DEMOCRACIA CON GOBIERNO LOCAL.

DEMOCRACIA CON GOBIERNO LOCAL. Brillante la organización del Tribunal Supremo de Elecciones en lo que llegó a ser la celebración de los comicios municipales en los 81 cantones, que conforman el régimen costarricense del gobierno local, mejor conocido como el régimen municipal. De paso, la organización más antigua de nuestra formación social, cuyo origen se remonta a la colonización española en América. El modo de gobernabilidad local es preponderante en las democracias occidentales. Podemos aprender de sus innumerables y reales beneficios, principalmente en Estados Unidos de América, Alemania. De Suiza, aún más, ya que allí el gobierno municipal hasta posee la competencia de producir leyes y normativa, eso sí, enmarcadas estrictamente dentro de la naturaleza, complejidad, pertinencia o ámbito de competencia, propios del significado y legitimidad del gobierno regional. A la espera de cambios superiores y sustanciales, el hecho de realizar estos comicios en fecha separada de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el Estado costarricense ha puesto en evidencia el señalado interés de otorgarle la relevancia que merece al gobierno descentralizado; un poder, apenas nominal, asfixiado por el centralismo estatal. Esto, una tendencia y comportamiento anómalo, monopolizado por el conjunto de las dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas, entidades que verdaderamente ostentan el poder burocrático y el grueso del conocimiento técnico. Lo cierto, es que nuestras municipalidades comenzaron a experimentar su aguda debilidad con el auge del Estado intervencionista y empresario en la década de 1950. Posiblemente contribuyó a su “desinstitucionalización” el declive de la economía del café, junto con la estructura tradicional de las clases sociales, sobre lo cual se hubo de respaldar, con tal de constituirse en sistema productivo predominante desde mediados del Siglo XlX. Dentro de la jerarquización social, inherente al negocio café, el municipio desempeñó una combinación de funciones políticas y económicas, en la línea de sostener las relaciones sociales de la producción del grano. En el estudio de esta fase de la historia patria, recomendamos las obras científicas del doctor Samuel Stone (+), historiador y polítólogo costarricense, quien ilustró rigurosamente el contexto sociológico de la época de oro del monocultivo. En su vínculo estrecho con el apogeo y las "tasas de logro" de las manufacturas, la intervención del Estado alcanzó tal evolución, al extremo de reducir la identidad, autonomía, incluidas las capacidades políticas, jurídicas y administrativas del gobierno local, por lo que en cuanto a recursos humanos y económicos, con escasas excepciones, la mayoría de los municipios (urbanos y rurales) quedaron en condición raquítica. Estos fueron incapaces de responder o suplir las exigencias del proceso de modernización industrial, demandante de infraestructura, servicios de alta calidad, así también del ahorro nacional y la inversión foránea. Difícilmente pudieron cumplir su misión de impulsar el desarrollo en sus jurisdicciones, pues las funciones sustantivas fueron transferidas al poder central o las instituciones autónomas, quienes captaron la mayor parte de los ingresos del país, ello en detrimento del quehacer municipal, quien debió limitarse y conformarse solo con el ejercicio de funciones o servicios secundarios y elementales, aparte de las restricciones existentes para cumplirlos a plenitud. Otra modalidad de organización de la sociedad civil llegó a minimizar la misión y los roles de nuestros municipios. Nos referimos a la creación en la administración del Presidente José Joaquín Trejos Fernández de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y, por consiguiente, la consolidación de las asociaciones de desarrollo comunal, menos formales, ágiles en su accionar. Como organizaciones populares, hubieron de reclutar liderazgos sectoriales, conocedores y cercanos a la realidad y las necesidades inmediatas de sus respectivas colectividades. El salto de esos liderazgos, desligados, casi siempre, de los partidos políticos, restaron poder, efectividad política y administrativa a los Concejos Municipales; subordinados esta vez a los cálculos y los intereses de las formaciones políticas a escala nacional. Una conducta de nuestra configuración partidaria, la que a la postre ha minado la independencia de los propios regidores en lo correspondiente a la toma de decisiones. A pesar de las desventajas anotadas, las municipalidades, localizadas en todo el país, por poco sólidos que sean sus recursos humanos y financieros, su autonomía debe ser rescatada al máximo, así volverían a ser más efectivas que el poder central, incluso que algunas entidades autónomas. Significa modificar la parte errónea de la cultura política de los ciudadanos, acostumbrados a recurrir constantemente al Poder Ejecutivo, con el propósito de que este gran aparato resuelva las vicisitudes de las comunidades, marginando las potestades de los ayuntamientos. En este caso, el Estado debe comprometerse en robustecer el sistema de municipios, porque en el papel tienen asignadas tareas variadas y decisivas; podrían marcar diferencia, en tanto se les dote de poder de gestión, capacidad instalada y presupuesto hacia el emprendimiento. Asimismo, algunos de ellos habrían de enfrentar retos sensibles. Es un hecho cierto que varios cantones se “transnacionalizaron”, sean Garabito, Escazú, Santa Cruz, la región de Los Santos, entre otros. Entonces es conveniente que, con visión amplia, la práctica municipal se adapte a la emergente tipología demográfica. Sobre lo cual, dichas organizaciones locales han de poner a prueba su legitimidad y competencia administrativa para ofrecer soluciones, a través de política pública regional y planes reguladores, dado su carácter democrático. Teniendo en cuenta que el alcalde, los regidores, los síndicos y el presidente municipal, quienes dirigen la municipalidad, son elegidos por votación popular para un período de cuatro años, esto sintoniza con el Código Municipal, el cual les otorga a dichas autoridades políticas las suficientes facultades, deberes y responsabilidades para hacerse más útiles y tener ímpetus superiores en bien de toda la sociedad. Otro de los obstáculos que frenan la racionalización y la asignación de los recursos, al cabo que le restan competencia a la acción emprendedora y desarrolladora a los municipios, se relaciona con las irregularidades explícitas de la división política territorial de este país. A nuestro juicio, hace falta fusionar entidades municipalidades, con tal de rescatar el poder que la Constitución Política y las demás leyes les confieren. Nos explicaremos mejor. Resulta incomprensible que Moravia, Tibás y Guadalupe, geográficamente cercanos, cada uno de ellos posean un ayuntamiento. O que en un circuito pequeño como Los Santos hallan tres gobiernos locales. Tampoco Montes de Oca, Curridabat, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, la Y Griega, otras localidades menores, adyacentes, deberían de estar regidos por municipalidades diferentes. En cambio los Hatillos, San Sebastián, Paso Ancho reúnen las condiciones para conformar juntos un solo municipio. Igualmente, pasa con Jicaral, Lepanto, Paquera y Cóbano, cuyos precarios vínculos con el cantón central de Puntarenas o Nicoya - Guanacaste, realmente les entorpece el potencial turística que tienen en su haber. Por ejemplo, la Municipalidad de San José, sin varios distritos que componen su periferia, bien podría concentrar sus energías en el mejoramiento del casco metropolitano y de ciertas comunidades apenas. Así se encargaría de planear y ejecutar el proyecto del tranvía, ordenar el tránsito, depurar el medio ambiente, así también reforzar la seguridad ciudadana, entre múltiples tareas esenciales. El desenlace exitoso de las elecciones municipales representa un primer paso en la perspectiva de darle su histórico y verdadero lugar al régimen municipal, y exigirle más, lo cual conlleva elevar la fe en nuestro sistema democrático, siempre garantizando la intensa participación popular y perfeccionando las instituciones públicas, bajo los principios de responsabilidad, transparencia, sana burocracia, buen gobierno, en todos los estratos de la administración pública. Ronald Obaldía González (Opinión personal).