LA LIBERTAD EXPRESIÓN, VALOR SUPREMO.

LA LIBERTAD EXPRESIÓN, VALOR SUPREMO.

Las limitaciones en materia jurídica le impiden a este católico - liberal entrar al fondo del debate sobre las presiones hechas por el bloque de naciones, fundado por el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, denominado la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), dirigidas a limitar la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos.
Aunque tales carencias resultan innecesarias, en nuestro propósito de repudiar los movimientos tácticos del ALBA, contrastantes con la práctica y la experiencia costarricense de proteger el ejercicio de la libertad de expresión. Esto unido a la valentía de nuestro Gobierno de oponerse, sin tapujos, a los desatinos de ese grupo de gobiernos latinoamericanos semi – autoritarios, empeñados en reducir el margen de actuación de la relatoría de la CIDH.
La idea de coartar las facultades de ese órgano, específicamente, la supervisión del estado de la libertad de prensa en el hemisferio, habla por sí solo de la naturaleza antidemocrática de los países de dicho bloque, bulliciosos e ideológicamente mohosos.
El “alter ego” del chavismo, Don Diosdado, el presidente del Congreso venezolano hizo gala en días anteriores de las restricciones a la libertad de pensamiento, persistentes en el trastornado país. A viva voz, ese dirigente sentenció que los diputados de la oposición debían cerrar la boca en las sesiones parlamentarias, de no reconocer la victoria electoral de Don Maduro; una conducta sistemática y coherente con el blanco del gobierno de Caracas y sus satélites de borrar del mapa a las organizaciones y activistas defensores de la libertad de prensa.
Teniendo ejemplos en la región de naciones cercenadoras de la crítica y la opinión pública, fue un error que los costarricenses no pusieron suficiente pensamiento al mérito de la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de celebrar en Costa Rica “el Día mundial de la libertad de expresión”, el cual a principios de este mes estuvo rodeado de varios eventos académicos y culturales.
Lamentablemente, un pasquín alarmista, meses atrás, magnificó más de la cuenta un yerro de nuestra Asamblea Legislativa en materia de secretos de Estado, simultáneamente corregido en el instante de las celebraciones de la UNESCO en Costa Rica. Las rápidas enmiendas de los Poderes de la República concordaron con el "Día", y otra vez reafirmamos la consciencia histórica de poseer un régimen completo de libertades, centrado en la primacía y la dignidad de la persona humana.
Hasta "los anarcos”, promotores el 1 de mayo de actos vandálicos, pusieron también de relieve la sensatez de nuestro sistema democrático. La policía civilista cumplió ese día con su deber; más adelante las autoridades penales los dejaron en libertad, imponiéndoles apenas sanciones simbólicas (pintar edificios públicos), a consecuencia de sus excesos y reacciones desproporcionadas; no así por la naturaleza de las diatribas, entendidas solo por ellos.
Es entonces que cabe recordar las piezas de un artículo escrito por don Luis Paulino Mora (+), Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el cual dio magistrales explicaciones sobre los fundamentos de nuestro sistema judicial. Un aparato determinado ante todo a respetar los principios y los valores de las libertades de los ciudadanos, siendo éste el camino escogido por esta nación democrática; a diferencia del autoritarismo emergente en algunas naciones suramericanas, con predisposición a lesionar gravemente los derechos humanos.
“A mi nadie me calla la boca”, eso escuché decir  de una díscola joven universitaria en una de esas protestas organizadas en la ciudad de San José.

 Dicha expresión la internalicé, feliz de que los costarricenses conviven constantemente en el espíritu libre, propio de nuestra sociedad y en especial del Estado nacional. Este último, cuya inherente responsabilidad consiste en inculcar en las mentes de los líderes políticos y de los ciudadanos el valor ético de nuestro “deber de escuchar, lo que no se quiere escuchar”, así de claro, como lo expresa don Arturo Monge, abogado y especialista en derechos humanos de la Cancillería costarricense.
Y si nos sintiéramos difamados alguna vez en nuestra obligación de escuchar, eso sí, seamos fuertes y evitemos sacrificar a toda costa el valor de la libertad de expresión. En esta circunstancia será preferible imitar a la Madre Teresa de Calcuta, quien a un insulto de una empequeñecida alma, respondió estoicamente: “Oiga, todos hablamos de la basura que llevamos dentro, ¿no le parece?”.

Ronald Obaldía González (Opinión personal)