diplomática” del “Gran Garrote” (o del Big Stick), impuesta por los Estados Unidos de América a inicios del Siglo XX. Esa nación centroamericana, antes del ascenso de Anastasio Somoza en 1937, se había constituido prácticamente en un protectorado estadounidense. Todo lo cual hubo de complicar la formación del Estado centralizado, unificador; frustrado, a causa de las repetidas y violentas contradicciones, las cuales giraron alrededor del control político de la emergente nación (independizada en 1821 de España), cuando batallaban entre sí los gamonales de las ciudades de Granada (los conservadores) y los de León (los liberales). De este modo, tras la derrota de William Walker, inició la época de los llamados Treinta Años (1857-1893), dominada por los conservadores de Granada (Víctor Hugo Acuña Ortega), quienes pusieron en marcha un proyecto de Estado mínimo, el cual encapsuló, pero no eliminó totalmente, el llamado “localismo”, tanto en León como en Granada, a pesar de ser esta época testigo del ascenso de Managua como Capital y como nuevo polo económico, gracias al desarrollo de la economía de exportación de café, entre otras producciones (Acuña Ortega, ídem). Eso sí, “el Estado mínimo” se formó bajo los factores de un aparato que adquirió las características de Estado oligárquico, impopular, rector de una nación extremadamente desigual, en la medida en que estuvo al servicio de los intereses de los grandes capitales nicaragüenses (Acuña, ídem). En efecto, ese mismo Estado oligárquico sobrevivió con las dictaduras del Siglo XX. Y en este tiempo, lo robustece el poder nepotista y represivo del sandinismo. La antes citada política “diplomática”, imperialista, encajó con los errores de la dominación de la superpotencia en el hemisferio, no era otra cosa que una especie de corolario de la Doctrina Monroe – “América para los americanos” - . La obediencia nicaragüense a los postulados del “Gran Garrote” la hechizaron. Fue tal, que el entreguista Tratado Bryan-Chamorro, un acuerdo internacional, suscrito el 5 de agosto de 1914, le concedía a perpetuidad a Washington, los derechos de propiedad exclusiva de los terrenos e instalaciones necesarios para la construcción de un canal interoceánico, utilizando la geoestratégica ruta del río San Juan y el Lago de Nicaragua (Esquivel Alfaro; Obaldía González). Frente al entreguismo como tal, Costa Rica recurrió a la Corte de Justicia Centroamericana, a fin de protestar contra las cláusulas del Tratado al considerar que “vulneraban sus derechos”. Simultáneamente, evitó que Nicaragua se convirtiera en colonia de los Estados Unidos de América. Esta fue la segunda vez que los costarricenses libraron del vasallaje a la vecina nación, ya que en 1856 la habían salvado del filibustero William Walker, llamado (cobardemente) por los liberales de León, en aras de combatir a los conservadores de Granada (Acuña Ortega. Esquivel y Obaldía, ídem). Como fuera, los estadounidenses se apoderaron de Nicaragua. Las embestidas del pequeño ejército del patriota Augusto César Sandino (1927 – 1933), lograron expulsar los marines imperialistas del país. Antes de abandonarlo, Washington optó por imponer en el poder a Anastasio Somoza García. Le salía más “económico” dotarlo de “una pretoriana” Guardia Nacional que la ocupación permanente y desprestigiada - , con tal de que resguardara los intereses estratégicos suyos en la región. La dinastía seguía las órdenes de la Casa Blanca, tanto así que se encargó del asesinato de Sandino (febrero de 1934). El libreto alcanzó hasta en los tiempos de las ideas anticomunistas propias de la Guerra Fría (antagonismo entre capitalismo y comunismo). Con todo, al ilustre Presidente Franklin Roosevelt le resultó funesto el servilismo y la naturaleza represiva de la dictadura de la familia Somoza, quien tendía a perpetuarse en el poder. Eso sí, después de haber sucumbido el somocismo como fracción social dominante (1979), siempre quedarían sentadas las bases de la tradición o la “psique política” autoritaria, centralista, (hasta caudillista), ligeramente ajustada por los siguientes ocupantes del poder, entre los de mayor peso y fuerza, la dirigencia del Frente Sandinista. Retrocedamos a uno de los peculiares gobiernos autoritarios nicaragüenses; nos referimos a la figura del dictador liberal José Santos Zelaya (1853 – 1919). Presidente de Nicaragua entre 1893 y 1909. Él se enfrentó a los conservadores. Intentó modernizar el Estado de derecho e impulsó los programas sociales, particularmente la educación y las obras de infraestructura, entre demasiados avances políticos e institucionales. Durante su mandato Nicaragua llegó a ser próspera y rica. Dentro de los planes de Zelaya se encontraba la construcción del canal interoceánico, proyecto por el cual se aprovecharían las aguas del corredor, conformado por Gran lago y del río San Juan: “la maldición” de Nicaragua al haber sido ello fuente de discordias de carácter geoestratégico entre las potencias estadounidense y europeas. Sin embargo, de manera inesperada el gobierno estadounidense cambió de planes, al optar por la construcción del canal en el istmo de Panamá, lo cual originó enorme frustración. Difícilmente se llegó a encontrar una respuesta categórica ante la decisión de Washington de trasladar dicho proyecto a la nación panameña (Esquivel Alfaro; Obaldía González ídem). De la forma demagógica y fantasiosa la dictadura de la familia Ortega – Murillo intenta revivirlo, esta vez, atrayendo fallidamente inversiones provenientes de China, al extremo que cientos de campesinos y poblaciones aborígenes fueron objetivo de los despojos de sus propias tierras. Decidido a ejercer la soberanía sobre la Mosquitia, Zelaya, el dictador liberal, entró en fuertes disputas con Washington, por lo que fue víctima de la invasión que finalmente lo derrocó (1909); luego sobrevino la ocupación y el dominio de los marines estadounidense del territorio nacional en el lapso de 1909 hasta 1933. La ocupación estadounidense pasó al plano de la rebelión popular, organizada por Augusto César Sandino, lo que líneas arriba subrayamos. EL VIOLENTO DERROCAMIENTO EN 1979 DE LA TIRANÍA DINÁSTICA DE LOS SOMOZA allanó el camino a la dictadura sandinista, tan criminal como su precursora, es decir, el somocismo, su hermano siamés. Por lo tanto instituyó un ejército opresor, similar a la Guardia Nacional, que dirigió “el Chigüin”, descendiente y “príncipe” del somozato. Las fuerzas armadas sandinistas se dedicaron a masacrar y perseguir opositores, entre ellos, los miskitos, al igual que otras etnias minoritarias. Múltiples sectores opositores se resistieron a los abusos y los desmanes del emergente autoritarismo del Frente Sandinista, al mando de Daniel Ortega, quienes escogieron la vía de la traición de los originales ideales humanistas y social democráticos de la Revolución de 1979. En su lugar el sandinismo se alió inmediatamente después al comunista e imperialista eje cubano soviético – antagónico a los intereses geopolíticos estadounidenses - , así como al dinero sucio del capo de la droga Pablo Escobar Gaviria (Wikileaks). Mientras tanto, la oposición neosomocista y antisandinista buscó su propio “amo” o fuerzas extranjeras aliadas: el gobierno y la ultraderecha estadounidense, así como la derecha latinoamericana. Sus principales líderes acumularon cuantiosas fortunas - hubo desvío de los recursos - , pues en un principio se suponía que serían destinados al financiamiento de la contrainsurgencia o la contrarrevolución, a efecto de destronar al régimen izquierdista de Ortega, sostenido por Cuba y la (extinta) Unión Soviética. Todo lo cual significó la colocación de Nicaragua casi en el postrer escenario de la Guerra Fría, correlativo “al efecto dominó”; puesto que Centro América se incendió a raíz de la onda expansiva de la guerrilla marxista leninista. En tanto que, en las condiciones de la guerra contrarrevolucionaria, el exguerrillero sandinista y gobernante autoritario pudo, aún así, dirigir el país de 1985 a 1990, una guerra auspiciada por Washington, la cual puso a colapsar la economía de esa nación centroamericana. La salida de Ortega del poder obedeció a la efectividad del Plan de Paz, presentado a los mandatarios centroamericanos por el Presidente costarricense Oscar Arias Sánchez (1986 – 1990), de cuyos acuerdos se logró la organización de elecciones libres y participativas en 1990, en las cuales el líder sandinista inesperadamente resultó perdidoso a manos de la candidata liberal Violeta Barrios de Chamorro. Luego salió derrotado en los siguientes procesos de votaciones frente a los candidatos presidenciales anticomunistas Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Geyer, cuyos gobiernos (oligárquicos, impopulares, acusados de corrupción) ciertamente fueron incapaces de mejorar de manera convincente el nivel de vida de los pobladores de la empobrecida nación. A decir verdad, dichos gobernantes, obstruidos en su labor por el FSLN, aplicaron a la letra las políticas de ajuste estructural, dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, por lo que se profundizaron las brechas en cuanto a desarrollo humano. Se acrecentaron exponencialmente desde Nicaragua los (imparables) éxodos migratorios a destinos como Costa Rica, Panamá y los Estados Unidos de América. A Nicaragua se le ha dificultado autogobernarse con base en los principios democrático liberales y en los postulados de la justicia social. En lo tocante a sociedad justa, abierta e integrada ha habido una trayectoria descendente a partir de su nacimiento como Estado independiente, pero solamente devino en unitario, mediante la consolidación de las dictaduras somocista y sandinista. Tras esto la república arrastró por largo tiempo el trauma de la invasión filibustera (Acuña Ortega, ídem); más acá la invasión de los marines estadounidenses y la influencia del eje cubano – soviético, quien se adueñó de la Revolución Sandinista de 1979 (Esquivel Alfaro y Obaldía González). En todo caso, se ha puesto en claro que a pesar de las promesas de Somoza, los sandinistas y los anteriores gobiernos, “los gastos sociales, ya sean en salud, educación, trabajo y agricultura, distaron de ser la prioridad de ellos”. EL NEOSANDINISMO. El voluminoso, oscuro y sangriento expediente de la guerra contrarevolucionaria, el colapso económico, heredados de su prolongado mandato (1979 -1990), además de las acusaciones de pedofilia en perjuicio de una de sus hijas, Zoila América, un hecho revestido de impunidad y “anormalidad”; estuvieron lejos de interponerse para que el comandante Ortega regresara al poder en el 2007, mediante el procedimiento de las elecciones. Si bien iba empeorando la desconfianza y el rechazo frente a las administraciones antisandinistas, lo cierto es que las reglas del juego de los comicios estuvieron antecedidas de pactos espurios, maleables – surrealismo puro - , típicos de la mayoría de los políticos desacreditados y corruptos de la oposición antisandinista y del mismo FSLN – el mayor beneficiado - . Los protagonistas principales fueron el mismo Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán, éste último enjuiciado y encarcelado, a consecuencia de delitos cometidos por él contra el erario público. En función de controlar de modo directo los tres poderes del Estado – el rostro del somozato - , en cuenta el Consejo Electoral, la alianza cubana – venezolana es parte de los activos políticos estratégicos que blindan al régimen autocrático, dirigido por la familia gobernante Ortega – Murillo (“los compañeros” superiores y dueños de la nación), al lado de los secuaces cleptócratas, además de una buena mayoría de empresarios acomodadizos. El Gobierno nicaragüense es miembro pleno de la izquierdista Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TPC). Precisamente, el Presidente venezolano Hugo Chávez (+) inyectó $4000 millones al sistema financiero nicaragüense. La Rusia de Vladimir Putin le proporciona ayuda militar y algún tipo de cooperación civil. A nivel doméstico, lo salvaguardan, de manera incondicional, las Fuerzas Armadas y los otros aparatos represivos tales como la policía, los grupos paramilitares (Chamorro, ídem), las estructuras de base comunitarias – sus primeras “líneas defensivas y ofensivas” - , todos ellos enlazados con el partido político oficial, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mecenas del esquema de capitalismo de compadres (Chamorro, idem) y populista. Al principio de este escrito explicamos que el relevante el sector privado empresarial de Nicaragua difícilmente ha renunciado a proteger a ultranza sus intereses económicos, los que condicionan sus visiones políticas. Y que por lo tanto se había convertido en cómplice de la modalidad somocista del capitalismo de compadres y clientelista, el mismo rol que continúa reproduciendo Daniel Ortega desde que retornó al poder en el 2007, al cabo que lo venía favoreciendo, en cuanto a proporcionar a su país una relativa estabilidad política y crecimiento económico. Ambas partes (el gobierno sandinista y el sector privado), en el objetivo de alcanzar buena salud en el sistema productivo y empresarial, reconocieron la urgencia de mantener la estabilidad política, bajo los patrones de “la dictadura blanda”, en cuenta el neutralizar las huelgas laborales. La sustantiva tarea y del máximo interés de la familia Ortega Murillo ha sido la de detentar el poder (y enriquecerse) a como dé lugar. En verdad, el sandinismo hasta ahora le ha cumplido al capital privado, ha evitado ponerle restricciones. A diferencia de la época de los primeros mandatos del FSLN (1979 -1990), cuando prevalecieron la retórica y las prácticas autoritarias y abusivas del extremismo marxista leninista. Tal ha sido efectivo el entendimiento entre el gobierno sandinista y el sector empresarial, que los bajos salarios de los trabajadores lo corroboran, habida cuenta de la indiferencia gubernamental en mejorarlos. Las organizaciones laborales independientes reclaman que hay sobreexplotación; el salario ni alcanza para satisfacer las necesidades primarias, privaciones que se suman al más del 60% de los nicaragüenses, quienes viven en extrema pobreza (AP; INFOBAE). A partir de abril del 2018 comenzaron los levantamientos masivos contra el régimen sandinista, quien ha instaurado una dictadura real, nepotista y agresiva, la cual demostró su incontrolable dureza de organizar baños de sangre con los grupos opositores. Las turbulencias han provocado que Nicaragua entrara en severa inestabilidad política y recesión económica, susceptible de intensificarse una vez que el gobernante Daniel Ortega, apoyado en matráfulas y comicios amañados, se presente a un cuarto mandato consecutivo – el cual conquistará - , o bien sea la estrafalaria esposa suya Rosario Murillo. Ha habido un distanciamiento (remediable) entre el gobierno de Ortega y el sector empresarial. Porque los hechos sangrientos derivados de las protestas castigaron la actividad económica, sin embargo, los sectores pactantes con el gobierno, tales como el turismo, el agropecuario, el minero y el financiero continúan obteniendo beneficios, exoneraciones fiscales o subsidios estatales en medio de dicha crisis, así como la generada posteriormente por la pandemia del Covid-19, lo que les ha significado todavía buenos resultados en los negocios (Alianza Connectas. El Espectador). Igualmente, los mismos bancos han tenido crecimientos de sus depósitos de entre el 26 y el 167 por ciento, y algunos incrementaron sus activos en más del 300 por ciento. A la vez, este es un sector que anualmente recauda más del 30 por ciento de los Impuestos de Valor Agregado (IVA) en el Presupuesto del Estado, el rubro de la economía que más aporta (Alianza Connectas. El Espectador). El desprestigio originado por la masacre del 2018, la huella de los crímenes de lesa humanidad que Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista, afrontarán, de ningún modo los hacen rendirse ante los apuros de superar cualesquier fricciones con los empresarios, con tal de rehabilitar el alicaído sistema productivo. Por su parte, el sector privado desconfía, solapadamente, de la autenticidad y la consistencia de los movimientos de oposición, algunos de ellos, hasta habían descaradamente pactado gollerías y beneficios particulares con el presidente. El caso de mayor revuelo fue el del expresidente Arnoldo Alemán, decidido a mantener su cuota de poder. Asimismo, hay que tener presente que la sociedad nicaragüense está ayuna “de una conciencia y cultura cívica democrática, “esto no crece de la noche al día”, pues es una ilimitada experiencia consustancial a la formación política y bases psicosociales de idéntica naturaleza. A COEXISTIR CON EL NEOSANDINISMO. Sería ilusorio confiar en que Ortega permitirá condiciones mínimas a favor de unas elecciones transparentes y abiertamente participativas, o que al presionarlo acceda a democratizar “su propiedad”, a través de fútiles e inocuos manifiestos, de los cuales hace caso omiso. El desprestigio internacional que arrastra, lo compensa al contar a su lado con el constante y tenaz activismo de la izquierda latinoamericana, la cual tiende a cobrar vigor otra vez, mientras que el Presidente estadounidense Joe Biden se ha abstenido de trazar derroteros en torno a los vínculos de la Administración, respecto a América Latina: la pauta de Washington, asumida en las últimas décadas. La pandemia y China lo tienen suficientemente ocupado. Es casi un hecho probado que Ortega buscará extender sus 14 años de mandato, o bien cederá la candidatura a su esposa y actual vicepresidenta (Daniel Zovatto). Alimentará el terror, empezando en mantener a la oposición dividida, proclive a la corrupción – se deja sobornar y sabotear -; difundirá un sentimiento de impotencia en el pueblo, con tal de “salirse con las suyas” (Ramón J. Meneses). Ni siquiera hay que confiar en que el dictador comenzará el proceso de discusión y aprobación de las reformas electorales, esto a recomendación de la negligente Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno de Ortega-Murillo sigue dejando claro a la oposición y a la comunidad internacional que su palabra y su firma de acuerdos no valen ni sirven de nada. (Meneses, ídem). Para grandes males, el conjunto de la comunidad internacional ha soslayado la adopción de “pasos extras”, con tal de movilizar un cambio de rumbo en esa nación, en respuesta al profundo deterioro de las libertades políticas y los derechos humanos. “Por la víspera se saca el día”. La diplomacia multilateral y la regional se han comportado de forma pusilánime, en cuanto a haber lanzado una advertencia, acompañada de acciones categóricas frente al genocidio de abril del 2018. Solo el pueblo y algunos medios internacionales lo refrescan, dándolo a conocer, sin que las instituciones internacionales que imparten justicia Internacionales, y otras instancias multilaterales competentes y punitivas, se definan por actuar, sin ambages, frente al sometimiento dictatorial, sea la inmediata y certera aplicación en Nicaragua del principio de “la responsabilidad de proteger”, inherente al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En tanto que es sabido que el hostigamiento, el exilio y los crímenes de activistas de la oposición siguen ese curso, ofrecido por el FSLN. Es de presumir que después del escrutinio electoral en noviembre de este año se posibilite un giro mayormente despiadado. NICARAGUA ESTÁ PERDIDA, Y QUÉ HACER, lo indicamos en el título, el cual da origen a este escrito. América y en particular Centroamérica ha quedado condicionada a convivir en adelante con el neosandinismo, hecho así mismo como la Venezuela, configurada por Hugo Chávez. Ambas concentradas en sobrevivir en medio de una “emergencia social”, habida cuenta del desplome económico, las privaciones de sus habitantes, la inseguridad sanitaria a causa del coronavirus, la falta de legitimidad y los frecuentes sismos sociales, y demás anomalías que las sacuden de cierta manera, ya sea la presión internacional, aunque tampoco les representa elevado riesgo. A menos que “la Primavera Nicaragüense” reflote repentinamente, y pueda poner a prueba a los alzados en masa: nos preguntamos “cuán lejos podrán resistir los ataques de los aparatos y las fuerzas represivas”, leales al FSLN, el partido gobernante . Lo cierto es que otra vez el gobierno sandinista se negará a quedarse de brazos cruzados en torno a las movilizaciones y las reacciones en cadena, de parte de las organizaciones contestatarias. Ellas se expondrían nuevamente a nuevos derramamientos de sangre. Se lo demostraron en abril del 2018 – quiénes intervinieron en detenerlos - , a sabiendas en que es posible asegurar que aquellos sangrientos levantamientos masivos pararán en la impunidad e inscritos luego dentro de los violentos recuentos históricos de Nicaragua. Otra vez sería una grave equivocación desentenderse completamente de Nicaragua. Los agentes de carácter internacional, quienes manifiestan resistencia diplomática frente al rumbo autoritario de la política nicaragüense, han de comprometerse a definir desde ahora la estrategia de preparación y respuesta multilaterales, alrededor de las fuertes reacciones, especialmente de los sectores políticos auténticamente democráticos, quienes gozan de la credibilidad popular, con tal de enfrentar el (irregular) desempeño institucional y el resultado de los votos en las próximas elecciones presidenciales. Casi nadie fomenta la ruta de una nueva y letal guerra en Nicaragua – sería una autoeliminación - , ni la propia oposición interna lo persigue , quien a su manera transmite un discurso, favorecedor de las vías pacíficas y democráticas. Porque es conocida la carencia en ella de capacidades militares y demás recursos de tal envergadura; sería una aventura que la aplastaría sin miramientos por el reentrenado y experimentado ejército sandinista. Por su parte , Costa Rica tiene la obligación ética, política y diplomática de mantener abiertos los canales de comunicación con Nicaragua – y también Cuba, el aliado cercano de Ortega y mentor - . Eso sí , hay que medir los pasos y el cúmulo de los riesgos que conlleva la relación ante un tirano tropical, presuntamente más intransigente que los miembros de la intrincada familia Somoza. Para lo último, es imprescindible la construcción pragmática de una visión y misión estratégica alrededor de Nicaragua. Por encima de todo, deben considerarse los intereses y la prioridades de cara a las distintas asignaturas de trabajo. Los vínculos mutuos entre ambas naciones sobrepasan el lastre de Ortega, quien por sí mismo impide una relación mayormente fecunda. Nuestra tesis se ve amparada ante la correcta decisión del gobierno costarricense de firmar acuerdos de movilización y aceptación de trabajadores nicaragüenses, ocupados en las actividades agrícolas locales, entre otras. El indiferentismo, la torpe moralina, el lenguaje explosivo, hepático, son en nuestro caso las peores fórmulas y reacciones. Ello conduciría a un innecesario empeoramiento diplomático, el cual golpearía severamente al mismo pueblo nicaragüense. Hay que apelar a “la inteligencia emocional”. Obsérvese que hay ausencia de consenso tanto en la comunidad internacional como en Estados Unidos de América en obligar a otros, incluida Nicaragua y Venezuela, a actuar como se desearía, se pone en duda el éxito en esta dirección. Ni la supuesta política dura y estridencias del Presidente Donald Trump pudieron lograr desplomarlos. Nicaragua necesita de Costa Rica en todos los ámbitos. En una ocasión lo expuso en una mesa de trabajo el polémico Norman Caldera, Ministro de Relaciones Exteriores. Como sociedad le sería insoportable poder sobrevivir sin la nación tica, en aras de hacerle frente a sus complejidades. A su costado se encuentran las presiones extranjeras a las cuales se verá sometida, especialmente las de la Unión Europea y los Estados Unidos de América, pese a su escaso efecto. Negamos que “se puede vaticinar la fecha de vencimiento” de Ortega y de su esposa la Vicepresidenta Rosario Murillo”, obvio que querrán seguir en el poder, adolecen de esa adicción. El perfeccionamiento de los radares de carácter político y el entrenamiento en alertas tempranas resulta lo más sensato, a fin de estudiar a fondo la evolución de los eventos. Menospreciar las destrezas y el olfato político de Daniel Ortega, y de algunos allegados suyos, iría en detrimento de los cálculos realistas y asertivos. Se elevaría de forma imprudente la irritación de las comunicaciones y los contactos, o se situaría en peligroso riesgo, solo por la existencia de su régimen, la relación entre los agentes políticos y económicos, operadores de los vínculos bilaterales, más cuando afrontaremos la etapa del postcovid, al igual que varias amenazas como el cambio climático, los desastres, las futuras enfermedades globales y el crimen organizado transnacional, etcétera. Habrá que realizar con el régimen sandinista trabajos conjuntos, bajo la coordinada valoración de los riesgos totales, esto para conveniencia también de la misma integración centroamericana . Y sobre la perspectiva de limar cualesquier hostilidades en el camino, siempre y cuando eso beneficie en su conjunto a nuestra nación, teniendo presente las “decisiones difíciles”. SÍ. De hecho, son demasiado difíciles. Un mensaje que dirigimos a los cabezas calientes.