Hermanos mayores latinoamericanos al borde del naufragio.
A medida que las organizaciones delictivas acrecientan sus poderes fácticos al transformarse en multinacionales de las drogas, así también el que los capos se sitúen entre “los hombres más ricos del mundo” - según el listado de la revista Forbes - , ya deja de ser en América Latina una remota posibilidad la amenaza de que el poder del narco desplace al Estado.
En simultaneidad con las corrientes del “nuevo autoritarismo”, que erosionan gradualmente la frágil democracia en la región, entran en los cálculos del narcodinero y la narcopolítica, el hacer causa común con no pocos agentes del poder formal, ya sean dirigentes y los partidos políticos, promotores de la tesis de continuar controlando el poder en sus países, bajo proyectos populistas.
Sin embargo, tampoco hay que descartar en tal corriente del autoritarismo los retrocesos en el Paraguay y Honduras, patrocinados por las élites sociales tradicionales, en los que además de infiltrarse allí el narcotráfico, sobre todo, en las fuerzas armadas, los cuerpos policiales y el sistema judicial - los aparatos políticos de predominio mayúsculo del Estado - , el recrudecimiento de la violencia y la desigualdad social allanan, igualmente, el camino de los poderes fácticos de las organizaciones criminales transnacionales.
Todas ellas en su visión de aumentar su influencia, se han aprovechado de la debilidad de las instituciones políticas, así como de la permisividad o la indiferencia de determinados gobiernos, muchas veces cómplices, que fertilizan el terreno, dando lugar a la formación de “outleds” (mercados) emergentes de las drogas.
El éxito de Colombia en lo que respecta a la normalización democrática, la modernización de la economía, y en lo que resulta más relevante: la reducción del poder de fuego de la narcoguerrilla y de las mismas organizaciones de narcotraficantes, ha provocado que naciones, específicamente como la Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela, sean el nuevo objetivo de los desplazamientos de los cárteles, dado que los contundentes golpes recibidos en Colombia, ha traído consigo la eliminación de las redes, facilitadoras del lavado de dinero a través del sistema financiero, lo mismo que las del trasiego de armas.
En días pasados leí un artículo, en el cual un periodista suramericano expresaba la preocupación de que Washington hubiese incluido, por primera vez, en marzo pasado, a la Argentina en la llamada "lista negra" de los países con riesgo por narcotráfico, por lo que se protestaba por las trabas encontradas en ese país a lo largo del año pasado para la labor de la Drug Enforcement Administration (DEA).
Al tiempo de negar el gobierno la colaboración con la DEA, el autor del artículo lamentaba que la Argentina sea el segundo país latinoamericano con el mayor número de consumidores de cocaína después de Brasil – por cierto, este país es incapaz de mitigar la extrema pobreza en alianza con el narco - , cuya población es cinco veces mayor. Afirma el autor que tampoco es casualidad que el territorio argentino se “haya convertido en un refugio confortable de cárteles internacionales del narcotráfico”.
Por su parte, expertos en seguridad afirman que, especialmente, en Buenos Aires operan organizaciones criminales provenientes de México, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana y Paraguay. La Asociación Antidrogas de la República Argentina, por ejemplo, “sostiene que cada uno de los seis carteles extranjeros domina una zona específica de la Capital o del interior, por lo que cobran auge las pandillas, con rasgos semejantes a las maras que operan en Centroamérica, aquí donde parece claro que “es otra de las plataformas para la extensión de los negocios de los capos”.
Ciertamente, los síntomas “del nuevo autoritarismo” que vienen repuntándose en Argentina, al igual que el estancamiento social y económico, en que la ha sometido el kirchnerismo, son factores que posiblemente han coadyuvado a la penetración de dichas organizaciones criminales en el sistema político. Específicamente, se pone en entredicho al gobierno en las investigaciones anti-lavado, ya que según lo confirma el periódico argentino La Nación, ha quedado demostrado que en los últimos tiempos se llegaron a aplicar criterios políticos en las investigaciones, realizadas sobre operaciones de dinero sospechosas.
De la Argentina pasemos brevemente a México, la nación norteamericana que progresa con su excelente fútbol. Pero, que en cuanto a institucionalidad democrática, continúa generando exceso de conjeturas y escepticismo, abonados, no solo por el terror de “la guerra de baja intensidad contra el narcotráfico”, sino que ahora por el candidato perdedor, Manuel López Obrador, quien acumula denuncias e impugna la victoria del Presidente electo Enrique Peña Nieto, en especial, el origen dudoso de los fondos empleados en el proceso electoral (Javier Ibarrola, 2012), concluido a principios de julio pasado.
Con una imagen bien desgastada, antecedida por los temores de los viejos vicios y la penetración del narco en el PRI; Peña Nieto asumirá la Presidencia de México a principios del 2013. No ha iniciado sus altas responsabilidades como mandatario, y vino a salir a la luz el debut de la detención en España de un personaje famoso (militante del PRI), integrante de un cártel, nada menos que de la famosa plaza narco de Sonora (Ibarrola). Qué nos espera de México.
En este mismo orden, observen enseguida esta singular crónica, coincidente con el pensamiento del “nuevo autoritarismo” latinoamericano, como la otra droga ideológica. Dice así:
“Venezuela se convertirá en 15º importador mundial de armamento en los próximos cuatro años, según concluye un estudio elaborado por el Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas (Camto, acrónimo en ruso), con sede en Moscú. Indica el informe, que en el próximo período de cuatro años (2012-2015) el volumen de importaciones de militares de Venezuela (de acuerdo en los contratos existentes e intenciones de compra formalizadas, así como ofertas) no es menor a los 4.227 millones de dólares. Por lo tanto, Venezuela alcanzará la posición número 15 en el ranking mundial de países importadores de armamento”.
Tal vez esos miles de millones de dólares, ocupados en compra de armamentos, hubieran sido bastante útiles para fortalecer la seguridad industrial y dar mayor mantenimiento a la más grande refinería venezolana. De este modo, se pudo haber prevenido la fatal explosión petrolera del pasado sábado 25 de agosto en la ciudad de Punto Fijo, la cual dejó como saldo varias decenas de personas muertas y bastante heridos. ¡Don Chávez y su “iglesia bolivariana”!
Ronald Obaldía González (Opinión personal).
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